Narciso Agúndez no podrá ejercer cargos públicos durante seis años
Inhabilitan y multan a ex gobernador de BCS
El perredista y dos de sus colaboradores malbarataron siete terrenos propiedad del estado a una inmobiliaria; quebranto por $27.9 millones
Raymundo León
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de diciembre de 2011, p. 38
Miércoles 7 de diciembre de 2011, p. 38
La Paz, BCS, 6 de diciembre. La Contraloría General del Estado inhabilitó para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo de seis años al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, al ex secretario general de Gobierno Alfredo Porras Domínguez y al ex oficial mayor Juan Garibaldo Romero Aguilar.
Maritza Muñoz Vargas, titular de la Contraloría, informó que el resolutivo incluye una sanción de 27 millones 973 mil 800 pesos para el ex mandatario estatal y de 13 millones 986 mil 900 pesos para cada uno de los dos ex funcionarios que trabajaron con el gobernador de extracción perredista.
En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que el 17 de junio recibió una denuncia de José Refugio Carrillo Sánchez, director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del gobierno del estado, contra los ex funcionarios por irregularidades administrativas tipificadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur.
Tras las diligencias, integradas en el expediente CGE/065/2011, la Contraloría General del Estado resolvió, el 28 de octubre, inhabilitar y sancionar a los ex funcionarios por la venta de siete terrenos propiedad del gobierno del estado, ubicados en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, a un precio notoriamente inferior al del mercado, lo que causó al estado un daño patrimonial calculado en 27 millones 973 mil 800 pesos.
Porras Domínguez fue presidente municipal de La Paz (1999-2002), director general del Colegio de Bachilleres, secretario de gobierno y candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura en 2005.
Ayer se dictó auto de formal prisión por incumplimiento de un deber legal –relacionado con una licitación anterior de los mismos terrenos– a Guillermo Jáuregui Moreno, ex secretario de Planeación, Infraestructura Urbana y Ecología; Héctor Ibarra Espinoza, oficial mayor hasta febrero –cuando el Partido Acción Nacional (PAN) lo postuló a la presidencia municipal de La Paz– y Luis Armando Díaz, ex secretario general de Gobierno hasta el mismo mes, antes de ser designado candidato del Partido de la revolución Democrática (PRD) a la gubernatura.
Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador perredista de Baja California Sur, fue inhabilitado por seis años para ejercer cargos públicos por la venta irregular de predios de propiedad estatal a un precio excesivamente bajoFoto María Luisa Severiano / Archivo
El actual mandatario, el panista Marcos CovarrubiasFoto Raymundo León
Luis Armando Díaz también fue diputado local del PT y presidente municipal de Los Cabos (2005-2008) por el PRD.
En su momento, el gobernador Marcos Covarrubias –quien contendió por el PAN luego de que el PRD no lo postuló como candidato– rechazó que esto sea una venganza política contra su antecesor, el perredista Agúndez Montaño.
El procurador general de Justicia del estado, Gamill Arreola Leal, señaló quedolosamente, de manera ilegal e indebida, los tres ex funcionarios beneficiaron a la empresa inmobiliaria Las Veredas de San José S de RL de CV al transmitirle la propiedad de los inmuebles.
Interpone amparo
Según el contrato de la operación, realizada en 2007, se acordó un precio de 76 millones 200 mil pesos, y al momento de la firma se estipuló que el gobierno del estado recibió 72 millones 390 mil pesos, equivalentes a 95 por ciento del precio al total, lo que no aconteció.
Arreola Leal explicó que aun cuando en 2010 se firmó un convenio para dejar sin efecto esta transacción –lo que no exime de responsabilidad a los funcionarios implicados–, en febrero de 2011 los siete terrenos se vendieron a otra empresa a un precio todavía más bajo: 23 millones 980 mil pesos, 52 millones 220 mil menos que en la operación de 2007.
En junio el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, denunciado por las irregularidades en esta licitación, interpuso un amparo para evitar ser detenido.
EL UNIVERSAL
Inhabilitan por 6 años a ex gobernador de BCS
Gladys Rodríguez C o r r esp o n sa l
LA PAZ.
La Contraloría General del estado informó que inhabilitó al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño para el desempeño de un cargo público, así como a dos ex funcionarios más, imponiendo una multa a los tres por el orden de los 55 millones de pesos.
En rueda de prensa, la contralora Maritza Muñoz Vargas leyó un documento en el que señaló que la dependencia dio seguimiento a la denuncia interpuesta por el director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra en contra del ex gobernador Narciso Agúndez; el ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras, y el ex oficial mayor, Garibaldo Romero Aguilar, en relación a una operación irregular de venta de terrenos en Los Cabos.
Se trató de un acto jurídico, el cual consistió en la venta de siete bienes inmuebles propiedad del gobierno del estado, ubicados en el fraccionamiento El Pedregal, en Cabo San Lucas a un precio “notoriamente inferior y por debajo del valor de dichos inmuebles en el mercado ordinario”.
Mencionó que a partir de la denuncia interpuesta en junio se integró el expediente CGE/065/2011 y con fecha 28 de octubre de este año, el Órgano de Control emitió su resolución, en la que se inhabilita a los ex funcionarios para el desempeño del empleo, cargo o comisión en el servicio público, por un tiempo de seis años.
En la resolución se indicó un daño patrimonial por 27 millones 973 mil 800 pesos y una multa total de 55 millones 974 mil 600 pesos.
Al ex gobernador se le impuso la mayor sanción económica, un monto igual que el daño patrimonial: 27 millones 973 mil 800 pesos. El ex secretario general y el ex oficial deberán pagar una multa de 13 millones 986 mil 900 pesos cada uno.
Aunque sin mencionar los nombres, Muñoz Vargas señaló que existen otros acusados; no obstante, subrayó que prescribió la facultad de la Contraloría para sancionarlos administrativamente, debido a que se agotaron los tiempos para ello.
Tras la lectura del documento se dio por concluida la convocatoria a la prensa. No se admitieron preguntas. También hay una denuncia ante la Procuraduría de Justicia, que señala como presuntos responsables a Agúndez, al ex secretario de Gobierno, Luis Armando Díaz, y a otros funcionarios.
Narciso Agúndez, acusado de una operación irregular de venta de terrenos en Los Cabos, tiene un amparo de la justicia federal.
MILENIO
Inhabilitan a ex gobernador de BCS para ocupar cargos públicos
ESTADOS • 6 DICIEMBRE 2011 - 8:07PM — MARGARITA ROJAS
La Contraloría del estado indicó que Narciso Agúndez Montaño no podrá ocupar ningún cargo por seis años, por daño patrimonial contra el gobierno estatal hasta por 55 millones de pesos, tras compra-venta de siete bienes inmuebles en Los Cabos.
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Foto: Archivo
Baja California Sur • La Contraloría General del estado de BCS inhabilitó por 6 años y multas que van de los 13 a los 27 millones de pesos al exgobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño, así como al que fuera secretario general de gobierno en los últimos meses de esa administración, Alfredo Porras Domínguez, y a Juan Garibaldo Romero Aguilar, quien fuera oficial mayor del gobierno estatal también en los últimos meses del periodo.
Las multas y la inhabilitación se derivan del proceso legal que se abrió con relación a la compra-venta de siete bienes inmuebles en la zona de Los Cabos, de los que se causó un daño patrimonial al gobierno estatal hasta por 55 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la titular de la Contraloría estatal, Maritiza Muñoz Vargas, en rueda de prensa realizada este mediodía.
Señaló que en el caso del exgobernador Narciso Agúndez se le multa con poco más de 27 millones de pesos y se le inhabilita para ocupar un cargo administrativo en los próximos seis años; al exsecretario general Alfredo Porras se le multa con casi 14 millones de pesos y se le inhabilita por un periodo de seis años y la misma cantidad y el periodo de tiempo de inhabilitación para el exoficial mayor, Jesús Garibaldo Romero.
TRIBUNA
07 de diciembre del 2011
*Contraloría estatal se pronunció además en contra de Alfredo Porras y Garibaldo Romero, porque no puedan ejercer cargo público alguno durante seis años; en el caso del ex Gobernador enfrentaría una sanción económica cercana a los 28 millones de pesos y de poco más de trece millones de pesos el ex Secretario General de Gobierno y el ex Oficial Mayor, por la presunta comisión de actos u omisiones de carácter administrativo en el desempeño de sus funciones *El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Max Fernández Avila reconoció de la cercanía con Narciso Agúndez a quien considera podrían postular al Senado para los próximos comicios federales, de Garibaldo Romero dijo, se mantendrá como representante del Verde ante el IFE, tras minimizar la postura de Contraloría *“Detención e inhabilitación de ex funcionarios cimbran el mapa político sudcaliforniano”, asevera el diputado perredista Alberto Treviño; exige que se haga todo el procedimiento conforme a derecho. “Ni acciones mediáticas ni relumbrón contra ex funcionarios”: PRI. En Los Cabos perredistas se movilizarán hoy en solidaridad con Luis Armando Díaz; Guillermo Marrón asevera que en tribunales y conforme a derecho “todo se aclarará” La Paz.-La Contraloría General del Estado de Baja California Sur (CGE) anunció la inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión en el servicio público por el tiempo de seis años al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño; al ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez y al ex oficial mayor, Juan Garibaldo Romero Aguilar, por la presunta comisión de actos u omisiones de carácter administrativo en el desempeño de sus funciones. En la rueda de prensa que se ofreció en Palacio de Gobierno para dar a conocer esta situación y en la que no se permitió ningún cuestionamiento, la titular de la dependencia estatal Maritza Muñoz Vargas agregó también de la aplicación de sanciones económicas, en el caso de Agúndez Montaño por 27 millones 973 mil 800 pesos; de Porras Domínguez por trece millones 986 mil 900 pesos y de Romero Aguilar por trece millones 986 mil 900 pesos. Lo anterior es resultado de haber ejecutado un acto jurídico, el cual consistió en enajenar a título oneroso siete bienes inmuebles propiedad del Estado de Baja California Sur, ubicados en el fraccionamiento El Pedregal, de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, a un precio notoriamente inferior o por debajo del valor de dichos bienes inmuebles en el mercado ordinario. Indicó que por lo que hace a los demás encausados en ese órgano estatal de control, encuentra prescrita su facultad para sancionarlos administrativamente, debido a que a la fecha, ha transcurrido en exceso el término para ello, quedando la propia Contraloría imposibilitada para tal efecto, según lo señalado en el artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur. Agregó que los tres personajes en mención fueron notificados ya del resolutivo y anticipó que si de las constancias del procedimiento administrativo de responsabilidades, se desprendiere la posible comisión de un hecho delictuoso, la Contraloría remitirá copia de éste a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para los efectos legales que procedan, lo anterior, en cumplimiento al artículo 56 de la ley en la materia. Relatoría Muñoz Vargas detalló que el pasado 17 de junio del 2011, recibió la Contraloría la denuncian interpuesta por el Director del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en contra de Agúndez Montaño, Porras Domínguez, Romero Aguilar y de quien resulte responsable, por la presunta comisión de actos u omisiones de carácter administrativo en el desempeño de sus funciones, previstos por el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios del Estado de Baja California Sur. Los hechos denunciados, se relacionan con la enajenación de los siete bienes inmuebles, ubicados en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas. Por lo anterior y con facultad conferida en el artículo 32 fracción II inciso i) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Contraloría es competente para conocer e investigar las posibles irregularidades que puedan constituir responsabilidades administrativas previstas en las fracciones I, II, III, IV, XV, XVIII y XXI del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, substanciado el procedimiento administrativo disciplinario que esta establece, para en su caso, aplicar las sanciones que procedan y hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes como lo marca el mismo ordenamiento. Dio a conocer que en fecha 21 de junio de 2011, se radicó ante la Contraloría General del Estado, el expediente número CGE/065/2011, integrado como consecuencia de la denuncia interpuesta, y a la fecha, se han realizado las diligencias necesarias para dar cumplimiento con las etapas procesales que señala la ley de la materia. Con fecha 28 de octubre de 2011, la Contraloría, con las facultades ya mencionadas, dictó la resolución administrativa correspondiente por un daño patrimonial de 27 millones 973 mil 800 pesos más 1 tanto de multa, resultando 55 millones 847 mil 600 pesos. Cabo San Lucas.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Maximino Fernández Ávila confirmó que el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, quien ayer fue inhabilitado por la Contraloría del Estado por seis años para ejercer un cargo público estatal y multado por 28 millones de pesos, es una de sus cartas fuertes a la candidatura al Senado de la República. En entrevista telefónica desde la Ciudad de México, el político señaló además que la sanción impuesta por la Contraloría del Estado es sólo el inicio de un proceso, por lo que no necesariamente inhabilita en lo inmediato a Agúndez Montaño para ser candidato; así también dijo que Garibaldo Romero continuará como representante del PVEM ante el Consejo Estatal del IFE en Baja California Sur para el proceso electoral 2011-2012. “Son seis años inhabilitados más un monto económico que creo que el dato exacto son 13 millones para Garibaldo, me parece que 26 para el ingeniero Narciso, pero esto lleva tiempo, apenas acaba de salir la sanción y ellos tienen su derecho de réplica en otras instancias, por consiguiente no los inhabilitan de la noche a la mañana, todavía hay un proceso que se tiene que seguir que puede llevar toda la administración del actual Gobierno estatal”. En cuanto al caso de Garibaldo Romero expresó: “Cuando presentamos a Garibaldo, era un puesto de buena fe, es una persona con capacidad y buscaremos que esto no llegue a mayores, en su momento si de plano tuviéramos que cambiar a Garibaldo, se cambia pero es una decisición interna del partido”. -Pero por lo pronto ¿sigue como representante ante el IFE?, se le insistió. “Sí hasta el momento, no fue a la reunión de ayer precisamente porque estábamos en la Ciudad de México viendo la lista de candidatos”, dijo. Fernández Ávila además comentó que su estancia en la Ciudad de México es porque el 10 de diciembre tenían una cita para presentar la lista de probables candidatos del PVEM en Baja California Sur, sin embargo ésta fue pospuesta por la propia dirigencia y confirmó que en la lista figura el nombre de Narciso Agúndez como probable candidato a Senador. “Teníamos a narciso Agúndez ya comentado, por que no hay que negarlo hemos comentado con él, acuérdate que el partido gana de votos y el tiene una estructura, fue el ex gobernador y creemos que su administración fue buena hasta las ultimas encuestas que se tenían y se está valorando, no va a ser una decisión personal, ni del Partido Verde estatal, es un consejo político nacional el que decidirá los candidatos”. Finalmente comentó que en días pasados tuvo una reunión con el gobernador Marcos Covarrubias, donde le solicitó que la contienda política en el estado fuera transparente y evitar los revanchismos políticos. El coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Treviño Angulo manifestó que sin duda las detenciones e inhabilitaciones de ex funcionarios estatales están cimbrando todo el mapa político de Baja California Sur. Dijo que desde un principio se ha manifestado un total respeto a los procedimientos legales y se ha solicitado al Gobierno del Estado y otras instancias que se hagan los procesos conforme a Derecho. Al dar su opinión respecto al anuncio que hizo ayer por la mañana la Contraloría General del Estado sobre la inhabilitación por seis años y aplicación de sanciones económicas para el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño; el ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez y el ex oficial mayor, Juan Garibaldo Romero, indicó que seguramente cada uno de los implicados están trabajando en su defensa. Señaló que desde el Congreso del Estado estarán atentos a esos procesos recientes y los que se dieron la semana pasada con detenciones de otros ex funcionarios estatales, pues de alguna manera han cimbrado la vida de todo el mapa político. “Seguiremos atentos a esos procesos de esos eventos de las últimas semanas y estaremos atentos a lo que suceda en torno a estos procesos”, concluyó. El secretario general del Ayuntamiento Guillermo Marrón Rosas, confirmó a Tribuna de Los Cabos haber solicitado el amparo de la justicia federal, ya que dijo que “se ha manejado su nombre” entre los funcionarios y ex funcionarios que pudieran ser sujetos a proceso penal, luego de que en días pasados se dio la detención de otros ex servidores públicos de administraciones pasadas perredistas. “Cualquier ciudadano tiene el derecho de acudir ante la instancia federal para solicitar la protección de la justicia federal y de alguna manera, de forma más tranquila, poder afrontar cualquier situación jurídica que pudiera enfrentar, nosotros hemos estado dándole seguimiento a los acontecimientos, quisiéramos no pensar que se trata de una persecución política sino de cuestiones netamente jurídicas”. “En ese sentido en el aspecto jurídico nosotros hemos acudido ante la instancia a solicitar la protección y en su momento, ya que lo tengamos lo daremos a conocer”. -¿Tiene algún temor o hay algún indicio que le señala que pudiera ser sujeto a un proceso penal, luego de la detención de ex funcionarios de su mismo grupo político?. “Se han manejado nombres, entre ellos el de un servidor, sin embargo no hay ninguna situación que pudiéramos nosotros pensar que pudiera desencadenar en eso, pero más allá de todo es el derecho que tenemos de acudir a la autoridad federal”, dijo. Cuestionado sobre su percepción ante el hecho de que un director de área del Ayuntamiento, como Luis Armando Díaz y la presunción de la posible actuación contra su persona, como secretario general del Ayuntamiento, cómo afectaba la gobernabilidad del mismo, dijo: “Nosotros desde el principio y esa es la instrucción del Presidente, de apostarle a la coordinación de los niveles de Gobierno, en este caso con el Gobierno del Estado, nosotros hemos hecho lo propio, hoy día acaba de asumir el nuevo Secretario General de Gobierno que se encarga de la política interna del Gobierno del Estado y nosotros apelamos a esta situación que podamos coordinarnos a sumar esfuerzos, al fin y al cabo lo que necesita la ciudadanía son respuestas a sus demandas, independientemente del color que seas”. “Nosotros lamentamos ese tipo de hechos por que sí generan de alguna manera ingobernabilidad y más aun cuando estamos a la puerta de un proceso electoral federal que empieza de inmediato”, concluyó. La dirigente del PRD en Los Cabos, Francisca Pimentel, informó anoche que hoy a las cinco de la tarde los perredistas realizarán una manifestación vehicular en apoyo a Luis Armando Díaz, para exigir a la Procuraduría actúe apagada a la ley y deje de lado las revanchas políticas que nada bueno dejan al estado de Baja California Sur. Por su parte, los ediles Julio César Castro Pérez y Víctor Ortegón Góngora, señalaron que la marcha es para darle todo el apoyo moral a Luis Armando Díaz y también a Narciso Agúndez, toda vez que deja mucho que desear el dictamen de la Contraloría General del Estado inhabilitando al ex gobernador para ocupar cargos públicos en los próximos seis años como resultado de auditorías aplicadas, ello a unos días de la detención del ex secretario de gobierno en el pasado sexenio. Sostuvo que pese a los intentos del Gobierno estatal panista de aniquilar al PRD con motivo de los próximos comicios electorales, el partido en Los Cabos está más fuerte que nunca y así lo ha expresado la ciudadanía, que a raíz de la detención de Luis Armando Díaz, se han acercado al instituto político para señalar todo el respaldo y confianza a este partido. Dijo que es evidente que esta detención y el dictamen de la Contraloría General del Estado, es una revancha política del Gobierno en el poder, pero los perredistas permanecerán unidos y más fuertes que nunca, a pesar de que el PAN pretende apoderarse de Los Cabos. Por su parte, los regidores Julio César Castro Pérez y Víctor Ortegón Góngora, demandaron al Procurador que la ley se aplique a todos por igual y no sólo a algunos, siendo extraño que se focalice sólo a miembros de un grupo político y no se comente nada sobre denuncias pendientes que involucra a gente panista y que la sociedad espera respuestas. “Hacemos un llamado al Procurador para que no se politice el sistema de justicia en el estado y en el caso del titular del Ejecutivo estatal, esperan que la decisión de la Contraloría sea en base a las facultades que tiene y que presente las pruebas de sus señalamientos”, acotaron los ediles. Señalaron que se debe hacer una revisión a fondo del actuar de la Procuraduría como de las dependencias del Gobierno estatal, porque sería desastroso que las instituciones en el estado se vayan por un camino equivocado de la venganza política.
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Capacita PGJE a personal de investigación | |||||||||||||||
La Paz. Redacción | |||||||||||||||
Agentes de Ministerio Público, policías ministeriales y peritos reciben capacitación sobre técnicas de criminalística y cadena de custodia Con objetivo académico de capacitar en el estudio de las técnicas y los métodos de la investigación científica de delitos y las exigencias técnicas y legales de la cadena de custodia, desde el pasado lunes inició en Cabo San Lucas el curso denominado Técnicas de Investigación Criminalística y Cadena de Custodia, dirigido a 30 agentes del Ministerios Público, Policías Ministeriales y Peritos de la PGJE adscritos a la Subprocuraduría de la Zona Sur, impartido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste con una duración de 40 horas. Así lo dio a conocer Marco Antonio Valdez, director del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales, quien explicó que con ello se refuerza el conocimiento de los agentes sobre el valor investigativo de los indicios que se encuentran en los escenarios delictivos a efecto de obtener su originalidad mediante el embalaje adecuado en el auxilio que se otorga al órgano investigador, aplicando las técnicas y los métodos según sea el caso del tipo de evidencia. Valdez Corrales sostuvo que adicionalmente al mencionado objetivo, atendiendo indicaciones del Procurador General de Justicia, se busca descentralizar las actividades académicas que el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales ofrece al personal de la Procuraduría, a efecto de hacer más accesible la capacitación a los servidores públicos que residen fuera de la capital del Estado, para lo que se coordinan acciones con las subprocuradurías regionales. Dicho curso es impartido por Joel Quiñónez Reyna, criminólogo y especialista certificado en Medicina Legal y Forense, docente del Centro Regional de Actualización de la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste.
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Narciso inhabilitado y con multa millonaria por Contraloría | |||||||||||||||
Humberto Peña, Ángel Mora Rojo, Elvira Vargas, Leticia Hernández. | |||||||||||||||
*Contraloría estatal se pronunció además en contra de Alfredo Porras y Garibaldo Romero, porque no puedan ejercer cargo público alguno durante seis años; en el caso del ex Gobernador enfrentaría una sanción económica cercana a los 28 millones de pesos y de poco más de trece millones de pesos el ex Secretario General de Gobierno y el ex Oficial Mayor, por la presunta comisión de actos u omisiones de carácter administrativo en el desempeño de sus funciones *El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Max Fernández Avila reconoció de la cercanía con Narciso Agúndez a quien considera podrían postular al Senado para los próximos comicios federales, de Garibaldo Romero dijo, se mantendrá como representante del Verde ante el IFE, tras minimizar la postura de Contraloría *“Detención e inhabilitación de ex funcionarios cimbran el mapa político sudcaliforniano”, asevera el diputado perredista Alberto Treviño; exige que se haga todo el procedimiento conforme a derecho. “Ni acciones mediáticas ni relumbrón contra ex funcionarios”: PRI. En Los Cabos perredistas se movilizarán hoy en solidaridad con Luis Armando Díaz; Guillermo Marrón asevera que en tribunales y conforme a derecho “todo se aclarará” La Paz.-La Contraloría General del Estado de Baja California Sur (CGE) anunció la inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión en el servicio público por el tiempo de seis años al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño; al ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez y al ex oficial mayor, Juan Garibaldo Romero Aguilar, por la presunta comisión de actos u omisiones de carácter administrativo en el desempeño de sus funciones. En la rueda de prensa que se ofreció en Palacio de Gobierno para dar a conocer esta situación y en la que no se permitió ningún cuestionamiento, la titular de la dependencia estatal Maritza Muñoz Vargas agregó también de la aplicación de sanciones económicas, en el caso de Agúndez Montaño por 27 millones 973 mil 800 pesos; de Porras Domínguez por trece millones 986 mil 900 pesos y de Romero Aguilar por trece millones 986 mil 900 pesos. Lo anterior es resultado de haber ejecutado un acto jurídico, el cual consistió en enajenar a título oneroso siete bienes inmuebles propiedad del Estado de Baja California Sur, ubicados en el fraccionamiento El Pedregal, de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, a un precio notoriamente inferior o por debajo del valor de dichos bienes inmuebles en el mercado ordinario. Indicó que por lo que hace a los demás encausados en ese órgano estatal de control, encuentra prescrita su facultad para sancionarlos administrativamente, debido a que a la fecha, ha transcurrido en exceso el término para ello, quedando la propia Contraloría imposibilitada para tal efecto, según lo señalado en el artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur. Agregó que los tres personajes en mención fueron notificados ya del resolutivo y anticipó que si de las constancias del procedimiento administrativo de responsabilidades, se desprendiere la posible comisión de un hecho delictuoso, la Contraloría remitirá copia de éste a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para los efectos legales que procedan, lo anterior, en cumplimiento al artículo 56 de la ley en la materia. Relatoría Muñoz Vargas detalló que el pasado 17 de junio del 2011, recibió la Contraloría la denuncian interpuesta por el Director del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en contra de Agúndez Montaño, Porras Domínguez, Romero Aguilar y de quien resulte responsable, por la presunta comisión de actos u omisiones de carácter administrativo en el desempeño de sus funciones, previstos por el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios del Estado de Baja California Sur. Los hechos denunciados, se relacionan con la enajenación de los siete bienes inmuebles, ubicados en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas. Por lo anterior y con facultad conferida en el artículo 32 fracción II inciso i) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Contraloría es competente para conocer e investigar las posibles irregularidades que puedan constituir responsabilidades administrativas previstas en las fracciones I, II, III, IV, XV, XVIII y XXI del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, substanciado el procedimiento administrativo disciplinario que esta establece, para en su caso, aplicar las sanciones que procedan y hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes como lo marca el mismo ordenamiento. Dio a conocer que en fecha 21 de junio de 2011, se radicó ante la Contraloría General del Estado, el expediente número CGE/065/2011, integrado como consecuencia de la denuncia interpuesta, y a la fecha, se han realizado las diligencias necesarias para dar cumplimiento con las etapas procesales que señala la ley de la materia. Con fecha 28 de octubre de 2011, la Contraloría, con las facultades ya mencionadas, dictó la resolución administrativa correspondiente por un daño patrimonial de 27 millones 973 mil 800 pesos más 1 tanto de multa, resultando 55 millones 847 mil 600 pesos. Cabo San Lucas.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Maximino Fernández Ávila confirmó que el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, quien ayer fue inhabilitado por la Contraloría del Estado por seis años para ejercer un cargo público estatal y multado por 28 millones de pesos, es una de sus cartas fuertes a la candidatura al Senado de la República. En entrevista telefónica desde la Ciudad de México, el político señaló además que la sanción impuesta por la Contraloría del Estado es sólo el inicio de un proceso, por lo que no necesariamente inhabilita en lo inmediato a Agúndez Montaño para ser candidato; así también dijo que Garibaldo Romero continuará como representante del PVEM ante el Consejo Estatal del IFE en Baja California Sur para el proceso electoral 2011-2012. “Son seis años inhabilitados más un monto económico que creo que el dato exacto son 13 millones para Garibaldo, me parece que 26 para el ingeniero Narciso, pero esto lleva tiempo, apenas acaba de salir la sanción y ellos tienen su derecho de réplica en otras instancias, por consiguiente no los inhabilitan de la noche a la mañana, todavía hay un proceso que se tiene que seguir que puede llevar toda la administración del actual Gobierno estatal”. En cuanto al caso de Garibaldo Romero expresó: “Cuando presentamos a Garibaldo, era un puesto de buena fe, es una persona con capacidad y buscaremos que esto no llegue a mayores, en su momento si de plano tuviéramos que cambiar a Garibaldo, se cambia pero es una decisición interna del partido”. -Pero por lo pronto ¿sigue como representante ante el IFE?, se le insistió. “Sí hasta el momento, no fue a la reunión de ayer precisamente porque estábamos en la Ciudad de México viendo la lista de candidatos”, dijo. Fernández Ávila además comentó que su estancia en la Ciudad de México es porque el 10 de diciembre tenían una cita para presentar la lista de probables candidatos del PVEM en Baja California Sur, sin embargo ésta fue pospuesta por la propia dirigencia y confirmó que en la lista figura el nombre de Narciso Agúndez como probable candidato a Senador. “Teníamos a narciso Agúndez ya comentado, por que no hay que negarlo hemos comentado con él, acuérdate que el partido gana de votos y el tiene una estructura, fue el ex gobernador y creemos que su administración fue buena hasta las ultimas encuestas que se tenían y se está valorando, no va a ser una decisión personal, ni del Partido Verde estatal, es un consejo político nacional el que decidirá los candidatos”. Finalmente comentó que en días pasados tuvo una reunión con el gobernador Marcos Covarrubias, donde le solicitó que la contienda política en el estado fuera transparente y evitar los revanchismos políticos. El coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Treviño Angulo manifestó que sin duda las detenciones e inhabilitaciones de ex funcionarios estatales están cimbrando todo el mapa político de Baja California Sur. Dijo que desde un principio se ha manifestado un total respeto a los procedimientos legales y se ha solicitado al Gobierno del Estado y otras instancias que se hagan los procesos conforme a Derecho. Al dar su opinión respecto al anuncio que hizo ayer por la mañana la Contraloría General del Estado sobre la inhabilitación por seis años y aplicación de sanciones económicas para el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño; el ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez y el ex oficial mayor, Juan Garibaldo Romero, indicó que seguramente cada uno de los implicados están trabajando en su defensa. Señaló que desde el Congreso del Estado estarán atentos a esos procesos recientes y los que se dieron la semana pasada con detenciones de otros ex funcionarios estatales, pues de alguna manera han cimbrado la vida de todo el mapa político. “Seguiremos atentos a esos procesos de esos eventos de las últimas semanas y estaremos atentos a lo que suceda en torno a estos procesos”, concluyó. El secretario general del Ayuntamiento Guillermo Marrón Rosas, confirmó a Tribuna de Los Cabos haber solicitado el amparo de la justicia federal, ya que dijo que “se ha manejado su nombre” entre los funcionarios y ex funcionarios que pudieran ser sujetos a proceso penal, luego de que en días pasados se dio la detención de otros ex servidores públicos de administraciones pasadas perredistas. “Cualquier ciudadano tiene el derecho de acudir ante la instancia federal para solicitar la protección de la justicia federal y de alguna manera, de forma más tranquila, poder afrontar cualquier situación jurídica que pudiera enfrentar, nosotros hemos estado dándole seguimiento a los acontecimientos, quisiéramos no pensar que se trata de una persecución política sino de cuestiones netamente jurídicas”. “En ese sentido en el aspecto jurídico nosotros hemos acudido ante la instancia a solicitar la protección y en su momento, ya que lo tengamos lo daremos a conocer”. -¿Tiene algún temor o hay algún indicio que le señala que pudiera ser sujeto a un proceso penal, luego de la detención de ex funcionarios de su mismo grupo político?. “Se han manejado nombres, entre ellos el de un servidor, sin embargo no hay ninguna situación que pudiéramos nosotros pensar que pudiera desencadenar en eso, pero más allá de todo es el derecho que tenemos de acudir a la autoridad federal”, dijo. Cuestionado sobre su percepción ante el hecho de que un director de área del Ayuntamiento, como Luis Armando Díaz y la presunción de la posible actuación contra su persona, como secretario general del Ayuntamiento, cómo afectaba la gobernabilidad del mismo, dijo: “Nosotros desde el principio y esa es la instrucción del Presidente, de apostarle a la coordinación de los niveles de Gobierno, en este caso con el Gobierno del Estado, nosotros hemos hecho lo propio, hoy día acaba de asumir el nuevo Secretario General de Gobierno que se encarga de la política interna del Gobierno del Estado y nosotros apelamos a esta situación que podamos coordinarnos a sumar esfuerzos, al fin y al cabo lo que necesita la ciudadanía son respuestas a sus demandas, independientemente del color que seas”. “Nosotros lamentamos ese tipo de hechos por que sí generan de alguna manera ingobernabilidad y más aun cuando estamos a la puerta de un proceso electoral federal que empieza de inmediato”, concluyó. La dirigente del PRD en Los Cabos, Francisca Pimentel, informó anoche que hoy a las cinco de la tarde los perredistas realizarán una manifestación vehicular en apoyo a Luis Armando Díaz, para exigir a la Procuraduría actúe apagada a la ley y deje de lado las revanchas políticas que nada bueno dejan al estado de Baja California Sur. Por su parte, los ediles Julio César Castro Pérez y Víctor Ortegón Góngora, señalaron que la marcha es para darle todo el apoyo moral a Luis Armando Díaz y también a Narciso Agúndez, toda vez que deja mucho que desear el dictamen de la Contraloría General del Estado inhabilitando al ex gobernador para ocupar cargos públicos en los próximos seis años como resultado de auditorías aplicadas, ello a unos días de la detención del ex secretario de gobierno en el pasado sexenio. Sostuvo que pese a los intentos del Gobierno estatal panista de aniquilar al PRD con motivo de los próximos comicios electorales, el partido en Los Cabos está más fuerte que nunca y así lo ha expresado la ciudadanía, que a raíz de la detención de Luis Armando Díaz, se han acercado al instituto político para señalar todo el respaldo y confianza a este partido. Dijo que es evidente que esta detención y el dictamen de la Contraloría General del Estado, es una revancha política del Gobierno en el poder, pero los perredistas permanecerán unidos y más fuertes que nunca, a pesar de que el PAN pretende apoderarse de Los Cabos. Por su parte, los regidores Julio César Castro Pérez y Víctor Ortegón Góngora, demandaron al Procurador que la ley se aplique a todos por igual y no sólo a algunos, siendo extraño que se focalice sólo a miembros de un grupo político y no se comente nada sobre denuncias pendientes que involucra a gente panista y que la sociedad espera respuestas. “Hacemos un llamado al Procurador para que no se politice el sistema de justicia en el estado y en el caso del titular del Ejecutivo estatal, esperan que la decisión de la Contraloría sea en base a las facultades que tiene y que presente las pruebas de sus señalamientos”, acotaron los ediles. Señalaron que se debe hacer una revisión a fondo del actuar de la Procuraduría como de las dependencias del Gobierno estatal, porque sería desastroso que las instituciones en el estado se vayan por un camino equivocado de la venganza política. | |||||||||||||||
Publican amparos de LAD, Ariel Castro y David Green | |||||||||||||||
Cabo San Lucas Ángel Mora Rojo | |||||||||||||||
Con fecha de cinco de diciembre en expedientes separados, el Juzgado de Distrito concedió la suspensión provisional del acto reclamado al Director de Desarrollo Social, el Director General de Fomento Económico y Turismo y del Director Municipal de Atención Ciudadana. En el listado de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito ayer se publicaron los amparos promovidos por el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Los Cabos Luis Armando Díaz; el director general de Fomento Económico y Turismo, Ariel Castro Cárdenas y un nuevo amparo promovido por el director de Atención Ciudadana David Green Moreno. Cabe recordar que el pasado lunes también se publicaron en la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal los amparos solicitados por el ex oficial mayor del Gobierno del Estado, Héctor Ibarra Espinoza, el ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez y el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Guillermo Marrón Rosas. Esto después de que la semana pasada se diera la detención y posterior liberación mediante fianza de tres ex funcionarios del Gobierno estatal, el ex secretario de Gobierno Luis Armando Díaz, el ex secretario de Planeación Urbana, Guillermo Jáuregui y el ex oficial Mayor Héctor Ibarra, al encontrarse relacionados en la enajenación presuntamente indebida de siete predios en el Pedregal de Cabo San Lucas en perjuicio del Estado Con el expediente 1045/2011 y con fecha de cinco de diciembre, David Green Romero solicitó la protección de la justicia federal contra las actuaciones que pudiera tener en su contra el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Los Cabos, San José del Cabo; por lo que la autoridad judicial federal concedió la suspensión provisional del acto. Por otro lado, en el caso de Ariel Castro Cárdenas, se señala el expediente 1044/2011 también contra el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Los Cabos, San José del Cabo y al igual que al anterior, el juez le concedió la suspensión provisional. Finalmente con el número de expediente 1046/2011, se publicita el amparo promovido por Luis Armando Díaz, contra la misma autoridad y con la misma resolución judicial.
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Ponen a disposición del Ministerio Público a varios individuos | |||||||||||||||
Ciudad Constitución. Manuel Espinoza | |||||||||||||||
Los sospechosos fueron capturados por elementos de la Policía Ministerial en Ciudad Constitución, al atender el reporte de la persona afectada Tres personas que fueron sorprendidas cargando con diversos objetos cuya procedencia no pudieron acreditar legalmente, fueron detenidas por elementos de la Policía Ministerial y puestas a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, para ser investigados por su presunta responsabilidad en delito de robo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que los detenidos responden a los nombres de Martín Domínguez, alias “El Pinzas”, Alejandro Rojas, alias “El Cancún” o “El Rojas”, y José Alberto Murillo, alias “El Chacato”, de 36, 18 y 18 años de edad, respectivamente, con domicilios en las colonias Los Pinos y 4 de Marzo de Ciudad Constitución, mismos que llevaban en su poder un gato hidráulico, dos torres para sustraer motores, tres metros de cable, una guitarra de madera, un garrafón de plástico, un bate de madera, dos tubos de cobre, cuatro tramos de cable para pasar corriente, una balastra, una cobija, un bote de plástico, un cinto y varias prendas de ropa. De acuerdo con la información, fue a las 00:50 horas de ayer, cuando los agentes ministeriales adscritos a la Comandancia de Ciudad Constitución, recibieron el reporte de un robo en un domicilio de la colonia Los Olivos, por lo que al acudir a investigar, observaron que de la vivienda reportada salían tres personas cargando con los objetos antes mencionados, procediendo a su captura y al ser cuestionados sobre la procedencia de las cosas que llevaran, aceptaron que los habían robado de la casa de donde los vieron salir, motivo por el que quedaron a disposición de las autoridades. | |||||||||||||||
Disminuyeron 25% accidentes en noviembre respecto a octubre | |||||||||||||||
La Paz. Manuel Espinoza | |||||||||||||||
Menos de 200 percances fueron registrados por Tránsito Municipal, mismos que dejaron daños materiales por 2.7 millones de pesos y 55 personas lesionadas En un 25 por ciento disminuyeron los accidentes viales durante el mes de noviembre, en relación al periodo próximo anterior, al registrar 193 incidencias contra 245 que se tuvieron durante octubre, lo que le convierte en el menos productivo en este rubro de los últimos cuatro años, señala la información estadística proporcionada por la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. De enero a noviembre del 2011, se han registrado dos mil 475 percances, casi 250 menos que en el mismo periodo del año pasado; durante el mes de noviembre, los accidentes dejaron daños materiales por el orden de los 2.7 millones de pesos, además de 55 personas lesionadas, no reportándose fallecimiento de personas en el lugar de los hechos. De acuerdo con la información, 44 accidentes ocurrieron porque los conductores no guardaron la distancia reglamentaria, 33 más no hicieron alto de disco, 28 de los involucrados invadieron carril, causas que representan el 23 por ciento, 17 por ciento y 15 por ciento, respectivamente, seguidas de el estado de ebriedad y exceso de velocidad con el 10 por ciento, no ceder paso a vehículo con preferencia con el nueve por ciento, aunque por otras causas, el porcentaje marca un 15 por ciento, entre las que se ubican fallas mecánicas, maniobras sin precaución, entre otras. Del total de percances, un 78 por ciento (151 del total), se refiere a choques entre vehículos, ocho por ciento fueron contra objetos fijos, tres por ciento contra motocicletas, con un dos por ciento, choques entre vehículos y objetos fijos, volcaduras y contra bicicletas. Durante el mes de noviembre, 181 personas adultas figuraron como causantes de los percances, de las cuales 138 eran varones y solo 45 mujeres, de las cuales un 64 por ciento presentó licencia de conducir vigente. | |||||||||||||||
Alarma entre alumnos por presencia de policías judiciales | |||||||||||||||
Cabo San Lucas. Lizbeth Jaimes Galindo | |||||||||||||||
Representantes de la Sociedad de Padres de Familia Regional condenaron los hechos del pasado lunes en donde elementos presuntamente de la Policía Judicial ingresaron a las instalaciones de la primaria Arturo Guerrero con armas largas, lo que hizo que alumnos en particular se alarmaran y asustaran. Lo anterior, fue declarado por parte de la presidenta de la Sociedad Adriana López Monje, quien a través de los medios de comunicación, hizo un llamado a la autoridad correspondiente para evitar a toda costa este tipo de situaciones en las que ponen en riesgo a los alumnos. Relató que en una visita realizada el pasado lunes a la institución mencionada, llegaron unas personas con aspecto de policías judiciales, ya que no tenían identificación ni nada. Ingresaron al recinto en el horario del recreo, cuando la puerta estaba abierta. No utilizaron identificación, traían un auto sin placas ni rotulación, como acostumbran, mencionó la representante. Dichos elementos argumentaron la realización de una investigación sobre un presunto robo de computadoras. “El hecho fue que los elementos entraron con armas largas, y a la vista de todos, lo que hizo que los niños se alarmaran y asustaran. Ni profesores ni alumnos sabían lo que ocurría”, indicó. Ya posteriormente, supieron que era un trabajo de investigación. Sin embargo, lo que reprueban de manera tajante es que esto lo hayan hecho dentro del horario de clases, lo cual calificaron de incorrecto, ya que este tipo de situaciones no es lo adecuado. Si tenían que notificar a alguien en lo particular a personal docente o administrativo, no tienen por qué hacerlo dentro de las instalaciones, ya que no es su dirección. “Estamos muy molestos con la situación, ya que consideramos que no son las formas, por ello hacemos un atento llamado a la autoridad correspondiente para que llame la atención a su personal y les haga saber que las escuelas no son los domicilios de los maestros. Esto no se puede hacer en las escuelas a menos que se tenga una orden de aprehensión”, comentó. |
Recupera PEP otro auto robado; fue hallado semidesmantelado |
La Paz. Redacción |
Emanado del trabajo preventivo que viene realizando la Policía Estatal Preventiva (PEP), se logró, de nueva cuenta, la recuperación de un vehículo con reporte de robo. La recuperación tuvo lugar cuando elementos adscritos a la Unidad de Reacción Inmediata, realizaban recorridos de sobrevigilancia por colonias de la ciudad y al circular por las calles de Administración y Arroyo, de la colonia Ampliación Mezquitito, tuvieron a la vista un vehículo en calidad de abandono. Siendo éste marca Honda, línea Civic, color blanco, modelo 1997, con placas de circulación 934-PMR-7, revisando los agentes la serie de identificación vehicular en la base de datos, la cual arrojó que dicho vehículo contaba con reporte de robo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes al caso. En lo que va de la presente administración, la Secretaría de Seguridad Pública, a través la Unidad de Reacción Inmediata de la Policía Estatal Preventiva, ha logrado la recuperación de alrededor de 20 vehículos con reporte de robo, mismos que en su momento fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, para su posterior entrega a los legítimos propietarios. |
Custodios del Cereso en prácticas de tiro policial |
La Paz.- Redacción |
Los elementos encargados de la vigilancia y seguridad del penal de la ciudad capital, recibieron la instrucción sobre el uso de las armas, en el campo Los Gavilanes En el marco de la capacitación y profesionalización que se le brinda al personal del Sistema Estatal de Seguridad Pública, elementos de seguridad y custodia del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz, llevaron a cabo una práctica de tiro en el Club de Caza, Tiro y Pesca Los Gavilanes, donde realizaron diversos ejercicios con arma larga y corta. Esto lo informó, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, quien mencionó que el objetivo de este tipo de prácticas, es que el personal de custodia de los centros penitenciarios, fortalezcan sus conocimientos, habilidades y destrezas en el uso y manejo de su armamento de cargo. Destacó que es a través de la práctica como se logrará que personal encargado del cuidado de los penales, así como de los internos, pueda ejercer sus funciones con total profesionalismo, dotados de las herramientas indispensables que les permita afrontar cualquier situación que se presente en su lugar de trabajo. Agregó que uno de los principales compromisos de esta Secretaría Estatal y del propio Gobierno del Estado, es mejorar las condiciones de los centros penitenciarios de la entidad, así como reforzar la capacitación de su personal. Finalmente, puntualizó que se continuará con más prácticas y programas en este renglón, a fin de que la ciudadanía cuente con elementos confiables y profesionales a su servicio. |
A la cárcel guerrerense por intento de violación |
La Paz. Manuel Espinoza |
Humberto de 41 años de edad trató de abusar sexualmente de un niño de once años, pero éste con engaños logró escapar para avisar a su papá, quien solicitó ayuda para detener al degenerado Agentes de la Policía Municipal se hicieron cargo de un jornalero que fue capturado por sus propios compañeros de oficio, tras ser señalado por un menor de edad de intentar abusar sexualmente de él, por lo que el sospechoso fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, especializada en delitos contra la libertad sexual. Los hechos se registraron al interior del rancho Pueblo Nuevo, hasta donde acudieron varios uniformados para hacerse cargo de quien dijo llamarse Humberto, de 41 años de edad y originario del estado de Guerrero, quien fue señalado por un menor, como la persona que momentos antes trató de llevárselo hacia el monte para “hacerle el amor”. Fue a las 18:50 horas del pasado lunes, cuando a través del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4), se alertó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que en el citado rancho, trabajadores habían sometido a una persona sospechosa de intento de violación en agravio de un niño de once años de edad, por lo que de inmediato se dirigieron al lugar para hacerse cargo del detenido. Al entrevistarse con la víctima, ésta señaló que momentos antes había sido sujetado por el ahora detenido, y que por la fuerza lo conducía hacia el monte que se ubica a 100 metros de las viviendas, diciéndole que le iba “hacer el amor”, pero que él le dijo que estaba bien, que sí iba con él pero que primero le permitiera cenar, ya que traían hambre, por lo que el sospechoso lo soltó y le dijo que lo esperaría entre los matorrales. Pero el infante avisó a su papá quien solicitó la ayuda del capataz del rancho quienes sorprendieron al individuo agazapado entre unas plantas del monte y tras someterlo, solicitaron la presencia de los policías que finalmente se hicieron cargo para ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales donde se resolverá su situación jurídica. |
Por violación en grado de tentativa detienen a jornalero en la colonia Márquez de León |
La Paz. Manuel Espinoza |
Agentes municipales que atendieron el reporte, lo sorprendieron en los momentos que sometía a una jovencita de 15 años de edad A disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y el Menor (SAMM), quedó un jornalero detenido por elementos de la Policía Municipal, al figurar como presunto responsable de un delito contra la libertad sexual, en agravio de una jovencita de quince años de edad. Los agentes uniformados sorprendieron al presunto violador en los momentos que sometía a la víctima y que al verse descubierto intentó fugarse, siendo seguido hasta que se le dio alcance; fue llevado ante la Comandancia General para posteriormente ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes. De acuerdo con información de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, fue a las 06:50 horas del pasado lunes, cuando a través del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4), se alertó a los oficiales para que se trasladaran a un domicilio de la colonia Márquez de León, ya que se estaba reportando un caso de probable violación. Cuando los agentes llegaran al lugar del reporte, observaron que de un domicilio salía corriendo un individuo cuyas características coincidían con el sospechoso, por lo que fue sometido y abordado a la patrulla, procediendo a entrevistarse con la afectada, una joven de quince años de edad, quien les manifestó se encontraba sola en la casa porque su mamá había salido a trabajar. Agregó que el ahora detenido se metió al domicilio y la atacó con la intención de abusar de ella, tomándola del cuello y al tiempo que la amenazaba para que no gritara, lograba despojarla de su pantalón, pero cuando dicho individuo se disponía a quitase el short, llegó la unidad oficial y la soltó para huir, siendo en los momentos que se dio su captura. Crescencio Toscano, jornalero de 40 años de edad y originario del estado de Oaxaca, es el sospechoso de violación en grado de tentativa, mismo que fue ingresado a la cárcel pública municipal de la Comandancia Legaspy, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente. |
EL SUDCALIFORNIANO
Multa millonaria a NAM y APD
El Sudcaliforniano
7 de diciembre de 2011
Elías Medina P.
La Paz, Baja California Sur.- La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inhabilitó al exgobernador Narciso Agúndez para ocupar cargo o comisión en el servicio público durante 6 años y le impuso una sanción económica de 27 millones 973 mil 800 pesos; sus exfuncionarios de gabinete en el último tramo de su administración, Alfredo Porras Domínguez, quien ocupó el cargo de secretario general, y Juan Garibaldo Romero, exoficial mayor, también fueron inhabilitados por el mismo lapso, y recibieron sanción económica por 13 millones 986 mil 900 pesos cada uno.
En conferencia de prensa, la contralora Maritza Muñoz Vargas informó que este proceso se inició el 17 de junio del 2011, cuando el director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del Gobierno del Estado presentó ante la dependencia a su cargo una denuncia por la presunta comisión de actos u omisiones de carácter administrativo, previstos en el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y municipios de Baja California Sur.
Los hechos, están relacionados con la enajenación de siete bienes inmuebles ubicados en el fraccionamiento "El Pedregal" de Cabo San Lucas, terrenos que fueron vendidos a un precio "notoriamente inferior y/o por debajo del valor de dichos inmuebles en el mercado ordinario", según explicó la funcionaria en una conferencia de prensa efectuada en la sala de gobernadores en donde no se permitieron preguntas a los representante de los medios.
Fue el pasado 28 de octubre del presente año cuando se dictó la resolución administrativa correspondiente, del cual se desprende un daño patrimonial por 27 millones 973 mil 800 pesos más un tanto de multa, lo que da un total de 55 millones 947 mil 600 pesos.
La sanción fue notificada a Narciso Agúndez a través de su representante legal, y a Alfredo Porras y Juan Garibaldo Romero, de manera personal.
En un documento leído ante los reporteros de la fuente, Martiza Muñoz adelantó que si de las constancias del procedimiento administrativo de responsabilidades se desprendiera la posible comisión de un hecho delictuoso, la dependencia a su cargo remitirá copia a la Procuraduría de Justicia del Estado para los efectos legales que procedan.
La Paz, Baja California Sur.- La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inhabilitó al exgobernador Narciso Agúndez para ocupar cargo o comisión en el servicio público durante 6 años y le impuso una sanción económica de 27 millones 973 mil 800 pesos; sus exfuncionarios de gabinete en el último tramo de su administración, Alfredo Porras Domínguez, quien ocupó el cargo de secretario general, y Juan Garibaldo Romero, exoficial mayor, también fueron inhabilitados por el mismo lapso, y recibieron sanción económica por 13 millones 986 mil 900 pesos cada uno.
En conferencia de prensa, la contralora Maritza Muñoz Vargas informó que este proceso se inició el 17 de junio del 2011, cuando el director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del Gobierno del Estado presentó ante la dependencia a su cargo una denuncia por la presunta comisión de actos u omisiones de carácter administrativo, previstos en el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y municipios de Baja California Sur.
Los hechos, están relacionados con la enajenación de siete bienes inmuebles ubicados en el fraccionamiento "El Pedregal" de Cabo San Lucas, terrenos que fueron vendidos a un precio "notoriamente inferior y/o por debajo del valor de dichos inmuebles en el mercado ordinario", según explicó la funcionaria en una conferencia de prensa efectuada en la sala de gobernadores en donde no se permitieron preguntas a los representante de los medios.
Fue el pasado 28 de octubre del presente año cuando se dictó la resolución administrativa correspondiente, del cual se desprende un daño patrimonial por 27 millones 973 mil 800 pesos más un tanto de multa, lo que da un total de 55 millones 947 mil 600 pesos.
La sanción fue notificada a Narciso Agúndez a través de su representante legal, y a Alfredo Porras y Juan Garibaldo Romero, de manera personal.
En un documento leído ante los reporteros de la fuente, Martiza Muñoz adelantó que si de las constancias del procedimiento administrativo de responsabilidades se desprendiera la posible comisión de un hecho delictuoso, la dependencia a su cargo remitirá copia a la Procuraduría de Justicia del Estado para los efectos legales que procedan.
Retorna la UABCS a la legalidad
Finalmente los integrantes de la XIII Legislatura local acordaron derogar los artículos II, III y IV transitorios del decreto 1903. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
7 de diciembre de 2011
Miguel Rubio
La Paz, Baja California Sur.- Con el voto unánime de 17 de 21 diputados asistentes a la sesión extraordinaria de Congreso del Estado de ayer martes 6 de diciembre de 2011, los integrantes de la XIII Legislatura aprobaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga los artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto 1903 mediante el cual se reformaron y adicionaron los artículos 9, 10 y 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, decreto que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Se indica en el documento que el 17 de febrero del presente año, el ciudadano Carlos Jesús Villavicencio Garayzar presentó demanda de amparo contra los actos contenidos en el decreto 1903, y obtuvo sentencia favorable del juzgado federal el 22 de julio del año en curso, básicamente porque mediante los artículos transitorios referidos, se le privó al quejoso de un derecho adquirido antes de la entrada en vigor de la normatividad reclamada.
En este sentido menciona que derivado del acto, el Congreso del Estado reconoció la declaratoria de inconstitucionalidad realizada, sin embargo el pasado 28 de noviembre el Poder Legislativo, el licenciado Gregorio Antonio Marín Bárcenas, secretario del Juzgado Tercero de Distrito, en funciones de juez, resolvió requerir a las autoridades responsables.
Seguir el mismo procedimiento que dio origen a las porciones normativas reclamadas, pero ahora para dejar a éstas sin efectos, porque de lo contrario, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual que fue transgredida debido a la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.
Este requerimiento fue notificado a este Congreso el día 30 de noviembre de 2011 a las 14:40, por lo que el diputado Juan Domingo Carballo Ruiz convocó a los integrantes de la XIII Legislatura a diversas reuniones de trabajo a discutir el asunto, habiendo acordado la derogación de los artículos Segundo, Tercero y Cuarto transitorios del Decreto 1903 mediante los cuales se reformaron y adicionaron los artículos 9, 10 y 12 de la Ley Orgánica de la UABCS.
El dictamen aprobado fue emitido por las Comisiones Permanentes de Puntos Constitucionales y de Justicia, y de Asuntos Educativos y de la Juventud Asuntos Fiscales y Administrativos.
Al respecto el licenciado Iván Antonio Castro Beltrán, asesor legal del rector Carlos Villavicencio, afirmó que este evento es un paso para restablecer la legalidad de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Dijo que el dictamen en el que se aprueba la derogación del Decreto 1903 deberá ser enviado al Ejecutivo del estado para que en su caso haga las observaciones que considere pertinente y/o en su defecto ordene la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Destacó que una vez publicado dicho decreto, será enviado al juez federal para que determine si se está cumpliendo con su sentencia. Y agregó que el juicio de garantías que se está llevando es para el restablecimiento de las garantías individuales del doctor Carlos Villavicencio Garayzar, de acuerdo al Artículo 80 de la Ley de Amparo, dicho artículo señala que se tiene que restablecer las cosas que aguardaban antes de la violación de la garantía. Es decir, dijo, esto se tiene que restablecer como ha sucedido siempre, la reinstalación legal del rector electo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, puntualizó el abogado defensor.
La Paz, Baja California Sur.- Con el voto unánime de 17 de 21 diputados asistentes a la sesión extraordinaria de Congreso del Estado de ayer martes 6 de diciembre de 2011, los integrantes de la XIII Legislatura aprobaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga los artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto 1903 mediante el cual se reformaron y adicionaron los artículos 9, 10 y 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, decreto que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Se indica en el documento que el 17 de febrero del presente año, el ciudadano Carlos Jesús Villavicencio Garayzar presentó demanda de amparo contra los actos contenidos en el decreto 1903, y obtuvo sentencia favorable del juzgado federal el 22 de julio del año en curso, básicamente porque mediante los artículos transitorios referidos, se le privó al quejoso de un derecho adquirido antes de la entrada en vigor de la normatividad reclamada.
En este sentido menciona que derivado del acto, el Congreso del Estado reconoció la declaratoria de inconstitucionalidad realizada, sin embargo el pasado 28 de noviembre el Poder Legislativo, el licenciado Gregorio Antonio Marín Bárcenas, secretario del Juzgado Tercero de Distrito, en funciones de juez, resolvió requerir a las autoridades responsables.
Seguir el mismo procedimiento que dio origen a las porciones normativas reclamadas, pero ahora para dejar a éstas sin efectos, porque de lo contrario, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual que fue transgredida debido a la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.
Este requerimiento fue notificado a este Congreso el día 30 de noviembre de 2011 a las 14:40, por lo que el diputado Juan Domingo Carballo Ruiz convocó a los integrantes de la XIII Legislatura a diversas reuniones de trabajo a discutir el asunto, habiendo acordado la derogación de los artículos Segundo, Tercero y Cuarto transitorios del Decreto 1903 mediante los cuales se reformaron y adicionaron los artículos 9, 10 y 12 de la Ley Orgánica de la UABCS.
El dictamen aprobado fue emitido por las Comisiones Permanentes de Puntos Constitucionales y de Justicia, y de Asuntos Educativos y de la Juventud Asuntos Fiscales y Administrativos.
Al respecto el licenciado Iván Antonio Castro Beltrán, asesor legal del rector Carlos Villavicencio, afirmó que este evento es un paso para restablecer la legalidad de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Dijo que el dictamen en el que se aprueba la derogación del Decreto 1903 deberá ser enviado al Ejecutivo del estado para que en su caso haga las observaciones que considere pertinente y/o en su defecto ordene la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Destacó que una vez publicado dicho decreto, será enviado al juez federal para que determine si se está cumpliendo con su sentencia. Y agregó que el juicio de garantías que se está llevando es para el restablecimiento de las garantías individuales del doctor Carlos Villavicencio Garayzar, de acuerdo al Artículo 80 de la Ley de Amparo, dicho artículo señala que se tiene que restablecer las cosas que aguardaban antes de la violación de la garantía. Es decir, dijo, esto se tiene que restablecer como ha sucedido siempre, la reinstalación legal del rector electo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, puntualizó el abogado defensor.
El Gobierno del Estado respetará la decisión que tomó el Congreso
El Sudcaliforniano
7 de diciembre de 2011
Elías Medina P.
La Paz, Baja California Sur.- El gobernador Marcos Covarrubias instó una vez más a los universitarios para que superen los niveles de confrontación y diferencias y retomen el camino de la concordia, al tiempo que ofreció el respaldo de su gobierno a la institución, y su respeto a la determinación del Congreso del Estado que este martes derogó artículos transitorios del decreto 1903, luego del amparo que un juez federal otorgó a Carlos Villavicencio, quien fuera designado rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur por la Junta Consultiva en diciembre del 2010, órgano que fue posteriormente depuesto a causa de este nombramiento.
Son aproximadamente cinco mil estudiantes en nuestra máxima casa de estudios y creo que todos, absolutamente todos los padres de familia quieren tener la certeza de que los conflictos en la UABCS se van a acabar, para que la institución siga adelante preparando a nuestros jóvenes, abundó el mandatario.
Entrevistado antes del inicio de una intensa gira de trabajo por La Paz, Todos Santos y Pescadero y en torno a las prestaciones de fin de año que el gobierno está obligado por ley a otorgar a sus cerca de cinco mil trabajadores, Marcos Covarrubias aceptó que las finanzas públicas enfrentan muchas limitaciones pero confió en que se habrán de cubrir en tiempo y forma.
Estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos, dijo.
La Paz, Baja California Sur.- El gobernador Marcos Covarrubias instó una vez más a los universitarios para que superen los niveles de confrontación y diferencias y retomen el camino de la concordia, al tiempo que ofreció el respaldo de su gobierno a la institución, y su respeto a la determinación del Congreso del Estado que este martes derogó artículos transitorios del decreto 1903, luego del amparo que un juez federal otorgó a Carlos Villavicencio, quien fuera designado rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur por la Junta Consultiva en diciembre del 2010, órgano que fue posteriormente depuesto a causa de este nombramiento.
Son aproximadamente cinco mil estudiantes en nuestra máxima casa de estudios y creo que todos, absolutamente todos los padres de familia quieren tener la certeza de que los conflictos en la UABCS se van a acabar, para que la institución siga adelante preparando a nuestros jóvenes, abundó el mandatario.
Entrevistado antes del inicio de una intensa gira de trabajo por La Paz, Todos Santos y Pescadero y en torno a las prestaciones de fin de año que el gobierno está obligado por ley a otorgar a sus cerca de cinco mil trabajadores, Marcos Covarrubias aceptó que las finanzas públicas enfrentan muchas limitaciones pero confió en que se habrán de cubrir en tiempo y forma.
Estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos, dijo.
Inició décimo curso itinerante de actualización policial para 30 elementos de Seguridad Pública
El Sudcaliforniano
7 de diciembre de 2011
Jesús Manuel López Aguirre
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- Muy importante es el "Curso Itinerante de Actualización Policial" de la Academia Estatal de Policía, para 30 elementos de Seguridad Pública Municipal de Comondú, impartido por 8 instructores que son elementos de Seguridad Pública, siendo ésta la peculiaridad de este curso que los mismos elementos imparten el curso, acreditados por la Secretaría de Seguridad Publica en diferentes materias, como marco jurídico, tácticas policiales, armamento y tiro, nuevo modelo policial, derechos humanos, criminalística, informe policial homologado y primeros auxilios.
Este curso que inició el pasado miércoles 30 de noviembre, culminará el próximo 16 de diciembre, siendo coordinados por el licenciado Roberto Siqueiros, por instrucciones del director general, Andrés Ojeda, siendo la gran la finalidad, de contar con una corporación más preparada en la función policial, siendo éste el décimo curso de la corporación en lo que va de la administración del presidente, Venustiano Pérez.
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- Muy importante es el "Curso Itinerante de Actualización Policial" de la Academia Estatal de Policía, para 30 elementos de Seguridad Pública Municipal de Comondú, impartido por 8 instructores que son elementos de Seguridad Pública, siendo ésta la peculiaridad de este curso que los mismos elementos imparten el curso, acreditados por la Secretaría de Seguridad Publica en diferentes materias, como marco jurídico, tácticas policiales, armamento y tiro, nuevo modelo policial, derechos humanos, criminalística, informe policial homologado y primeros auxilios.
Este curso que inició el pasado miércoles 30 de noviembre, culminará el próximo 16 de diciembre, siendo coordinados por el licenciado Roberto Siqueiros, por instrucciones del director general, Andrés Ojeda, siendo la gran la finalidad, de contar con una corporación más preparada en la función policial, siendo éste el décimo curso de la corporación en lo que va de la administración del presidente, Venustiano Pérez.
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“Mientras el Gobernador no me reciba lo voy a seguir abordando en todos sus eventos”, advierte el padre de Jonathan
Daniel Hernández Aguirre comentó que la familia no repetirá el error de pedir la destitución del procurador, pues ahora desean que Arreola Leal arregle “todo el cochinero que ha hecho”, pues “él tiene muchas cosas que explicar al pueblo, no a su gobernador, al pueblo”.
Tras encarar junto a su familia al gobernador del estado y al procurador en un evento público suscitado en el malecón el pasado lunes 5 de diciembre, Daniel Hernández Aguirre, padre del joven asesinado hace cerca de dos años a manos de presuntos parientes cercanos de altos funcionarios, Jonathan Hernández Ascencio, explicó que esta es la alternativa que le dejan al negarle la posibilidad de reunirse con Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y Gamill Arreola Leal en presencia de los medios comunicación.
El motivo, indica, era “hacerle ver, [al gobernador Covarrubias Villaseñor], porque a veces dice que no se entera de lo que hace el procurador, pero que sí está de acuerdo y apoya lo que hace el procurador […] le comenté que cómo era posible que su procurador esté diciendo que el expediente está viciado, que está corrompido por la procuraduría pasada, y hayan tomado la determinación de decir que estas personas son inocentes, si el mismo procurador está aceptando que el expediente está viciado”.
“Marcos Covarrubias lo único que me contestó es que él confía en el procurador, que se va a llegar a las últimas consecuencias, que van a castigar a los asesinos de mi hijo”. No obstante, indica que le es imposible creer en esto con las decisiones que toma el procurador Arreola Leal.
Asimismo, recordó que al procurador, al encararlo, le dijo “que cómo era posible que estuviera tomando decisiones de un expediente viciado y diciendo que estas personas eran inocentes. El procurador me respondió que él jamás había dicho que eran inocentes. Ahí fue donde yo me saqué de onda y le dije ‘cómo está usted diciendo que usted dijo que no eran inocentes, si ya los soltó, si ya los liberó’”.
Por este motivo, Hernández Aguirre solicita el apoyo de los legisladores, ya que gracias a las incongruencias suscitas en las declaraciones del procurador “hay motivo para que los diputados exijan una nueva investigación de este nuevo expediente, para ver si estas personas que soltó el procurador son inocentes o son culpables, porque a lo que estamos viendo aquí hay cochinero por parte del procurador […] si en algún momento alguien se anima a declarar y salen mencionados los Bebos y el Gary, yo no sé cómo le va a hacer para volverlos a remitir a la cárcel, porque se dice que no se puede acusar dos veces por el mismo delito a una persona”.
Por otra parte, mencionó lo ocurrido en días anteriores con el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, cuando después de que este le confesara su apoyo, declara ante los medios que Daniel Hernández debe confiar en la procuración de justicia. “Diciéndome que no estaba de acuerdo con lo que había hecho el procurador, de soltar a estas personas […] sin embargo ahora me está invitando a que crea en el procurador, a que me arrime a la procuraduría. Yo le digo aquí, públicamente, al doctor Ibarra, que no caiga en el mismo juego de Carlos Mendoza Davis, en estarme mintiendo y estarme haciendo creer que él está de parte mía”.
Comentó que la familia no repetirá el error de pedir la destitución del procurador, pues ahora desean que Arreola Leal arregle “todo el cochinero que ha hecho”, pues “él tiene muchas cosas que explicar al pueblo, no a su gobernador, al pueblo”.
Por último, le advierte al gobernador del estado “que tenga mucho cuidado, porque si él está de acuerdo en lo que el procurador está haciendo, pues se lo está llevando entre las patas también, y el día de mañana va a salir botando el procurador y el que va a quedar enbroncado va a ser Marcos [y] mientras no me reciba lo voy a seguir abordando en todos sus eventos”.
Que la inhabilitación de funcionarios no se trate de “una llamarada de petate más”
Barroso Agramont comentó que espera que no se trate de “una llamarada de petate más, ni una cortina de humo, ni sea un tema electoral que se esté manejando y a la vuelta de la esquina, como lo vimos la vez pasada, salgan todos liberados”.
Después de una reunión informativa unilateral (conferencia de prensa sin derecho a cuestionamientos), donde la Contralora General del Estado, Maritza Muñoz Vargas, informara sobre “los resultados de la investigación que se sigue contra funcionarios públicos [Narciso Agúndez Montaño, Alfredo Porras Domínguez y Garibaldo Romero] por la venta onerosa de predios en el Pedregal de Los Cabos”, donde se dio la supuesta inhabilitación de estos y se les multó con millones de pesos, Ricardo Barroso Agramont, delegado nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comentó que considera “sano que, tanto Contraloría como Gobierno del Estado, estén cumpliendo con su función”.
No obstante, comentó que espera que no se trate de “una llamarada de petate más, ni una cortina de humo, ni sea un tema electoral que se esté manejando y a la vuelta de la esquina, como lo vimos la vez pasada, salgan todos liberados”.
Por otra parte, en consecuencia a declaraciones que el delegado nacional hiciera acerca de que su partido está abierto para quien desee servir a Baja California Sur (BCS), contestando de esta manera a la pregunta “¿sería posible recibir a personajes como Narciso Agúndez?”, aclaró que serán parte de del Revolucionario Institucional quienes pasen una serie de valoraciones internas. “A ver, hay un tema muy claro, el PRI va a valorar voluntades, va a valorar trabajo, va a valorar todo aquello que sus principios y sus estatutos lo dicten […] en el PRI tenemos cuadros suficientes para las candidaturas, y el PRI sabrá valorar aquellos cuadros priístas que han estado en la trinchera con nosotros”.
Igualmente, Barroso Agramont recordó que existe una alianza nacional con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PNA), por lo que esa estructura continuará en BCS. “Vamos en el norte del estado con un distrito […] se van a tomar en cuenta todas las voces”.
Inhabilitan a Narciso, Porras y Garibaldo Romero
Los montos de multa ascienden a 27 millones, 973 mil 800 pesos para Agúndez Montaño, 13 millones, 986 mil 900 pesos para Porras Domínguez y13 millones, 986 mil 900 pesos a Juan Garibaldo Romero Aguilar.
Tienen que pagar 55 mdp en multas o presentar impugnaciones antes de 15 días
Inhabilitación por seis años para el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, Alfredo Porras Domínguez, ex secretario general de gobierno y Garibaldo Romero, ex oficial mayor así como millonarias multas son los resultados de la investigación que se sigue contra funcionarios públicos por la venta onerosa de predios en el Pedregal de Los Cabos, informó la Contralora General del Estado Maritza Muñoz Vargas en conferencia de prensa donde presentó los resultados de las faltas administrativas conducentes por la aplicación de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur.
Los montos de multa ascienden a 27 millones, 973 mil 800 pesos para Agúndez Montaño, 13 millones, 986 mil 900 pesos para Porras Domínguez y13 millones, 986 mil 900 pesos a Juan Garibaldo Romero Aguilar. “Lo anterior por haber ejecutado un acto jurídico consistente en enajenar a titulo oneroso bienes inmuebles a un precio inferior o por debajo de su valor real” declaró la contralora ante los medios de comunicación.
“Por los que hace a los demás encausados” la contralora dijo que la dependencia a su cargo se encuentra imposibilitada por ley a sancionarlos administrativamente debido a la prescripción establecida en el artículo 51 que impide hacerlo después de un año.
Asimismo los ex funcionarios sancionados tienen un plazo de 15 días hábiles para impugnar estas resoluciones ante la Contraloría y de 30 para presentar dicha impugnación en el Tribunal Superior de Justicia del estado.
La contralora informó que estos hechos, que constan en el proceso iniciado en junio pasado con clave CGE-065-2011 fueron notificados a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se realicen las diligencias que crean correspondientes.
Rehabilitan agencias del Ministerio Público y oficinas de Policía Ministerial
El Procurador General de Justicia del estado afirmó que cambios aplicados a partir de este lunes tienden a acoplar el actual Sistema Inquisitivo, al Sistema Oral que por mandato Constitucional deberá implementarse en todo el país a más tardar, el mes de junio del año 2016.
Con una inversión superior a seis millones de pesos y tres meses de trabajo se rehabilitó y reacondicionó la infraestructura física del edificio que alberga las Agencias del Ministerio Público.
Al hacer uso de la palabra el titular de la dependencia, agradeció al jefe del Ejecutivo Estatal la firme decisión de apoyar a la dependencia para subsanar y abatir el rezago con el que se recibió hace ocho meses al inicio de la actual administración.
Destacó que la inversión de casi 24 millones de pesos en infraestructura física a los edificios, adecuación de espacios, equipo de informático, modernización del sistema de redes de comunicación, mobiliario, equipo de protección para los agentes investigadores, uniformes, patrullas y equipo médico de alta tecnología para el área de periciales.
Afirmó que la sustitución del cableado de red de todas las Agencias del Ministerio Público, utilizando la tecnología que duplica la velocidad de la red y reduce las fallas en el sistema, así como la sustitución de equipo de cómputo de más edad por equipo de última generación redundará en una disminución en los tiempos de atención a al ciudadanía y permitirán dar el salto a los requerimientos del nuevo sistema de justicia penal.
Arreola Leal agradeció la confianza del gobernador Covarrubias Villaseñor y refrendó su compromiso con la ciudadanía del trabajo apegado al marco legal en cada área de la dependencia, para garantizar la Procuración de Justicia basada en los principios de legalidad, transparencia, honestidad e inmediatez.
Reiteró que a partir de esta semana y con la finalidad de brindar mejor servicio a la ciudadanía desaparecen las Agencias del Ministerio Público Especializadas y funcionarán ocho Agencias para atender de manera simultánea todo tipo de delitos a excepción de: delitos de homicidios, los relativos a la Libertad Sexual y la Familia y los hechos de Tránsito, mismas que continúan el trámite normal en la integración de las Averiguaciones Previas en las Agencias Especializadas para ello.
El Procurador General de Justicia del estado afirmó que cambios aplicados a partir de este lunes tienden a acoplar el actual Sistema Inquisitivo, al Sistema Oral que por mandato Constitucional deberá implementarse en todo el país a más tardar, el mes de junio del año 2016.
Por su parte el jefe del Ejecutivo Estatal, Marcos Covarrubias Villaseñor, reconoció el trabajo efectuado por el personal de la Procuraduría de Justicia, aún con las carencias y comprometió su total respeto al trabajo profesional y apegado a derecho que se realiza en la institución.
Recordó el compromiso adquirido con las y los sudcalifornianos de mejorar la calidad de la atención en el área de Justicia y comprometió todo el esfuerzo por continuar mejorando la infraestructura y equipamiento de estas sensibles áreas en las que la población demanda un sustancial avance.
Lo detuvo la ministerial con una bolsa de mariguana
Juan Pablo Quiroz Molina.
La sola presencia de una patrulla de agentes ministeriales bastó para inquietar a Juan Pablo Quiroz Molina, desasosiego que no pasó desapercibido para los oficiales quienes pronto solicitaron al nervioso albañil de 33 años, permitiera ser sometido a una revisión de rutina.
Ante la amable petición policiaca, a Quiroz Molina no le quedó más que ponerse flojito y cooperar con la autoridad, que obtuvo como resultado de dicha revisión corporal el hallazgo de una bolsa contendiendo, al parecer mariguana.
El hallazgo y posterior arresto de Juan Pablo se dio la tarde del lunes en las calles de Francisco J. Mujica y Luis Donaldo Colosio, colonia Libertad por donde los ministeriales circulaban en labor de patrullaje y prevención de delitos relacionados con venta de drogas al menudeo, robo de vehículos, robo con violencia y delitos de alto impacto.
El detenido fue trasladado a las oficinas del Centro de Operaciones Estratégicas donde quedó a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación.
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