lunes, 26 de septiembre de 2011

RESUMEN DE NOTICIAS DEL LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

EL SUDCALIFORNIANO
26 de septiembre de 2011
Internan en el CERESO a ex policía presunto homicida
Ex policía municipal Preventiva y presunto homicida José Eduardo Hernández, alias "El Siete" Figura como presunto responsable de la muerte de Carlos Alexander Flores, a puñaladas. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
26 de septiembre de 2011

La Paz, Baja California Sur.- José Eduardo Hernández, alias "El Siete" o "El Rojo", de 26 años de edad, ex Policía Municipal Preventiva del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, presunto homicida del occiso Carlos Alexander Flores, de 26 años de edad, por disputa de drogas.

El homicidio ocurrió el 14 de agosto de 2011 en una brecha que conduce a la colonia Ampliación "El Cardón" de esta ciudad.Ayer por la mañana ingresó al Centro de Reinserción Social -CERESO-.

Elementos de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la Comandancia de Mandamientos Judiciales de esta ciudad, ejecutaron orden de aprehensión girada por el juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, en su contra.

José Eduardo Hernández, con domicilio en la colonia El Marruel, de ocupación taquero, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con traición, cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre Carlos Alexander Flores, de 26 años de edad.

Cuyo cuerpo sin vida fue localizado el domingo 14 de agosto del presente año en una brecha que conduce a la colonia Ampliación El Cardón de esta capital, según proceso penal de fecha 22 de septiembre del 2011.

Quedando internado en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad a disposición del juez de la causa que lo reclama, así lo dio a conocer el licenciado José Manuel Romero Peña subprocurador de Investigaciones Especiales de su regreso al Estado de Veracruz.

Como se informó en su oportunidad elementos de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la Comandancia Contra Homicidios, ubicaron el vehículo, propiedad del hoy occiso, el cual fue localizado el día 21 de agosto de 2011, abajo del puente de la 8 Ocho de Octubre.

Siendo este de la marca Ford línea Focus, encontrándose a bordo en el asiento del chofer la persona que dijo llamarse José Eduardo Hernández de 26 años de edad, originario esta ciudad ex policía municipal de La Paz y con domicilio en Bulevar Paseo Azul 255, colonia El Marruel.

José Eduardo Hernández manifestó al momento de su detención que el vehículo no era de su propiedad y que el mismo pertenecía al hoy occiso quien en vida llevara por nombre Carlos Alexander Flores.

José Eduardo Flores mencionó que sería el día 13 de agosto del presente año cuando le realizó una llamada telefónica al hoy occiso con el pretexto de entregarle un dinero producto de la venta de drogas, pues ambos se dedicaban a la venta y distribución de drogas en esta ciudad. Señaló que "ya le traía ganas de privar de la vida a Carlos Alexander Flores, pues previamente, el hoy occiso le había amenazado con matarlo".

Se citaron en las afueras del Hospital Salvatierra y se fueron a bordo del vehículo Ford Focus conducido por el hoy occiso tomando por una brecha que conduce a la colonia Ampliación El Cardón, de esta capital y le solicitó detener la marcha del vehículo y fue en ese momento cuando José Eduardo Hernández sacó de entre sus ropa un arma de fuego calibre 40 realizando un solo disparo en la cabeza de Carlos Alexander Flores privándolo de la vida.

Posteriormente huyó del lugar y finalmente fue detenido por los elementos de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Comandancia contra Homicidios y presentados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Zona Norte, quien le decretó al probable responsable José Eduardo Hernández alias "El siete" o "El rojo" un arraigo por 30 días mismo que cumplió en el Centro de Ejecución de Medidas Cautelares siendo ejecutada la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con traición.

Mató a su rival de una puñalada en el corazón
Oscar Hernández González, de 44 años de edad, de ocupación carpintero, fue aprehendido por el delito de homicidio.
El Sudcaliforniano
26 de septiembre de 2011

La Paz, Baja California Sur.- Elementos de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la Comandancia de Mandamientos Judiciales en Cabo San Lucas, B.C.S., ejecutaron orden de aprehensión contra Oscar Hernández González, de 44 años de edad, originario de Caborca, Sonora, de ocupación carpintero, con domicilio en la calle Pez Vela entre Medusa y Caballito de Mar de la colonia Caribe Alto en Cabo San Lucas, BCS.

Es presunto responsable por los delitos de homicidio con premeditación, alevosía, traición y robo sobre vehículo de motor, cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre Ladislao Guadarrama Jaimes de 54 años.

Hechos ocurridos el día 22 de agosto del presente año en la colonia Caribe Alto de Cabo San Lucas, BCS., según proceso penal de fecha 22 de septiembre del 2011.

Quedando internado en el Centro de Reinserción Social en San José del Cabo, BCS., a disposición del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de San José del Cabo, B.C.S.,.

Como se informó en su oportunidad fue el 23 de agosto del 201, cuando se tuvo conocimiento por parte del módulo C-4, que momentos antes habían recibido llamada telefónica por parte de un ciudadano informando que en el interior del domicilio ubicado en calle Pez Vela entre Medusa y Caballito de Mar, Manzana B-10, Lote 09, colonia Caribe Alto.

Se encontraba el cuerpo de una persona sin vida, trasladándose al lugar elementos adscritos a dicha comandancia, en compañía del agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Homicidios Dolosos Zona Sur.

Así como personal de Servicios Periciales, corroborando lo anterior, encontrando en el interior un cuarto de material de lámina en color negro, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, apreciándose a simple vista una herida en el cuello.

Dando fe ministerial el representante social, ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de esa Subprocuraduría para la práctica de la necropsia de Ley, siendo las causas de su muerte: Anemia aguda secundaria a hemoneumotórax, producida por herida penetrante de tórax, dictamen del médico legista.

Los agentes de Investigación de la Policía Ministerial del Estado al realizar sus primeras investigaciones se entrevistaron con testigos de lugar, quienes le manifestaron que siendo las 19:00 horas aproximadamente del día 22 de agosto de 2011, observaron que en el domicilio del hoy occiso, éste se liaba a golpes con la persona de nombre Oscar Hernández González -alias- "El Arizmendi", de 47 años de edad, originario de Caborca Estado de Sonora.

Mencionando su media filiación percatándose que dicha persona se había llevado el vehículo propiedad del hoy occiso, siendo éste de la marca Toyota, tipo Pick-up, modelo 1994 aproximadamente, color verde, con placas de circulación ZMY-1986, vidrios polarizados.

Con la información recabada por los elementos policiacos en el lugar de los hechos se implementó un operativo de sobrevigilancia, por lo que al ir circulando por las inmediaciones de la colonia Invasión Caribe, a la altura de una Escuela Primaria.

Elementos de la Policía Ministerial del Estado, tuvieron a la vista un vehículo tipo Pick up, de la marca Toyota, color verde, el cual coincidía con las características del vehículo del hoy occiso.

Mismo que era conducido por quien dijo llamarse: Oscar Hernández González -alias- "El Arizmendi" indicándosele detuviera la marcha del vehículo, no sin antes identificarse como elementos de la Policía Ministerial del Estado.

Descendiendo del vehículo dicha persona para después intentar emprender su huida vía pedestre, no logrando su objetivo siendo detenido metros adelante, realizándosele una revisión de rutina.

Observándose que dicha persona coincidía con la media filiación proporcionada por los testigos del lugar, asimismo se encontró entre sus ropas un teléfono celular de color negro, de la marca Samsung, en mal estado, una libreta de apuntes y una licencia de chofer a nombre del hoy occiso.

Por lo que el probable responsable manifestó que siendo las 08:00 horas del día 22 de agosto del 2011, se encontraba en el interior del domicilio del hoy occiso con quien estuvo ingiriendo bebidas embriagantes.

Y comienzan a discutir por el licor, iniciándose una riña entre ellos, optando él por tomar un cuchillo que se encontraba sobre una mesa con el cual le ocasiono una lesión a la altura de la tetilla del lado izquierdo, dándose a la fuga a bordo del vehículo del occiso, el cual tenía las llaves puestas en el sistema de encendido.

Lugar de donde tomó las pertenencias que traía consigo, posteriormente acudió a ingerir bebidas embriagantes al centro nocturno ubicado sobre un camino de terracería que conduce a la colonia Las Palmas, lugar donde dejó tirado dentro de un macetero el cuchillo con el cual lo lesionó.

Por el cual elementos de la Policía Ministerial del Estado, se trasladaron al centro nocturno antes mencionado, en compañía del agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, así como personal de Servicios Periciales.

Corroborando lo anterior, localizándose en una de las maceteras un cuchillo con cachas de plástico color blanco, de 15 centímetros de longitud el cual fue asegurado.

Por lo anterior el agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Zona Sur decretó medida cautelar de arraigo por 30 días en contra de Oscar Hernández González (alias) "El Arizmendi", mismo que cumplió y se procedió de inmediato a ejecutar orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio con premeditación, alevosía y traición y robo sobre vehículo de motor.

Robaron tres vehículos
Elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron dos vehículos con reportes de robo en operativos realizados en la ciudad. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
24 de septiembre de 2011

La Paz, Baja California Sur.- Tres vehículos fueron robados en esta ciudad hace unos días y posteriormente fueron recuperados por elementos de la Policía Ministerial del Estado.

Personal de la Comandancia Contra Robo de Vehículos, informó que fue localizado en aparentes buenas condiciones, en el Callejón Cedros entre Isabel La Católica y Melitón Albáñez, en la colonia Agustín Olachea, el vehículo de la marca Honda, línea Civic, tipo Sedan, modelo 2000, color verde, con placas de circulación número 332PMW2.

Mismo que había sido reportado como robado, el cual le fuera robado de las afueras de su domicilio en la colonia FOVISSSTE en el transcurso de la madrugada, del día 18 de septiembre de 2011.

Existiendo la Averiguación Previa anexa al oficio de fecha 20 de septiembre de 2011.

Quedando dicho vehículo en poder de la afectada, por instrucciones del agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Robo de Vehículos, debido a que acreditó la propiedad del mismo.



Otro vehículo robado el día 9 de septiembre del 2011



Fue localizado en aparentes buenas condiciones, en las calles de Caoba entre Héroes de Independencia y Valentín Gómez Farías, en la colonia Arboledas, haciéndole falta el acumulador y el autoestéreo, el vehículo de la marca Nissan, tipo Pick-up, modelo 2002, color blanco, con placas de circulación número CE67275.

Mismo que había sido reportado como robado, el cual le fuera robado de las afueras de su domicilio en la colonia Centro en el transcurso de la madrugada, del día 9 de septiembre de 2011.

Existiendo la Averiguación Previa número anexa al oficio de fecha 10 de septiembre de 2011.

Quedando dicho vehículo en poder del afectado, por instrucciones del agente del Ministerio Público, debido a que acreditó la propiedad del mismo.



Tercer vehículo robado el día 14 de septiembre del 2011



A las 21:00 horas fue localizado en aparentes buenas condiciones, el vehículo de la marca Dodge, línea Neón, tipo sedán, modelo 2000, color azul marino, sin placas de circulación.

Mismo que fue localizado en las calles de Presidente Municipal entre Antonio María Ruiz y Antonio Francisco Montoya, de la colonia Arcoíris III, mismo que fuera reportado como robado el día 14 de septiembre del 2011.

Siendo sustraído en el domicilio del propietario, según Averiguación Previa, de fecha 14 de septiembre; Dando fe ministerial de los hechos el agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Robo de Vehículos, quien ordenó el aseguramiento y traslado de dicha unidad a los patios de esta Procuraduría.

¡Murió electrocutado!
El Sudcaliforniano
26 de septiembre de 2011

La Paz, Baja California Sur.- Al tocar con su brazo derecho parte interna, los conectores del panel del control eléctrico del minero, se electrocutó Cristian Alvarado León, de 22 años de edad, trabajador de la empresa Roca Fosfórica Mexicana -ROFOMEX-.

El mortal accidente laboral ocurrió a las 10:00 horas aproximadamente, informó la Policía Ministerial del Estado, hechos sucedido en el poblado de San Juan de la Costa, Baja California Sur.

Los elementos policiacos de la Comandancia contra homicidios con sede en esta ciudad se trasladaron a dicho poblado así como el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador y personal de la Dirección de Servicios Periciales.

Corroborando lo anterior, entrevistándose con el técnico en Urgencias Médicas, quien manifestó que el hoy occiso respondía al nombre de Cristian Alvarado León, de 22 años de edad, de ocupación eléctrico del Sistema Diez de la Mina El Fénix, propiedad de la empresa ROFOMEX.

Asimismo, señalo un vehículo marca Ford, línea Custom, tipo Pick Up, color blanco, sin placas de circulación, en el cual en la caja se encontraba el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino el cual vestía pantalón caqui y camiseta color rojo, descalzo.

Dando Fe Ministerial el representante social, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de esta Procuraduría, para la práctica de la necropsia de Ley, siendo las causas de muerte electrocución, según dictamen del médico legista.

Entrevistándose con Héctor Emiliano González Saucedo, de 24 años de edad, originario de Guadalajara Jalisco, de ocupación Jefe de Seguridad de dicha empresa.

Quien manifestó en relación a los hechos que siendo las 10:00 horas aproximadamente, el hoy occiso se encontraba laborando en el Sistema Diez de la Mina El Fénix, realizando pruebas eléctricas en el minero continuo número Diez.

Tocando con su brazo derecho parte interna los conectores del panel del control eléctrico del minero, suscitándose dicho accidente, con los resultados antes descritos.

Identifican a la persona que comió caguama y subió fotos al Facebook
El Sudcaliforniano
26 de septiembre de 2011

Miguel Rubio



La Paz, Baja California Sur.- El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) en el estado, Pablo César Tamez Molina, confirmó a este medio que hace días recibió una denuncia ciudadana señalando que una funcionaria del Gobierno del Estado en la población de Guerrero Negro, consumió carne de tortuga en un convivio familiar organizado en la ciudad de Santa Rosalía.

De acuerdo a la información existente fue identificada como Alba Nidia Murillo Arce, ya que en las redes sociales publicó fotografías en la que aparece consumiendo carne de tortuga, el tradicional platillo sudcaliforniano conocido popularmente como "caguama", lo que dio a lugar a que varios ciudadanos comunicaran a la PROFEPA esta situación.

Por lo que explicó el representante de esta dependencia federal, Tamez Molina, puede estar incurriendo en un delito federal que será denunciado ante la Procuraduría General de la República ya que está prohibida la extracción posesión o consumo de la carne de tortuga, lo cual se persigue de oficio es decir sin necesidad de que exista querella.

Finalmente añadió que la PROFEPA por su parte iniciará el proceso administrativo con una verificación de la queja presentada sobre el lugar señalado donde se realizaron los hechos y posteriormente emitirá la resolución conforme a sus facultades legales.

Hacer el testamento, no anticipa nuestra muerte: Fort Amador
Roberto Fort Amador licenciado, decano de los notarios en Baja California Sur. Foto: Porfirio Sarabia. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
26 de septiembre de 2011

Porfirio Sarabia Pacheco



La Paz, Baja California Sur.- El morir sin testamento, provoca que se tramite un intestado por la vía judicial y por consiguiente; que su familia en general se enfrente a gastos imprevistos y en la mayoría de las ocasiones, múltiples y graves problemas entre las personas que consideren tener derecho a heredar, declaró a El Sudcaliforniano el licenciado Roberto Fort Amador, Notario Público Número 4.

"Hay que quitarnos de la cabeza, la idea de que hacer el testamento, es anticipar nuestra muerte, debemos más bien pensar en que es una sencilla medida de previsión para que se cumpla fielmente nuestra voluntad después del fallecimiento y fundamentalmente, para no provocar mayores problemas y gastos a los familiares cercanos, protegiendo con ello el patrimonio familiar que se ha logrado a base de esfuerzos y sacrificios", explicó el decano de los notarios en Baja California Sur.

¿Qué es el testamento público abierto?, se le cuestionó; respondió: Legalmente, el testamento se define como: "un acto solemne, personalísimo, revocable y libre; por medio del cual una persona capaz, denominada "testador"; dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte".

¿Por qué hay que otorgar testamento?. Se le preguntó y contestó. Porque el patrimonio de una persona, independientemente de su cuantía o monto, es siempre de un valor importante para quien lo otorga, ya que representa el trabajo de mucho tiempo, siendo la materialización del esfuerzo físico y mental que ha realizado durante toda su vida.

Por eso, otorgar el testamento ante un notario, es utilizar un instrumento público que permitirá al testador preservar el patrimonio familiar; y sobre todo proteger mediante la seguridad jurídica; a aquellas personas a las que se quiere beneficiar después de haber fallecido.

¿Cuál es la ventaja del testamento público abierto?. "El testamento público abierto, refleja la voluntad del testador, no dejando en manos de un tercero la designación de los herederos que se verán beneficiados con el patrimonio de la persona fallecida.

Asimismo, evita conflictos y discusiones sin sentido, y sobre todo, gastos costosos e innecesarios.

¿Para hacer el testamento, se requiere llevar y presentar ante el notario, el inventario de los bienes y/o derechos heredables?. No, respondió, salvo que quiera dejarse a alguien un bien en especial.

Eso es lo que se llama "legado" y en tal caso, sí tendrá que acreditar la propiedad y ubicación del mueble y/o inmueble; identificándolo con precisión y señalando, el nombre completo de la persona a la que quiera heredárselo.

Roberto Fort Amador, al ser interrogado si al otorgar el testamento, se adjudican de inmediato los bienes y/o derechos del testador a los herederos, declaró.

El testador mientras viva, sigue siendo el dueño de los bienes y/o derechos que estén a su nombre y de los cuales, tiene plena libertad para venderlos, donarlos o hacer cualquier operación con ellos. Tengamos presente que: "El testamento surte efectos después de la muerte del testador".

Se le cuestionó ¿Qué función desempeña el albacea que se designa en el testamento público abierto?, "una vez que ha fallecido el testador; es cumplir con el contenido del testamento, para lo cual debe acudir ante el notario o juez de lo civil y presentar los documentos que le soliciten, especialmente el original del testamento.

Así como: Acta de nacimiento y defunción del testador; acta de nacimiento del o los herederos y en caso de ser casado, el acta de matrimonio.

¿Cuándo debe designarse tutor en el testamento?. Cuando se señalen como herederos a menores de edad o a personas incapaces jurídicamente. Dicho nombramiento puede recaer en un familiar o cualesquier otra persona capaz, misma que se encargará de la guarda, custodia y representación del menor o del incapaz.

El tutor, no puede disponer de los bienes dejados a los menores o incapaces; para ello, necesita la autorización correspondiente de un juez del Ramo Familiar.

¿Qué se debe hacer para modificar o revocar el testamento?. Fort Amador respondió; acudir con el notario; ya que el testamento, es un acto mediante el cual, el testador, sólo expresa su voluntad y por tanto, puede ser modificado o revocado por el otorgante, cuantas veces quiera.

¿Se necesita estar casado para hacer testamento?, se le preguntó y contestó. No, el testamento es un acto personalísimo y libre y puede otorgarse por persona capaz a partir de los 16 años de edad.

¿En matrimonio civil, debe formularse testamento únicamente por el propietario de los bienes y/o derechos?, no.

En el caso de los cónyuges casados en sociedad conyugal, es recomendable que ambos formulen su propio testamento; puesto que los dos tienen derecho sobre los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio; incluidos a los casados bajo el régimen de separación de bienes; se recomienda que ambos cónyuges formulen su propio testamento; ya que el que no lo haga morirá intestado, concluyó.

Encuentro entre titular de la SSPE con docentes del COBACH
El Sudcaliforniano
26 de septiembre de 2011

La Paz, Baja California Sur.- El tema de la seguridad pública, es un tema sensible pero al mismo tiempo, de suma importancia para el desarrollo de las actividades que realizan los integrantes de una sociedad, de ahí, la importancia de conjuntar esfuerzos en esta materia, no sólo entre autoridades.

Sino también, se necesita del apoyo y la participación de la ciudadanía, a fin de obtener mejores resultados en este renglón, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado licenciado Álvaro de la Peña Angulo, al sostener un encuentro con directivos, docentes, personal administrativo y padres de familia de la preparatoria COBACH plantel 03, La Paz, Esterito.

Es de gran interés del gobernador del Estado, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, el que atendamos el llamado que nos hacen las escuelas, ya que necesitamos sumar esfuerzos en materia de prevención del delito, con los diferentes sectores de la sociedad, mencionó De la Peña Angulo.

Destacó la relevancia de este tipo de encuentros, ya que con ello trabajan de la mano padres de familia, autoridades escolares y de seguridad, a fin de implementar una agenda de trabajo encaminada a prevenir todos aquellos hechos que agredan tanto a los jóvenes como su patrimonio y el de la institución.

Es importante se organicen y se establezca un canal de comunicación, con el objetivo de implementar programas que coadyuven con las acciones que realizan los cuerpos de seguridad, en el marco del programa Escuela Segura.

Por lo que próximamente se establecerán los mecanismos y apoyos, para poner en marcha los programas "Papá vigilante" y "El botón de pánico", asimismo, en corto plazo, se estará reforzando la seguridad en el plantel y sus alrededores, principalmente en los horarios de clases de los jóvenes, expresó el funcionario estatal.

Esto, dijo, con el único fin de que los padres de familia, sean los portavoces de estas acciones, y poder seguir recogiendo todas las inquietudes o denuncias, ya que deseamos coadyuvar con las escuelas, con los propios padres de familia y con los vecinos, para atender de primera mano sus expresiones.

En esta reunión se contó con la presencia del director académico de los Colegios de Bachilleres de BCS, licenciado José Alberto Márquez, en representación del director general, ingeniero Roberto Pantoja, el director del plantel licenciado Héctor Enrique Aburto Ortega.

Así como del director de la Policía Ministerial del Estado, Juan Ochoa Sánchez, el comisario y subcomisario de la Policía Estatal Preventiva, Francisco Camacho Manríquez y Edgar Siqueiros Rojo, respectivamente.

Y el comandante general de la Policía Municipal, Alfonso Valenzuela Cruz, en representación del director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz entre otras autoridades municipales.

TRIBUNA
Ejecutan orden de aprehensión contra ex policía municipal
El ex policía José Eduardo Hernández, ingresó al Cereso de La Paz, tras recibir la orden de aprehensión por el homicidio de un presunto vendedor de drogas, en hechos ocurridos la noche del trece de agosto.
La Paz.
Manuel Espinoza
José Eduardo Hernández, ex policía del grupo “Élite” de Seguridad Pública Municipal, recibió del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad capital, la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en agravio de Carlos Alexander Flores, presunto vendedor de droga a quien mató de un balazo en la cara.


Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), destaca que fueron elementos de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Comandancia de Mandamientos Judiciales, quienes dieron cumplimiento a la orden de captura en contra de José Eduardo Hernández de 26 años de edad por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado con traición en agravio de Carlos Alexander Flores.
El cuerpo del ahora occiso fue localizado la mañana del domingo catorce de agosto del 2001, a la vera de una brecha en las inmediaciones de la colonia El Cardón, presentando un disparo por arma de fuego en el pómulo izquierdo, según hechos que constan dentro del proceso penal de fecha 22 de septiembre.
Tras el hallazgo, la Policía Ministerial inició con las investigaciones, siendo hasta el domingo siguiente, el 21 de agosto cuando en las inmediaciones del puente de la colonia 8 de Octubre, observaron la presencia de un vehículo Ford Focus, del cual se sabía contaba con reporte de robo, por lo que se acercaron para investigar, percatándose que era ocupado por quien dijo llamarse José Eduardo Hernández, quien aceptó que la unidad no era de su propiedad.
Al ser cuestionado sobre la presencia de dicho vehículo, terminó por aceptar que pertenecía a una persona a la que una semana antes había dado muerte, porque había recibido de éste amenazas de muerte.
Dijo que la noche del trece de agosto, citó a Carlos Alexander Flores para conciliar algunos problemas pues ambos se dedicaban a la venta de droga por lo que se vieron a las afueras del Hospital Juan María de Salvatierra y abordaron el vehículo Ford Focus, dirigiéndose hacia la colonia El Cardón, donde le pidió a su acompañante que detuviera la marcha, siendo cuando sacó de entre sus ropas una pistola de grueso calibre 40, con la cual le disparó en la cabeza, privándolo de la vida para luego arrojarlo fuera del carro a un lado del camino.
José Eduardo Hernández, alias “El Siete” o “El Rojo”, fue detenido y tras su declaración ministerial, el Fiscal solicitó medida cautelar para la integración del expediente, por lo que tras su vencimiento, se le ejecutó la orden de aprehensión correspondiente.

Ejecuta Policía Ministerial orden de aprehensión contra homicida
Óscar Hernández González, presunto homicida de su amigo de parranda, recibió del juez la orden de aprehensión correspondiente, ingresando al Cereso de Los Cabos donde enfrentará los cargos de homicidio con premeditación alevosía y traición.
Cabo San Lucas.
Manuel Espinoza
Los hechos ocurrieron el 22 de agosto en un domicilio de la colonia Caribe Alto en Cabo San Lucas; el presunto sospechoso se fue a continuar la parranda luego de cometer su crimen


El titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con competencia en Cabo San Lucas, giró orden de aprehensión a quien mató a puñaladas a un compañero de parranda, cuando éste se quería llevar una botella de tequila; los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Caribe Alto de Cabo San Lucas. Elementos de la Policía Ministerial le ejecutaron el mandamiento judicial tras que se le levantara la orden de arraigo bajo el cual se encontraba desde hace un mes.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dio a conocer lo anterior, detallando que el presunto responsable responde al nombre de Óscar Hernández González, carpintero de 44 años de edad, originario de Caborca, sonora, con domicilio en la colonia Caribe Alto de Cabo San Lucas, mismo que figura como presunto responsable de dar muerte a puñaladas a quien en vida respondía al nombre de Ladislao Guadarrama Jaimes, según hechos que obran dentro del proceso penal de fecha 22 de agosto del presente año, donde se le fincan responsabilidades por el delito de homicidio con premeditación, alevosía y traición, así como robo sobre vehículo de motor.
La dependencia detalló que fue el 23 de agosto cuando se tuvo conocimiento que al interior de un domicilio ubicado por la calle Pez Vela, entre Medusa y Caballito de Mar, trasladándose al lugar elementos de la Policía Ministerial del Estado, agente del Ministerio Público del Fuero Común, médico legista y personal de Servicios Periciales, encontrando dentro de un cuarto de madera y lámina de cartón, el cadáver del ahora occiso, determinándose mediante la necropsia de ley, que su fallecimiento fue a causa de anemia aguda secundaria a hemoneumotórax, producida por herida penetrante en tórax.
Durante las investigaciones, las Procuraduría estatal estableció que siendo aproximadamente las 19:00 horas del día anterior (22 de agosto), que el ahora occiso se había enfrentado a golpes con una persona de nombre Óscar Hernández González, alias “El Arizmendi”, quien al alejarse del lugar se había llevado un vehículo tipo pick-up marca Toyota de color verde, placas ZMY-1986, propiedad del ahora occiso, por lo que se implementó un operativo que llevó a los agentes a ubicar dicha unidad cuando circulaba a la altura de una escuela dentro de la misma colonia, procediendo a su intercepción para detener a su conductor, que resultó ser el sospechoso, mismo que intentó huir vía pedestre.
Al ser cuestionado sobre los hechos, Óscar Hernández González señaló que desde la mañana del 22 de agosto, estuvo ingiriendo bebidas embriagantes con el Ladislao Guadarrama Jaimes, comenzando a discutir por que este último quería llevarse una botella de licor, por lo que tomó un cuchillo con la cual le ocasionó una herida a la altura de la tetilla izquierda para luego darse a la fuga en el vehículo antes citado, dirigiéndose a un centro nocturno ubicado sobre la brecha que conduce a la colonia Las Palmas, donde continuó ingiriendo bebidas embriagantes, tirando el cuchillo en un macetero, de donde sería asegurado por el agente del Ministerio Público del Fuero Común.
Óscar Hernández González fue detenido y sometido a la medida cautelar por 30 días, siendo el pasado fin de semana cuando se le retiró el arraigo para ejecutarle la orden de aprehensión, quedando a disposición del juez, que en las próximas horas habrá de determinar su situación jurídica.

Recuperan autoridades tres autos robados
Tres automóviles de las marcas Mazda, Nissan y Toyota, quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para posterior entrega a sus legítimos dueños
 


El pasado fin de semana elementos de la Policía Ministerial del Estado y Municipal Preventiva, dieron con el paradero de al menos tres vehículos que de acuerdo a los reportes de sus propietarios, habían sido robados de diferentes puntos de la ciudad, por lo que las unidades quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común.
Primero por las calles Pez Astral y Andrómeda de la colonia Paseo del Sol, policías ministeriales ubicaron en presunto abandono, un automóvil Mazda línea Protege, modelo 1993, color verde, placas 816-PML-7, mismo que había sido robado de un domicilio de la colonia Los Olivos, de acuerdo al reporte presentado por el afectado el pasado 22 de septiembre, según hechos de la averiguación previa AP/622/RVH/11, dando fe de la recuperación de la unidad, el agente Fiscal investigador, quien ordenó fuera entregado a su dueño.
El mismo viernes a las 11:30 horas, agentes de Seguridad Pública Municipal que efectuaban recorridos por el fraccionamiento Las Palmas, observaron sobre las calles Perla, entre Prosperidad y Ópalo, un vehículo Nissan Tsuru de color gris, modelo 1994, placas 102-PMR-4, observándose que le habían quitado algunos de sus accesorios por lo que al verificar sus características, se estableció que contaba con reporte de robo, informándose al propietario para que acudiera al lugar y se hiciera cargo del mismo, ya que no había levantado denuncia.
Y la madrugada de ayer en las calles de Ignacio Altamirano y Niños Héroes, agentes municipales interceptaron un vehículo de la marca Toyota Camry, color dorado, placas 855-PMB-4, el cual era conducido por Alejandro Salvador Gerónimo de 34 años de edad.
El vehículo contaba con reporte de robo presentado por su propietaria de nombre Mónica Núñez León, motivo por el que fue asegurado y detenido su conductor, quedando el caso a consideración de la autoridad superior de Seguridad Pública Municipal, para el deslinde de responsabilidades.

Capturan a quien robó en una escuela
Ciudad Constitución.
Manuel Espinoza
El presunto responsable sustrajo del plantel educativo, una impresora, un abanico y par de bocinas, además de un mueble de madera

 Una orden de aprehensión fue ejecutada en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, contra el presunto responsable de un robo perpetrado en una institución educativa por lo que fue puesto de inmediato a disposición de la autoridad judicial, siendo ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de aquella jurisdicción.
Fue durante el operativo “Madriguera” realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de la Comandancia de la Policía Ministerial de Ciudad Constitución, que se logró la captura de Humberto Pérpuly Espinoza de 40 años de edad, con domicilio en Ignacio Ramírez, entre Degollado y Cuauhtémoc, quien se encuentra relacionado con los hechos que constan en el proceso penal de fecha ocho de agosto del presente año.
Fue el 29 de julio cuando ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, se presentó la persona afectada para reportar que al llegar a la escuela donde labora, observó que estaba forzada la puerta de un salón y que del interior se habían llevado una impresora, un par de bocinas, un abanico y un mueble de madera, lográndose establecer durante las investigaciones, la presunta responsabilidad del ahora detenido.

Varios lesionados reporta Tránsito Municipal La Paz
La Paz.
Manuel Espinoza
Cuatro personas lesionadas reportó la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, como resultado de más de una docena de accidentes viales atendidos durante el pasado fin de semana, destacando un choque contra vehículo y objeto fijo protagonizado por un conductor bajo los influjos del alcohol.


La madrugada del sábado se tuvo conocimiento que por la calle Marcelo Rubio y 16 de Septiembre, se había presentado un accidente tipo choque entre vehículos y objeto fijo, participando como presunto responsable, un automóvil Toyota Camry de color blanco, modelo 1996, manejado por Ramón Hernández Reyes, y como afectado, un pick-up Ford Lobo modelo 2006, placas CE-69451, conducido por Ramiro Lucero Mendoza.
Al tratar de esquivar el impacto, el conductor del segundo vehículo realizó un viraje y se estrelló contra un poste de Teléfonos de México (Telmex), resultando lesionada su acompañante de nombre Anel Manríquez Lara de 24 años de edad, quien fue trasladada a la clínica del Seguro Social donde fue atendida de esguince cervical y crisis nerviosa.
Otro percance ocurrió por Forjadores y Nayarit, entre un automóvil Ford de color azul, cuyo conductor se dio a la fuga con todo y unidad luego de impactar y provocar la volcadura de una vagoneta Ford Bronco de color crema, placas 589-PMW-3, conducida por Félix Alejandro García, quien sufrió contusión en brazo izquierdo, siendo atendido en la clínica del Issste.
Por Álvaro Obregón y 16 de Septiembre, el conductor de un pick-up marca Chevrolet de color verde, modelo 1998, identificado como José Estanislao Hurtado, impactó por alcance una vagoneta Ford Escape de color trigo, conducida por Luis Antonio Fita Morales, resultando lesionada su acompañante de nombre Beatriz Andrade, de 55 años de edad, quien tuvo que ser atendida en el Seguro Social.
Finalmente por Agustín Olachea, entre Jalisco y Oaxaca, un automóvil Chevrolet de color rojo, modelo 1995, placas CZF-5862, manejado por Abigail Pascasio de 62 años de edad, por no guardar distancia reglamentaria se estrelló contra la parte trasera de un sedán Volkswagen Passat de color gris, modelo 2001, manejado por Ingrid Duarte López.
La conductora presunta responsable sufrió una herida de seis centímetros en la región frontal, que hizo necesario su traslado al Hospital General Juan María de Salvatierra, de donde fue dada de alta luego de su atención médica.

Electrocutado muere trabajador de Rofomex
La Paz.
Manuel Espinoza
Cristian Alvarado León de 22 años de edad hoy occiso, tocó con su brazo derecho los paneles de energía eléctrica, recibiendo la descarga que le costó la vida
 


Electrocutado por descarga eléctrica, falleció la mañana de ayer un empleado de la empresa Roca Fosfórica Mexicana (Rofomex), cuando al estar realizando pruebas en la instalación de un cableado, tocó con uno de sus brazos los paneles de control, recibiendo en su cuerpo el fluido eléctrico que le costó la vida.
Los hechos se registraron ayer a las 10:45 horas, aproximadamente, cuando el ahora occiso se encontraba laborando en el sistema Diez de la mina Fénix, realizando pruebas eléctricas en las instalaciones de la citada empresa que se localiza en la comunidad de San Juan de la Costa, siendo cuando tocó con su brazo derecho la parte interna de los conectores del panel de control, recibiendo una fuerte descarga.
Aún con vida de le prestaron los primeros auxilios, incluso fue abordado a un vehículo para trasladarlo a un centro médico, pero sus compañeros se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales, procediendo dar aviso a las autoridades.
Tras tener conocimiento de los hechos, acudieron al lugar los elementos de la Policía Ministerial del Estado, agente del Ministerio Público del Fuero Común, médico legista y personal de Servicios Periciales, encontrando en la caja trasera de un pick-up marca Ford Custom, color blanco, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, quien respondía al nombre de Cristian Alvarado León de 22 años de edad, dando fe de lo anterior el representante social, quien ordenó el levantamiento del cadáver para la práctica de la necropsia de ley, la cual estableció que fue electrocución, la causa del deceso.

Nepotismo en el Congreso del Estado
La Paz
Elvira Vargas
La Comisión de Transparencia no cuenta con información de la nómina del Congreso del Estado y la Comisión de Cuenta y Administración afirma que está haciendo análisis. Recurren diputados y diputadas a la contratación de sus parejas, familiares y amigos


-Los diversos rumores que existen sobre que la práctica del nepotismo está a la orden del día en la décima tercera Legislatura pero que no han podido ser confirmados, puesto que la Comisión de Transparencia no cuenta con información de la nómina del Congreso del Estado y la Comisión de Cuenta y Administración argumenta que se está haciendo un análisis.
Y es que es constante el señalamiento entre los pasillos del palacio legislativo en el sentido de que al menos cuatro de las siete diputadas tienen a sus maridos trabajando como asistentes, y algunos diputados tienen a parientes cercanos o lejanos como asesores y colaboradores.
La investigación que se inició al respecto, levantó inconformidad en algunas diputadas, entre ellas Jisela Paes Martínez, quien alegó en todo momento que no trabajaba su esposo en el Congreso del Estado, pero que aún así tenía todo el derecho de hacerlo.
Otra legisladora que lo negó tajantemente, aún cuando como a Paes Martínez se le ve siempre acompañada por su pareja, fue Dora Elda Oropeza Villalejo, también del Partido Acción Nacional (PAN); mientras que Sandra Luz Elizarrarás Cardoso, de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ha mantenido al margen de esos comentarios, por lo que no ha confirmado ni negado.
Quien sí aceptó que su marido formaba parte de la nómina, fue la diputada de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Edith Aguilar Villavicencio, quien manifestó que era por los largos viajes que tiene que hacer desde Mulegé a la capital del estado y que prefiere su compañía a la de alguien extraño.
Sobre otros diputados, se habla del caso específico de los priistas Omar Zavala, quien tiene a su hermano de asesor; el diputado Juan Alberto Valdivia a un pariente lejano y Marisela Ayala a un hijo como colaborador.
Entrevistada al respecto, la diputada Adela González, presidenta de la Comisión de Cuenta y Administración, comentó que justamente se está haciendo una revisión general y será a más tardar el miércoles cuando se les dé a conocer a los integrantes de esta Legislatura los resultados sobre las finanzas del Poder Legislativo y será hasta entonces que estará en condiciones de dar información de manera específica.
Por su parte, el diputado Luis Martín Pérez Murrieta, recalcó que él no ha podido acceder a esos datos y que en eso se está trabajando; incluso adelantó que ya se tiene lista una propuesta para la integración del Reglamento de Transparencia en el que se podrá contar con esa información y otras.
No obstante, aclaró que no hay legislación que impida la contratación de familiares, lo cual es considerado como una práctica de nepotismo, pero dijo que eso es a consideración de cada uno de quienes integran el servicio público.

Pirómano prende fuego a la humilde vivienda de sus padres
La Paz.
Manuel Espinoza
Las llamas consumieron en su totalidad una casa construida de madera y lámina de cartón en la delegación San Antonio; una mujer sufrió crisis nerviosa al ver que su vivienda era reducida a cenizas
 


Una mujer de 73 años de edad, sufrió crisis nerviosa al ver cómo el fuego reducía a cenizas la que por años fue su humilde vivienda; el siniestro fue provocado de manera intencional por parte del hijo de la afectada, mismo que fue detenido por la Policía Municipal e ingresado a una celda de la cárcel pública.
Los hechos se registraron la tarde del pasado sábado en la delegación de San Antonio, cuando a través del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4), se reportó a las autoridades municipales, del incendio en una vivienda localizada a la altura del kilómetro 143 de la carretera Transpeninsular, tramo La Paz a El Rosario.
Al lugar acudieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos cuyos elementos se hicieron cargo del siniestro y tras varios minutos de trabajo lograron sofocar el fuego que consumió en su totalidad la humilde casa construida de madera y lámina de cartón color negro.
Una mujer tuvo que ser atendida por paramédicos, ya que presentó una crisis nerviosa al ver cómo se reducía cenizas la casa que le brindó techo y cobijo durante varios años, afortunadamente pudo ser controlado su estado de ánimo y no fue necesario su traslado a un centro médico.
Los agentes que acudieron para tomar conocimiento de los hechos, se entrevistaron con el propietario del lugar, quien se identificó como Celedonio González de 72 años de edad, manifestando que había sido su hijo de nombre Alejandro de 42 años, quien había prendido fuego al colchón y de ahí se propagó el incendio a toda la casa.
Agregó que fue su esposa, Catalina Murrieta de 73 años, quien tuvo un lapso de histeria por lo ocurrido, pero que afortunadamente ya estaba bien.
El presunto pirómano fue detenido por la Policía Municipal, que lo condujo a la cárcel pública, a la espera de que se le finquen responsabilidades, si es que por parte de los afectados se presenta alguna queja o denuncia.

Más autos recuperados por la Policía Estatal
Dos unidades que habían sido reportadas como robadas, fueron recuperadas a 24 horas de los hechos


En el marco de las acciones preventivas que realiza la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal Preventiva, se logró de nueva cuenta la recuperación de dos vehículos, mismos que habían sido robados en esta ciudad, uno de ellos, en las últimas horas.
La primera de estas acciones tuvo lugar cuando elementos adscritos a la Unidad de Reacción Inmediata, realizaban recorridos de sobre vigilancia por diferentes colonias de la ciudad y al circular por las calles de Aquiles Serdán, entre Revolución de 1910 y Reforma, colonia Centro, tuvieron a la vista un vehículo de la marca Nissan Áltima, modelo 1993, color negro, sin placas de circulación.
Motivo por el cual los policías estatales procedieron a consultar la base de datos del registro vehicular,  la cual arrojó el nombre del propietario y al entrevistarse con él, señaló que el vehículo era de su propiedad y le había sido robado de su domicilio.
En una segunda acción, se recuperó un vehículo de la marca Ford, línea Probe, color blanco, modelo 1989, con placas de circulación 234-PMM-7, cuando los elementos de la PEP, circulaban por la calle Arroyo, en la entrada a la colonia Guelatao y tuvieron a la vista el citado vehículo en calidad de abandono, por lo que consultaron la serie alfanumérica de éste.
Arrojando que contaba con reporte de robo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, con fecha del 25 de septiembre del presente año, mismo que había sido robado del domicilio del afectado, en el transcurso de la madrugada de este día, siendo puesto a disposición de la autoridad competente.

Promueve Protección Civil nueva ley en la materia para actualizarla
La Paz.
Manuel Espinoza
La unidad estatal de Protección Civil de Baja California Sur, promueve a nivel Zona Noroeste, una nueva ley en la materia, para que se adecue de acuerdo a las necesidades de cada entidad que corresponde a la zona, informó el titular de la dependencia estatal, Carlos Enríquez Rincón.


El marco normativo actual data desde 1986 y prácticamente es un mismo documento para aplicarse a los estados que conforman la Región Noroeste, como lo son Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, pero cada jurisdicción tiene sus propias características y necesidades que merecen una atención de acuerdo a su real situación.
Por ello Enríquez Rincón señaló que se promueve una nueva ley, para lo cual se ha establecido contacto con los gobiernos de esas entidades y se busca fecha ya, para una reunión de información, en la cual se intercambiarán ideas, opiniones, propuestas y ante proyectos de donde se le dé forma a un mismo documento rector.
Con el documento condensado por parte de las instancias oficiales de las entidades involucradas, habrán de realizarse una serie de foros ciudadanos con la participación de colegios de profesionistas, para el análisis y enriquecimiento en su contenido, antes de presentarla a los Congresos de cada entidad.
Dejó en claro que la situación de emergencia que vive un estado como Sonora o Sinaloa, no es igual al que padecen en su momento Baja California y Baja California Sur, pero al ser parte de una misma Zona o Región, la suma de esfuerzos es necesaria para darle cuerpo a esta propuesta que venga a actualizar la ley que sigue vigente desde hace 25 años.

Encuentro entre SSPE y padres de familia del Cobach 03
El titular de la dependencia policiaca hizo un llamado para sumar esfuerzos, ya que “es lo que se necesita en materia de prevención del delito”
 


Sin duda alguna el tema de la seguridad pública, es un tema sensible pero al mismo tiempo, de suma importancia para el desarrollo de las actividades que realizan los integrantes de una sociedad, de ahí, la importancia de conjuntar esfuerzos en esta materia, no sólo entre autoridades, también se necesita del apoyo y la participación de la ciudadanía, a fin de obtener mejores resultados en este renglón, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, al sostener un encuentro con directivos, docentes, personal administrativo y padres de familia de la preparatoria Cobach plantel 03, La Paz Esterito.
“Es de gran interés del gobernador, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, el que atendamos el llamado que nos hacen las escuelas, ya que necesitamos sumar esfuerzos en materia de prevención del delito, con los diferentes sectores de la sociedad”, mencionó De la Peña Angulo.
Destacó la relevancia de este tipo de encuentros, ya que con ello trabajan de la mano padres de familia, autoridades escolares y de seguridad, a fin de implementar una agenda de trabajo encaminada a prevenir todos aquellos hechos que agreden tanto a los jóvenes como su patrimonio y el de la institución.
Es importante se organicen y se establezca un canal de comunicación, con el objetivo de implementar programas que coadyuven con las acciones que realizan los cuerpos de seguridad, en el marco del programa Escuela Segura.
Por lo que próximamente se establecerán los mecanismos y apoyos, para poner en marcha los programas “Papá Vigilante” y “El Botón de Pánico”, asimismo, en corto plazo se estará reforzando la seguridad en el plantel y sus alrededores, principalmente en los horarios de clases de los jóvenes, expresó el funcionario estatal.
Esto dijo con el único fin de que los padres de familia, sean los portavoces de estas acciones y poder seguir recogiendo todas las inquietudes o denuncias, ya que deseamos coadyuvar con las escuelas, con los propios padres de familia y con los vecinos, para atender de primera mano sus expresiones.
En esta reunión se contó con la presencia del director académico de los Colegios de Bachilleres en el Estado, José Alberto Márquez en representación del director general, Roberto Pantoja, el director del plantel Héctor Enrique Aburto Ortega.
Así como del director de la Policía Ministerial del Estado, Juan Ochoa Sánchez, el comisario y subcomisario de la Policía Estatal Preventiva, Francisco Camacho y Édgar Siqueiros, respectivamente, y el comandante general de la policía municipal, Alfonso Valenzuela Cruz, en representación del director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Ángel César Amador Soto, entre otras autoridades municipales.

Dos lesionados en volcadura ocurrida en BC
Guerrero Negro.
Manuel Espinoza
Los afectados viajaban rumbo a la comunidad de Jesús María cuando ocurrió el percance
 


 Resultado de aparatosa volcadura ocurrida en jurisdicción del estado de Baja California, ingresaron a la clínica del Seguro Social de Guerrero Negro, dos personas que viajaban a bordo del vehículo accidentado en las inmediaciones de la comunidad de Jesús María, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
A través de la comandancia de la Policía Ministerial del Estado en la comunidad salinera, se tuvo conocimiento del ingreso de los lesionados al citado centro médico, acudiendo los elementos para conocer del hecho, siendo informados por personal médico que el paciente de nombre Julio César Rivas, comerciante de 37 años de edad, con domicilio en Ciudad Constitución del municipio de Comondú, presentaba trauma toracoabdominal cerrado, sin lesión interna aparente, así como fractura en rodilla izquierda.
El otro lesionado fue identificado como Martín Chávez Alanís, de 47 años de edad, vecino de la misma población, siendo atendido de trauma facial, fractura de mandíbula, trauma facial estalpe parietal izquierdo, policontundido y politraumatizado, lesiones en ambos casos de las que tardan en sanar más de quince días y sí ponen en riesgo la vida.
El primero de los lesionados informó a las autoridades que viajaba en compañía de Martín, a bordo de un vehículo tipo pick-up de la marca Chevrolet Silverado de color blanco, ignorando como ocurrió el percance, ya que venía dormido y sólo recuerda cuando fue subido a una ambulancia.


PENINSULAR DIGITAL
Ya no está en operación el aeródromo Las Arenas aclaran
A través de una misiva, hecha llegar no al Senado de la República sino a los senadores promotores de este exhorto se menciona que la concesión de la aeropista Las Arenas fue otorgada por la SCT por un tiempo de 180 días.
A través de una misiva, hecha llegar no al Senado de la República sino a los senadores promotores de este exhorto se menciona que la concesión de la aeropista Las Arenas fue otorgada por la SCT por un tiempo de 180 días.
El permiso sí era del gobierno estatal y era sólo por unos cuantos días asegura empresa
Tras el exhorto que realizó el Senado de la República para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detallara el estado de las concesiones del aeródromo de Punta Arena que fue “reinaugurado” por Narciso Agúndez Montaño a principios de este año, la respuesta no llegó por parte de la dependencia sino por parte de la empresa privada en cuyos terrenos se encuentra la polémica aeropista.
A través de una misiva, hecha llegar no al Senado de la República sino a los senadores promotores de este exhorto se menciona que la concesión de la aeropista Las Arenas fue otorgada por la SCT por un tiempo de 180 días.
“Ni Punta Arena de la Ventana, S.A. de C.V., ni accionista,  empleado o sociedad relacionada de la misma es concesionaria, permisionaria ni operadora del aeródromo Las Arenas” asegura la misiva hecha llegar a diversos senadores y transmitida a este medio por los representantes de Punta Arena que hablan de una campaña en su contra.
De ser cierta esta información, la concesión del aeródromo las arenas no habría sido otorgada a ningún delincuente sino al gobierno del estado bajo la administración del entonces el ingeniero Narciso Agúndez Montaño.
A espera de la entrega del informe detallado que solicitaron en la cámara alta los Senadores pueden descansar tranquilos al saber que esta pista aérea no se usa para actividades ilícitas.

LA JORNADA
Retirarán hatos de ganado de engorda y evitarán sembrar especies que usan mucha agua: Luege
Implementan Conagua y Sagarpa plan de emergencia por la sequía
Se han perdido 6 millones de cultivos en 15 estados del centro y norte del país, lo cual pondrá en riesgo la canasta básica, con una posible escalada de precios, señala dirigente de la CNC
José Antonio Román

Periódico La Jornada
Lunes 26 de septiembre de 2011, p. 38
Ante el grave problema de estiaje que enfrentan varios estados del centro y norte país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa) implementan un plan de emergencia que incluye el retiro de todos los hatos de ganado de engorda y evita la siembra de cultivos que necesiten alto consumo de agua, como el maíz.
José Luis Luege Tamargo, director general de la Conagua, dijo que el gobierno federal está muy preocupado por el prolongado estiaje que viven estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, entre otros, pues la época de huracanes y ciclones está casi por finalizar y no ha habido agua suficiente para llevarla al noroeste del territorio nacional.
Entrevistado luego que dio el banderazo de salida de la carrera de la Sociedad de ex alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), corrida en Ciudad Universitaria, Luege explicó que ambas dependencias trabajan en el diseño de programas de apoyo de engorda, matanza y congelamiento de ganado, además de tratar de convencer a los productores de la inconveniencia de sembrar granos como el maíz, que requieren alto consumo de agua.
Hay una estrategia de apoyo para los estados afectados por el estiaje, señaló el funcionario, quien insistió en que la sequía en el norte del país es muy marcada.
Hace unos días, en su comparecencia ante la tercera comisión de la Permanente, advertía de esta situación y el riesgo en el que se encontraban los cultivos de temporal en 200 municipios del país.
Además, los pronósticos de la Conagua para el próximo año tampoco son halagadores. Para 2012 se prevé que la sequía en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas será fuerte, y que estarán en riesgo las hectáreas de cultivo de temporal en 250 municipios que se encuentran en los niveles más extremos.
Hay una preocupación del gobierno federal por los cultivos de temporal, donde no va a haber agua; la engorda de ganado, porque no hay pasto ni agua, y debe haber una modificación de las pautas de engorda de ganado.
Incluso el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez García, ha informado que la sequía en México ha provocado la pérdida de 6 millones de cultivos en 15 estados, sobre todo del centro y norte del país, que se encuentran en condiciones de emergencia.
Señaló que la sequía va a agudizar la crisis en el sector agrícola, y en consecuencia pondrá en riesgo la canasta básica, con una posible escalada de precios.
El dirigente campesino destacó que esta situación no tiene precedente en los recientes 10 años, y que se trata de una sequía que afecta a unos 10 millones de agricultores en entidades del norte y centro, entre los cuales están Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, en especial.
El titular de la Conagua insistió en que buscará en su partido, Acción Nacional, la candidatura para ser el candidato a jefe de Gobierno capitalino, aunque dijo que todavía no tiene definida la fecha en que dejará su cargo.
Todavía no hay fecha fija para dejar el cargo, porque la ley electoral manda todo a un tiempo muy reducido y hay participantes de otros partidos, que además están en funciones institucionales, en franca carrera abierta, incluso violando la normatividad electoral, señaló.
Aseguró que la ciudad de México necesita un programa y visión de largo plazo. Criticó al PRD, pues a su juicio ha tenido una visión cortoplacista, además de que lo han convertido en untrampolín en busca de la candidatura presidencial, y citó como ejemplo a Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y ahora Marcelo Ebrard

EL UNIVERSAL

Acusan a estados de incumplir homologación salarial policiaca

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) exigió a estados y municipios acabar con el rezago que hay en la homologación salarial de los policías, lo que contraviene la normatividad que exige un sueldo digno para los agentes
MAL PAGADOS. Los elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas son los que reciben el salario más bajo a nivel nacional (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
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Lunes 26 de septiembre de 2011Doris Gómora | El Universal05:53politica@eluniversal.com.mx
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Ante el rezago en la homologación salarial de los policías del país, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP) pidió a las autoridades de los gobiernos estatales y municipales de todo el país cumplir con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Agregó que la normatividad proyecta una mejora importante en las percepciones de los agentes policiacos en México.
Con un análisis para verificar el cumplimiento de obligaciones de las autoridades municipales y estatales en la adopción del Sistema Integral de Desarrollo Policial (Sidepol), el SESNSP ubicó “las marcadas diferencias en las percepciones de los policías estatales y municipales del país”.
Con un salario mensual de 3 mil 618 pesos, los policías de Tamaulipas se ubican como los peor pagados en todo el país, con una marcada diferencia de 14 mil 555 con los policías de Aguascalientes, que son los mejor pagados en México, al percibir un salario de 18 mil 173 pesos por cada elemento al mes, informó el SESNSP.
Al abordar el caso de los policías municipales, el análisis mostró que los elementos de Tizimín, en Yucatán, se ubican como los peor pagados, al percibir un salario mensual de 4 mil 603 pesos, estableciéndose una marcada diferencia de 10 mil 346 pesos con los policías municipales mejor pagados, que son los de Tijuana, que perciben 14 mil 949 pesos al mes.
A nivel estatal los policías que tienen el mayor monto de ingresos mensuales a nivel nacional son, como ya se mencionó, los de Aguascalientes con un salario de 18 mil 173 pesos, seguido del estado de Baja California con 17 mil 636 pesos por cada elemento de la corporación, seguido de Campeche con 13 mil 234 pesos, después Zacatecas con 12 mil, San Luis Potosí con 11 mil 277, Sonora con 11 mil, Jalisco con 10 mil 91, Querétaro con 9 mil 994 y Nuevo León con 9 mil 460 pesos.
El análisis mostró que los policías estatales con el menor pago al mes son los de Tamaulipas, al tener cada uno un salario de 3 mil 618 pesos, seguido de Quintana Roo con 4 mil 894 pesos, Nayarit con 5 mil 762 pesos, Oaxaca con 5 mil 951 pesos, Tabasco con 6 mil 271 pesos, Yucatán con 7 mil 625 pesos, Colima con 7 mil 685 pesos y Guerrero con 7 mil 736 pesos.
Al precisar sobre los salarios de los mandos medios, superiores y altos de las policías estatales, el análisis del SESNSP informó que el promedio se ubica en 18 mil 672 pesos al mes.
“Coahuila es la entidad que más paga a sus mandos, un primer comandante percibe 37 mil 829 pesos, seguida de Campeche, donde un director gana 28 mil pesos; Durango, con 27 mil 234 pesos para un comisario en jefe, y Guanajuato, donde un comandante tiene un salario de 26 mil 561 pesos”, dice el análisis.
Los sueldos para mandos en Tamaulipas son también los más bajos al percibir 6 mil 450 pesos un inspector, en Oaxaca el salario para el mismo nivel es de 7 mil 121 y en Quintana Roo un coordinador operativo gana 10 mil 148 pesos.
Policías municipales
Además de Tijuana, los policías municipales con mejores ingresos son los de Nuevo Laredo con 13 mil 482 pesos al mes, Mexicali con 12 mil 406 y los del municipio de Benito Juárez en Cancún, con 10 mil 489 pesos.
Las policías municipales con ingresos promedio de nueve mil y 11 mil pesos son Aguascalientes, Aguascalientes; Playas de Rosarito y Ensenada, Baja California; Campeche, Campeche; Juárez, Chihuahua; Villa de Álvarez, Colima; Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y Zapopan, Jalisco; Ecatepec de Morelos, Estado de México; Morelia, Michoacán; San Pedro Garza García, Nuevo León, y Culiacán, Sinaloa.
Donde perciben salarios de entre cinco y seis mil pesos es en Ocosingo, Palenque, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Monclova, Coahuila; Guanajuato, Guanajuato; Nicolás Romero, Chimalhuacán y Naucalpan, Estado de México; Salina Cruz, Oaxaca; San Martín Texmelucan y San Pedro Cholula, Puebla; Othón P. Blanco, Quintana Roo; Matehuala, San Luis Potosí; Puerto Peñasco y Cajeme, Sonora; Córdoba, Veracruz, y Valladolid, Yucatán.

SEMANARIO ZETA

Policías invasores

Sin orden judicial agentes de la firma Erco toman terrenos a favor de dudosos clientes.

Primero con el respaldo de los ex gobernadores Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez, trabajadores de una empresa de seguridad privada custodian terrenos sin autorización legal de sus dueños. Tan sólo en septiembre se han denunciado tres casos contra Erco por invasión de propiedades.
Gerardo Zúñiga Pacheco
Desde principios de la administración del ex gobernador del PRD, Leonel Cota Montaño, comenzó a mejorar la situación para las compañías de seguridad privada que, escudándose en que fueron contratadas por particulares, aprovechan su capacidad numérica y física para despojar impunemente a rancheros e inversionistas de costosos predios a orillas de la playa.
Sin mediar ninguna orden judicial o documentos que acrediten fehacientemente la propiedad, los policías privados sacan, bajo amenazas o jalones, a los legítimos propietarios de las tierras, aduciendo que el predio fue comprado por un particular y que tienen que desalojarlo. Los legítimos propietarios no reciben más explicación que los golpes o las vejaciones, en caso de oponer resistencia.
Un sinnúmero de videos, fotografías y testimonios dan cuenta de cómo policías privados se han convertido en los principales invasores de tierras, protegidos casi siempre por los responsables de la seguridad pública y de la procuración de justicia. No es casualidad que cada vez que invaden o se apoderan de una propiedad, ni agentes municipales ni ministeriales, y  mucho menos estatales, estén en las proximidades, y cuando son llamados para brindar un auxilio, comúnmente no acuden porque aducen que se trata de “un pleito entre particulares”.
Aunque algunos de estos empleados de seguridad privada se han visto envueltos en escándalos de drogas, alcohol y hasta robos y asaltos, hoy, la nueva modalidad y el próspero negocio es invadir propiedad ajena.
Los más de 5 mil casos de invasiones reconocidos oficialmente por el propio gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, herencia de las administraciones de los ex gobernadores del PRD, Leonel Cota Montaño, y sobre todo de Narciso Agúndez Montaño, dan por sí solos una idea clara del gravísimo problema, aún pendiente de resolver.
Al cierre de esta edición, ZETA recibió una llamada de la empresaria Olivia Pedrín Olachea, quien en tono molesto dijo:
“Estoy aquí en un terreno que es de mi madre, en la comunidad de La Playita en San José del Cabo, Baja California Sur, estaba en litigio y bajo resguardo, y ahorita que llegué veo que está lleno de policías privados del Grupo Erco y hasta le pusieron un cerco, lo que hice fue aventarles mi carro y tumbar el cerco, porque estoy muy molesta y siento mucha impotencia, porque esa gente no tiene por qué estar dentro del terreno”.
— ¿Atropelló a alguien?
“No, pero tengo mucho coraje, porque se metieron ahora en la mañana (21 de septiembre) y ahorita se pertrecharon dentro del predio y ahí están tratándome de intimidar, se ven muy machos con sus aparatos y macanas, y quitaron un documento oficial donde se explicaba el problema, y donde estaba claro que no había un veredicto, porque hasta ahorita, ninguna autoridad ha notificado nada”.
— ¿Cuál es el problema?
“El problema es que es sobre el terreno querían poner una calle para el desarrollo Puerto Los Cabos, propiedad de Eduardo Sánchez Navarro, y obviamente, yo no estoy dispuesta a ceder el terreno de mil metros cuadrados, y ahora el señor, como no quise a la buena, ahora deberá ser a la mala. Quiere abrir calle sobre mi terreno, que es de mi madre, y por eso entramos en litigio, y obviamente, esto me está generando un costo alto y no me voy a dejar. Por eso, se supone que hay autoridades que resuelvan estas controversias y leyes que se apliquen, no nomas así por así”.
Grupo Erco
El caso de la empresaria Olivia Pedrín Olachea apenas es un ejemplo de la cadena de víctimas que han perdido la posesión de terrenos en manos de la compañía de seguridad privada denominada “Grupo Erco”, misma que, según explicó la afectada, sin ninguna orden judicial o veredicto, que sustente legalmente sus acciones, llega, toma el predio, cerca el terreno y listo: “Está en sus manos”, dice la denunciante.
Según datos recabados por ZETA, la mayoría de los integrantes de esta empresa privada son reclutados en rancherías y zonas urbanas del estado de Sinaloa. Sin embargo, y por versiones de los propios policías privados, se confirmó que quienes son contratados no son investigados por antecedentes penales. De hecho, tampoco son sometidos a exámenes toxicológicos ni psicométricos, contraviniendo al artículo 14 de la Ley de los Servicios de Seguridad Privada en Baja California Sur.
Un reportero de esta casa editora se hizo pasar como interesado a trabajar en la compañía. Dijo tener antecedentes penales y venir huyendo de otro estado. La respuesta de uno de los agentes que estaba resguardando un terreno en la zona de Cabo del Este, lo dejó frío.
“Tú no te preocupes por eso, porque nadie te va a molestar”, le respondió, y agregó: “Mira, yo también tengo problemas legales, y cuando un camarada llegó a buscar gente a Sinaloa, yo me vine, ahorita estoy aquí ganando un sueldo de 300 pesos diarios, y desde que llegué aquí me tienen cuidando el terreno desde que nos metimos. Hasta ahorita nadie me ha molestado y no me hicieron exámenes de nada ni tampoco me preguntaron nada de si tenía antecedentes penales, sólo me pidieron mi talla y me dieron un uniforme y unos accesorios y listo”, dijo.
La misma pregunta se les planteó a tres agentes más y todos animaron al reportero a integrarse a “Grupo Erco”. Aparentemente lo único que se requiere para empezar a laborar ahí es hablar con una mujer identificada como “La Licenciada”.
Hasta hoy cerca de 500 guardias de seguridad de esta firma están desplegados en la zona de Cabo del Este, Cabo Pulmo y San José del Cabo, aunque oficialmente se desconoce cuántos policías están registrados conforme marca la Ley de Servicios de Seguridad Privada.
Casos como el de Olivia Pedrín Olachea exhiben a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, porque es directamente la responsable de normar y regular el trabajo de las compañías de seguridad privada, y el hecho de que los policías de “Grupo Erco” hayan tomado el terreno por sí solos, viola flagrantemente el artículo 18 de la citada ley, que textualmente expone:
“Bajo ningún supuesto realizarán funciones que están reservadas a los cuerpos e instituciones de seguridad pública o las fuerzas armadas”.
Es decir, en el supuesto de que un agente del ministerio público o un juez hubiera dado la orden de desalojo los agentes del citado grupo de seguridad no deberían haber participado en la toma del predio, sino esperar a que la autoridad hiciera la entrega formal del terreno, en este caso, a Eduardo Sánchez Navarro, quien tendría que contratar a la empresa para  custodiar la propiedad.
Sin embargo, nada de eso sucedió, y por consiguiente, como establece el artículo 32 de la Ley de los Servicios de Seguridad Privada en Baja California Sur, la compañía “Grupo Erco” debe ser objeto de amonestación, sanción y hasta cancelación de operaciones, si así lo amerita.
Más casos
Particularmente esta compañía privada se ha visto involucrada en muchos casos de despojo. No se sabe si por casualidad, pero la mayoría de las veces se han apoderado de terrenos que pretende adjudicarse el desarrollador de Puerto Los Cabos, Eduardo Sánchez Navarro. No siempre las cosas han salido bien, y en varias ocasiones, los guardias han tenido que ser desalojados por las autoridades.
En el sexenio de Narciso Agúndez Montaño, este grupo de seguridad privada se robusteció y fue uno de los principales protagonistas de sonados abusos que oportunamente fueron documentados por las partes afectadas, y siempre, respaldado por el ex titular de la PGJE, Fernando González Rubio Cerecer.
Hoy, a pesar de que la administración cambio de color, evidentemente no existe transformación de fondo por lo menos en seguridad pública, pues basta saber que en tan sólo en un mes, los agentes de “Grupo Erco” han sido protagonistas de 3 hechos violentos, y no hay autoridad que los pueda parar ni tampoco sancionar.
El caso de la empresaria Olivia Pedrín Olachea es el tercero de este mes. El primero fue el 6 de septiembre cuando los agentes privados del “Grupo Erco” trataron de desalojar por la fuerza a 23 habitantes del fraccionamiento residencial “Cabo Hills” en Cabo San Lucas, por un conflicto legal, donde una treintena de guardias llegaron hasta la propiedad, y se metieron, tocaron la puerta de los moradores y verbalmente les dijeron que “tenían que salir” porque iban a desalojar el predio.
El problema legal derivó de un remate que hizo el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a Grupo “Sendere”, por una deuda que contrajo la inmobiliaria “Oasis, S.A. de C.V.” en 1993 para construir el conjunto residencial, a través de los bancos Banoro y Bital en aquel entonces.
En una entrevista con ZETA, el presidente del consejo de administración de la sociedad civil del citado fraccionamiento, Gabriel Pinedo, reveló que los agentes del Grupo Erco iban acuerpados por dos ministeriales del estado. Según relató, los oficiales llegaron con el jefe de seguridad del fraccionamiento, avisaron que había habido un robo, sacaron al dueño del lugar por 20 minutos, situación que fue aprovechada por los agentes privados para asumir el control dentro de la propiedad, cerrando la puerta principal de acceso.
Así es como, ya apoderados de la propiedad, hablaron con los moradores, por lo que al ser avisado el directivo del fraccionamiento, fue hasta el lugar y cuestionó a los agentes privados, quienes sin más y ante la insistencia de que ofrecieran una respuesta de quién los había contratado, terminaron por agredir físicamente al denunciante.
El jefe de seguridad del fraccionamiento, de nombre Antonio Ledesma, dijo que los policías ministeriales únicamente lo distrajeron, ya que estaban de acuerdo con los del “Grupo Erco”, pues cuando a lo lejos observó toda la acción, les pidió auxilio y lo único que hicieron fue retirarse.
Fue por la intervención de los propios vecinos que lograron replegar a los agentes de seguridad privada, quienes, minutos después, huyeron cuando comenzaron a llegar patrullas de la policía municipal. En este caso, el representante legal de la sociedad, Gabriel Pinedo, presentó una denuncia penal que quedó bajo el número de expediente CSL/271/PAT/2011.
El segundo caso registrado ocurrió el 9 de septiembre en una comunidad conocida como “La Playita” en San José del Cabo, cuando cerca de 30 agentes privados, alrededor de las 9 de la mañana, un terreno propiedad de la familia Rochín Pino.
Los policías de “Erco” llegaron y rodearon la propiedad y se metieron, sacando de la casa a la señora Adela Rochín Pino, quien es la única habitante del terreno y estaba en ese momento tomando un tratamiento de diálisis, y la sacaron a la calle, colocando de inmediato un cerco de alambre de púas.
La propiedad está en una disputa legal que aún se ventila en los tribunales, porque algunos familiares del profesor Jacinto Rochín Pino vendieron parte de sus tierras al desarrollador de Puerto Los Cabos, Eduardo Sánchez Navarro. Sin embargo, el empresario, utilizando a los policías privados, tomó sorpresivamente la propiedad y se está adjudicando parte de los terrenos que no le pertenecen, hasta en tanto no haya un veredicto, de acuerdo con lo que explicó la afectada.
El proyecto de creación de Puerto Los Cabos surgió durante la administración del ex gobernador Leonel Cota Montaño, quien se vio beneficiado con un fideicomiso de Fonatur de 200 hectáreas en la zona de La Playita. Sin embargo, el terreno era insuficiente para el proyecto de construcción de un exclusivo complejo turístico, el cual se tuvo que extender hasta 800 hectáreas, y se consolidó en la administración de Agúndez Montaño, quien respaldó incondicionalmente  al empresario Eduardo Sánchez Navarro.
De hecho, el empresario fue protagonista de un escándalo mayúsculo cuando su nombre salió publicado en la lista de ejidatarios de una comunidad conocida como “La Purísima” del municipio de Comondú, localizada a unos 400 kilómetros de Los Cabos, y donde figuró como campesino al lado de Narciso Agúndez Montaño y los empresarios Ernesto Coppel Kelly (ya distanciado del Grupo de Los Cabos, respaldó al gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor), Luis Raymundo Cano Hernández, Ricardo Araoz, Gabriel Larrea Santana, Marcos Eremberg y Johnny Vaughn, así como el actual diputado Alberto Treviño Angulo.
El solo hecho de que los agentes privados de “Grupo Erco” estén tomando justicia por su propia mano al llegar y apropiarse de un terreno inmerso en un juicio sin que haya de por medio el veredicto de un juez, expone que están actuando al margen de la Ley. Asimismo,  la instancia encargada de normar y regular su actuación, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública estatal, está solapando cada una de las irregularidades sin fijar una postura y sin dar ninguna explicación, como solicitó ZETA al titular de la SSPE, Álvaro de la Peña Angulo, quien al cierre de esta edición no confirmó la entrevista solicitada.
El artículo 1 de la Ley de Servicios de Seguridad Privada en Baja California Sur es más que claro: “Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés general y tienen por objeto regular los servicios de seguridad prestados por empresas privadas que operen en el Estado de Baja California Sur”. Sin embargo, nadie regula, nadie sanciona y nadie informa.
Hasta hoy se desconoce cuántas compañías de este tipo operan en el estado, qué supervisión reciben y qué tipo de capacitación brindan a su personal, cuántas quejas y denuncias se han presentado a la fecha por infracciones a la Ley, qué tipo de sanciones se han aplicado por violar las disposiciones legales, cuántas denuncias en la agencia del ministerio público se han presentado por hechos presumiblemente delictivos en los que hayan incurrido algunos agentes o compañías, cuántas cédulas se han expedido –y que son de carácter obligatorio— para el personal operativo, cuyos ordenamientos son aplicables y están dentro de la Ley de Servicios de Seguridad Privada del estado.
Por su parte, ZETA buscó vía telefonía una entrevista con el gerente general de la compañía “Grupo Erco”, de quien su secretaria se negó a proporcionar el nombre y la dirección donde opera. La telefonista dijo que la política de la empresa es ir directamente al domicilio del cliente o de las personas interesadas en hablar con el propietario. También se solicitó una entrevista al propietario del desarrollo Puerto Los Cabos, Eduardo Sánchez Navarro. Tampoco accedió a conversar con el reportero.

Poder Judicial: Un verdadero desastre

Destituciones, amparos,  y controversias constitucionales entre magistrados de BCS

Con el pretexto de la autonomía, nadie ha podido meter orden en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde la disputa entre dos grupos de magistrados tiene en el colapso al sistema de justicia. Para colmo, diputados violentaron gravemente la Constitución, al permitir que dos magistrados se reeligieran vía jurisprudencia sin ser sometidos a evaluación.
Gerardo Zúñiga Pacheco
Contrario a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, el Tribunal Superior de Justicia del Estado vive en completa y constante ilegalidad. Además se encuentra en medio de una ríspida disputa entre dos grupos de magistrados que han convertido el Poder Judicial en un ring político y público.
Hoy, el Poder Judicial ha privilegiado los golpes bajos y de abuso de autoridad entre los magistrados Humberto Montiel Padilla e Ignacio Bello Sosa. Y entre destituciones, amparos, albazos y controversias constitucionales, ya pasaron más de 2 años, mientras el pleito sigue, y crece el número expedientes que no se revisan, así como de los casos que no se resuelven.
Eso no es todo: el 13 de septiembre los magistrados se dieron el lujo de autorizar un mega puente vacacional de cinco días que terminó hasta el lunes 19 de septiembre.
Además los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur han permitido y solapado que uno de sus integrantes tenga 27 años en funciones, cuando el artículo 93 establece claramente que los cargos durarán 6 años, contados a partir de la fecha en que se rinda protesta del Ley, y en caso de ser reelecto por un segundo periodo igual de 6 años más, si el caso lo amerita.
Sin embargo, la magistrada Guadalupe de Jesús Elizondo Hernández, aprovechando las reformas constitucionales, se ha logrado perpetuar en el poder casi tres décadas gracias a que la Constitución Política hasta el sexenio del ex gobernador del PRI, Guillermo Mercado Romero (1993- 1999), establecía que los magistrados eran vitalicios;  cuando el ex gobernador Leonel Cota Montaño (1999-2005) asumió el poder reformó la Constitución y únicamente otorgó a los magistrados un periodo de 6 años, y al momento en que el ex gobernador del PRD, Narciso Agúndez Montaño (2005- 2011), llegó a la administración estatal, otra vez modificó la legislación, otorgando un periodo de 6 años más a los magistrados junto a la posibilidad de reelegirse.
En el caso del magistrado Humberto Montiel Padilla, éste tuvo que recurrir a una controversia constitucional para evitar ser destituido. Otro caso muy similar es el de Ignacio Bello Sosa, que buscó protección federal bajo un amparo –en su momento– para seguir en el cargo.
Con el pretexto de la autonomía y del respeto a los poderes, nadie ha podido meter en orden al Poder Judicial. Ni el propio gobernador que tiene la facultad de proponer una terna de candidatos y someter sus licencias, renuncias o remociones a la aprobación de los legisladores, como lo establece el artículo 79 fracción VI.
Y qué decir de los diputados locales que, aunque el artículo 64 fracción XXI de la Constitución Política los faculta para resolver soberana y discrecionalmente la elección y remoción de magistrados, no han movido un solo dedo por promover cambios al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pese a que recientemente tuvieron la valiosa oportunidad en sus manos de remover a 3 de los 7 magistrados que conforman el Pleno y reemplazarlos por abogados que buscaran en el nuevo sistema de justicia regirse bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, establecidos por la propia Constitución, y que en el sexenio del ex gobernador Agúndez fueron letra muerta.
La violación
Dos legisladores del PAN violaron la Constitución Política del Estado al no seguir o ignorar el procedimiento de reelección de los magistrados: Ignacio Bello Sosa y Rafael Siqueiros Flores.
Como Presidente de la Mesa Directiva y de la Diputación Permanente, Luis Martín Pérez Murrieta y Sergio Barrón Pinto, en su momento, debieron haber notificado, con una anticipación de no más de 90 días y no menos de 60, a dichos magistrados y requerirlos para que en uso de su garantía de audiencia, presentaran por escrito lo que a su derecho conviniera, como lo establece el artículo 93 BIS fracción I.
Enseguida los legisladores debieron dar vista a la Comisión Legislativa Dictaminadora y requerir la información, establecida en el artículo 11 BIS de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tanto a los magistrados en proceso de reelección como a los que integran el Pleno del Tribunal de Justicia y solicitar todo tipo de expedientes e informes para evaluar su desempeño, incluso pudieron haber requerido a personas e instituciones privadas y públicas para que aportaran todo tipo de información relativa al trabajo de los magistrados en evaluación.
Luego debieron haber emitido un dictamen de evaluación correspondiente y definir si los magistrados eran objeto de reelección o no en un plazo de hasta quince días de que concluyeran su periodo para el que fueron electos con una votación absoluta.
Sin embargo, nada de eso sucedió. El magistrado Ignacio Bello Sosa terminó su periodo el 16 de junio y el magistrado Rafael Siqueiros Flores dejará el cargo el próximo 29 de septiembre. Ninguno, recibió notificación por parte del Poder Legislativo. Es decir, el  Congreso no resolvió oficialmente la reelección y no se procedió a extender un nuevo nombramiento en los términos que establece la Constitución. Por consiguiente los dos magistrados debieron haber sido cesados de sus funciones por la conclusión del periodo para el que fueron nombrados.
Empero, la nula aplicación de la Constitución permitió a los magistrados Bello y Siqueiros, seguir en el cargo de forma automática, sin haber sido evaluados ni requeridos legalmente, a través de una jurisprudencia promovida sobre la reelección de magistrados relacionada a la Constitución Política Mexicana.
Por esta situación, tanto Luis Martín Pérez Murrieta como Sergio Barrón Pinto podrían ser sometidos a juicio político o declaración de procedencia, como lo marca el artículo 7 Fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales quien infrinja la Constitución o Leyes de ella emanen, cuando causen perjuicios graves al estado o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
Justamente son los propios legisladores quienes deberán iniciar el procedimiento de juicio político en términos de la Ley Reglamentaria del Congreso del Estado, una vez que cualquier ciudadano, bajo su más irrestricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, formule las conductas a las que se refiere el artículo 7 de la Ley.
Pero sucedió todo lo contrario con el magistrado Francisco Javier Amador Soto, quien el próximo 3 de noviembre terminará su periodo. Los Presidentes de la Mesa Directiva y la Diputación Permanente ya notificaron y requirieron al magistrado para que en uso de su garantía de audiencia, presentara por escrito lo que a su derecho conviniera, en caso de pretender reelegirse en el cargo. En breve comenzará el procedimiento de evaluación sobre su desempeño para que se pueda emitir un dictamen y ver si es sujeto o no de reelección.
La denuncia
En medio de este debate, el 8 de septiembre, los diputados locales retomaron una solicitud de juicio político presentada en contra de los magistrados Humberto Montiel Padilla, Guadalupe de Jesús Elizondo Hernández, Rafael Siqueiros Flores y el ex magistrado Valentín Moreno Soria.
La denuncia fue presentada en su momento en la pasada legislatura por el Colegio de Abogados de Baja California Sur, encabezada entonces por Ramón Meza Verdugo, hoy Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Según el escrito, la causa es que Humberto Montiel Padilla asumió el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en una sesión celebrada el 7 de julio del 2009, donde únicamente tuvo el aval de forma irregular de 4 de los 7 magistrados, entre los que se encontraban Guadalupe de Jesús Elizondo Hernández, Rafael Siqueiros Flores y Valentín Moreno Soria, así como el propio Montiel.
En esa sesión –explica el documento— fue revocado el mandato del entonces presidente, Ignacio Bello Sosa, a pesar de que la figura de revocación de mandato no existe en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Así, Humberto Montiel Padilla tomó posesión del cargo ilegítimamente, aprovechando que el entonces presidente había convocado a una reunión donde se ventilaron otros puntos.
Según datos recabados por ZETA, el magistrado Montiel fue ungido cuando Narciso Agúndez Montaño ostentaba el poder estatal y el control político de Baja California Sur, en medio de una cuestionada sesión de magistrados, con 4 votos a favor, 2 abstenciones y una ausencia, tras haber destituido al magistrado Ignacio Bello Sosa.
Fue tan evidente la intromisión del gobernador en el Poder Judicial, que su jefe de prensa, Antonio Alcántar, sin cuidar formas ni tener disimulo, citó a conferencia para anunciar la destitución.
Ignacio Bello Sosa se había convertido en una piedra en el zapato para el ex gobernador Narciso Agúndez respecto al manejo de algunos expedientes relacionados al despojo e invasión de tierras en Los Cabos. En su lugar fue colocado Humberto Montiel Padilla y los magistrados afines al grupo de Agúndez avalaron la intromisión del ex gobernador.
Cuando los magistrados le dieron la espalda a Montiel Padilla, éste fue destituido del cargo y restituyeron en el poder a Ignacio Bello Sosa, quien de 1999 a 2005 estuvo como presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, y hoy ostenta el cargo de presidente del Poder Judicial.
Los nuevos diputados –ya con mayoría panista– entonces determinaron no respaldar la reelección, y destituyeron a Humberto Montiel Padilla como magistrado luego de que comprobaron que en el ejercicio fiscal del 2009 hubo un  sobre gasto de 11 millones 850 mil 862 pesos, acerca del cual y durante dos años, se negó a rendir cuentas y explicaciones a los diputados que le formularon 72 observaciones, de las cuales 58 nunca se solventaron.
Sin embargo, Montiel promovió una controversia constitucional y la corte federal lo protegió para que no fuera destituido de su cargo, hasta que terminara de revisar su caso. De hecho, ésta es la causa principal –a decir de diputados locales— de que hasta hoy no se haya podido reestructurar el Poder Judicial, ya que hay una orden federal de “dejar el proceso en ‘stand by’ hasta en tanto no se cierre el proceso judicial”.
En su paso por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Humberto Montiel despidió a 16 funcionarios judiciales que demandaron una liquidación en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado y Municipios.
Asimismo, desvió fondos de las fianzas y congeló expedientes donde estaban implicados amigos, colaboradores, ex colaboradores y parientes de Narciso Agúndez Montaño, según versiones de los propios trabajadores judiciales. Entre las acciones más cuestionables está la negación de girar 2 órdenes de aprehensión en contra del líder de la invasión de La Ballena, César Uzcanga Amador, quien a la vuelta del tiempo, y una vez terminado el reinado del PRD, fue detenido y hoy está sujeto a un proceso penal que enfrentará desde prisión.
El 16 de septiembre, después de haber sido retomada la solicitud del juicio político en contra de magistrados, el Colegio de Abogados retiró la denuncia sin dar mayores explicaciones. ZETA, solicitó una entrevista con el presidente, Matías Amador Moyrón, y no respondió al llamado.
Información recabada por este semanario expuso que la principal causa del retiro de esta solicitud, fue en virtud de que ya había prescrito el caso, y por lo tanto, no tenía sentido seguir el procedimiento, porque no tendría efectos legales o jurídicos.
Las reacciones
ZETA solicitó una entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ignacio Bello Sosa. Hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta. Lo mismo sucedió con el magistrado, Humberto Montiel Padilla.
Sin embargo, y en entrevistas por separado, los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD, coincidieron en señalar que es hora de una reestructuración al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En torno a la violación a la Constitución por parte de sus compañeros legisladores Luis Martín Pérez Murrieta y Sergio Barrón Pinto, el presidente de la Comisión Instructora, Omar Zavala fue claro:
“Lógicamente, todo acto debe de tener una responsabilidad, no podemos ser copartícipes o cómplices de una actitud u omisión por un desconocimiento, imagínate nada más que no hayan sido notificados, cómo vamos a decirles, si no los notificaron, es como cuando alguien tiene un trabajo y firmo un contrato por tres años y no lo notifican nada, quiere decir entonces que sigue trabajando. Si no hay tal se actuará conforme a la Ley, porque no podemos caer en irresponsabilidades, porque nosotros somos los que hacemos y reformamos las leyes, no podemos caer en contradicciones”.
— ¿Cuál es su opinión sobre la justicia en Baja California Sur?, se le inquirió.
“Como abogado litigante que fui me tocó vivirlo en carne propia y la verdad es muy desesperante llegar a un lugar a poner una denuncia y que tengas que esperar horas y horas, y para el desahogo de pruebas, te salen que tienen mucho trabajo y comienza un viacrucis legal. Lo grave es cuando pasa del Ministerio Público al juez, porque dice la Constitución que deben ser 72 horas, sin embargo, hay ocasiones que tardan hasta 6 meses en girar una orden de aprehensión, porque te encuentras con lo mismo de siempre: la carga de trabajo, la carga de trabajo, la carga de trabajo, y así se va, y para entonces ya pasaron 8 meses o un año. ¿Dónde está de que la justicia debe ser pronta y expedita?”.
Por su parte, el líder de la bancada del PRD, Alberto Treviño Angulo, dijo que la falta de resultados en materia de justicia se debe a que no se han atendido los problemas torales, al igual los diputados actualmente y en conjunto están promoviendo la creación del Consejo de la Judicatura que fue una promesa de campaña del gobernador y una propuesta del PRI y del PRD, porque “es un asunto que no se debe dejar atrás, ya que requiere de soluciones y lo más pronto posible”.
En entrevista con ZETA, la líder de la bancada del PAN, Gisela Páez Martínez, reconoció que el tema de la justicia ha sido un reclamo ciudadano, por lo que se buscará dar un presupuesto más amplio al sistema de justicia para el próximo año. Sobre la creación del Consejo de la Judicatura, explicó que desde ahora ya se está trabajando sobre el tema que fue incluido en la agenda legislativa y el cual estaría discutiéndose a finales del 2011 o principios de 2012.
En tanto, el líder de la bancada del PRI, Juan Alberto Valdivia, opinó que el sistema de justicia no está funcionado bien, por lo tanto consideró que debe haber una reestructuración dentro del tribunal y una renovación total de los magistrados, pues “los sudcalifornianos hemos sido testigos de una serie de irregularidades que se han cometido al seno del tribunal.
“Existe de manera cotidiana el tortuguismo en los expedientes y una dilación impresionante en materia de justicia para resolver muchos casos. Respetuosos de las leyes y de las controversias constitucionales que están en proceso, sí considero que debe hacerse una renovación de los magistrados que sería muy sano para el tribunal y en beneficio de la sociedad”, comentó.





















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