EL SUDCALIFORNIANO
19 de septiembre de 2011
Arraigan a presuntos secuestradores y homicidas
El Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Homicidio Doloso Zona Sur, solicitó arraigo por 30 días contra Néstor Adrián Vélez Victorio / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
19 de septiembre de 2011
La Paz, Baja California Sur.- Néstor Adrián Vélez Victorio, alias "El Cuervo", de 33 años de edad, originario de San José del Cabo, B.C.S., Ermes Heladio Rivera Reyes y José Román Cota, integrantes de Delincuencia Organizada, fueron arraigados ayer por 30 días a petición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Homicidio Doloso de la Zona Sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Los detenidos están relacionados con los 4 homicidios ocurridos el 4 de agosto de 2011 en el arroyo "El Migriño" y el Fraccionamiento "Casa Blanca" de Cabo San Lucas, Baja California Sur, así como de secuestro y Delincuencia Organizada.
Al parecer prestaban apoyo logístico e información para la ejecución de sus operaciones en la zona de Los Cabos. El 15 de septiembre de 2011, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público por parte de la Policía Ministerial del Estado, informó el licenciado José Manuel Romero Peña, Subprocurador de Investigaciones Especiales.
Refirió el funcionario que como parte del seguimiento a las investigaciones de los homicidios ocurridos en 04 de agosto de 2011 el día 15 de septiembre del presente año el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Homicidio doloso zona sur, decreto medida cautelar de arraigo por 30 días en contra de Néstor Adrián Vélez Victorio, Ermes Heladio Rivera Reyes y José Román Cota, misma que fue ratificada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal en San José del Cabo, B.C.S, como probables responsables de los delitos de Secuestro, Homicidio y Homicidio en grado de tentativa.
Como se informó en su oportunidad -indicó el funcionario- el Juez Segundo de Primera Instancia del ramo penal del Partido Judicial de Los Cabos con sede en San José del Cabo, B.C.S. decretó auto de formal prisión en contra de José Ramón Montes Hernández, Julico César Chávez García y/o Alejandro Hernández Hernández, Jesús Javier Cruz Rivero y Martín Martínez Sandoval, por ser probables responsables en la comisión del delito de Homicidio Calificado cometido en agravio de las personas quien en vida llevaran por nombre: Fidel Valenzuela Sánchez, Octavio Herrera López, Eleazar García Gómez y Heriberto Enriques Cejudo.
Encontradas sin vida en el Fraccionamiento "Casa Blanca" y en el arroyo "El Migriño", en Cabo San Lucas, B.C.S., el jueves 04 de agosto del presente año, quedando formalmente internos en el Centro de Reinserción Social de San José del Cabo, B.C.S.
Derivado de lo anterior, el 09 de Septiembre del 2011, se recibió reporte del personal del Hospital General de la Ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S., informando que momentos antes había ingresado una persona del sexo masculino.
Quien presentaba diversas lesiones por golpes contusos, el cual refería que había sido privado de su libertad por varios días, por lo que se procedió realizar las investigaciones, constituyéndose al lugar el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Homicidio Doloso Zona Sur, Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales, donde se tomaron las providencias adecuadas para proporcionar seguridad y auxilio a la víctima.
Corroborando que en el lugar se encontraba una persona del sexo masculino quien a simple vista presentaba diversas lesiones contusas, tratándose de la persona de nombre: Néstor Adrián Vélez Victoria apodado "El Cuervo", de 33 años de edad, originario y con domicilio en San José del Cabo B.C.S., en la colonia San José Viejo, de ocupación ayudante de herrero, informando el Médico de guardia que el paciente ingresó con policontundido, con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.
Los elementos policíaco se entrevistaron con al hoy lesionado, quien manifestó que no recordaba exactamente si el día domingo o lunes de esta semana, al ir caminando por las calles de la colonia "Jacarandas" habían sido privado de su libertad e introducido a un domicilillo cerca de ese lugar logrando librarse de sus captores y solicitar ayuda.
Sin embargo, al ser interrogado nuevamente Néstor Adrián Vélez Victorio de apodo "El Cuervo" sobre detalles más precisos de su versión, comenzó a caer en varias contradicciones en relación con la versión inicial, terminado por decir que él junto un grupo de personas, de las cuales cuatro de ellas ya se encuentran detenidas, habían tenido una participación activa en el secuestro y homicidios de las personas que en vida llevaron el nombre de Eleazar de Jesús García Gómez, Octavio Herrera López.
Asimismo, en el secuestro y homicidio en grado de tentativa en agravio de una mujer sobreviviente de los hechos, relacionados con la averiguación previa número CSL/015/HOM/2011.
El hoy inculpado señaló que las personas que la mantuvieron privada de su libertad fue el mismo grupo de personas con las que el participó en el secuestro y homicidios de las personas antes mencionadas, manifestando desconocer los motivos exactos por los cuales sus mismos compañeros lo golpearon y lo mantuvieron privaron de su libertad.
Con la información proporcionada por el indiciado Néstor Adrián Vélez Victorio, se logró la plena identificación, localización y ubicación de las personas que responde al nombre de Ermes Heladio Rivera Reyes y José Román Cota Piñuelas.
Personas que de acuerdo a las investigaciones que hasta el momento se ha realizado, pertenecían al grupo de Delincuencia Organizada, presuntamente relacionadas con los hechos, acreditándose hasta el momento que su función en la organización de estas personas, era la de prestar apoyo logístico e información para la ejecución de sus operaciones en la zona de los Cabos.
Por lo que el día 15 de Septiembre del 2011 dichas personas fueron presentadas ante el representación social, por parte de la Policía Ministerial del Estado quienes en cumplimento a las órdenes de presentación giradas en su contra.
Habiendo rendido sus respectivas declaraciones ministeriales y ante el temor fundado de que pudieran sustraerse de la acción de las justicia fue dictado en contra de Néstor Adrián Vélez Victorio, Ermes Heladio Rivera Reyes y José Román Cota. a medida cautelar de arraigo ministerial por 30 días, misma que fue ratificada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal en San José del Cabo, B.C.S.
Los detenidos están relacionados con los 4 homicidios ocurridos el 4 de agosto de 2011 en el arroyo "El Migriño" y el Fraccionamiento "Casa Blanca" de Cabo San Lucas, Baja California Sur, así como de secuestro y Delincuencia Organizada.
Al parecer prestaban apoyo logístico e información para la ejecución de sus operaciones en la zona de Los Cabos. El 15 de septiembre de 2011, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público por parte de la Policía Ministerial del Estado, informó el licenciado José Manuel Romero Peña, Subprocurador de Investigaciones Especiales.
Refirió el funcionario que como parte del seguimiento a las investigaciones de los homicidios ocurridos en 04 de agosto de 2011 el día 15 de septiembre del presente año el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Homicidio doloso zona sur, decreto medida cautelar de arraigo por 30 días en contra de Néstor Adrián Vélez Victorio, Ermes Heladio Rivera Reyes y José Román Cota, misma que fue ratificada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal en San José del Cabo, B.C.S, como probables responsables de los delitos de Secuestro, Homicidio y Homicidio en grado de tentativa.
Como se informó en su oportunidad -indicó el funcionario- el Juez Segundo de Primera Instancia del ramo penal del Partido Judicial de Los Cabos con sede en San José del Cabo, B.C.S. decretó auto de formal prisión en contra de José Ramón Montes Hernández, Julico César Chávez García y/o Alejandro Hernández Hernández, Jesús Javier Cruz Rivero y Martín Martínez Sandoval, por ser probables responsables en la comisión del delito de Homicidio Calificado cometido en agravio de las personas quien en vida llevaran por nombre: Fidel Valenzuela Sánchez, Octavio Herrera López, Eleazar García Gómez y Heriberto Enriques Cejudo.
Encontradas sin vida en el Fraccionamiento "Casa Blanca" y en el arroyo "El Migriño", en Cabo San Lucas, B.C.S., el jueves 04 de agosto del presente año, quedando formalmente internos en el Centro de Reinserción Social de San José del Cabo, B.C.S.
Derivado de lo anterior, el 09 de Septiembre del 2011, se recibió reporte del personal del Hospital General de la Ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S., informando que momentos antes había ingresado una persona del sexo masculino.
Quien presentaba diversas lesiones por golpes contusos, el cual refería que había sido privado de su libertad por varios días, por lo que se procedió realizar las investigaciones, constituyéndose al lugar el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Homicidio Doloso Zona Sur, Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales, donde se tomaron las providencias adecuadas para proporcionar seguridad y auxilio a la víctima.
Corroborando que en el lugar se encontraba una persona del sexo masculino quien a simple vista presentaba diversas lesiones contusas, tratándose de la persona de nombre: Néstor Adrián Vélez Victoria apodado "El Cuervo", de 33 años de edad, originario y con domicilio en San José del Cabo B.C.S., en la colonia San José Viejo, de ocupación ayudante de herrero, informando el Médico de guardia que el paciente ingresó con policontundido, con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.
Los elementos policíaco se entrevistaron con al hoy lesionado, quien manifestó que no recordaba exactamente si el día domingo o lunes de esta semana, al ir caminando por las calles de la colonia "Jacarandas" habían sido privado de su libertad e introducido a un domicilillo cerca de ese lugar logrando librarse de sus captores y solicitar ayuda.
Sin embargo, al ser interrogado nuevamente Néstor Adrián Vélez Victorio de apodo "El Cuervo" sobre detalles más precisos de su versión, comenzó a caer en varias contradicciones en relación con la versión inicial, terminado por decir que él junto un grupo de personas, de las cuales cuatro de ellas ya se encuentran detenidas, habían tenido una participación activa en el secuestro y homicidios de las personas que en vida llevaron el nombre de Eleazar de Jesús García Gómez, Octavio Herrera López.
Asimismo, en el secuestro y homicidio en grado de tentativa en agravio de una mujer sobreviviente de los hechos, relacionados con la averiguación previa número CSL/015/HOM/2011.
El hoy inculpado señaló que las personas que la mantuvieron privada de su libertad fue el mismo grupo de personas con las que el participó en el secuestro y homicidios de las personas antes mencionadas, manifestando desconocer los motivos exactos por los cuales sus mismos compañeros lo golpearon y lo mantuvieron privaron de su libertad.
Con la información proporcionada por el indiciado Néstor Adrián Vélez Victorio, se logró la plena identificación, localización y ubicación de las personas que responde al nombre de Ermes Heladio Rivera Reyes y José Román Cota Piñuelas.
Personas que de acuerdo a las investigaciones que hasta el momento se ha realizado, pertenecían al grupo de Delincuencia Organizada, presuntamente relacionadas con los hechos, acreditándose hasta el momento que su función en la organización de estas personas, era la de prestar apoyo logístico e información para la ejecución de sus operaciones en la zona de los Cabos.
Por lo que el día 15 de Septiembre del 2011 dichas personas fueron presentadas ante el representación social, por parte de la Policía Ministerial del Estado quienes en cumplimento a las órdenes de presentación giradas en su contra.
Habiendo rendido sus respectivas declaraciones ministeriales y ante el temor fundado de que pudieran sustraerse de la acción de las justicia fue dictado en contra de Néstor Adrián Vélez Victorio, Ermes Heladio Rivera Reyes y José Román Cota. a medida cautelar de arraigo ministerial por 30 días, misma que fue ratificada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal en San José del Cabo, B.C.S.
¡Faltan más homicidas, caso Asael Valtierra!
No más impunidad, no más sangre, exigimos justicia rezan algunos carteles instalados en diferentes puntos de la ciudad, con relación al homicidio del joven Comundeño. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
19 de septiembre de 2011
Porfirio Sarabia Pacheco
La Paz, Baja California Sur.- Los tres individuos entre ellos una mujer que están en la cárcel y sujetos a procesos por los delitos de Homicidio con Premeditación y Alevosía, Privación Ilegal de la Libertad, Robo Agravado -por medio de incendio y explosión-, no son los únicos presuntos responsables del homicidio de Jesús Asael Valtierra Loya, de 22 años de edad, originario de Puerto San Carlos, B.C.S., sino que faltan más involucrados según denuncia de los padres del joven acribillado.
De acuerdo a cartelones distribuidos en diferentes partes de esta capital, lo padres del joven occiso refieren que "Karim Francisco Martínez Lizárraga, ex Procurador General de Justicia del Estado, "nos prometió investigar y esclarecer el homicidio pero no lo hizo".
Elías Gómez Gómez, alias "El Michoacano", de 35 años de edad, Renato León Atondo, de 33 años de edad y Decarely Guadalupe Barraza López, de 23 años de edad, alias "La Yaqui", no son los únicos presuntos responsables del citado homicidio, sino que existen más implicados sostienen los padres del joven occiso.
Los ahora procesados fueron aprehendidos el 7 de febrero de 2011 y arraigados posteriormente por 30 días por órdenes del licenciado Hugo Flores Bustos, Juez Mixto de Primera Instancia de la Partida Judicial de Ciudad Constitución, Baja California Sur, a solicitud del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador.
En el mes de marzo próximo pasado dicha autoridad les dictó auto de formal procesamiento por dichos delitos, dictando auto de libertad a favor de Justo Antonio Mojardín Cázarez, de 29 años de edad, de ocupación pescador, originario del Castillo, Sinaloa, con domicilio en Puerto Mazatlán entre San Juanico y Puerto Costero, Puerto Cortés, Baja California Sur.
El occiso y joven Jesús Asael Valtierra Loya, de 22 años de edad, muerto a balazos por un grupo armado y calcinado dentro del vehículo que conducía la tarde del día 31 de enero de 2011, para robarle un maletín que contenía la cantidad de $460,000.00 pesos en efectivo que iba a depositar a un banco en Ciudad Constitución, Baja California Sur.
Se informó que dicha cantidad era producto de la venta de combustibles de una gasolinera, propiedad de su padre ubicada en Puerto San Caros, Baja California Sur.
Valtierra Loya, viajaba a bordo de un vehículo Dacota, color blanco, tipo Pick Up, 4 puertas, modelo 2004, fue interceptado por los delincuentes en el kilómetro 7 entronque al poblado Benito Juárez, Baja California Sur, a un kilómetro y 300 metros aproximadamente, sobre la brecha que conduce a la colonia Guadalupe de la citada población.
La Paz, Baja California Sur.- Los tres individuos entre ellos una mujer que están en la cárcel y sujetos a procesos por los delitos de Homicidio con Premeditación y Alevosía, Privación Ilegal de la Libertad, Robo Agravado -por medio de incendio y explosión-, no son los únicos presuntos responsables del homicidio de Jesús Asael Valtierra Loya, de 22 años de edad, originario de Puerto San Carlos, B.C.S., sino que faltan más involucrados según denuncia de los padres del joven acribillado.
De acuerdo a cartelones distribuidos en diferentes partes de esta capital, lo padres del joven occiso refieren que "Karim Francisco Martínez Lizárraga, ex Procurador General de Justicia del Estado, "nos prometió investigar y esclarecer el homicidio pero no lo hizo".
Elías Gómez Gómez, alias "El Michoacano", de 35 años de edad, Renato León Atondo, de 33 años de edad y Decarely Guadalupe Barraza López, de 23 años de edad, alias "La Yaqui", no son los únicos presuntos responsables del citado homicidio, sino que existen más implicados sostienen los padres del joven occiso.
Los ahora procesados fueron aprehendidos el 7 de febrero de 2011 y arraigados posteriormente por 30 días por órdenes del licenciado Hugo Flores Bustos, Juez Mixto de Primera Instancia de la Partida Judicial de Ciudad Constitución, Baja California Sur, a solicitud del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador.
En el mes de marzo próximo pasado dicha autoridad les dictó auto de formal procesamiento por dichos delitos, dictando auto de libertad a favor de Justo Antonio Mojardín Cázarez, de 29 años de edad, de ocupación pescador, originario del Castillo, Sinaloa, con domicilio en Puerto Mazatlán entre San Juanico y Puerto Costero, Puerto Cortés, Baja California Sur.
El occiso y joven Jesús Asael Valtierra Loya, de 22 años de edad, muerto a balazos por un grupo armado y calcinado dentro del vehículo que conducía la tarde del día 31 de enero de 2011, para robarle un maletín que contenía la cantidad de $460,000.00 pesos en efectivo que iba a depositar a un banco en Ciudad Constitución, Baja California Sur.
Se informó que dicha cantidad era producto de la venta de combustibles de una gasolinera, propiedad de su padre ubicada en Puerto San Caros, Baja California Sur.
Valtierra Loya, viajaba a bordo de un vehículo Dacota, color blanco, tipo Pick Up, 4 puertas, modelo 2004, fue interceptado por los delincuentes en el kilómetro 7 entronque al poblado Benito Juárez, Baja California Sur, a un kilómetro y 300 metros aproximadamente, sobre la brecha que conduce a la colonia Guadalupe de la citada población.
Cae contumaz ladrón de seis vehiculos
Detiene la PME a contumaz ladrón de vehículos. Omar Gerardo López Soto, alias "El Camel", de 35 años de edad. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
19 de septiembre de 2011
La Paz, Baja California Sur.- Elementos de la Policía Ministerial del Estado pueseron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Personas Detenidas,a Omar Gerardo López Soto, alias "El Camel", de 35 años de edad, originario de esta ciudad, con domicilio en Acceso el Roble entre México y Durango, en la Colonia Emiliano Zapata, desempleado, por su presunta responsabilidad en el delito de robo sobre vehículo de motor.
Quedando a disposición de la citada autoridad en los patios de esta Procuraduría un vehículo marca Toyota, tipo sedán, modelo 1986, color blanco, con placas de circulación 737-PLZ-1, así como 01 llave limada para Vehículo, la cual fue utilizada para dicho ilícito.- Se hace mención que dicha persona está relacionada con las siguientes Averiguaciones Previas:
1.- Reporte de Robo, de fecha 17 de Septiembre de 2011, interpuesto por la persona afectada, quien reporto el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 17 de Septiembre de 2011.- Quedando pendiente la integración de la Averiguación Previa.
2.- Averiguación Previa de fecha 01 de Septiembre de 2011, interpuesta por la persona afectada, quien denuncio el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 09 de Septiembre de 2011.
3.- Averiguación Previa de fecha 06 de Septiembre de 2011, interpuesta por la persona afectada, quien denuncio el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 09 de Septiembre de 2011.
4.- Averiguación Previa de fecha 12 de Septiembre de 2011, interpuesta por la persona afectada, quien denuncio el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 12 de Septiembre de 2011.
5.- Averiguación Previa de fecha 17 de Septiembre de 2011, interpuesta por la persona afectada, quien denuncio el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 17 de Septiembre de 2011.
6.- Averiguación Previa de fecha 15 de Agosto de 2011, interpuesta por la persona afectada, quien denuncio el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 15 de Agosto de 2011.
HECHOS: Siendo las 14:10 horas aproximadamente del día 18 de septiembre de 2011, al encontrarse elementos de la Comandancia Contra Robo de Vehículos, realizando recorridos de vigilancia por los diferentes sectores y colonias, con la finalidad de localizar y recuperar vehículos con reporte de robo.
Al circular por la Avenida denominada Lateral Los Planes a la altura de la empresa denominada "Compañía Embotelladora Coca Cola", se percataron que un vehículo de la marca Toyota, tipo sedán, color blanco, salía a gran velocidad, al momento que una persona de sexo masculino les hacía señas con las manos, por lo que detuvieron la marcha de la unidad oficial, para entrevistarse con dicha persona.
Manifestando que en esos momentos le habían robado su vehículo de la marca Toyota, línea Cambry, color blanco, señalándoles el vehículo que salía a gran velocidad.
Procediendo a iniciar una persecución, logrando darle alcance en la calzada Luis Donaldo Colosio Murrieta y Calle México, marcándole la parada mediante los códigos, no sin antes identificarse plenamente como elementos de la Policía Ministerial del Estado.
Accediendo a tal petición, deteniendo su marcha, descendiendo del vehículo una persona del sexo masculino, el cual intento darse a la fuga, siendo asegurado por dichos elementos, para trasladarlo a las oficinas de la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, donde dijo llamarse Omar Gerardo López Soto, alias "El Camel".
Manifestando que efectivamente al pasar junto al vehículo antes mencionado había decidido abrirlo para robárselo, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, así como el vehículo en mención.
Quedando a disposición de la citada autoridad en los patios de esta Procuraduría un vehículo marca Toyota, tipo sedán, modelo 1986, color blanco, con placas de circulación 737-PLZ-1, así como 01 llave limada para Vehículo, la cual fue utilizada para dicho ilícito.- Se hace mención que dicha persona está relacionada con las siguientes Averiguaciones Previas:
1.- Reporte de Robo, de fecha 17 de Septiembre de 2011, interpuesto por la persona afectada, quien reporto el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 17 de Septiembre de 2011.- Quedando pendiente la integración de la Averiguación Previa.
2.- Averiguación Previa de fecha 01 de Septiembre de 2011, interpuesta por la persona afectada, quien denuncio el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 09 de Septiembre de 2011.
3.- Averiguación Previa de fecha 06 de Septiembre de 2011, interpuesta por la persona afectada, quien denuncio el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 09 de Septiembre de 2011.
4.- Averiguación Previa de fecha 12 de Septiembre de 2011, interpuesta por la persona afectada, quien denuncio el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 12 de Septiembre de 2011.
5.- Averiguación Previa de fecha 17 de Septiembre de 2011, interpuesta por la persona afectada, quien denuncio el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 17 de Septiembre de 2011.
6.- Averiguación Previa de fecha 15 de Agosto de 2011, interpuesta por la persona afectada, quien denuncio el delito de Robo Sobre Vehículo de Motor, con vehículo recuperado el día 15 de Agosto de 2011.
HECHOS: Siendo las 14:10 horas aproximadamente del día 18 de septiembre de 2011, al encontrarse elementos de la Comandancia Contra Robo de Vehículos, realizando recorridos de vigilancia por los diferentes sectores y colonias, con la finalidad de localizar y recuperar vehículos con reporte de robo.
Al circular por la Avenida denominada Lateral Los Planes a la altura de la empresa denominada "Compañía Embotelladora Coca Cola", se percataron que un vehículo de la marca Toyota, tipo sedán, color blanco, salía a gran velocidad, al momento que una persona de sexo masculino les hacía señas con las manos, por lo que detuvieron la marcha de la unidad oficial, para entrevistarse con dicha persona.
Manifestando que en esos momentos le habían robado su vehículo de la marca Toyota, línea Cambry, color blanco, señalándoles el vehículo que salía a gran velocidad.
Procediendo a iniciar una persecución, logrando darle alcance en la calzada Luis Donaldo Colosio Murrieta y Calle México, marcándole la parada mediante los códigos, no sin antes identificarse plenamente como elementos de la Policía Ministerial del Estado.
Accediendo a tal petición, deteniendo su marcha, descendiendo del vehículo una persona del sexo masculino, el cual intento darse a la fuga, siendo asegurado por dichos elementos, para trasladarlo a las oficinas de la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, donde dijo llamarse Omar Gerardo López Soto, alias "El Camel".
Manifestando que efectivamente al pasar junto al vehículo antes mencionado había decidido abrirlo para robárselo, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, así como el vehículo en mención.
¡Atropelló y mató a una joven de 22 años!
El Sudcaliforniano
19 de septiembre de 2011
La Paz, Baja California Sur.- Por conducir en exceso de velocidad y estado de ebriedad un individuo atropelló y mató a la joven Reyna Guadalupe Ponce Aripez, de 22 años de edad. Siendo las causas de la muerte traumatismo craneoencefálico Severo.
La Policía Municipal preventiva informó que el accidente ocurrió a las 03:50 horas del dìa 18 de septiembre de 2011 en las calles Mariano Abasolo y Jalisco de esta ciudad.
Al lugar de los hechos se trasladaron elementos de la Policía Ministerial del Estado en compañía del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador y personal de la Dirección de Servicios Periciales.
Corroborando lo anterior, observando sobre la cinta asfáltica el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino.
Dando fe ministerial el representante social ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la Procuraduría General de Justicia del Estado para la práctica de la necropsia de Ley.
Siendo las causas de su muerte: Traumatismo craneoencefálico Severo, según dictamen del médico legista.
Siendo identificada por Raúl Sánchez Romero, quien dijo ser amigo de la hoy occisa, quien en vida respondía al nombre de Reyna Guadalupe Ponce Aripez, de 22 años de edad, originaria de esta ciudad con domicilio en la colonia "Olas Altas".
Teniendo conocimiento de los hechos el Agente Dictaminador de hechos de Transito, de la Dirección General de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, quien manifestó en torno a los hechos que al cruzar la calle Mariano Abasolo la hoy occisa, fue atropellada por un vehículo marca Dodge, línea Stratus, color gris, con placas de circulación BHL-8414, del Estado de Baja California, conducido de sur a norte por Raúl Baeza Rodríguez, de 21 años de edad, originario de Ensenada, Baja California.
Mismo que continuó su marcha impactándose con la parte trasera de un segundo vehículo marca Toyota, línea corola, modelo 1999, color dorado, placas 921-PNW-9, el cual era conducido por Jesús Filiberto Murillo Salinas, de 21 años de edad, originario de esta ciudad, mismo que se encontraba haciendo alto sobre la calle Mariano Abasolo.
Continuando su desplazamiento para finalmente impactarse con un tercer vehículo marca Volkswagen, línea Pointer, conducido por Ignacio Cabrera Solís, de 44 años de edad, originario de México D.F., con los resultados antes descritos, determinando en su peritaje oficial que las causas del accidente se debieron a cruzar la calle a medianía de cuadra, por parte de la hoy occisa y exceso de velocidad y estado de ebriedad, por parte del conductor de nombre Raúl Baeza Rodríguez, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Comùn, por elementos de la Dirección General de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
La Policía Municipal preventiva informó que el accidente ocurrió a las 03:50 horas del dìa 18 de septiembre de 2011 en las calles Mariano Abasolo y Jalisco de esta ciudad.
Al lugar de los hechos se trasladaron elementos de la Policía Ministerial del Estado en compañía del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador y personal de la Dirección de Servicios Periciales.
Corroborando lo anterior, observando sobre la cinta asfáltica el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino.
Dando fe ministerial el representante social ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la Procuraduría General de Justicia del Estado para la práctica de la necropsia de Ley.
Siendo las causas de su muerte: Traumatismo craneoencefálico Severo, según dictamen del médico legista.
Siendo identificada por Raúl Sánchez Romero, quien dijo ser amigo de la hoy occisa, quien en vida respondía al nombre de Reyna Guadalupe Ponce Aripez, de 22 años de edad, originaria de esta ciudad con domicilio en la colonia "Olas Altas".
Teniendo conocimiento de los hechos el Agente Dictaminador de hechos de Transito, de la Dirección General de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, quien manifestó en torno a los hechos que al cruzar la calle Mariano Abasolo la hoy occisa, fue atropellada por un vehículo marca Dodge, línea Stratus, color gris, con placas de circulación BHL-8414, del Estado de Baja California, conducido de sur a norte por Raúl Baeza Rodríguez, de 21 años de edad, originario de Ensenada, Baja California.
Mismo que continuó su marcha impactándose con la parte trasera de un segundo vehículo marca Toyota, línea corola, modelo 1999, color dorado, placas 921-PNW-9, el cual era conducido por Jesús Filiberto Murillo Salinas, de 21 años de edad, originario de esta ciudad, mismo que se encontraba haciendo alto sobre la calle Mariano Abasolo.
Continuando su desplazamiento para finalmente impactarse con un tercer vehículo marca Volkswagen, línea Pointer, conducido por Ignacio Cabrera Solís, de 44 años de edad, originario de México D.F., con los resultados antes descritos, determinando en su peritaje oficial que las causas del accidente se debieron a cruzar la calle a medianía de cuadra, por parte de la hoy occisa y exceso de velocidad y estado de ebriedad, por parte del conductor de nombre Raúl Baeza Rodríguez, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Comùn, por elementos de la Dirección General de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
Perdió la vida al ser atropellado por un vehículo
El Sudcaliforniano
19 de septiembre de 2011
La Paz, Baja California Sur.- La Comandancia de la Policía Ministerial del Estado en Vizcaíno, BCS., informa que siendo las 21:30 horas aproximadamente del día 16 de septiembre del presente año, tuvieron conocimiento por parte de la Dirección de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, que se había suscitado un accidente automovilístico tipo atropellamiento con resultado de una persona sin vida, en la Avenida Jorge Rojo Lugo, de la población de Villa Alberto Alvarado Arámburo.
Trasladándose al lugar elementos de dicha comandancia, en compañía del agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, así como personal de Servicios Periciales.
Corroborando lo anterior, teniendo a las vista un vehículo marca Toyota, tipo Pick-up, modelo 1990, color gris, con placas de circulación ZNC-2709, el cual era conducido al momento del accidente por José Luis Rodríguez de la Torre, de 37 años de edad, originario de Tecate, BC., con domicilio en la Avenida Jorge Rojo Lugo sin número, de ocupación soldador, mismo que fue asegurado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
Asimismo se observó tendido sobre la cinta asfáltica, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual vestía playera color amarilla, pantalón café y calzado tipo de trabajo de color piel.
Dando fe ministerial el representante social, ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la Subprocuraduría en Guerrero Negro, BCS., para la práctica de la necropsia de Ley. Quedando pendiente las causas de su muerte, así como el peritaje oficial correspondiente.
Siendo identificado en la base de datos del archivo de detenidos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, ya que el hoy occiso había estado detenido en dicha corporación el día 15 de septiembre de 2011, el cual en vida respondía al nombre de Feliciano Domínguez Campos, de 41 años de edad, originario del Estado de Chihuahua, sin domicilio fijo en esa población, desempleado.
Trasladándose al lugar elementos de dicha comandancia, en compañía del agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, así como personal de Servicios Periciales.
Corroborando lo anterior, teniendo a las vista un vehículo marca Toyota, tipo Pick-up, modelo 1990, color gris, con placas de circulación ZNC-2709, el cual era conducido al momento del accidente por José Luis Rodríguez de la Torre, de 37 años de edad, originario de Tecate, BC., con domicilio en la Avenida Jorge Rojo Lugo sin número, de ocupación soldador, mismo que fue asegurado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
Asimismo se observó tendido sobre la cinta asfáltica, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual vestía playera color amarilla, pantalón café y calzado tipo de trabajo de color piel.
Dando fe ministerial el representante social, ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la Subprocuraduría en Guerrero Negro, BCS., para la práctica de la necropsia de Ley. Quedando pendiente las causas de su muerte, así como el peritaje oficial correspondiente.
Siendo identificado en la base de datos del archivo de detenidos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, ya que el hoy occiso había estado detenido en dicha corporación el día 15 de septiembre de 2011, el cual en vida respondía al nombre de Feliciano Domínguez Campos, de 41 años de edad, originario del Estado de Chihuahua, sin domicilio fijo en esa población, desempleado.
Gabriel Alatriste y Saúl González en sustitución de Lenin
El Sudcaliforniano
19 de septiembre de 2011
Porfirio Sarabia Pacheco
La Paz, Baja California Sur.- El licenciado Gabriel Alatriste y José Saúl González Nuñez, figuran como posibles sucesor de Lenin Giovani Rodríguez Aguilar, en la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos.
Fuentes confiables informaron a El Sudcaliforniano que el todavía Director General de la Policía Municipal Cabeña, reprobó el examen de Control de Confianza y polígrafo que fue sometido en días pasados.
El Pleno del Cabildo y el Presidente Municipal de Los Cabos, habían señalado el 15 de septiembre de 2011 como fecha límite para que el ex Secretario de Seguridad Pública del Estado, dejara el cargo, pero hasta ayer muy noche continuaba al frente de la citada corporación policiaca.
Se ventiló que el Capitán Luis Ángel González Rubio, ex director de la Policía Ministerial del Estado y ex Director de Protección Civil Municipal en la administración de Rosa Delia Cota Montaño, funge actualmente como asesor de la citada Dirección.
Se informó asimismo, que el Mayor del Ejército Mexicano Román Marín, que desempeñaba el cargo de Director Operativo, dejó dicha responsabilidad por no estar de acuerdo con la política de trabajo implementado por el ex Subprocurador General de Justicia del Estado.
Lo anterior se confirma, con la denuncia pública que hicieran en su oportunidad varios policías municipales, manifestaron su inconformidad en el sentido de que eran obligados por Lenin a "cargar drogas" a personas detenidas y golpearlas, poniéndolas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación.
La Paz, Baja California Sur.- El licenciado Gabriel Alatriste y José Saúl González Nuñez, figuran como posibles sucesor de Lenin Giovani Rodríguez Aguilar, en la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos.
Fuentes confiables informaron a El Sudcaliforniano que el todavía Director General de la Policía Municipal Cabeña, reprobó el examen de Control de Confianza y polígrafo que fue sometido en días pasados.
El Pleno del Cabildo y el Presidente Municipal de Los Cabos, habían señalado el 15 de septiembre de 2011 como fecha límite para que el ex Secretario de Seguridad Pública del Estado, dejara el cargo, pero hasta ayer muy noche continuaba al frente de la citada corporación policiaca.
Se ventiló que el Capitán Luis Ángel González Rubio, ex director de la Policía Ministerial del Estado y ex Director de Protección Civil Municipal en la administración de Rosa Delia Cota Montaño, funge actualmente como asesor de la citada Dirección.
Se informó asimismo, que el Mayor del Ejército Mexicano Román Marín, que desempeñaba el cargo de Director Operativo, dejó dicha responsabilidad por no estar de acuerdo con la política de trabajo implementado por el ex Subprocurador General de Justicia del Estado.
Lo anterior se confirma, con la denuncia pública que hicieran en su oportunidad varios policías municipales, manifestaron su inconformidad en el sentido de que eran obligados por Lenin a "cargar drogas" a personas detenidas y golpearlas, poniéndolas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación.
El robo de vehículos ya rebasó a las autoridades de la PGJE
El Sudcaliforniano
19 de septiembre de 2011
Jesús M. López Aguirre
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- El robo de carros es un delito que continuamente se presenta en esta región, sin embargo, poco o nulo resultado se ha tenido por parte las autoridades de la PGJE, ya que las unidades cuando son localizadas es porque se encuentran desvalijadas, situación que levanta sospechas ciudadanas sobre la complicidad de quienes se dedican a robar con quienes se supone son responsables de combatirlos.
Uno de los tantos casos de robos de unidades es el sucedido a José Córdova Urrutia, el 9 de agosto a las siete de la mañana, cuando los amantes de lo ajeno se llevaron de su domicilio particular un pick up modelo 1986, marca Toyota, de color rojo, interponiendo denuncia ante la AMPF ese mismo día unas horas después.
Después de un mes, el pasado 13 de septiembre le avisan que la unidad fue localizada en una brecha entre Benito Juárez y Villa Hidalgo, agradeciendo que por lo menos hayan tenido la atención de avisarle, sin embargo el pickup se encontró desvalijado. El afectado manifiesta su inconformidad por la falta de trabajo de la corporación, ya que jamás realizaron investigaciones con vecinos que se percataron del momento en que se llevaron la unidad, pero por ser en el día, pensaron que era para llevarlo al mecánico; la falta de capacidad y desinterés entre diversas corporaciones policiacas por abatir la delincuencia levanta sospechas de una clara complicidad con grupos dedicados al robo de carros.
Reconociendo Córdova Urrutia, que si bien es cierto que no cuentan con recursos financieros para imprimir mayor dinamismo y eficiencia a la investigación, resultaría fácil una llamada a otras corporaciones para coordinar el trabajo, cercando el área y así localizar más rápido a los delincuentes o a la unidad, no cuando por casualidad la encuentran o alguien les avisa, como en esta ocasión sucedió, que les dijeron que sobre la brecha entre Benito Juárez y Villa Hidalgo había un carro desvalijado. Con fundamento, la ciudadanía pierde la confianza en la Policía Ministerial, aumentando la sospecha de una abierta complicidad entre elementos de la corporación y grupo de delincuentes que se dedican a robar unidades, que son localizadas siempre desvalijadas, sin dar con los responsables, señala el afectado, José Córdoba Urrutia.
Finalmente, opina que posiblemente esto sea reflejo tanto del empobrecimiento que vive la ciudadanía, acercamiento de la drogadicción y la falta de creación de fuentes de empleo, por lo que es necesario que las autoridades que convergen en todo esto se apliquen lo más pronto posible, porque la inseguridad los está rebasando y posiblemente la única opción que nos quedará a los ciudadanos será la de defendernos nosotros mismos, concluyó, molesto por esta acción negativa.
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- El robo de carros es un delito que continuamente se presenta en esta región, sin embargo, poco o nulo resultado se ha tenido por parte las autoridades de la PGJE, ya que las unidades cuando son localizadas es porque se encuentran desvalijadas, situación que levanta sospechas ciudadanas sobre la complicidad de quienes se dedican a robar con quienes se supone son responsables de combatirlos.
Uno de los tantos casos de robos de unidades es el sucedido a José Córdova Urrutia, el 9 de agosto a las siete de la mañana, cuando los amantes de lo ajeno se llevaron de su domicilio particular un pick up modelo 1986, marca Toyota, de color rojo, interponiendo denuncia ante la AMPF ese mismo día unas horas después.
Después de un mes, el pasado 13 de septiembre le avisan que la unidad fue localizada en una brecha entre Benito Juárez y Villa Hidalgo, agradeciendo que por lo menos hayan tenido la atención de avisarle, sin embargo el pickup se encontró desvalijado. El afectado manifiesta su inconformidad por la falta de trabajo de la corporación, ya que jamás realizaron investigaciones con vecinos que se percataron del momento en que se llevaron la unidad, pero por ser en el día, pensaron que era para llevarlo al mecánico; la falta de capacidad y desinterés entre diversas corporaciones policiacas por abatir la delincuencia levanta sospechas de una clara complicidad con grupos dedicados al robo de carros.
Reconociendo Córdova Urrutia, que si bien es cierto que no cuentan con recursos financieros para imprimir mayor dinamismo y eficiencia a la investigación, resultaría fácil una llamada a otras corporaciones para coordinar el trabajo, cercando el área y así localizar más rápido a los delincuentes o a la unidad, no cuando por casualidad la encuentran o alguien les avisa, como en esta ocasión sucedió, que les dijeron que sobre la brecha entre Benito Juárez y Villa Hidalgo había un carro desvalijado. Con fundamento, la ciudadanía pierde la confianza en la Policía Ministerial, aumentando la sospecha de una abierta complicidad entre elementos de la corporación y grupo de delincuentes que se dedican a robar unidades, que son localizadas siempre desvalijadas, sin dar con los responsables, señala el afectado, José Córdoba Urrutia.
Finalmente, opina que posiblemente esto sea reflejo tanto del empobrecimiento que vive la ciudadanía, acercamiento de la drogadicción y la falta de creación de fuentes de empleo, por lo que es necesario que las autoridades que convergen en todo esto se apliquen lo más pronto posible, porque la inseguridad los está rebasando y posiblemente la única opción que nos quedará a los ciudadanos será la de defendernos nosotros mismos, concluyó, molesto por esta acción negativa.
Tema de La Ballena se politizó
La IV regidora de Los Cabos, hizo un llamado a los habitantes del predio La Ballena en San José del Cabo para que no se dejen engañar por políticos oportunistas. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
19 de septiembre de 2011
Christian Zarazua
Los Cabos, Baja California Sur.- La IV regidora de Los Cabos, Anel Marrón Amador, ante los hechos que se han suscitado en el transcurso de la semana, hizo un llamado a los habitantes del predio La Ballena, en San José del Cabo, "les hago un llamado a las familias que habitan el predio llamado La Ballena, a que pasen la voz, a que no se dejen engañar por esos políticos oportunistas, que no se dejen engañar por los mismos de siempre; sepan que nadie los va a despojar de sus hogares, eso lo tendrá que resolver el Tribunal Agrario, pero no se dejen engañar por los oportunistas de siempre".
La regidora nativa de Los Cabos, señaló: "es lamentable que un hecho jurídico se haya politizado, de tal manera por algunos personajes oportunistas, quienes utilizan al Ejido como escudo de su discurso político, dejando en mal a los ejidatarios, quienes son personas honorables y con moral".
"Y es que en realidad el predio llamado La Ballena continúa en litigio en el Tribunal Agrario y en tanto, este no resuelva la situación jurídica, no se puede determinar quién o quiénes son los verdaderos propietarios".
Finalmente, la regidora Anel Marrón manifestó "a todas las familias de La Ballena y de Los Cabos, les reitero nuestro apoyo y respaldo del Cabildo de la XI administración municipal, quienes seguiremos trabajando a favor del estado de derecho, en beneficio de la sociedad cabeña".
Los Cabos, Baja California Sur.- La IV regidora de Los Cabos, Anel Marrón Amador, ante los hechos que se han suscitado en el transcurso de la semana, hizo un llamado a los habitantes del predio La Ballena, en San José del Cabo, "les hago un llamado a las familias que habitan el predio llamado La Ballena, a que pasen la voz, a que no se dejen engañar por esos políticos oportunistas, que no se dejen engañar por los mismos de siempre; sepan que nadie los va a despojar de sus hogares, eso lo tendrá que resolver el Tribunal Agrario, pero no se dejen engañar por los oportunistas de siempre".
La regidora nativa de Los Cabos, señaló: "es lamentable que un hecho jurídico se haya politizado, de tal manera por algunos personajes oportunistas, quienes utilizan al Ejido como escudo de su discurso político, dejando en mal a los ejidatarios, quienes son personas honorables y con moral".
"Y es que en realidad el predio llamado La Ballena continúa en litigio en el Tribunal Agrario y en tanto, este no resuelva la situación jurídica, no se puede determinar quién o quiénes son los verdaderos propietarios".
Finalmente, la regidora Anel Marrón manifestó "a todas las familias de La Ballena y de Los Cabos, les reitero nuestro apoyo y respaldo del Cabildo de la XI administración municipal, quienes seguiremos trabajando a favor del estado de derecho, en beneficio de la sociedad cabeña".
Conductor ebrio se impactó con puesto de tacos; los comensales salieron corriendo asustados
El Sudcaliforniano
19 de septiembre de 2011
Jesús M. López Aguirre
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- El día de ayer domingo por la mañana un vehículo pickup marca Nissan color negro, modelo 2000 con placas de circulación CE-89-769, conducido en el momento del accidente, en completo estado de ebriedad, por Diego Urbano Puppo Osuna de aproximadamente 25 años de edad, con domicilio en calles Álvaro Obregón entre Cervantes del Río y Degollado, se impactó primero con un vehículo estacionado que a la vez se impactó contra el puesto de tacos Rosita II, ubicado en las calles Nicolás Bravo y Zaragoza, que en ese momento se encontraba lleno de comensales que comían taquitos.
Con el impacto tumbó a la propietaria, Rosy Meza, que estaba acompañada por Daniela Rodríguez Gervasio atendiendo a la clientela, cayendo el aceite hirviendo en sus piernas, siendo levantada por su ayudante para trasladarla posteriormente al hospital general donde fue atendida en urgencias, al parecer con quemaduras de segundo grado; de igual manera salió lesionado con una cortada en una pierna un menor de edad de nombre Jesús García Gálvez, que se encontraba precisamente cerca del impacto al puesto. Lamentamos que el doctor Castro, médico de guardia, no pueda proporcionar ni siquiera el diagnóstico real de estas personas accidentadas.
El vehículo estacionado es propiedad de la dueña del puesto, es un automóvil Toyota color guinda modelo 1,995; cabe señalar que agentes de Seguridad Pública municipal llegaron en el momento justo y se llevaron al responsable, que señalan andaba amanecido y ebrio, acompañado por otros dos sujetos que venían dormidos en el pickup, asegurándoles una hielera con cerveza y vino; aseguran los clientes que se encontraban desayunando en este lugar que oyeron el impacto y salieron corriendo para después ver en qué auxiliaban a la propietaria y al menor lesionado.
Con este ya son dos accidentes los que ocurren a una taquería, como sucedió con la taquería Rosy, sobre la Álvaro Obregón, sólo que fue en la noche, cuando no estaba trabajando.
Afortunadamente esto no pasó a mayores, pero este sujeto estuvo a punto de originar una tragedia por andar en estado de ebriedad.
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- El día de ayer domingo por la mañana un vehículo pickup marca Nissan color negro, modelo 2000 con placas de circulación CE-89-769, conducido en el momento del accidente, en completo estado de ebriedad, por Diego Urbano Puppo Osuna de aproximadamente 25 años de edad, con domicilio en calles Álvaro Obregón entre Cervantes del Río y Degollado, se impactó primero con un vehículo estacionado que a la vez se impactó contra el puesto de tacos Rosita II, ubicado en las calles Nicolás Bravo y Zaragoza, que en ese momento se encontraba lleno de comensales que comían taquitos.
Con el impacto tumbó a la propietaria, Rosy Meza, que estaba acompañada por Daniela Rodríguez Gervasio atendiendo a la clientela, cayendo el aceite hirviendo en sus piernas, siendo levantada por su ayudante para trasladarla posteriormente al hospital general donde fue atendida en urgencias, al parecer con quemaduras de segundo grado; de igual manera salió lesionado con una cortada en una pierna un menor de edad de nombre Jesús García Gálvez, que se encontraba precisamente cerca del impacto al puesto. Lamentamos que el doctor Castro, médico de guardia, no pueda proporcionar ni siquiera el diagnóstico real de estas personas accidentadas.
El vehículo estacionado es propiedad de la dueña del puesto, es un automóvil Toyota color guinda modelo 1,995; cabe señalar que agentes de Seguridad Pública municipal llegaron en el momento justo y se llevaron al responsable, que señalan andaba amanecido y ebrio, acompañado por otros dos sujetos que venían dormidos en el pickup, asegurándoles una hielera con cerveza y vino; aseguran los clientes que se encontraban desayunando en este lugar que oyeron el impacto y salieron corriendo para después ver en qué auxiliaban a la propietaria y al menor lesionado.
Con este ya son dos accidentes los que ocurren a una taquería, como sucedió con la taquería Rosy, sobre la Álvaro Obregón, sólo que fue en la noche, cuando no estaba trabajando.
Afortunadamente esto no pasó a mayores, pero este sujeto estuvo a punto de originar una tragedia por andar en estado de ebriedad.
Debe ser delito expedir licencias de construcción en las zonas de riesgo
El Sudcaliforniano
19 de septiembre de 2011
Aracely Hernández F.
La Paz, Baja California Sur.- A fin de promover el desarrollo sustentable y ordenado en los centros urbanos, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) propondrá al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que tipifique como delito la autorización de licencias de construcción en zonas de riesgo; esto es, en laderas o márgenes de ríos y arroyos, donde se pone en riesgo la integridad física de las personas donde ya que el 37 % de la población vive en zona de riesgo, de acuerdo a datos de la ONU Hábitat.
En este sentido, Carlos Corona León, encargado del despacho de la SEDESOL, resaltó que el secretario Heriberto Félix Guerra propondrá ante el poder Legislativo dicha iniciativa de ley, toda vez que es necesario promover un desarrollo urbano sustentable, que fortalezca el tejido social y lleve el desarrollo a los polígonos marginales.
Así lo anunció, previo a que el próximo 3 de octubre, México será la sede del Día Mundial del Hábitat 2011, que organiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Externó que el crecimiento desordenado de las ciudades provoca inseguridad, violencia y criminalidad, por lo cual debemos alentar un nuevo modelo de desarrollo de vivienda que fortalezca el tejido social y promueva la convivencia familiar y vecinal, con el propósito de desalentar la drogadicción y el alcoholismo entre los jóvenes.
Además, señaló que derivado de los problemas de irregularidad y dispersión, persisten rezagos en materia de infraestructura, equipamiento y servicios, se le suma a este problema social el deterioro del medio ambiente.
Corona León indicó que de acuerdo a la ONU Hábitat, el 37 % de la población urbana vive en asentamientos irregulares, sin acceso a servicios básicos y alejada del tejido urbano, de la cual una proporción importante se encuentra en situación de pobreza, por lo que enfrentan un alto riesgo en su integridad y patrimonio por estar asentados en terrenos expuestos a contingencias naturales.
En la SEDESOL le hemos apostado al ser humano como eje de cada una de nuestras acciones, por ello estamos trabajando para dejar atrás las acciones aisladas, los viejos paradigmas y transitar hacia un auténtico modelo de desarrollo urbano integral, para avanzar hacia ciudades que sean ambiental, social y económicamente sustentables, enfatizó el funcionario federal.
Agregó que el próximo 3 de octubre la ciudad de Aguascalientes será sede del Día Mundial del Hábitat 2011, que organiza la ONU, donde expertos y académicos del país y de otras naciones analizarán los desafíos que presenta el entorno al crecimiento urbano y la forma en que inciden los gobiernos para frenar los efectos que trae consigo el cambio climático.
La Paz, Baja California Sur.- A fin de promover el desarrollo sustentable y ordenado en los centros urbanos, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) propondrá al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que tipifique como delito la autorización de licencias de construcción en zonas de riesgo; esto es, en laderas o márgenes de ríos y arroyos, donde se pone en riesgo la integridad física de las personas donde ya que el 37 % de la población vive en zona de riesgo, de acuerdo a datos de la ONU Hábitat.
En este sentido, Carlos Corona León, encargado del despacho de la SEDESOL, resaltó que el secretario Heriberto Félix Guerra propondrá ante el poder Legislativo dicha iniciativa de ley, toda vez que es necesario promover un desarrollo urbano sustentable, que fortalezca el tejido social y lleve el desarrollo a los polígonos marginales.
Así lo anunció, previo a que el próximo 3 de octubre, México será la sede del Día Mundial del Hábitat 2011, que organiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Externó que el crecimiento desordenado de las ciudades provoca inseguridad, violencia y criminalidad, por lo cual debemos alentar un nuevo modelo de desarrollo de vivienda que fortalezca el tejido social y promueva la convivencia familiar y vecinal, con el propósito de desalentar la drogadicción y el alcoholismo entre los jóvenes.
Además, señaló que derivado de los problemas de irregularidad y dispersión, persisten rezagos en materia de infraestructura, equipamiento y servicios, se le suma a este problema social el deterioro del medio ambiente.
Corona León indicó que de acuerdo a la ONU Hábitat, el 37 % de la población urbana vive en asentamientos irregulares, sin acceso a servicios básicos y alejada del tejido urbano, de la cual una proporción importante se encuentra en situación de pobreza, por lo que enfrentan un alto riesgo en su integridad y patrimonio por estar asentados en terrenos expuestos a contingencias naturales.
En la SEDESOL le hemos apostado al ser humano como eje de cada una de nuestras acciones, por ello estamos trabajando para dejar atrás las acciones aisladas, los viejos paradigmas y transitar hacia un auténtico modelo de desarrollo urbano integral, para avanzar hacia ciudades que sean ambiental, social y económicamente sustentables, enfatizó el funcionario federal.
Agregó que el próximo 3 de octubre la ciudad de Aguascalientes será sede del Día Mundial del Hábitat 2011, que organiza la ONU, donde expertos y académicos del país y de otras naciones analizarán los desafíos que presenta el entorno al crecimiento urbano y la forma en que inciden los gobiernos para frenar los efectos que trae consigo el cambio climático.
TRIBUNA
Caen otros tres presuntos implicados en el cuádruple asesinato
Cabo San Lucas.
Manuel Espinoza
Manuel Espinoza
Las autoridades ministeriales dieron a conocer ayer el arraigo de tres sujetos que estarían ligados con el grupo armado que perpetrara dos asesinatos en Migriño y dos más en fraccionamiento de Cabo San Lucas
El titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de San José del Cabo, ratificó el arraigo domiciliario decretado por el agente del Ministerio Público del Fuero Común especializado en homicidios zona Sur, en contra de tres personas que de acuerdo a las investigaciones, están relacionados con el cuádruple homicidio cometido en Cabo San Lucas el pasado cuatro de agosto, y por el cual se encuentran sujetas a proceso cuatro detenidos.
Se trata de Néstor Adrián Vélez Victorio, Ermes Heladio Rivera Reyes y José Román Cota, que de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el seguimiento a las investigaciones del caso, se llegó a la captura de dichas personas y desde el pasado 15 de septiembre quedaron sujetos a la medida cautelar, como presuntos responsables de los delitos de secuestro, homicidio y homicidio en grado de tentativa.
Del caso, se recuerda que durante la madrugada del cuatro y cinco de agosto, fueron encontrados sin vida dos hombres en el arroyo Migriño y otros más en una casa del fraccionamiento Casa Blanca, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, así como una mujer lesionada, actualmente fuera de peligro, y por cuyos hechos se detuvo a José Ramón Montes Hernández, Julio César Chávez García y/o Alejandro Hernández Hernández Jesús Javier Cruz Rivero y Martín Martínez Sandoval.
Los cuatro están implicados en los homicidios de Fidel Valenzuela Sánchez, Octavio Herrera López, Eleazar García Gómez y Heriberto Enríquez Cejudo, por lo que actualmente se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José del Cabo, tras que el juez les dictara auto de formal procesamiento.
Sobre la captura de los otros tres sujetos, la Procuraduría del Estado señala que el pasado nueve de septiembre se tuvo conocimiento del ingreso al hospital general de Cabo San Lucas, de una persona lesionada a golpes, la cual refería haber sido privada de su libertad durante varios días, hasta que pudo escapar al igual que otro cautivo que permanecía junto con él, tomando cada quien por rumbos diferentes tras huir de sus captores.
El fiscal especial sobre homicidios dolosos en la zona Sur del estado, Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales, ubicaron el lugar del cautiverio donde se constituyeron para iniciar las investigaciones, contactando al lesionado de nombre Néstor Adrián Vélez Victorio, alias “El Cuervo”, ayudante de herrero y vecino de San José Viejo, en San José del Cabo, quien manifestaría haber sido privado de su libertad cuando se desplazaba por la colonia Jacarandas, en Cabo San Lucas.
Sin embargo, en un segundo interrogatorio cayó en contradicciones, por lo que al ampliarse las investigaciones, la supuesta víctima de agresión terminó por ser ubicada como parte del grupo armado que había participado en el secuestro de las personas Eleazar García Gómez y Octavio Herrera López, encontradas sin vida en el fraccionamiento Casa Blanca, así como del secuestro de la mujer sobreviviente.
Tras las nuevas revelaciones de más implicados en los recientes hechos de sangre que sacudieran a Cabo San Lucas, los agentes investigadores se encaminaron a la captura de otros presuntos cómplices, Ermes Heladio Rivera Reyes y José Román Cota Piñuelas, de quienes hasta al momento las pesquisas los ubican como parte de este grupo violento.
Se señaló que los dos últimos detenidos tenían la función de prestar apoyo logístico e información para la ejecución de las operaciones delictivas que desarrollaban en la zona de Los Cabos.
Por tal motivo, se les decretó la medida cautelar para evitar que evadan la acción de la justicia, quedando sujetos al arraigo domiciliario por el término de 30 días.
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Expectativas y desilusiones ofrece la Procuraduría en los casos Jonathan y Lisset
En cuanto al caso Jonathan, un caso que ha sido manchado por políticos, usándolo de estandarte en sus campañas electorales, un caso que esconde los secretos más turbios del narcisismo y que ha expuesto la incompetencia de la PGJE, el procurador se limitó a exponer que “va a haber novedades muy pronto sobre ese asunto”.
Expectativas y desilusiones ofrece la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acerca de los casos Jonathan y Lisset. Uno de ellos pronto ofrecerá resultados completamente nuevos, mientras que en el otro sólo se han tocado puertas falsas hasta el momento, expuso Gamil Arreola Leal, titular de la dependencia estatal de seguridad.
Desde asesinatos de policías emboscados y acribillados con AK-47 o presuntamente planeados desde oficinas de la propia corporación de seguridad, pasando por violaciones en serie a mujeres y secuestro y homicidio de menores, hasta abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y peculado, son algunos de los delitos perpetuados en el Estado en los últimos años, sin embargo dos casos fueron los que detonaron la ola declarada de desconfianza hacia las instituciones de seguridad pública por parte de la ciudadanía: la muerte de Jonathan Hernández Ascencio, donde se ha mencionado la participación de hijos de funcionarios –más o menos los mismos funcionarios acusados de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y peculado-, y la desaparición de la niña Lisset Soto Salinas hace casi un año, el 14 de octubre del 2010.
Acerca de este último caso, Arreola Leal comentó este fin de semana que “se siguen haciendo las investigaciones” y que han “acudido a varias líneas de investigación. Desafortunadamente han sido puertas falsas”. A pesar de esto y el tiempo transcurrido, afirma que continuarán “insistiendo”, esperando “encontrar a la niña con bien”. Detallando acerca del trabajo realizado, informó que la procuraduría continúa con entrevistas pertinentes y recorridos a diversas zonas del Estado, así como a otras entidades, “desafortunadamente no ha habido las noticias esperadas”, dijo.
En cuanto al caso Jonathan, un caso que ha sido manchado por políticos, usándolo de estandarte en sus campañas electorales, un caso que esconde los secretos más turbios del narcisismo y que ha expuesto la incompetencia de la PGJE, el procurador se limitó a exponer que “va a haber novedades muy pronto sobre ese asunto”.
Buscan tipificar como delito grave autorizar construcciones en zonas de riesgo
Se debe castigar a líderes y funcionarios irresponsables
La propuesta de SEDESOL de tipificar como delito dar licencias en zona de riesgo debe prosperar
La propuesta de SEDESOL de tipificar como delito dar licencias en zona de riesgo debe prosperar
Heriberto Félix Guerra, secretario de SEDESOL, dijo que para promover el desarrollo sustentable y ordenado en los centros urbanos, propondrá al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley que tipifique como delito la autorización de licencias de construcción en zonas de riesgo.
Es lamentable que mientras los comerciantes bien establecidos batallan para mantener sus negocios pagando impuestos y otros caprichos de la autoridad, los invasores cuenten con negocios operando de manera impune, lo cual, no debe darse más, dijeron el presidente de la CANIRAC, Luis Alvarado y el presidente de la UCO, Sebastián Álvarez, en tanto SEDESOL, anunció proponer la iniciativa de tipificar como delito grave, las construcciones en zona de riesgo.
Para nosotros el comercio informal es una competencia desleal que se debe detener, porque este tipo de comerciantes no paga más impuestos que alguna cuota al Ayuntamiento, dijo Luis Alvarado, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados CANIRAC, tras agregar que “ahora si nos vamos a los negocios en zona de invasiones que no tienen autorización de ningún tipo, la competencia desleal es mayor”.
Al igual que el presidente de la Unión de Comerciantes Organizados Sebastián Álvarez, consideró urgente que se tome una medida drástica para evitar que continúen los negocios irregulares en zonas de riesgo como los que aparecen en invasiones de Cabo San Lucas y San José del Cabo.
Yo no responsabilizaría únicamente a los comerciantes irregulares, dijo Sebastián Álvarez, “Creo que la culpa directa es de los funcionarios irresponsables que les permiten ejercer el comercio en zona de riesgo, por ello estamos de acuerdo con la iniciativa que propone la Secretaría de Desarrollo Social, de elevar a rango de delito grave las construcciones en zonas de riesgo porque de esta forma, los funcionarios pensarán dos veces al momento de darles permiso de construir y de dar permiso para algún negocio”.
Lo anterior se deriva de lo que dio a conocer Heriberto Félix Guerra, secretario de SEDESOL, quien dijo que para promover el desarrollo sustentable y ordenado en los centros urbanos, propondrá al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley que tipifique como delito la autorización de licencias de construcción en zonas de riesgo; esto es, en laderas o márgenes de los ríos, donde se pone en riesgo la integridad física de las personas.
Dijo que el crecimiento desordenado de las ciudades provoca inseguridad, violencia y criminalidad, por lo cual debemos alentar un nuevo modelo de desarrollo de vivienda que fortalezca el tejido social y promueva la convivencia familiar y vecinal, con el propósito de desalentar la drogadicción y el alcoholismo entre los jóvenes.
En la mira
Piden nombres de cómplices de César
Anel Marrón entró a una guerra negra
Licitaciones inducidas en agua potable
Pregunto, ¿quién se atreve a investigar?
Al Grano
Anel Marrón entró a una guerra negra
Licitaciones inducidas en agua potable
Pregunto, ¿quién se atreve a investigar?
Al Grano
Una persona de nombre Gerardo Pinto Salgado, me envió un correo electrónico que expresa lo siguiente: “Señor Alonso, usted ha dicho que César Uzcanga no es un invasor solitario y que hay muchos implicados que lo impulsaron a realizar la toma de los terrenos, que ahora lo abandonaron y están pidiendo que se le castigue con todo el rigor de la Ley y los califica de cobardes y desleales, me gustaría que mencionara algunos nombres”.
Sigue diciendo: “También leí su comentario sobre las declaraciones de la regidora Anel Marrón y créame que pienso lo mismo que usted, la regidora entró a una carrera donde las apuestas las hacen los que están involucrados en los juegos ilícitos y la señora Regidora puede ser leña de un fogón que le puede quemar los pies”.
Mire usted amigo Gerardo, los nombres de los implicados en el delito de fraude, los di a conocer en el mismo comentario que usted leyó, por otra parte, tanto el procurador de Justicia Gamil Arreola Leal y el presidente de Inmobiliaria IBC, Ángel Salvador Ceseña, me pidieron no dar los nombres de los implicados hasta que sean detenidos, sin embargo, por lo pronto le comentó que hasta el viernes, había 16 nombres de personas involucradas entre las que están cinco funcionarios municipales.
En cuanto a la regidora Anel Marrón, quiero comentarle que no entró gratis al fogón de donde dice que saldrá quemada de los pies, por el contrario, según datos que han proporcionado algunos clientes de César Uzcanga, la regidora Anel Marrón adquirió dos terrenos en la manzana número 15 del predio La Ballena.
Así también seis regidores de la anterior administración, igual que lo hicieron familiares de Leonel Cota Montaño entre ellos su propia hermana Rosa Delia y Erik Rodríguez y su padre Gilberto Rodríguez del Rosal, así como el señor Francisco Gómez, hermano de la esposa del ex Gobernador entre otros personajes integrantes de colegios y cámaras que hoy quieren crucificar a Uzcanga.
Así las cosas, la Regidora defiende posiblemente una parvada de gaviotas blancas que estando en el pantano, suponen que no han ensuciado su plumaje.
LAS LICITACIONES INDUCIDAS
Constantemente me pregunto las razones por las que en el Organismo Operador del Agua, las licitaciones las ganan Arturo Romero Sillas y sus hermanos además de una empresa mazatleca de nombre CONSTRUCCIONES BORQUEZ, empresa que por cierto, hizo una serie de obras con la Administración Portuaria Integral y en coordinación con otra empresa de nombre GRAVI propiedad del otrora intocable empresario Luis Caños Hernández.
Pues bien, hace poco se realizó una licitación nacional para construir la Planta de Tratamiento de Los Cangrejos y esta empresa, Construcciones Bojórquez, que desde agua potable protege el ingeniero Gavaráin, se adjudicará la importante obra como un compromiso de campaña.
Mire usted, a reserva de ir más a fondo en la investigación, quiero comentarles que me informaron que Construcciones Bojórquez, cometió una serie de irregularidades en tres de sus contratos con el API-BCS en las obras del Par Vial de Cabo San Lucas, en cantidades de conceptos cobrados y no ejecutados y cobrados 3 veces (dos en un contrato y una en otros).
Según la información que he obtenido, una irregularidad grave está en la demolición del pavimento frente al Squid Roe de Cabo San Lucas). Y es que tenía una supervisión externa que no daba datos a la contraloría municipal y estatal, se trata de la empresa Ingeniería y Consultoría del Cabo dirigida por el ingeniero Morales.
Este es un problema grave porque después de cuatro meses de detectarse estas irregularidades por el Gobierno de Marcos Covarrubias, se está a punto de dar carpetazo porque la garantía de los trabajos del Par Vial y del Pabellón Cultural, vencen en este mes de noviembre y los regidores de Los Cabos han guardado total silencio.
AL GRANO
Otras de las fechorías ocurrió con Bojórquez, es en agua potable cuando Borquez vs Constructora Mar de Cortéz participaban en concursos de invitación a cuando menos tres y estas empresas tienen socios en común y según la ley de obras públicas es motivo de descalificación, pero aun así los dejaban porque eran concursos amañados… Hasta aquí por hoy.
SEMANARIO ZETA
Familia: Inconsistencias en caso Haziel
A pesar de confesión y encarcelamiento de padrastro y su sobrino
21 días tomó a científicos determinar que los restos encontrados en El Salitral el 19 de agosto, eran los del menor desaparecido en Ensenada. Sin embargo, familiares no los reconocen como válidos. Ni siquiera considerando la declaración de la ex pareja sentimental de la madre, quien dijo, asesinó al niño para consolidar su relación con la mujer. Lo mataron a sangre fría el mismo día que lo desaparecieron.
Ricardo Meza Godoy
Carla Fuentes no se resigna.
Por más que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le ha informado que el cuerpo localizado el 19 de agosto en El Salitral es el de su hijo Haziel, ella no lo cree.
La última ocasión que vio al menor fue el 26 de julio, cuando éste salió de su hogar para jugar en un parque cercano a la casa. De once años, el chamaco acudió a relajarse y encontró a sus verdugos.
El procurador Rommel Moreno Manjarrez lo había adelantado a ZETA. La línea de investigación más sólida se basaba en la última pareja sentimental de la mamá de Haziel. Y así fue.
Joel Reyna Rodríguez confesó. Mató al hijo de su pareja porque deseaba consolidar la relación sentimental con la mujer sin distracciones. El pequeño Haziel le resultaba un obstáculo al hombre.
Pero ni la confesión de su ex pareja, ni el hecho que haya utilizado su vehículo, ni las pruebas de genética que ligan el cuerpo de El Salitral con ella, son elementos suficientes para Carla Fuentes. Ella espera que su vástago siga vivo. Aún lo busca. Las mantas de auxilio en la recolección de datos, siguen ondeando en el puerto y otros municipios.
A la mujer y a su familia les es suficiente una apreciación para pensar que los investigadores, peritos y científicos de la Procuraduría General del Estado, están equivocados. Cuando acudieron al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en un intento por confirmar la identidad de Haziel Ruiz en el cuerpo sin vida de El Salitral, lo vieron más largo. De una estatura mayor a la de su hijo. Una extremidad superior les pareció no proporcionada a la edad y característica del niño perdido.
Paola Fuentes, tía de Haziel, explicó a ZETA que el trato de las autoridades hacia ellos no ha sido bueno. La información se les ha ocultado una y otra vez desde que fue descubierto el cuerpo en El Salitral. Nunca se les dio aviso, se enteraron por la prensa.
Tampoco les pidieron acudir a identificar el cuerpo. Solos, los familiares del niño desaparecido fueron al Servicio Médico Forense y pidieron ver el cuerpo. Lo vieron y no quedaron convencidos, pero en la Procuraduría de Justicia del Estado, tampoco dieron seguimiento a sus inquietudes.
Esa es la percepción de la familia de Haziel.
Para Paola existen distintos elementos que la hacen dudar sobre la identidad del cuerpo de El Salitral, como ya se mencionó, la dentadura es uno de ellos. Haziel necesitaba frenos y el cráneo que les mostraron tenía los dientes “parejitos”, dijo. El otro, la estatura, que en un principio, tras la aparición del cuerpo, al preguntar Carla Fuentes a los agentes de la PGJE sobre la estatura del occiso, la estimaron en poco más de 1.50 metros, y la del niño es de 1.45 metros. Cuando Carla Fuentes dijo a los oficiales que entonces no era él, reviraron al decir que la información no era oficial.
El viernes 9 de septiembre, día de la presentación de los resultados de la investigación, a Carla no le entregaron documentación referente a los detalles que la autoridad mencionó públicamente. Tampoco le han entregado, al menos hasta la mañana del lunes 12, expediente alguno o los resultados de las pruebas de ADN.
Al no tener los resultados, la familia aún desconfía y su sensación es como si no los tomaran en cuenta. “Vamos a asegurarnos más.”, dijo Paola en torno a la prueba que desean realizar de manera independiente.
En relación a la entrega de los documentos, personal de la PGJE aseguró el lunes 12 de septiembre que ahí están. Que es cuestión que la madre los solicite formalmente vía el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado, de nombre Juan Carlos Ávila Chavarría. Éste a su vez lo deberá solicitar al Juzgado, para que el juez entregue la documentación al agente, y por último el agente lo entregue a la madre. Así es el protocolo.
No había sospechas
De acuerdo a la tía de Haziel, no hay elementos que la hagan sospechar que Joel Reyna haya sido el autor del crimen, pues no ha visto las pruebas que indicó la PGJE. Sus únicas referencias, son la interacción que tuvo con Reyna Rodríguez, así como la que tuvo con Haziel, no le arrojan datos con los que pudo haberse preocupado.
Aseguró que nunca le tocó ver alguna agresión o maltrato a Haziel por parte de su padrastro. Al menos no en su presencia. Como tampoco cuando estuvo sola con Haziel, éste le hizo algún comentario de incomodidad o queja sobre Joel. Tanto Carla como Paola, han asegurado que Haziel ha sido un niño que inmediatamente habla sobre cualquier situación que le incomode.
Si hubiese recibido algún abuso, lo hubiera dicho de inmediato, señalaron ambas mujeres.
Paola Fuentes fue enfática: Cuando tengan las pruebas en la mano, dejarán de dudar, tanto de la identidad del occiso de El Salitral, como de la culpabilidad de su padrastro y del menor involucrado. No están cerrados en negación, están demandando mayor claridad.
Mientras tanto, el cuerpo que oficialmente es de Haziel no ha sido reclamado. La familia se mantiene firme ante su última esperanza, que el niño siga con vida, y la petición de una madre de llevar a cabo las últimas pruebas en las que recae su tranquilidad, tras vivir un infierno.
Por lo pronto, no han requerido el presunto cuerpo del menor. Los restos localizados en El Salitral el 19 de agosto, siguen sin descanso en un cuarto frío del SEMEFO.
Tía argumenta diferencia en complexión
Paola Fuentes Vargas, tía de Haziel, lo ha declarado:
La dentadura del menor localizado muerto en El Salitral, no corresponde con la estructura dental de su sobrino.
Tampoco, dice, encaja la estatura. La hermana de la madre del menor explicó que al ingresar al SEMEFO y ver el cuerpo, midió la extensión de su brazo con relación al del occiso y no considera que los restos sean de Haziel.
Ellas continuarán con la búsqueda, en tanto no corroboren por cuenta propia y mediante un estudio de ADN particular, la identidad del niño asesinado. Aseguraron que el estudio lo ordenarán en Estados Unidos, para lo cual se proveerá muestra genética de la madre, Carla Fuentes, y del padre, Romualdo Ruiz.
De hecho, el mismo viernes 9 de septiembre, día en que se dio a conocer por parte de la Procuraduría “el esclarecimiento” del caso Haziel, Carla Fuentes firmó ante el Ministerio Público un documento para solicitar le dieran oportunidad de tomar una muestra de ADN, que hasta el lunes 12 de septiembre no había sido recolectada, pues aún no han encontrado un laboratorio que se encargue de hacer ese trabajo.
Mientras tanto, el cuerpo que oficialmente es de Haziel, no ha sido reclamado por nadie y, pese a la información de la PGJE, la familia se mantiene firme ante su última esperanza: que Haziel siga con vida.
Lo mataron el mismo día
Durante más de seis semanas, la desaparición de Haziel Ruiz Fuentes tuvo en vilo a la sociedad porteña.
Pensar el crimen del menor era una situación que no se permitían, pero el viernes 9 de septiembre, de la Procuraduría Estatal, llegó la invitación a una conferencia que alertó el final de la búsqueda:
El cuerpo localizado en El Salitral el 19 de agosto era el de Haziel, y había dos personas detenidas relacionadas con el caso.
El procurador Rommel Moreno y la subprocuradora de Zona en Ensenada, Lidia Gallegos Aguilar; el director local de Averiguaciones previas, Marco A. Chavarría López; la titular de Servicios Periciales de la PGJE, María Guadalupe Licea Castellanos y la directora de Servicios Periciales de la PGJE en Ensenada, María Guadalupe García Nava, fueron los funcionarios que encabezaron la conferencia.
Ahí se especificó: “Derivado del examen de comparativa genética, se ha establecido que el cadáver guarda relación de parentesco biológico con Romualdo Ruiz y Carla Fuentes Vargas, padres del menor”.
Después de 21 días de estudio, se determinó que el niño fue asesinado por asfixia por sofocación. El estimado del tiempo de muerte fue de tres semanas, menos cuatro días. A Haziel lo asesinaron el mismo día que lo desaparecieron, es decir, el 26 de julio.
El funcionario agregó que luego de los trabajos que hicieron agentes de la Policía Ministerial adscritos al grupo de Homicidios, pruebas periciales y diversas diligencias del Ministerio Público, se logró el esclarecimiento del asesinato y se capturó a dos personas responsables del homicidio: El padrastro del menor, Joel Reyna Rodríguez, y su sobrino Arturo “N”, de 17 años de edad, consignados el domingo 11 de septiembre por homicidio calificado.
Reyna se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) local, mientras que el menor fue puesto a disposición del Juzgado para Adolescentes.
A sangre fría
El mismo viernes 9, durante la rueda de prensa, la subprocuradora Lidia Gallegos Aguilar dio lectura de los hechos de manera cronológica, de acuerdo con las declaraciones de uno de los agresores, quien dijo, ya estaba confeso.
El día de la desaparición de Haziel, a las 14:30 horas, el menor se encontraba en las canchas deportivas ubicadas en Calle Granito y Pedro Loyola del fraccionamiento Punta Banda, lugar que abandonó en compañía de Arturo “N” y Joel, este último estacionado a una cuadra del lugar.
Ambos se llevaron a Haziel con engaños, pidiéndole que no avisara en su casa que se iba a ausentar, porque planearían una fiesta sorpresa para su mamá, quien a decir del padrastro, estaba estresada.
Los tres se dirigieron a la playa ubicada a la altura de El Salitral, y en el lugar, con el pretexto de enseñarle a Haziel cómo se efectuaba una llave para someter a un delincuente, siendo un ex policía municipal Joel asfixió a la víctima hasta que ésta perdió el conocimiento.
Luego golpeó al pequeño en el rostro en repetidas ocasiones y le colocó cinta adhesiva en la nariz hasta el mentón. Con ayuda de su sobrino subieron el cuerpo al vehículo propiedad de la madre de Haziel y lo arrojaron en un camino vecinal de la zona de El Salitral, donde Joel lesionó a la víctima en el cuello, con un arma punzocortante. Luego los homicidas huyeron del lugar.
Tras la captura de los implicados, las autoridades establecieron que Reyna Rodríguez planeó el homicidio porque deseaba rehacer su vida con Carla Fuentes Vargas. Así calculó el asesinato con una semana de anticipación, convenciendo a su sobrino de que lo ayudara con su plan, por lo que, a decir de la subprocuradora, Joel Reyna actuó con premeditación, alevosía y ventaja.
Demasiadas evidencias
Al ubicar el cuerpo en El Salitral el 19 de agosto, el cual se encontraba a una distancia de mil 440 metros al Oeste de la carretera transpeninsular, rumbo a la costa, los encargados de Servicios Periciales de la PGJE, de acuerdo a su directora estatal María Guadalupe Licea Castellanos, comenzaron a recabar diversas pruebas científicas.
El cadáver en avanzado estado de descomposición, tenía como vestimenta una camiseta color azul marino con letras blancas, pantalón corto color azul marino y sólo un zapato deportivo, pues le hacía falta una de las extremidades.
En la cabeza tenía cinta adhesiva transparente con una longitud de 26 metros, la camiseta cubría parte de la cabeza. Alrededor del lugar se encontraron otras evidencias como latas, ropa y distintos objetos que fueron recolectados y analizados, pero no arrojaron mayor información. Tampoco la cinta adhesiva que fue sometida a diversas técnicas para búsqueda de huellas dactilares, aportó más datos; por el estado de descomposición del cuerpo, los indicios ya habían sido borrados.
Después, en el SEMEFO se obtuvieron muestras de los huesos para obtener los datos genéticos. Se obtuvo el perfil del cuerpo y se comparó con muestras de la madre y el padre biológico de Haziel, logrando confirmar el parentesco.
El estudio odontológico y las características morfológicas generales del cráneo, basado en el estudio antropológico del cuerpo, arrojó que se trataba de un varón de edad aproximada entre 11 y 12 años.
Las contradicciones tanto del sobrino como de Joel Reyna en relación al lugar en que se encontraban cuando ocurrieron los hechos, aunado a declaraciones de testigos oculares que afirmaban haberlos visto en sitios distintos a los que decían haber estado, fue una de las líneas que permitieron a los agentes determinar la relación con el asesinato.
La evidencia material más contundente fue el vehículo propiedad de Carla Fuentes, madre de Haziel, que utilizaron los dos sujetos para trasladar a Haziel rumbo a El Salitral. El automóvil se encontró y se vio al momento y lugar de los hechos, existiendo testigos y videos de sus movimientos.
La madre de Haziel explicó la subprocuradora Gallegos que nunca sospechó de Joel Reyna, quien de ser encontrado culpable, enfrentará una pena que puede llegar a 50 años de prisión.
Ambos sujetos fueron detenidos el viernes 9 de septiembre, uno en la calle y otro en su trabajo.
Ex funcionarios cínicos
Agundistas solicitan indemnización, sudcalifornianos se indignan.
Tres servidores públicos de primer nivel del sexenio de Narciso Agúndez Montaño presentaron una denuncia laboral exigiendo sean liquidados por seis años de trabajo. El caso es polémico porque los demandantes están sujetos a investigación por saqueo, desvío de recursos públicos y enriquecimiento inexplicable, cuando encabezaron la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Dirección General de Comunicación Social y Coordinación Administrativa de la Oficina del hoy ex gobernador.
Gerardo Zúñiga Pacheco
Los principales responsables del saqueo, desvío de recursos públicos y enriquecimiento inexplicable de la administración del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, hoy son protagonistas de un capítulo más de abuso, y de un hecho por demás insólito, en la historia de Baja California Sur.
Y es que resulta que tras haber dejado el poder después de la derrota del PRD, Jorge Alberto Vale Sánchez, Antonio Alcántar López y Benjamín de la Rosa Escalante, interpusieron por separado una denuncia por despido injustificado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios.
Los ejemplos de los ex titulares de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Dirección General de Comunicación Social y de la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, forman parte de los entre 900 y mil casos que se están ventilando actualmente en este tribunal y que corresponden al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como ayuntamientos locales.
Durante una entrevista con ZETA, el presidente de este tribunal, Luis Fernando Salgado Miranda, confirmó que sí existen denuncias laborales interpuestas por ex funcionarios de primer nivel del sexenio pasado, sin embargo, se negó a proporcionar los nombres por “cuestiones de secrecía”.
Sobre estas denuncias dijo que “el tribunal habrá de resolver conforme a la Ley, porque los ex funcionarios al igual que cualquier trabajador o servidor público, tiene derecho a demandar y que sea un tribunal el que resuelva su caso”.
El tema ha generado bastantes suspicacias entre la barra de abogados, ya que, según la opinión de algunos integrantes, las denuncias laborales por despido injustificado de los ex funcionarios del PRD están más que nada encaminadas a buscar una negociación de tipo político, es decir, garantizar impunidad, a cambio de retirar la denuncia laboral.
Los litigantes recordaron que hay en puerta acciones legales en su contra porque no se comprobaron muchos recursos públicos, y dijeron que casos como el de Jorge Vale Sánchez y Antonio Alcántar López fueron de los más cuestionados en el pasado gobierno del estado.
— ¿Cuánto tarda en resolverse un caso de éstos?, se le preguntó al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado y Municipios.
“Depende de la disposición de las partes, como se puede resolver inmediatamente o puede durar el litigio más de dos años”.
—En cuanto a ex funcionarios, ¿podría decirnos, en caso de ganar, si se pagaría únicamente la liquidación o también salarios caídos?
“Bueno, es como marca la Ley y desde luego que estamos hablando de salarios caídos y de una liquidación por seis años de trabajo, obviamente sí llegarán a ganar el juicio que este caso, nosotros tratamos primero de conciliar a las partes y llegar a un acuerdo, y de no darse, bueno, el caso se resuelve conforme a Derecho”.
Las reacciones
Para los expertos en Derecho, el caso de los ex funcionarios está perdido de antemano porque la Constitución Política de Baja California Sur es bastante clara respecto a las facultades del Jefe del Ejecutivo.
En su artículo 79, fracción III, se establece que el gobernador en turno podrá “nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, y demás funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en la Constitución o en las Leyes”.
Por lo tanto y considerando el cuestionable desempeño de los ex funcionarios, además de que provenían de un proyecto distinto, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, colocó en esos cargos a gente de su entera confianza.
“Como funcionarios que fueron del gobierno anterior están en todo su derecho, y si hay algo que pedir o reclamar que lo hagan, aunque no hayan salido en las mejores condiciones de sus cargos”, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso del Estado, Luis Martín Pérez Murrieta.
Durante una entrevista con ZETA, el legislador dijo que el gobierno de Narciso Agúndez Montaño no fue muy del agrado de la mayoría de los sudcalifornianos, y si el caso de los ex funcionarios estuviera en manos de la ciudadanía y del escrutinio público, tendría que ser en función de los resultados y el desempeño en su paso por la administración pública. Sin embargo, aclaró que hay una ley y los ex funcionarios están en todo su derecho de solicitar una indemnización.
— ¿De cuánto?
“No lo sé, me gustaría a mí que hubiera no sólo en Baja California Sur sino en México, un mecanismo para que nos ganáramos no sólo las indemnizaciones, según haya sido nuestro desempeño y productividad en el paso por la administración pública, sin embargo, desgraciadamente, no lo tenemos y la Ley establece que cuando a ti te liquidan debe haber un pago o una indemnización y ése es el derecho del trabajador, sea injusto o no”.
Para los abogados, el asunto de los ex funcionarios está sentando un precedente histórico en cuanto a que, independientemente de la resolución que pueda darse en un futuro, los legisladores deberían trabajar en la materia para renovar las leyes y obligar a los jefes de estado a que sus colaboradores firmen un contrato de trabajo, donde se establezcan claramente las condiciones laborales y la duración del contrato.
Así los funcionarios tendrían amarradas las manos y se evitarían casos desagradables y suspicaces como el de los ex servidores públicos ahora cuestionados, aunque desde el principio de la administración, y aún sin una reforma en la materia, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor se adelantó, y según una entrevista concedida a ZETA y publicada en su edición 1931, los elementos de su administración firmarían de arranque su renuncia “porque si en un momento dado, no estaban realizando su trabajo bien, o simplemente, no llenaban las expectativas, serían retirados”.
“Siento que es una herramienta indispensable”, consideró el gobernador del PAN.
Los nuevos ricos
Con Jorge Alberto Vale Sánchez y Francisco Antonio Alcántar López están en el centro del escenario, luego de haber formado parte de la élite del gobierno del estado en el sexenio en el que Narciso Agúndez Montaño se convirtió en el principal protagonista de un enriquecimiento impune e inexplicable.
Sin el antiguo disimulo, los funcionarios públicos de primera línea del gobernador perredista pasaron de vivir en modestas casas de interés social a ostentosas residencias. De empleados, se convirtieron en sujetos acaudalados, y las propiedades que hoy poseen, nunca pudieron ser justificadas con sus ingresos que percibieron en todo el sexenio.
La administración de Agúndez le dio a Vale y Alcántar, acceso a todos aquellos lujos que fuera del erario no tenían: viviendas de lujo en fraccionamientos exclusivos, pisos de vitro, finos acabados, muebles de primer mundo; estrenaron vehículos último modelo, que están a su disposición y de sus familiares más cercanos, todo esto lo disfrutaron apenas habiendo tomado posesión de sus cargos en marzo del 2005.
El desarrollo y el progreso que Narciso Agúndez Montaño dibujó en su plan de trabajo para los sudcalifornianos –cuando asumió la gubernatura–, llegó al menos a las casas de estos servidores públicos que se despacharon “con la cuchara grande”.
Ahora sus residencias no tienen punto de comparación con ninguna de las 15 mil casitas que el gobierno perredista entregó al cierre de la administración. En febrero pasado –justo en plena época electoral–, el ex gobernador Agúndez entregó las llaves de 127 casas más para los nuevos colonos de “Lomas Altas” en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, porque estaba muy preocupado de que las familias de bajos recursos, se hicieran de una “vivienda digna”, construida en su mayoría por amigos y familiares del entonces gobernante en turno.
Cuando en abril Jorge Alberto Vale Sánchez y Francisco Antonio Alcántar López dejaron el poder, ya no tenían de qué preocuparse, salvo que fueran a ser investigados por el nuevo gobierno luego de que el PRD perdiera el poder.
Por si las dudas, tanto el ex Secretario de Promoción y Desarrollo Económico, como el ex Director General de Comunicación Social, pusieron a nombre de sus esposas, María Antonieta Carreño Moreno y Monserrat Pérez Robinson, algunas de sus ostentosas propiedades, mientras las humildes casas que alguna vez habitaron en el barrio bravo de la populosa colonia “8 de octubre” y del fraccionamiento “Los Girasoles” de La Paz está hoy en el olvido. La riqueza de ambos ex funcionarios es de sobra conocida y quedó documentada en las páginas de ZETA.
Investigan a 15 Agundistas
Falta el líder de la “banda” de invasores de Uzcanga
La captura de César Uzcanga es el inicio de las pesquisas para responsabilizar penalmente a los implicados en la invasión de “La Ballena” en San José del Cabo. Están sujetos a investigación Luis Armando Díaz, así como Narciso y José Antonio Agúndez Montaño. También cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Los Cabos, dos ex titulares de la PGJE, tres subprocuradores de justicia, un ex AMPFC, un juez penal y el abogado que defiende al compadre del ex gobernador; además de 23 líderes políticos del PRD y del PT.
Gerardo Zúñiga Pacheco
San José del Cabo, Baja California Sur. Definitivamente César Uzcanga no actuó solo. Detrás de la invasión del predio conocido como “La Ballena”, están embarrados líderes políticos de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), directores municipales, ministerios públicos, jueces, ex subprocuradores, ex procuradores, ex secretarios de gobierno y por supuesto, el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, considerado desde un principio el autor intelectual y líder del llamado Grupo de Los Cabos que el 17 de noviembre de 2007, despojó alevosa y premeditadamente de un predio de 665 hectáreas al Ejido San José del Cabo.
En la investigación que sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no únicamente son responsables los autores materiales, sino todos aquellos que por negligencia o complicidad, permitieron y solaparon a quienes desde la cumbre del poder, consumaron la invasión más grande registrada en la historia del estado, con 6 millones 650 mil metros de tierra tomados, tras apoderarse ilícitamente del inmueble valuado en 2 mil 808 millones 214 mil pesos, mismo que fraccionaron para comercializar cerca de 16 mil lotes rústicos a familias de escasos recursos, según dicta la cartografía.
Los autores intelectuales y materiales calcularon llevarse por esta invasión una ganancia total de mil 360 millones de pesos, es decir, mil 144 millones 214 mil pesos menos del valor comercial, a razón de vender cada predio en 85 mil pesos en pagos mensuales de entre 2 mil y 4 mil pesos que eran depositados en una cuenta concentradora a nombre del compadre de Agúndez, César Uzcanga Amador, abierta en Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), bajo el número 0550242019. Hoy se sabe que desde ahí se repartía el dinero entre los principales cabecillas de este negocio.
Por eso el titular de la PGJE, Gamill Arriola Leal, adelantó el 9 de septiembre que la mira no sólo estaba centrada en Uzcanga, sino en más de 15 ex servidores públicos que, abusando de su fuero y poder, otorgaron todo tipo de facilidades al líder visible de esa invasión. Como ejemplos está el haber negado en dos ocasiones una orden de aprehensión girada en su contra, cuando se habría logrado acreditar que el acusado había fotocopiado, el 11 de julio de 2007, un legajo del expediente de denuncias de tierra 705/1883 del predio “La Ballena”, que obra en el archivo histórico de tierras de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia en la ciudad de La Paz, con autorización de la encargada, Mirna Angélica Pérez Medina.
Las fotocopias fueron utilizadas después por el compadre de Agúndez como títulos de propiedad que demostraban que había “comprado” el predio de manera legal, en la ganga de un millón de pesos y en cómodos pagos de hasta 50 mil pesos. Dichas reproducciones fueron validadas por Francisco Karim Martínez Lizárraga, primero en su calidad de notario público número 22, y después como titular de la PGJE en el sexenio pasado.
Muchos cómplices
Datos recabados por ZETA refieren que entre la lista de ex servidores públicos están las siguientes personas:
1. Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador.
2. Luis Armando Díaz, ex presidente municipal de Los Cabos y actual director general de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Los Cabos.
3. José Antonio Agúndez Montaño, ex director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) y actual alcalde de Los Cabos.
4. Jorge Joel Cota Ruiz, ex director de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos; actual delegado municipal de Santiago.
5. Guillermo Marrón Rosas, ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos; actual secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos.
6. José Manuel Curiel, ex director de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos; actual director general del OOMSAPAS de Los Cabos.
7. José Luis Cortés González, ex titular de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos.
8. David Green Moreno, actual director de Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos.
9. Manuel Valdés Rangel, ex director de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología de Los Cabos.
10. Fernando González Rubio Cerecer y Francisco Karim Martínez Lizárraga, ex titulares de la PGJE.
11. Omar Barajas Amador y Hugo Mendoza Núñez, ex subprocuradores de justicia de la zona sur del estado.
12. Noé Leal Lizardi, ex subprocurador de Control de Procesos de la PGJE, y hoy abogado defensor de César Uzcanga Amador.
13. Carlos Vladimir Moyrón Echeverría, ex agente del Ministerio Público del Fuero Común de la PGJE.
14. Sergio Aguilar Navarro, ex juez primero penal y actual juez segundo de Primera Instancia del ramo penal.
Los nombres de los señalados figuran en la lista de los ex servidores públicos sujetos a investigación de una denuncia penal interpuesta originalmente el 22 de enero de 2008, bajo el número de averiguación SJC/025/PAT/2008 por el Ejido San José del Cabo, por los delitos de despojo, daños, asociación delictuosa, coalición de servidores públicos, fraude genérico y fraude específico.
En la lista de indiciados también están líderes políticos del PRD y del PT. Ellos son: Modesta de Jesús Chávez, Jacqueline Díaz Aulis, Pedro Méndez Lagunes, Dolores Ríos Torres, Concepción Merino Costa, Zoila Amador Davis, Marisol Méndez Paz, Juana Jiménez Hernández, Carmen Murillo, David Salas Lievano, Esperanza de Jesús Santiago, Juan Manuel Ojeda Higuera, Rosario Millán Ramírez, Germán Millán Hernández, Palemón Martínez Pacheco, Bonifacio Martínez Pacheco, Ramón Cota Camacho, José Luis Gutiérrez, Yolanda Ramón García, Ernesto Ceseña Márquez, Cipriano Ceseña Márquez y Martín Ceseña Cosío, hermano del ex secretario privado del ex gobernador Agúndez; así como Alberto Ceseña Cosío y Erick del Rosal Cosío, yerno de César Uzcanga Amador.
Las piezas clave en este caso que está por resolverse -a decir de algunos funcionarios la PGJE- son los hermanos Narciso y José Antonio Agúndez Montaño, Luis Armando Díaz, Jorge Joel Cota Ruiz y Erick del Rosal Cosío, yerno de Uzcanga.
El contrato
Tres meses previos a la invasión, César Uzcanga Amador comenzó a reunirse todos los domingos con líderes del PRD y del PT en su domicilio particular de San José del Cabo, Baja California Sur. Entre otras cosas, ellos tenían la encomienda de enlistar a gente necesitada de un terreno.
Los líderes políticos eran el contacto de Uzcanga con los clientes potenciales, los cuales iniciaron un proceso de cobro de enganches para apartar un terreno. Posteriormente y una vez soltando el adelanto, eran integrados a un expediente que constaba del talón original del depósito bancario y una copia de la credencial de elector.
En octubre de 2007, César Uzcanga se reunió justamente con el abogado y notario público de cabecera del ex gobernador Agúndez, Francisco Karim Martínez Lizárraga, en una residencia del exclusivo fraccionamiento de Fidepaz en La Paz. Ahí comenzaron a preparar las primeras acciones previas a la invasión. Ese día Uzcanga firmó un contrato simple de promesa de compraventa con Martín Ceseña Cosío, hermano del entonces secretario privado del gobernador, Alberto Ceseña Cosío.
El contrato de siete hojas elaborado por Francisco Karim Martínez Lizárraga -con fecha del 16 de octubre de 2007- describía que Martín Ceseña Cosío, apoderado legal de sus primos Ernesto y Cipriano Ceseña Márquez, vendía el terreno supuestamente heredado por Ramón Ceseña a su familia, el cual tenía su origen en un título de propiedad entregado el 31 de diciembre de 1859 en Palacio Nacional, por el entonces Presidente, Benito Juárez.
En el contrato, vendedor y comprador pactaron el precio de compra de un millón de pesos por el terreno, del que jamás establecieron sus dimensiones ni tampoco su ubicación; inclusive en la cláusula tercera, Uzcanga admite que “no conoce la ubicación exacta del bien inmueble” y “sólo sabe que se encuentra dentro de la demarcación del predio ‘La Ballena’, y del cual los vendedores gozan de un porcentaje indiviso”.
En la cláusula quinta, el vendedor entrega “la plena posesión física y jurídica del bien inmueble descrito en el contrato”, y a cambio -dice- “recibe un anticipo de 50 mil pesos, y el resto, ya que quede formalizado (sic) el contrato de compraventa”.
Sin embargo, lo que en realidad sucedió es que ciertamente -y según versión de testigos-, César Uzcanga Amador pagaría el millón de pesos a Martín Ceseña Cosío, bajo el acuerdo de que se sostuviera como el vendedor y heredero de ese predio, en caso de que lo mandaran llamar a declarar, si acaso los verdaderos propietarios interponían una denuncia penal por despojo.
Tal situación salió a flote en una discusión entre Uzcanga y Ceseña, cuando el segundo reclamaba al primero su pago, y en presencia de algunos líderes le increpó: “Si quiero te pago o no te pago, de todas formas, ya firmaste y ya te chingaste, y yo voy a invadir esas tierras, así me cueste la vida o sea lo último que haga, pues yo tengo el respaldo de mi compadre Narciso y de Luis Armando Díaz”.
A principios de noviembre de 2007, Uzcanga citó a toda su gente, entre ellas a Yolanda Ramos García, a fin de que entre todos consiguieran a un grupo de hombres, porque iban a tomar por la fuerza ese predio, custodiado por guardias de seguridad privada y ejidatarios, ya que los representantes legales habían obtenido información previa de que se estaba gestando la invasión.
La mañana del 17 de noviembre de ese año, Uzcanga dijo que ya no podía aguantar más esa situación y que esa tarde tomarían el predio. Por esa razón, regresó de un viaje que estaba haciendo de San José del Cabo a La Paz, cuando fue avisado de que ya tenían a la gente necesaria para cometer el fraude.
El líder visible de la invasión citó a los cabecillas a una reunión urgente en su casa, y cuando todos estaban ahí, hizo una llamada al entonces titular de la PGJE, Fernando González Rubio Cerecer, informándole que ese día perpetrarían la invasión, solicitándole su apoyo cuando hubieran tomado el predio. “Mi compadre ya sabe”, le anticipó.
Una vez que colgó el teléfono, explicó a su gente que ya había platicado con Luis Armando Díaz y Narciso Agúndez Montaño, y que le habían dado “luz verde” para apoderarse de ese terreno del Ejido San José del Cabo.
El compadre de Agúndez les dijo que no se preocuparan, que todo estaba arreglado para que la Policía no se metiera ni interviniera, y que a lo máximo, estarían presentes para evitar una gresca. Desde entonces, César Uzcanga se apoderó ilícitamente de las tierras y comenzó a fraccionarlas y venderlas.
Las irregularidades
Las 665 hectáreas invadidas son parte de una reserva territorial donada al Ejido San José del Cabo en una resolución presidencial publicada el 2 de mayo 1923 en el Diario Oficial de la Federación.
El 1 de mayo de 1937 se levantó un acta de posesión y deslinde relativo a la donación, mientras que el 19 de febrero de 1974 se hizo un plano de ubicación del terreno.
Las tierras del ejido eran para el malogrado Grupo de Los Cabos, un filón de oro, y la oportunidad esperada de agenciarse ilícitamente dinero fácil y de manera rápida. Tan sólo en la primera recaudación o cobro de anticipos, la cabeza visible de la invasión, César Uzcanga, logró llevarse a las bolsas más de 200 millones de pesos por concepto de la venta de 5 mil terrenos, según testimonios que obran en la averiguación previa de la PGJE.
Por eso cuando el comisariado ejidal del Ejido San José del Cabo, integrado por Ángel Salvador Ceseña Burgoin, Silvia Elena Olachea Ojeda y Gil Guadalupe Ceseña de la Peña, presentó el 22 de enero del 2008 la primera denuncia en contra del compadre del ex gobernador Agúndez, la acción no prosperó jurídicamente. Lo habían acusado de despojo, daños y asociación delictuosa.
“Era demasiado dinero e intereses en juego”, según explicó el propio Ángel Salvador Ceseña Burgoin, lo que -aseguró- lo llevó a interponer tres ampliaciones más en la denuncia penal, ya que el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Carlos Vladimir Moyrón Echeverría, y posteriormente el juez Sergio Aguilar Navarro, determinaron que “no se había acreditado el cuerpo del delito de despojo”; aunque en sus resoluciones reconocieron que “no existía un dictamen en materia de topografía que pudiera determinar el área invadida del predio” , ya que “cuando fue a hacer un levantamiento topográfico del terreno invadido, no se pudo accesar, porque los guardias de seguridad negaron el paso y, por tal motivo, tuvo que hacerse el levantamiento con un sistema de posicionamiento global conocido como GPS”.
Ante ese panorama y en virtud de la negligencia y evidente complicidad, el comisariado ejidal radicó una denuncia penal más el 1 de octubre de 2009 por los delitos de coalición de servidores públicos, incumplimiento de un deber legal, ejercicio abusivo de funciones y violación de garantías e impedimentos, previstos y sancionados en los artículos 147 fracción IV, 148 fracción V, 157 fracción I y 190 fracciones V y IX del Código Penal vigente en el estado.
No sólo eso. La complicidad fue tan evidente y burda que cuando César Uzcanga comenzó a desmontar y fraccionar el predio para poder venderlo, el ex director de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos, José Manuel Curiel, no hizo nada en el ámbito de sus atribuciones para sancionar al invasor que carecía de un estudio previo de manifestación e impacto ambiental y cambio de uso de suelo, como establecen las normas municipales de la Ley de Fraccionamientos.
Tampoco actuó conforme a la Ley para que, una vez obtenidas las respectivas licencias, la cabeza visible de la invasión trazara calles y manzanas y construyera casas habitación.
El compadre del ex gobernador Agúndez pisoteó todo tipo de normas y reglamentos, sin que nadie se atreviera a hacer una observación o impedir y sancionar, hasta que el 2 de julio de 2008, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) abrió una investigación bajo el número de expediente PFPA/BCS/54/0047-08, la cual concluyó con una multa de 525 mil 900 pesos, equivalente a 10 mil salarios mínimos, como responsable de haber dañado y desmontado con maquinaria pesada una propiedad del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos -entonces a cargo de José Antonio Agúndez Montaño-, poco más de 300 hectáreas, y haber lotificado y trazado calles sin tener ninguna autorización en materia de impacto ambiental, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
El 28 de mayo de 2008, el titular de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Cabos, Raúl Rodríguez Quintana, reconoció en el oficio DEMA/034/2008 que dentro de la institución “no estaba registrada ninguna solicitud de cambio de uso de suelo por parte de César Uzcanga”, lo que significa que sin más preámbulo, cambió de tierras de uso común a zona habitacional, sin ningún tipo de autorización y sin pagar un centavo de impuestos.
Lo más grave es que Guillermo Rosas Marrón, ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos, a sabiendas de que el predio era una invasión, registró las copias fotostáticas como originales del expediente de denuncias de tierras, bajo el número 705/1883 del predio denominado “La Ballena”, violentando flagrantemente las disposiciones de los documentos registrables y colocando a César Uzcanga en la insólita oportunidad de recibir las claves catastrales de los 16 mil predios que salieron del terreno.
Por lo anterior, Rosas incurrió en una responsabilidad penal al no aplicar el reglamento interno del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos, así como el capítulo del Registro Público del Código Civil del estado, que entre otras cosas refiere que únicamente se registrarán las escrituras o actas notariales y otros documentos auténticos, las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica y los documentos privados que en esta forma fueran validados con arreglo a la Ley, siempre que al calce de los mismos, haya la constancia de que un notario, corredor público o juez competente, validó la autenticidad de las firmas.
Los amparos
Hoy por hoy, ya en la cárcel, el eslabón más débil de la cadena comenzó a romperse, y quienes protegieron a César Uzcanga en el sexenio pasado, desde el 8 de septiembre y al cierre de esta edición, habían recurrido al amparo de los juzgados Primero y Segundo de Distrito en Baja California Sur.
La intención era evitar a toda costa su posible detención tras el anuncio del titular de la PGJE, Gamill Arriola Leal, respecto a que en los próximos días estarían deslindando responsabilidades contra otros implicados en la invasión del predio “La Ballena”.
El primero en solicitar un amparo fue el administrador de la Unión de Colonos Independientes (UCI), José Luis Gutiérrez Murillo, seguido del ex subprocurador de justicia de la zona sur del estado, Hugo Carlos Mendoza Núñez y de Francisco Karim Martínez Lizárraga, ex titular de la PGJE, en contra de los actos del juez primero de Primera Instancia del Ramo Penal.
Otros que también solicitaron protección de la justicia federal, son el ex director de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología de Los Cabos, José Luis Cortés González, y el actual titular de Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos, Abel David Green Moreno.
Por lo pronto, César Uzcanga recibió el martes 13 de septiembre el auto de formal prisión por parte del juez primero de Primera Instancia del Ramo Penal, Francisco Efrén Cabrera Trillas.
A partir de hoy, el compadre del ex gobernador Agúndez tendrá que librar una batalla legal desde adentro del reclusorio, bajo el proceso penal 202/2011, acusado por el delito de fraude específico -por el que no alcanza fianza-, dado a que está tipificado como grave.
Sin embargo, apenas es el primero de un grupo de mafiosos que por más de una década se escudaron en el PRD para enriquecerse impunemente y bajo el amparo del poder, apropiándose de la gubernatura, alcaldías y diputaciones, negocios turísticos, concesiones de taxis, pipas y camiones de acarreos, convirtiéndose en activos promotores de invasiones multimillonarias de tierras. Como es el caso de las 115 hectáreas localizadas en el único terreno que queda libre sobre la Bahía de Cabo San Lucas, donde según una denuncia de directivos de la compañíaInmobiliaria del Cabo, S.A de C.V., un grupo de invasores y hasta el ex titular de la PGJE, Fernando González Rubio Cerecer, solicitaron 300 mil dólares a cambio de salirse de su propiedad, que a la fecha se encuentra en litigio por la doble expedición de claves catastrales entregadas de manera irregular en el gobierno de Luis Armando Díaz.
Cronograma de denuncias penales en el caso de “La Ballena”
| FECHA | NOMBRE | DELITOS | AVERIGUACIÓN PREVIA |
| 22/01/2008 | César Uzcanga Amador | Despojo, daños y asociación delictuosa. | SJC/025/PAT/2008 |
| 21/04/2008 | Jorge Joel Cota Ruiz Erick del Rosal Cosío Modesta de Jesús Chávez Jacqueline Díaz Aulis Pedro Méndez Lagunes Dolores Ríos Torres Concepción Marino Costa Zoila Amador Davis Marisol Méndez Paz Juana Jiménez Hernández Carmen Murillo David Salas Liévano Esperanza de Jesús Santiago Juan Manuel Ojeda Higuera Rosario Millán Ramírez Germán Millán Hernández Palemón Martínez Pacheco Bonifacio Martínez Pacheco Ramón Cota Camacho José Luis Gutiérrez Murillo Yolanda Ramón García | Despojo, daños y asociación delictuosa. | SJC/025/PAT/2008 (Primera ampliación) |
| 21/04/2008 | César Uzcanga Amador Martín Ceseña Cosío Ernesto Ceseña Márquez Cipriano Ceseña Márquez Guillermo Rosas Marrón | Despojo, asociación delictuosa, coalición de servidores públicos. | SJC/025/PAT/2008 (Segunda ampliación) |
| 21/04/2008 | César Uzcanga Amador Martín Ceseña Cosío Ernesto Ceseña Márquez Cipriano Ceseña Márquez José Manuel Curiel José Luis Cortés González | Despojo, daños y asociación delictuosa. | SJC/025/PAT/2008 (Tercera ampliación) |
| 21/04/2008 | César Uzcanga Amador Martín Ceseña Cosío Ernesto Ceseña Márquez Cipriano Ceseña Márquez | Fraude genérico y Fraude específico. | SJC/025/PAT/2008 (Cuarta ampliación) |
| 18/01/2010 | Sergio Aguilar Navarro | Incumplimiento de un deber legal y violación de garantías e impedimento. | LPZ/07/SPB/2010 |
| 18/01/2010 | Fernando González Rubio Cerecer Noé Real Lizardi Carlos Vladimir Moyrón Echeverría | Contra la administración pública cometidos por sus servidores, incumplimiento de un deber legal, violación de garantías e impedimento. | |
| 18/01/2010 | Manuel Rangel Valdés | Abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. | SJC/025/PAT/2008 (Quinta ampliación) |
| 15/06/2011 | César Uzcanga Amador | Fraude específico, | LAP/077/PAT/2011 |
JORNADA
El Senado aprobó que se investigue a Mauricio Limón y a Enrique González, de Semarnat
Hansa Baja no tiene intención de frenar su plan para Cabo Cortés
Seguimos trabajando para cumplir todas las condicionantes que nos indicó la autoridad de medio ambiente, señaló Jesús Guilabert, director del proyecto turístico de la empresa española
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 52
Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 52
El desarrollo turístico Cabo Cortés, colindante con el parque nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur, sigue adelante. Hansa Baja Invesments no tiene intenciones de frenar el proyecto y continúa con los estudios solicitados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó la empresa.
El martes pasado el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para investigar a funcionarios de la Semarnat que autorizaron el proyecto. En la última resolución del estudio de impacto de ambiental que dio la dependencia en marzo, solicitó a Hansa Baja más estudios para que así obtenga su aprobación definitiva, informó la compañía española.
Esto se da aun con cuestionamientos de científicos nacionales e internacionales sobre los efectos que este plan puede ocasionar al parque arrecifal, el más conservado del mundo, según reportó el estudio Gran recuperación de la biomasa de peces en una reserva marina sin explotación, realizado por Octavio Aburto Oropeza y Exequiel Ezcurra, entre otros expertos, y que reveló que el número total de peces en el ecosistema de la reserva se incrementó en más de 460 por ciento de 1999 a 2009.
De acuerdo con información de la subsidiaria de la española Hansa Urbana, este plan no está ni frenado ni estancado, seguimos trabajando para dar cumplimiento a todas las condicionantes que la autoridad de medio ambiente nos indicó.
Aseguró que los estudios realizados han demostrado que ninguna de las obras afectará el parque nacional, y que, por el contrario, Cabo Cortés contribuirá con recursos económicos a la protección y mejora del Parque Nacional de Cabo Pulmo, señaló Jesús Guilabert Boyer, director del proyecto.
También rechazó que este plan tenga algún parecido con Cancún, es una demagogia la comparación entre ambos. Detalló que en el centro turístico de Quintana Roo hay en más de 27 kilómetros de playa unos 100 hoteles, innumerables plazas comerciales, centros nocturnos, marinas y más de 250 restaurantes que reciben un millón de visitantes anuales en 28 mil cuartos de hotel.
Cabo Cortés se desarrollará en 3 mil 800 hectáreas, de las cuales 70 por ciento se destinarán a reserva ecológica, y el proyecto inmobiliario de 27 mil cuartos será en el resto de la superficie,en la zona más alejada del Parque de Cabo Pulmo, precisamente para poder garantizar la no afección negativa al mismo.
Este desarrollo, de acuerdo con información de la propia empresa, se destinará en 90 por ciento al turismo de Estados Unidos y Canadá.
Hansa Baja indicó que está comprometida con el desarrollo de las poblaciones cercanas al plan, por lo que hizo una inversión millonaria en la construcción del hospital de la Ribera, habrá habitaciones en Cabo Cortés para empleados, se dará prioridad a los trabajadores de la zona en la contratación de servicios y se firmarán convenios con organizaciones de pescadores y gremios de profesionistas para crear una futura bolsa de trabajo para el proyecto.
El Senado de la República aprobó el martes 13 un punto de acuerdo en el cual se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que realice una investigación exhaustiva de la autorización emitida por la Semarnat al proyecto Cabo Cortés.
El punto de acuerdo se refiere al procedimiento de responsabilidad administrativa DE-66/2011, interpuesto por Greenpeace y 5 mil 225 ciudadanos ante la Secretaría de la Función Pública, en contra de los funcionarios de la Semarnat: Mauricio Limón, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, y Enrique González, ex director de Impacto y Riesgo Ambiental, quienes aprobaron el proyecto y ponen en riesgo a Cabo Pulmo, señaló la organización ambientalista.
Precisó que el exhorto de los senadores se suma a las opiniones de otras autoridades claves, como la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, que ha señalado la inviabilidad legal del proyecto, dado que contraviene tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos como programas sectoriales y legislación.
También mencionó a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que en julio de 2009 emitió una opinión negativa sobre el informe de impacto ambiental presentado por Hansa, y sobre el impacto potencial del proyecto.
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