VIERNES 06 DE FEBRERO DEL 2015
PENINSULAR DIGITAL
Regional Zona Norte
Se trata de José Adrián Flores Canett
José Adrián Flores Canett
Adonai Carreón Estrada dio posesión a José Adrián Flores Canett como encargado de la Subprocuraduría Regional Zona Norte.
Santa Rosalía, Baja California Sur.- El Procurador General de Justicia del Estado, Adonai Carreón Estrada dio posesión la tarde de este jueves a José Adrián Flores Canett como encargado de la Subprocuraduría Regional Zona Norte, con sede en Santa Rosalía.
Carreón Estrada dialogó con Agentes del Ministerio Públicos del Fuero Común, Policía Ministerial del Estado y Peritos adscritos en la zona norte del Estado, a quienes conminó “a redoblar el esfuerzo realizado hasta el momento, y señaló que el servidor público que labora en la Procuraduría General de Justicia del Estado debe de ser sensible ante la ciudadanía, y observar los principios de equidad, transparencia, debido proceso y respeto a los derechos humanos, en la integración de las averiguaciones previas”.
El Procurador realiza supervisión técnico jurídica a las Agencias del Ministerio Público y Comandancias de la Policía Ministerial en el norte del estado, acompañado por el licenciado, Isaí Arias Famanía subprocurador de Investigaciones Especiales, Juan Carlos de Jesús Jiménez Pérez director de la Policía Ministerial del Estado.
El SUDCALIFORNIANO
¡Orden de aprehensión a los notarios: Lira y Amador!
El agente del MP, solicitó al juez penal en turno orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude maquinado por $2,042,262.50 pesos. Foto de archivo: P. Sarabia. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
6 de febrero de 2015
Porfirio Sarabia Pacheco
La Paz, Baja California Sur.- El agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador número tres, solicitó al juez penal en turno, orden de aprehensión contra los Notarios Públicos: Carlos Enrique Lira Padilla - 27- y Oscar Amador Encinas -09-, como presuntos responsables por el delito de fraude maquinado en agravio de Alonso Muñoz Arceo, por la cantidad de $2,042,262.50 pesos.
Lo anterior al consignarse la averiguación previa número LPZ/322/AMP3/2014, ante el juez penal en turno. Y de resultar penalmente responsables, podrían alcanzar una penalidad de 8 a 10 años de prisión, según los artículos 310 y 311 del Código Penal vigente y aplicable en el Estado de Baja California Sur, que a la letra dice: Artículo 310.- Al que engañando a alguien o aprovechando del error en que éste se encuentre, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido, se le impondrá prisión de uno a ocho años y hasta cien días de multa.
Y el Artículo 311 refiere: Cuando el fraude se cometa por medio de maquinaciones o artificios, como el uso de documentos falsificados, o la usurpación de funciones. La prisión será de hasta diez años y la multa hasta trescientos días de salario.
Como es del conocimiento público los notarios: Carlos Enrique Lira Padilla y Oscar Amador Encinas, fueron denunciados el 23 de mayo de 2014 por el ofendido afectado Alonso Muñoz Arceo, quien en denuncia de hechos manifestó, que renta a Carlos Enrique Lira Padilla, un inmueble de su propiedad donde tiene su notaría desde el año de 2010, por la cantidad de $12,000.00 pesos mensuales, el cual está ubicado en las calles Ignacio Allende número 1,550 esquina Baja California fraccionamiento Perla de esta ciudad.
En enero de 2014 la renta subió a $14,000.00 pesos. Se descubre la maquinación del fraude por parte de Carlos Enrique Lira Padilla, cuando el arrendador -Alonso Muñoz Arceo- en el mes de mayo de 2014 tramitaba ante un notario público la escritura de dicho inmueble a nombre de uno de sus hijos.
Al solicitar un certificado de libertad de gravamen, se da cuenta que ese bien inmueble se encontraba registrado a nombre de Carlos Enrique Lira Padilla, a través de un contrato de compraventa fraudulento que se llevó a cabo con el licenciado Oscar Amador Encinas, notario público número 09, fechado el 27 de diciembre de 2013.
Siendo perfeccionado y maquinado el fraude durante los meses de octubre y noviembre de 2013. Sin embargo, Carlos Enrique Lira Padilla, le seguía pagando la renta, en enero ya con el aumento pagó la cantidad de $14,000.00 pesos y abonó $8,000.00 pesos para el siguiente mes.
Para maquinar el delito de fraude el notario público Carlos Enrique Lira Padilla, utilizó el nombre de un apoderado legal del afectado de nombre José Luis Vázquez Gaytán -nombre ficticio que no aparece en todas partes ni en el IFE-, mediante un poder notarial de la notaría pública número 3 a cargo del licenciado Carlos Arámburo Romero.
La escritura pública número 18893, volumen 86 de fecha 7 de octubre de 1996, no corresponde a ningún poder notarial, lo que quiere decir que falsificaron el poder.
El ofendido Alonso Muñoz Saucedo, no conoce a su supuesto apoderado legal José Luis Vázquez Gaytán. Existe la certeza que José Luis Vázquez Gaytán, no existe, se falsificó inclusive la credencial de elector con ese nombre.
Por otra parte se desprende que el licenciado Oscar Amador Encinas, notario público número 09, da fe que se pagó ese dinero el día 17 de diciembre de 2013.
En la cláusula 5ª. de esa escritura pública Carlos Enrique Lira Padilla, declara que el bien inmueble, no se encuentra arrendado, faltando a la verdad, ya que inclusive él es el arrendatario, según consta en los recibos anexos a la denuncia presentada.
Sur
El Sudcaliforniano
6 de febrero de 2015
Arturo R. Corona
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- El día de ayer presentó su registro como candidato a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas, quien es originario de Ciudad Constitución. El joven profesionista tiene el respaldo de varias asociaciones civiles para ocupar dicho cargo.
Elías Camargo es un candidato con perfil e integridad para ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, señaló en su carta de recomendación el destacado maestro Enrique Carpizo, presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos.
El candidato Elías Manuel Camargo ha sido directivo del Instituto Sudcaliforniano de Atención a personas con discapacidad del gobierno del estado de Baja California Sur. Combina una formación jurídica solida con experiencia en derechos humanos.
Quienes impulsan a este joven profesionista comundeño, aseguran que tiene el carácter y la experiencia para impulsar una profunda transformación en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que beneficie a la sociedad sudcaliforniana.
En BCS nadie está por encima de la ley
El Sudcaliforniano
6 de febrero de 2015
Arturo R. Corona
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- En Baja California Sur nadie está por encima de la ley, en donde existe un compromiso por hacer valerla, desde los tres niveles de gobierno y la propia sociedad, afirmó el subsecretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Noriega Rangel, en su mensaje como orador oficial en la ceremonia de traslado de poderes por la celebración del XCVIII de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y LXII aniversario de fundación de Ciudad Constitución.
En acto encabezado por el representante del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, el secretario general Luis Andrés Córdova Urrutia, el funcionario estatal hizo énfasis en que el Gobierno del Estado está comprometido con el estado de derecho y obligados al resto a la ley.
"Para el Gobierno del Estado existe una vocación y un compromiso por hacer valer la ley, por ello trabajamos por que la ley sea aplicada, para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. De esta manera todos tenemos un compromiso con nuestra constitución ya que todos los mexicanos tenemos recechos y obligaciones", señaló.
Noriega Rangel enfatizó que en Baja California Sur existen instituciones fortalecidas por la carta magna de los mexicanos y hoy a 98 años de su promulgación, sigue siendo el documento que rige la vida pública y privada de los ciudadanos.
En esta fecha, dijo, se conmemoran 62 años de la fundación de la población agrícola de Ciudad Constitución, que ha sido parte primordial del motor económico del estado, en donde se forjan las generaciones de ciudadanos en valores de la familia y la perseverancia.
En este acto, estuvieron presentes los integrantes del Honorable Tribunal Superior de Justicia encabezados por el magistrado presidente Daniel Gallo Rodríguez y los diputados de la actual legislatura local, Guadalupe Olay Davis, Arturo Torres Ledesma y Santos Rivas, así como representantes de la sociedad civil e instituciones de los tres niveles de gobierno.
Durante la mañana, el secretario general de gobierno Luis Andrés Córdova Urrutia encabezó el acto cívico de guardia de honor y depósito de la ofrenda en el monumento a Agustín Olachea Avilés, forjador del valle de
Santo Domingo dentro de las festividades del 62 aniversario de esta cabecera municipal.
Por su parte el encargado de la Presidencia Municipal de Comondú, Ubaldo Flores Vergara, en su intervención dijo: "No basta al individuo con querer ser libre, es necesario ser libre bajo el amparo de la Constitución política y cumplir con lo que la ley establece".
Flores Vergara destacó que era un orgullo vivir en esta ciudad que lleva el nombre de nuestra Carta Magna, donde sus habitantes y autoridades procuramos convivir al amparo de sus garantías individuales.
TRIBUNA
Investigan “trabajo interno” en caso de robo a Tesorería, los ladrones sabían donde estaban las cajas
Tribuna Digital
San José del Cabo.-En sus primeras investigaciones en torno al robo de 3.49 millones de pesos a la Tesorería Municipal, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha encontrado inconsistencias entre las evidencias y el relato del único testigo del crimen; el policía municipal de guardia en el edificio.
Fuentes al interior de la PGJE revelaron a Tribuna de Los Cabos que una de las situaciones que más llaman la atención es el hecho que tanto el radio que los asaltantes le habrían quitado al vigilante, como su arma de cargo, según la propia versión del testigo, fueron dejadas dentro del mismo edificio por los sospechosos.
Indicaron que de acuerdo a las declaraciones del policía Raúl Orozco, el radio quedó tirado en el patio del palacio, donde lo tomó para hacer la llamada de auxilio, en tanto que su arma de cargo fue encontraba al pie de un árbol dentro del mismo patio.
Señalaron que es extraño que una vez que lo habían despojado tanto del radio, como del arma, al final los hayan dejado en el mismo edificio.
En cuanto a cómo y por dónde entraron los asaltantes se ha identificado que lo hicieron por un portón ubicado a un costado del palacio que se encuentra en mal estado por el paso del huracán Odile, pero no la habrían abierto por la fuerza, sino brincándola y alguno de los sospechosos abrió por dentro.
Sin embargo, también llama la atención de los investigadores el hecho de que el vigilante no se hubiera alertado por el ruido que habrían hecho los atracadores al momento de abrir la puerta.
También destaca el hecho que desde la posición que dice el policía se encontraba al momento de ver entrar a los tres sujetos, debido a la distancia los tendría que haber visto desde varios metros y pudiera haber solicitado apoyo por radio o incluso hacer uso de su arma de cargo, al ver que uno de los asaltantes estaba armado.
Por otro lado, en la declaración del agente aduce que los sujetos violaron al menos 7 puertas para poder acceder a las cajas, pero algunas de las puertas no están violadas del todo.
En otro orden de ideas sobre el caso, los investigadores destacaron que luego de la inspección del lugar de los hechos arroja que al menos uno de los que participaron en el robo conocía plenamente las oficinas y dónde se localizaban las cajas fuertes, ya que no se localizaron signos de que hubieran buscado en otro lugar, por lo que no se descarta que trabajadores dentro de la misma Tesorería podrían estar involucrados en los hechos.
En cuanto a las cajas fuertes también es de interés de los investigadores que de acuerdo a la declaración del policía, sólo dos de los asaltantes habrían manipulado las cajas fuertes, ya que uno de los delincuentes se quedó todo el tiempo con el uniformado apuntándole con el arma.
Sin embargo se destaca que al momento de ser recuperadas como evidencias por la PGJE fueron necesarios 4 hombres para poder mover las cajas fuertes.
Finalmente, la fuente señaló que llama la atención también que dentro del edificio municipal hay un cajero bancario que el día del atraco tenía dinero ya que era quincena y fue ignorado por los asaltantes.
Pedimos cámaras en área de cajas desde el 2013, pero Oficialía Mayor no atendió: Tesorero
Leticia Hernández Vera
San José del Cabo.- Gerardo Manríquez Amador, tesorero municipal dijo que el área a su cargo cumplió con los protocolos establecidos para el ingreso a las arcas públicas, citó que en el 2013 incluso en fechas recientes al 20 de enero por escrito solicitó de Oficialía Mayor la adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia en las áreas de captación de recursos, lo que nunca se atendió y precisó que su responsabilidad implica las políticas de captación de ingresos, pero no la seguridad del municipio, incluyendo por supuesto, la del Palacio Municipal.
El tesorero reaccionó de esta manera al puntualizar que de acuerdo al enunciado 15 Capítulo III de la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, cumplió con los protocolos. Dicho articulado señala que: “El ingreso deberá depositarse en su totalidad, al día hábil siguiente a la fecha de su recaudación, sin excepción alguna, en aquellas localidades donde exista institución bancaria” y reiteró que así se procedió en este caso.
Además dio cuenta de los documentos emitidos con fecha de abril del 2013 y enero del 2015, dirigidos al Oficial Mayor del Ayuntamiento, Edilberto Graciano Chávez, el primero firmado por Manríquez, donde se solicita la instalación de ocho cámaras de seguridad para las oficinas de la Tesorería General Municipal, toda vez que se han suscitado problemas de inseguridad en las cajas recaudadoras. El segundo documento de fecha 20 de este mes firmado por Susana Burgoin Amezquita, donde solicitan un circuito de CSTB (Sistema de Circuito Cerrado) con DVR, con cuatro canales cámaras para visión 24 horas día y noche con monitor y teclado para ser instaladas en el área de las cajas de recaudación de Rentas del Palacio Municipal.
En ambos planteamientos para reforzar la seguridad en el Palacio Municipal no hubo respuesta del Oficial Mayor del Ayuntamiento, citó.
Finalmente comentó que desde el momento que recibió la llamada de la noticia del robo, se trasladó al Palacio, siempre ha estado al pendiente y está en la mejor disponibilidad de coadyuvar para que los responsables de este ilícito paguen, “no fue Gerardo Manríquez el que de manera violenta se metió y violó puertas y cajas fuertes, cumplimos con nuestra responsabilidad de llevar a cabo protocolos y en ese sentido estoy tranquilo, decirle a los ciudadanos que dado los acontecimientos ya se tomaron medidas preventivas, como la instalación de ocho cámaras de vigilancia a partir de hoy y reiteró que está dispuesto a dar la cara y aclarar cualquier situación en la que quede duda”.
Por último reiteró que ya les llegó un citatorio a la directora de ingresos, al recaudador y al responsable de la nómina, está en espera de que pueda llegar su notificación para que de igual manera se presente a declarar, para coadyuvar a que esto llegue a una solución inmediata.
La Paz, Baja California Sur.- Un grupo de unos 40 ciclistas se pronunciaron, la tarde de este jueves en el malecón paceño, a la altura del Molinito, en demanda de que las autoridades los tomen en cuenta a la hora diseñar vialidades y de que los conductores respeten su espacio para circular.
“Más que una manifestación, es una propuesta de sensibilizar a la sociedad” explicó Francisco Aguirre, coordinador del Colectivo BCScicletos quien agregó que con este tipo de acciones se busca “humanizar la vialidad de la ciudad”.
El coordinador del colectivo de ciclistas recordó que en lo que va del año, 4 ciclistas han sido atropellados debido a la inobservancia por parte de los conductores de reglamento de tránsito, incluso del no respeto de las mínimas reglas de convivencia, dijo Aguirre quien agregó que la velocidad máxima de circulación para un automóvil en el malecón es de 30 kilómetros por hora, mientras que el resto del centro es de 15. “Límites que no se respetan”.
“Queremos que el Malecón sea seguro”, dijo Francisco Aguirre “Todos somos hijos, padres, hermanos de alguien que nos espera en casa”.
De igual manera, el activista pidió al Gobierno del estado, específicamente a la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología (SEPUIE) que amplíe la ciclovía.
Además, demandan la instalación de reductores de velocidad en la carretera a Pichilingue, en donde termina “El Molinito”. Esas adecuaciones no están en el proyecto – explica Aguirre—como tampoco las luminarias ni la señalética vertical. “Esto incita al accidente” puntualizó al insistir en la necesidad de que las autoridades tomen en cuenta a los ciclistas de la capital.
caso Asael
Es el temor de los padres del joven asesinado hace ya 4 años
La Paz, Baja California Sur.- La Procuraduría General de Justicia del Estado ha dado muestras de “enfado, cansancio, falta de atención y de interés” para seguir adelante con el caso del homicidio de Asael Valtierra Loya, lamentaron Guadalupe Loya Higuera y Jesús Valtierra García, los padres del joven victimado la tarde del 31 de enero de 2011 quienes temieron que la dependencia ya quiera dar “carpetazo” al sangriento suceso que enlutó a familias comundeñas.
Martín Valtierra lamenta además que a la PGJE “se les haga mucho lo que han hecho. “Ya no quieren seguir investigando, quieren dar “carpetazo” al asunto”, probablemente por que “están aturdidos y cansados con tanta ejecución ocurrida en la capital del estado, lo cual les ha producido un efecto y estado de insensibilidad y dureza hacia el trato con las víctimas del delito y en particular con nosotros”, agregó.
El padre del joven victimado para despojarlo de una fuerte cantidad que llevaba a depositar al banco, denunció el “enfado, cansancio, falta de atención y de interés para atendernos, para escucharnos y darnos información actualizada sobre el asunto ya que de las mas de 100 llamadas que hemos realizado a los secretarios y secretarias (del Procurador y subprocurador) para solicitarles fecha para una audiencia, ninguna nos han contestado o regresado”.
A cuatro años del asesinato de Asael Valtierra Loya, la PGJE “ha presentado avances, algunos de ellos sustantivos, pero a la vez lentos. Sin embargo, consideramos que dichos avances no deben ser tomados como definitivos para cumplir en un 100 por ciento con el acuerdo del día 3 de marzo del 2011, asentado en el triplicado en donde se acuerda que “… con motivo de las investigaciones practicadas se advierte intervención en los hechos delictivos de otras personas posiblemente implicadas, o bien, personas identificadas pero que no se encuentran con elementos probatorios suficientes fundados para ejercitar la acción penal, extráigase copia debidamente certificada de la presente indagatoria y continúese con las investigaciones hasta el total y definitivo esclarecimiento de los hechos” explicó el padre de familia.
Por ello, los Valtierra Loya consideraron que “las investigaciones deben continuar y no dar “carpetazo” al asunto, mucho menos abandonarnos y negarnos la atención y el derecho de audiencia que tenemos como ciudadanos y como victimas del delito, en virtud de que ni el procurador Adonai Carreón Estrada, ni el subprocurador de Investigaciones Especiales, Isaí Arias Famanía, han querido atendernos durante los últimos tres meses”, denunció.
Jesús y Guadalupe señalaron que la forma en que se han llevado las investigaciones les deja muchas dudas e incertidumbre. “Dudas que necesitamos y solicitamos nos sean aclaradas por parte de la Procuraduría. No sabemos que planes tienen torno a este caso. Si piensan continuar con las investigaciones para cumplir cabalmente con el acuerdo del día 3 de marzo del 2011. No sabemos que plan o estrategias tiene para lograr ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes”.
En conclusión, los padres de Asael solicitan a la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas que “intervenga de una manera mas directa, constante y eficaz” en su caso que tienen registrado bajo el expediente PROVICTIMA/BC/00143/A/2012, para que en el gobierno de B.C.S. y en particular la Procuraduría de Justicia “destierre esa actitud de negar atender a las víctimas del delito como lo establece la Ley General de Víctimas y su reglamento recién publicado, de igual forma a la C.E.D.H. para que en el ámbito de sus facultades intervenga y haga una recomendación a la PGJE a fin de que sea atendida nuestra queja y demanda en el sentido de que no estamos de acuerdo con intención de pretender cerrar la investigación”.
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