EL
SUDCALIFORNIANO
El
Tribunal es autónomo y no protege a jueces
MCV
estuvo presente en la Segunda Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional de
Seguridad, en donde el presidente EPN presentó la estrategia nacional sobre el
tema. / El Sudcaliforniano
El
Sudcaliforniano
18
de diciembre de 2012
Porfirio
Sarabia P.
La
Paz, Baja California Sur.- El licenciado Daniel Gallo Rodríguez, magistrado
presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, aclaró que
la reclasificación del delito de peculado al de incumplimiento de un deber
legal, dentro del proceso penal número 096/2012, seguido ante el juez
segundo de lo penal de esta ciudad.
Se
hizo en estricto acatamiento a la sentencia del amparo otorgado por el juez
segundo de Distrito en el estado, dentro del juicio de amparo indirecto número
477/2012, confirmado en todos sus términos por el Tribunal Colegiado del
Vigésimo Sexto Circuito en el Estado, dentro del amparo en revisión número
300/2012, que se abrió con motivo de la inconformidad presentada por el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, en contra el juez segundo de
Distrito antes precisado.
Gallo
Rodríguez señaló que la sentencia de amparo que se acató, tenía el alcance de
tener por no acreditado uno de los elementos del delito de peculado, dejando en
plenitud de jurisdicción al juez segundo penal del estado, a dictar una nueva
resolución en la que libremente valorara si se actualizaba algún otro delito.
Con
plenitud de jurisdicción el juez segundo penal consideró que los hechos
consignados por la Procuraduría General de Justicia en el Estado, se adecuaban
al tipo penal de Incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 148
fracción V del Código Penal para el Estado, delito por el cual se dictó el
nuevo auto de formal prisión y consecuentemente sujetos a proceso Narciso
Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez.
Expuso
que la determinación del nuevo delito, así como el fijamiento del monto de la
caución para gozar de la libertad provisional por parte de los procesados, no
fue limitado o condicionado en la sentencia de amparo, por lo que en ambos
casos, las determinaciones fueron bajo la más estricta responsabilidad del juez
segundo penal, licenciado Sergio Aguilar Navarro, quien actuó con plena
libertad y autonomía y que por lo tanto deberá responder por sus actos.
Sin
prejuzgar, si la actuación del juzgador estuvo o no apegada a derecho al fijar
una caución para gozar de la libertad provisional, por el monto de $31,714.66 a
cada uno de los procesados, ya que ello estaría sujeto a la revisión y
determinación de los magistrados en pleno, se reitera la posición del
presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Daniel Gallo
Rodríguez, lo que ha venido sosteniendo públicamente a lo largo del año.
En
el sentido de que no se protegerá ni solapará a ningún funcionario judicial que
actúe contra los principios básicos de rectitud, honorabilidad e imparcialidad
en su actuar, y que venga a manchar y perjudicar el esfuerzo de la mayoría del
personal del Poder Judicial para recobrar la confianza de los abogados y
ciudadanos del estado, en lo que sin duda se tienen avances.
Precisó
el magistrado presidente, si la Procuraduría General de Justicia del Estado
considera que la actuación del juzgador estuvo apartada de la legalidad, se
atenderán con toda responsabilidad e imparcialidad las quejas y procedimientos
de cualquier tipo, que en su caso inicie, aplicando las sanciones
correspondientes en caso de acreditarse la responsabilidad del funcionario
judicial.
De
ser así -dijo-, se actuará sin consideración alguna, asumiendo la
responsabilidad que nos compete, sin buscar responsabilizar a terceros de
nuestros propios actos.
Por
otra parte, consideró injusto que por la actuación de un juez se manche el
nombre de la totalidad de la institución, ya que en relación con el Poder
Judicial hay hechos palpables de los esfuerzos para mejorar la impartición de
justicia, con fuertes inversiones en varios rubros, que sin duda en el 2013
detonará con una administración de justicia más moderna y eficiente.
Respetuoso
de la separación de poderes, ya que no me compete, "no emitiré opinión
alguna respecto a la actuación de la Procuraduría General de Justicia y demás
instancias jurídicas del propio Gobierno Estatal, en el ejercicio de sus funciones".
Y
en todo caso lo dejo a la opinión y escrutinio de los abogados, sociedad en
general y a los propios Tribunales Federales; me limitaré como lo he hecho
hasta la fecha, a ser fuertemente autocrítico con el propio Poder Judicial del
Estado, de quien he reconocido públicamente nuestras debilidades y
deficiencias, como un primer paso para mejorar y corregir los errores, que es
el compromiso que tenemos con la sociedad.
Se
apoderan indigentes de céntrico terreno baldío
Este
grupo de indigentes se asentaron en el terreno baldío ubicado en las calles
Licenciado Verdad y Nicolás Bravo de la capital. (Villafuerte) / El
Sudcaliforniano
El
Sudcaliforniano
18
de diciembre de 2012
Verónica
Sánchez A.
La
Paz, Baja California Sur.- Comerciantes y vecinos de las calles Licenciado
Verdad y Nicolás Bravo, en esta ciudad capital, dieron a conocer ante este
medio informativo que un grupo de personas desde hace ya varios días, ha venido
utilizando un predio ubicado en esta zona, como morada.
Se
pudo constatar que se encontraban reunidas 10 personas, al parecer indigentes,
quienes al percatarse de nuestra presencia, salieron despavoridos y no dieron
la oportunidad de cuestionarles del porqué han convertido este terreno en su
hogar temporal.
Según
los vecinos entrevistados, señalaron que estos individuos duermen en este
baldío, así como también preparan sus alimentos y hacen de sus necesidades, sin
importarles, encontrarse a plena vista de la ciudadanía.
De
igual forma esta reportera pudo observar en este terreno, alimentos, cajas de
madera (que son utilizadas como sillas), cobijas, cubetas, e inclusive se
encuentra instalada una pequeña parrilla que sirve como estufa para preparar
sus alimentos.
En
conjunto, los vecinos de este terreno, solicitaron a las autoridades
correspondientes acciones contundentes que pongan a derecho a propietarios de
lotes como éstos, bien sea para que se les dé alguna utilidad o para que se
mantengan en condiciones salubres e inaccesibles a la entrada y salida de
cualquier persona, como está corriendo actualmente.
Así
mismo pidieron que se investigue a grosso modo, por qué estas personas están
utilizando este predio como vivienda, explicando que ante la ley, la invasión
de una propiedad privada es ilegal.
Dos
heridos en choque vehicular en la ciudad, un menor de 14 años y su mamá
El
Sudcaliforniano
18
de diciembre de 2012
Jesús
M. López Aguirre
Ciudad
Constitución, Baja California Sur.- El pasado fin de semana hubo varios
accidentes tipo choque, siendo de los más impactantes el ocurrido en las calles
Nicolás Bravo y Díaz Ordaz en la colonia Pueblo Nuevo, siendo los protagonistas
un vehículo marca chevrolet, automóvil línea Cavalier, color rojo modelo 1997,
propiedad de José Luis Pérez Navarro con domicilio en la Calle Sabas López de la
Colonia Pioneros, pero conducido en el momento del accidente por José Ángel
Gordillo Cruz, de 30 años de edad, con domicilio en Nicolás Bravo entre Miguel
Alemán y Ávila Camacho de esta ciudad.
El
segundo vehículo es marca Toyota, Tipo Vagoneta, línea Runner, modelo 1990,
color rojo, propiedad de Luis Pérez García, con domicilio en la calle Pioneros
entre Javier Mina y Antonio Vargas, conducido en el momento del accidente por
Marlen Paola Carrillo Pérez de 34 años de edad, con el mismo domicilio; de este
accidente resultaron lesionados el jovencito de 14 años de edad, Luis Omar
Pérez Carrillo, resultando con traumatismo cráneo encefálico leve, lesiones que
por su naturaleza tardan más de 15 días en sanar pero con pronóstico
reservado.
Mientras
que su progenitora, Marlen Paola, de 34 años de edad, resultó con esguince
cervical grado uno-leve-, lesiones que por su naturaleza tardan más de 15 días
en sanar pero no ponen en riesgo su vida; siendo atendidos por el médico
adscrito a seguridad pública municipal; asimismo de acuerdo a las causas del
accidente resulta presunto responsable al conductor del vehículo uno por
infringir los artículos 106 y 125 del reglamento de tránsito en vigor por
exceso de velocidad y falta de precaución.
Cuentahabientes
solicitan mayor vigilancia en los diversos centros bancarios locales
El
Sudcaliforniano
18
de diciembre de 2012
Jesús
Manuel López A.
Ciudad
Constitución, Baja California Sur.- Muy temprano, antes de que abrieran las
sucursales bancarias, el día de ayer alrededor de las 7 de la mañana cuando
casi no hay mucho movimiento y que aprovechan algunas personas para sacar
dinero del cajero automático, principalmente mujeres, un sujeto que se
transporta en una bicicleta quiso sorprender a dos señoras que a esa hora pretendieron
sacar con la tarjeta ya que les pedía dinero, haciendo caso omiso ante el
malestar de esa persona que insistía en pedirles dinero ya que afirmaba las
había visto sacando, por temor, mejor se fueron de la sucursal ubicada en
Galeana y Bulevar Olachea.
Mencionan
que hasta se les olvidó llamar a la policía para que este sujeto no siguiera
molestando o tal vez pudiera agredir a alguien con el fin de que le entregaran
dinero, siendo sus características generales de una persona delgada con gorro y
bigote a bordo de una bicicleta, incluso señalan que al no hacerle caso se
metió al cajero como que iba sacar dinero, quedándose dentro por lo que mejor
decidieron irse y no entrar al cajero.
Las
recomendaciones que vienen haciendo las autoridades municipales y policíacas
deben ser tomadas en cuenta ya que algunas personas ya han sido sorprendidas
con el arrebato del dinero, asalto a mano armada, entre otros por lo que deben
hacer los movimientos cuando haya gente, guardarse el dinero de inmediato y de
preferencia ir acompañado por alguien principalmente si son mujeres o menores
de edad.
Se
buscará que Santa Rosalía sea declarado Pueblo Mágico
Durante
su visita, el titular de Turismo en el estado, Rubén Reachi, se comprometió a
trabajar con el alcalde para que el proyecto de Pueblo Mágico se concrete. / El
Sudcaliforniano
El
Sudcaliforniano
18
de diciembre de 2012
Mulegé,
Baja California Sur.- En visita oficial, el secretario de Turismo en la
entidad, Rubén Reachi Lugo, se comprometió a trabajar en conjunto con el
presidente municipal, Guillermo Santillán Meza, para que Santa Rosalía sea
declarado Pueblo Mágico.
Tras
reunión con autoridades municipales entre las que se destacan: el secretario
general, Bruno Mayoral López; el tesorero municipal, Eric Cisneros Burgos y la
directora de Turismo Municipal, Julieta Medina Oronoz, Reachi Lugo dio
conferencia de prensa, en la cual fue acompañado por el alcalde mulegino.
Fue
anunciada por el funcionario estatal, una inversión por el orden de los 700 mil
pesos, mismos que serán destinados a capacitación para que la población local
conozca a fondo los aspectos positivos de que Santa Rosalía sea declarado
Pueblo Mágico; y para a su vez invertirle a la formación que requieren los
prestadores de servicios para brindar una mejor atención a los visitantes.
Por
el momento, citaron, habrán de trabajar en las mejoras de los servicios
aeroportuarios del aeródromo local (Palo Verde), para que el turismo aéreo se
abastezca de combustible sin contratiempos; aunque -enfatizó Reachi Lugo- el
punto de acceso directo a esta región Norte de la entidad es el Aeropuerto
Internacional de Loreto al cual están consolidando los vuelos a Estados Unidos
de Norteamérica y con el macizo continental.
En
el marco de la conferencia de prensa que Reachi Lugo dio a los medios locales,
el presidente municipal, Guillermo Santillán Meza dio lectura al documento
entregado al diputado Federal, Gerardo Gaudiano Rubirosa, durante su gira
pasada por la capital del país, en el sentido de que se destinen de los
excedentes de los recursos federales inversión para realizar el estudio de
factibilidad de construcción de una presa para Heroica Mulegé; lo primordial es
reforzar los servicios básicos de la región para que el desarrollo sea
sustentable claro ejemplo es el contar con el servicio de dotación de agua sin
problema, esto en un inicio.
Cabe
destacar que entre los acuerdos tomados, será en el mes de febrero del 2013
cuando las autoridades estatales retornen a la cabecera municipal para brindar
dos talleres, uno enfocado a Pueblo Mágico y otro más tendiente a fortalecer la
pesca deportiva como una opción de crecimiento económico en la región.
TRIBUNA
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Después de 16 días de agonía fallece víctima por atropellamiento
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Loreto.
Redacción |
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Tras
una agonía de 16 días, septuagenario fallece en el Hospital Salvatierra fue
atropellado en la entrada del Nopoló.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de Baja California Sur informó que el pasado 16 de diciembre de 2012 agentes ministeriales recibieron una llamada en la cual les comunicaron que en el Hospital Juan María de Salvatierra una persona había muerto, el hoy occiso, había ingresado al nosocomio el pasado 30 de noviembre tras haber sido atropelladlo en el municipio de Loreto. El ahora fallecido, en vida respondía al nombre de Natalio Gaspar Temiguel de 76 años de edad originario del estado de Guerrero con domicilio conocido en Loreto y cuando fue atropellado presentó un traumatismo craneoencefálico severo, fue asistido por paramédicos de Bomberos. La persona fue arrollada en el kilómetro 106 más 800 del tramo carretero Loreto – Ciudad Insurgentes como referencia frente a la entrada de Nopoló por un vehículo marca Mercedes Benz tipo panel modelo 2004 de color amarillo, conducido al momento del accidente por una persona de nombre Benito Zúñiga Bautista de 38 años de edad, las causas del accidente según la información proporcionada por la PGJE fueron que el conductor manejaba a exceso de velocidad. |
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Denuncian una presunta violación
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Cabo
San Lucas.
Redacción |
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Guerrerense es aprehendido en la colonia Tierra y Libertad, el padre de una jovencita de 16 años de edad acusa al detenido de haber violado a su hija. Minutos antes de las nueve de la noche elementos de Seguridad Pública Municipal adscritos al sector policial número tres, vía radio procedente del C-4 recibieron la indicación de trasladarse a la colonia Tierra y Libertad porque en un negocio que lleva el mismo nombre de la demarcación, tenían detenida a una persona. Policías preventivos se trasladaron a la negociación, encontrando a dos personas de sexo masculino, una de ellas estaba “detenida” debido a que se le acusaba de una violación que habría cometido horas antes en contra de una adolescente de 16 años de edad. La persona que tenía retenida al supuesto agresor, expresó que ya había interpuesto una denuncia por la violación y al detener al presunto agresor sexual solicitó la ayuda de los policías. El señalado vestía tenis color blanco, pantalón y playera de color azul, fue llevado al área de barandilla de la comandancia delegacional en donde ingresó identificándose con el nombre de Omar Paredes García de 29 años de edad de oficio albañil, originario de Guerrero. Cuando los municipales se hicieron cargo de la situación, el supuesto agresor sexual presentaba golpes en el abdomen y el rostro, quedó a disposición de un Juez calificador. |
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Tratan de ahorcarlo para robarle su taxi
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La
Paz.
Redacción |
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Dos
sujetos cometen un brutal atraco en contra de un taxista, lo golpearon e
intentaron ahorcar para despojarlo de su unidad.
La mala experiencia para el taxista comenzó cerca de las 1:40 horas, cuando a bordo de su unidad circulaba sobre las calles de la colonia Santa Fe y dos personas de sexo masculino le hicieron la “parada”. El par de sujetos solicitó al chofer que los llevara a la colonia Agua Escondida, justo al cruce de las calles Cardón y Palo Blanco, ahí uno de los pasajeros que se encontraba en el asiento trasero del taxi le pidió que detuviera la marcha del vehículo y en ese lugar lo tomó del cuello, tratando de ahorcarlo con un pedazo de alambre y ambas manos. El otro tipo aprovechó que el chofer prácticamente estaba inmovilizado para descender de la unidad y comenzar a golpear al trabajador del volante, quien fue bajado a la fuerza del vehículo. Después el par de delincuentes escaparon llevándose el taxi negro con amarillo del sitio California con número económico 76, el cual fue localizado en el campo El Piojillo ubicado entre las calles Forjadores y Libramiento Oceguera. El taxista expresó que acudiría a interponer su denuncia en una Agencia del Ministerio Público. |
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Pánico en el ITES al incendiarse un automotor en el estacionamiento
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San
José del Cabo.
Gustavo Cruz Onofre |
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Alumnos
del ITES fueron testigos de la forma en la que los “vulcanos” de la localidad
trabajan, controlaron un auto que comenzaba a incendiarse al interior del
plantel educativo.
Cerca de las tres de la tarde, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos fueron requeridos en el interior del ITES Los Cabos, alumnos y personal de la institución educativa reportaban que en el área de estacionamiento un coche marca Ford línea Focus de color gris comenzaba a incendiarse. El vehículo porta la matrícula de circulación CZH-51-30 y terminó con daños aproximados en el 50% del motor. Bomberos a bordo de la unidad extintora M-66 fueron los encargados de controlar el fuego, el incidente no dejó personas lesionadas. |
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Agresivo sujeto irrumpe en posada para golpear a su esposa
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Cabo
San Lucas.
Redacción |
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Habría
golpeado a su pareja
Sujeto
originario de Sinaloa es asegurado por elementos municipales presuntamente
golpeó a su pareja sentimental en una posada familiar.
Minutos antes de la una de la mañana, agentes municipales del sector tres fueron requeridos en un domicilio situado en la colonia Tierra y Cometa donde se reportaba una violencia familiar. Cuando los agentes se aproximaban al domicilio en mención fueron abordados por una mujer quien les solicitó ayuda, ella les contó cómo al estar en una posada en casa de una de sus amigas, su pareja sentimental llegó y comenzó a agredirla física y verbalmente. La mujer relató que el agresivo sujeto la golpeó en numerosas ocasiones en el rostro y otras partes del cuerpo. Al escuchar la versión de la mujer, los agentes procedieron a detener al agresivo sujeto que se encontraba en la vía pública vistiendo una playera color rojo y pantalón de mezclilla azul. El tipo de inmediato fue aprehendido, cuando estuvo tras las rejas dijo llamarse Alain Segoviano Romero de 29 años de edad, según él se desempeña como albañil y es originario de Sinaloa. |
Siguen
causando terror conductores alcoholizados, ayer dos accidentes
San
José del Cabo.
Gustavo
Cruz Onofre
*Joven
de 21 años en segundo grado de ebriedad provoca accidente en el Corredor
Turístico, estaba “amanecido”, el saldo del percance fue de cuatro personas
lesionadas
*Conductor
bajo los efectos del alcohol provoca una carambola en la “Mesa” de Santa Anita
dejando una persona hospitalizada.
El
pasado domingo, un conductor de 21 años de edad ebrio y bajo los efectos de
enervantes mató a tres personas después de atropellarlas, el día de ayer un
joven alcoholizado de la misma edad causa un accidente que deja cuatro
lesionados en el Corredor Turístico, en la noche otro conductor causa una
carambola en Santa Anita.
Accidente
en el Corredor Turístico
El
incidente se registró minutos antes de las nueve de la mañana en el Corredor
Turístico, como referencia frente al hotel Dreams, debido a que era una hora
“pico” conductores que transitaban por la zona al ver el aparatoso accidente
llamaron al número de emergencias solicitaron la llegada de socorristas de
Bomberos y Cruz Roja.
Minutos
después sobre la carretera federal se encontraban los socorristas, en el
kilómetro 18 más 300 encontraron los vehículos involucrados en el fuerte
incidente, el primero es uno marca Honda línea Civic color azul que portaba
engomado de Anapromex.
A
bordo de este auto iban 3 personas, Ramiro Vinalay, Ricardo Alcántar González y
Jonathan Albáñez, los tres fueron trasladados al IMSS. El otro vehículo es un
sedán marca Ford línea Fiesta modelo 2006 de color gris con engomado CZH-80-35
que era conducido por Armando Espinoza Insunza.
Las
causas oficiales del incidente serían la falta de precaución al conducir,
hacerlo a una velocidad inmoderada y bajo los efectos del alcohol, por parte
del conductor del vehículo línea Civic que era manejado por José Ricardo
Alcántar González de 21 años de edad, quien al ser certificado medicamente
resultó en segundo grado de ebriedad, al ser dado de alta del nosocomio fue
llevado al área de barandilla de la cárcel municipal.
El
incidente se produjo debido a la falta de precaución al manejar por parte del
conductor del vehículo línea Civic, el cual salió de la carretera cuando
circulaba de Cabo San Lucas a San José del Cabo e impactó contra un poste de
alumbrado público, tras esta primera colisión, parte del chasis quedó sobre un
carril de la carretera y fue alcanzado por el segundo vehículo que lo impactó
de forma contundente.
Por
varios metros quedaron esparcidos los restos metálicos, testigos de lo ocurrido
señalaron que uno de los tripulantes del vehículo que chocó contra el poste
quedó prensado y no podía salir de la unidad. Los dos acompañantes de José
Ricardo hasta el cierre de esta edición se encontraban hospitalizados.
Sobre
la carretera federal quedaron varios botes de cerveza que se presume venían en
el vehículo marca Honda, información extraoficial releva que el inexperto
conductor manejaba “amanecido”.
Carambola
en Santa Anita
San
José del Cabo.
Redacción
El
accidente fue reportado alrededor de las 18:30 horas, socorristas de
Cruz Roja y del Heroico Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo fueron
informados de un accidente carretero suscitado sobre la carretera
Transpeninsular en la colonia Santa Anita, como referencia cerca de la pista de
carreras.
Del
hecho también fueron informados elementos de la Policía Federal y Seguridad
Pública Municipal, justo en el entronque de la “pista”, tanto rescatistas como
policías encontraron los tres vehículos involucrados.
El
primero es uno marca Ford línea Focus color azul con placas de circulación
CZM-57-21 el cual era manejado por Francisco Vizcarra Lizárraga de 56
años de edad que era acompañado por Olegario González Bosques de la misma edad.
Dicho
auto tipo sedán impactó por alcance contra una pick up marca Dodge línea Ram
color azul con placas de circulación ZMX-40-58 manejada por Rogelio Hernández
de 55 años de edad, resultando lesionado y tras recibir los primeros auxilios
de parte de paramédicos de Cruz Roja, fue trasladado a un nosocomio de la
localidad.
La
velocidad a la que iban ambos conductores hizo que impactaran contra una tercer
camioneta marca Chevrolet línea Sonoma de color azul y engomado de Anapromex
manejada en los instantes del choque por Juan Barrón de 40 años de edad.
Policías
federales serían los encargados de efectuar el peritaje oficial del incidente
el cual se presume se originó debido a la falta de precaución al conducir y
hacerlo alcoholizado por parte de Francisco Vizcarra conducto del vehículo
Focus.
PERICU
La
Paz, B.C.S.- La reclasificación del delito de peculado al de incumplimiento de
un deber legal, dentro del proceso penal número 096/2012, seguido ante el
Juez Segundo de lo Penal de esta Ciudad, se hizo en estricto acatamiento a la
sentencia del amparo otorgado por el C. Juez Segundo de Distrito en el Estado,
dentro del juicio de amparo indirecto número 477/2012, confirmado en todos sus
términos por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito en el Estado,
dentro del amparo en revisión número 300/2012, que se abrió con motivo de la
inconformidad presentada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur, en
contra el Juez Segundo de Distrito antes precisado.
La
sentencia de amparo que se acató, tenía el alcance de tener por no acreditado
uno de los elementos del delito de peculado, dejando en plenitud de
jurisdicción al Juez Segundo Penal del Estado, a dictar una nueva resolución en
la que libremente valorara si se actualizaba algún otro delito. Con plenitud de
jurisdicción el Juez Segundo penal consideró que los hechos consignados por la
Procuraduría General de Justicia en el Estado, se adecuaban al tipo penal de
incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 148 fracción V del
Código Penal para el Estado, delito por el cual se dictó el nuevo auto de
formal prisión y consecuentemente sujetos a proceso NARCISO AGUNDEZ
MONTAÑO y ALFREDO PORRAS DOMINGUEZ.
La
determinación del nuevo delito, así como el fijamiento del monto de la caución
para gozar de la libertad provisional por parte de los procesados, no fue
limitado o condicionado en la sentencia de amparo, por lo que en ambos casos,
las determinaciones fueron bajo la más estricta responsabilidad del juez
segundo penal LIC. SERGIO AGUILAR NAVARRO, quien actuó con plena libertad y
autonomía y que por lo tanto deberá responder por sus actos.
Sin
prejuzgar si la actuación del juzgador estuvo o no apegada a derecho al fijar
una caución para gozar de la libertad provisional, por el monto de $31,714.66 a
cada uno de los procesados, ya que ello estaría sujeto a la revisión y
determinación de los Magistrados en Pleno; se reitera la posición del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, DANIEL GALLO
RODRIGUEZ, lo que ha venido sosteniendo públicamente a lo largo del año, en el
sentido de que no se protegerá ni solapará a ningún funcionario judicial que
actúe contra los principios básicos de rectitud, honorabilidad e imparcialidad
en su actuar, y que venga a manchar y perjudicar el esfuerzo de la mayoría del
personal del Poder Judicial para recobrar la confianza de los abogados y
ciudadanos del Estado, en lo que sin duda se tienen avances.
En
ese sentido, si la Procuraduría General de Justicia del Estado considera que la
actuación del juzgador estuvo apartada de la legalidad, se atenderán con toda
responsabilidad e imparcialidad las quejas y procedimientos de cualquier tipo,
que en su caso inicie, aplicando las sanciones correspondientes en caso de
acreditarse la responsabilidad del funcionario judicial. De ser así, se actuará
sin consideración alguna, asumiendo la responsabilidad que nos compete, sin
buscar responsabilizar a terceros de nuestros propios actos.
Por
otra parte, considero injusto que por la actuación de un juez se manche el
nombre de la totalidad de la institución, ya que en relación con el Poder
Judicial hay hechos palpables de los esfuerzos para mejorar la impartición de
justicia, con fuertes inversiones en varios rubros, que sin duda en el 2013
detonará con una administración de justicia más moderna y eficiente.
Respetuoso
de la separación de poderes, ya que no me compete, no emitiré opinión alguna
respecto a la actuación de la Procuraduría General de Justicia y demás
instancias jurídicas del propio Gobierno Estatal, en el ejercicio de sus
funciones, y en todo caso lo dejo a la opinión y escrutinio de los abogados,
sociedad en general y a los propios Tribunales Federales; me limitaré como lo
he hecho hasta la fecha, a ser fuertemente autocrítico con el propio Poder
Judicial del Estado, de quien he reconocido públicamente nuestras debilidades y
deficiencias, como un primer paso para mejorar y corregir los errores, que es
el compromiso que tenemos con la sociedad.
1 Votes
Provocó
amplia movilización policiaca
Una
persona gravemente herida
Recibió
siete disparos, uno en el ojo
Villa
Alberto Alvarado (Vizcaíno), B.C.S.- Aún no existe información detallada sobre
los disparos de arma de fuego que se hicieron en un camino vecinal cercano a
ésta comunidad, donde una persona fue lesionada con siete disparos de arma de
fuego.
De
acuerdo a los datos exclusivos obtenidos por VIZCAÍNO HOY, los hechos de sangre
ocurrieron anoche en una brecha ubicada a 300 metros, a la altura del kilómetro
144 al norte de ésta comunidad.
Fue
ingresado gravemente herido a la clínica del Seguro Social Óscar Montalvo
Hernández, de 23 años de edad, quien presentaba siete impactos de bala (al
parecer de calibre bajo) en brazo derecho, ambas piernas y uno de sus ojos.
En
el sitio donde supuestamente se originó el ataque, fueron localizados por
elementos de la Policía Ministerial una pick up Chevrolet Silverado y una
camioneta Bronco (ver foto).
Todavía
no se ha informado sobre los orígenes de ésta agresión.
Colectivo
Pericú cita información exclusiva de VIZCAÍNO HOY.
Otra
más de “amanecidos”
Posted
on diciembre 17, 2012 | 17 comentarios
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Cuatro
lesionados en accidente hoy temprano
Tres
de ellos de “pronóstico reservado”
De
nueva cuenta bebidas alcoholicas
Cabo
San Lucas, B.C.S.- Apenas ayer les informábamos sobre un accidente
automovilístico ocasionado por un conductor amanecido y ebrio, que causó la
muerte a tres personas en la ciudad de San José del Cabo.
La
situación se ha repetido la mañana de hoy, cuando poco después de las ocho de
la mañana se impactó un vehículo Honda, sin placas, contra un poste del
alumbrado público sobre el corredor turístico a la altura del kilómetro 18+300
con saldo de cuatro lesionados. Esto es justamente frente al Hotel Dreams.
En
éste accidente resultó también con daños un vehículo de la marca Ford Fiesta.
De
acuerdo a los primeros informes de carácter extraoficial, el conductor de la
unidad Honda sedan, perdió el control y se estrelló contra el poste del
alumbrado y luego impactó a la otra unidad.
A
bordo del automóvil Honda viajaban tres personas que resultaron con heridas “de
pronóstico reservado”. Cabe destacar que en el interior de la unidad se
percibía un fuerte olor a alcohol y quedaron regados varios botes de las
cervezas conocidas como TECATE LIGHT.
En
el transcurso del día les tendremos información más amplia sobre éste percance.
OCTAVO
DÍA
Joven
con 7 impactos de bala después de balacera en Vizcaíno
Aun
no se saben las causas ni los agresores implicados en la balacera.
Por
Redacción@OCTAVODIAmx17 / Diciembre / 2012 - 15:43
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Mulegé,
Baja California Sur. No se conoce aun la identidad de el o los agresores de
Óscar Montalvo Hernández, de 23 años, quien ingresó anoche con siete impactos
de bala a la Clínica del Seguro Social de Vizcaíno, Mulegé.
El
ataque sucedió en un camino vecinal cercano a Vizcaíno, la noche de ayer, a la
altura del kilómetro 144 al norte de esta comunidad.
El
agredido fue ingresado gravemente herido, presentando siete impactos de bala
(de calibre bajo) en el brazo derecho, ambas piernas y uno de sus ojos.
En
el sitio donde se originó el ataque fueron encontrados una pick up Silverdado y
una camioneta Bronco.
No
se sabe nada aún sobre las causas de esta agresión ni sus integrantes.
PENINSULAR
DIGITAL
Fue
la mala integración de la averiguación lo que dejó libre a Narciso
Duarte
Hernández recordó que durante la administración agundista “el Partido
Revolucionario Institucional siempre estuvo señalando que había una serie de
desviaciones”.
La
Paz, Baja California Sur.- Agapito Duarte Hernández, presidente del Comité
Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
coincidió con el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) al señalar que es “irrisoria” la fianza que el exgobernador exconvicto
Narciso Agúndez Montaño pagó para salir de su encierro en el Centro de
Reinserción Social (CERESO) de La Paz acusado de peculado, mas también puso en
duda la eficacia de la dependencia estatal.
“Como
defensores de la legalidad y del derecho”, dijo Duarte Hernández, “sí nos queda
una serie de interrogantes, una serie de dudas […] El caso nada más sale de la
esfera del ámbito de la justicia estatal, y llega al ámbito de la esfera
federal, y es otra la opinión […] Después de todo lo que se nos dijo, después
de todo lo que se comentó a los medios de comunicación a través de sus
instrumentos escritos o hablados, sucede ahora con que no hay la tipificación
de los delitos que le señalaban”. Este actuar de la PGJE, indicó, deja ver
“lamentablemente deficiencias” en su operatividad.
“Conociendo
el Derecho, pues quizá hayan sido fallas de integración de las averiguaciones y
de los expedientes respectivos, por eso, inmediatamente al ser desahogados por
una instancia federal se falla en contra de que no hubo tal tipificación de los
delitos que se imputaban, y por lo tanto se otorga una fianza”, vislumbró el
experimentado líder.
En
el mismo tenor, Duarte Hernández recordó que durante la administración
agundista “el Partido Revolucionario Institucional siempre estuvo señalando que
había una serie de desviaciones”, exigiendo al propio Gobierno Estatal y a las
autoridades responsables de la vigilancia de la aplicación de la ley y del
cuidado de la aplicación de los recursos del erario público estatal, “que nos
pudieran aclarar si en ese actuar dudoso había conductas ilegales”, expresó.
En
cuanto a un posible acercamiento de Agúndez Montaño al PRI luego de su estancia
en el CERESO, de la cual salió de traje y corbata roja al estilo Peña Nieto, el
presidente del CEE tricolor nunca negó que este hecho pudiese concretarse en
algún momento, aunque dejó ver su rechazo hacia el personaje: “En principio,
tengo entendido que Narciso Agúndez sigue sujeto a proceso y, por tanto, sujeto
a proceso están limitados sus derechos políticos, por lo tanto yo no creo que
ahorita aspire a actuar políticamente […] No hay motivo para hablar de ese tema
[…] A nosotros nos interesa sí la suma, pero no la suma de quienes vengan a
restarnos”.
El
hecho de que los procesos federales del juicio se hayan acelerado luego del
coqueteo de los hermanos Agúndez y el Grupo Los Cabos con el PRI y la llegada
de Peña Nieto al poder “definitivamente no” influyeron, “ni por asomo”, en la
liberación de Narciso Agúndez, enfatizó finalmente Agapito Duarte:
“Hubo
épocas en el proceso electoral en donde mucho se habló de acercamientos de
algunas otras corrientes y, específicamente, se habló del Grupo Los Cabos.
Efectivamente hubo ese acercamiento del Grupo Los Cabos, hubo acercamiento y hubo
compromisos, compromisos que yo todavía no sé si se cumplieron a cabalidad,
porque en Los Cabos perdimos el Senado de la República, en Los Cabos también
perdimos la diputación federal, ganamos, sí, la presidencia de la república,
pero muy ajustados […] Yo creo que no hubo tal cumplimiento de lo que nos
dijeron, puede que haya habido compromisos de apoyo, pero no hubo compromisos
de filiación ni de militancia”.
Ya
no pueden los abarroteros contra tanto Oxxo
El
líder abarrotero Armando de la Cruz Navarrete, mencionó que han resentido en
las ventas, y los agremiados están preocupados porque no perciben una
recuperación alentadora y más aún, porque siguen “golpeándolos” con la
instalación de las tiendas de conveniencia hasta en las colonias populares.
Cabo
San Lucas, Baja California Sur.- Para Armando de la Cruz Navarrete,
Vicepresidente de la Sección de Abarroteros de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Los Cabos, hay confianza en que puedan recuperarse las
ventas en esta temporada navideña y de fin de año, toda vez que se vieron
bastante golpeados en su economía durante el 2012 por la constante instalación
de tiendas de conveniencia en toda la geografía municipal.
En
entrevista, el también líder abarrotero, mencionó que han resentido en las
ventas, y los agremiados están preocupados porque no perciben una recuperación
alentadora y más aún, porque siguen “golpeándolos” con la instalación de las
tiendas de conveniencia hasta en las colonias populares.
De
la Cruz Navarrete, dijo que en las pasadas horas llevó a cabo un recorrido por
más de 30 negocios afiliados a la cámara y pudo percatarse de que en su
estadística de ventas los reportes no son halagadores, es más, han estado muy
tranquilos, de esa tranquilidad que a todos preocupa.
De
momento, confirmó que las ventas se han desplomado en un 50 por ciento, y eso
realmente preocupa, pero hay confianza en que se genere una recuperación,
aunque aún no está listo el reporte oficial de cierres de comercios.
Agregó
que el problema más serio es la tienda departamental en construcción, la que,
de manera definitiva, habrá de afectar a los comercios de los alrededores que,
ya contabilizados, son más de 10, sin embargo, eso no lo han tomado en cuenta
las autoridades, que siguen permitiendo la instalación de este tipo de
negocios, con los que no hay cómo hacer competencia, concluyó.
Acudieron
por un cristalazo y terminaron asegurando droga
Carlos
Valenzuela García
La
Paz, Baja California Sur.- Llegaron atendiendo el reporte de un cristalazo a un
vehículo, y terminaron arrestando a otro sujeto por posesión de cristalina y
sospechosa sustancia. Todo sucedió la mañana del domingo, cuando una dama de
nombre Martha Laura reportaba la destrucción del parabrisas de su automóvil a
manos de su propio yerno, quien de certera pedrada hizo añicos el vidrio
frontal del Ford Escort estacionado en callejón Liguí entre México y Durango.
Al
llegar a la escena, los agentes municipales fueron interceptados por la
propietaria del dañado automóvil quien señaló con acusador índice a su yerno,
que platicaba despreocupadamente con el conductor de una Cherokee.
El
lapidador, al ver que se aproximaban los uniformados, pegó la carrera,
encerrándose en una vivienda, y dejando a su conocido con quien segundos antes
conversaba, en compañía de los polimunicipales.
Los
oficiales de la DSyTM cuestionaron al conductor de la Cherokee sobre su
relación con el presunto apedreador, a lo que nerviosamente contestó con
evasivas sin poder disimular su desasosiego. Pronto los agentes supieron el
porqué: en el asiento descansaba una bolsita que resultó contener 7envoltorios,
unos con una deshidratada hierba y otros con una cristalina sustancia.
Ante
tal hallazgo Carlos Valenzuela García de 23 años de edad fue asegurado y
trasladado hasta la barandilla general de la corporación. Del yerno de la dama
denunciante no se especificó cuál fue su destino.
Robó
cerveza en Oxxo y huyó en bicicleta
Carlos
Giovanny Torres Manríquez.
La
Paz, Baja California Sur.- Con 16 latas de cerveza Tecate, Carlos Giovanny
Torres Manríquez salió sin pagar y a toda prisa del Oxxo ubicado en la colonia
Las Américas, para montar su bicicleta, y con rápido pedaleo, intentar perderse
en las calles de la suburbana demarcación.
Sin
embargo, la dependienta de la tienda de conveniencia en las calles Ecuador y
Rubí dio aviso a las fuerzas del orden quienes interceptaron al
estudiante de 22 años de edad, calles más adelante.
A
pesar de que los agentes de la PEP dieron indicaciones a Carlos Giovanny para
que detuviera la marcha de su bicicleta, el joven hizo caso omiso de las
policiales instrucciones, sin embargo fue detenido minutos después.
Torres
Manríquez no pudo negar el cargo de robo, pues aún llevaba consigo los 16 botes
de la bebida de moderación.
El
presunto ladrón fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del
Fuero Común junto con lo asegurado, para las investigaciones correspondientes.
A
golpes lo despojaron de su taxi
La
Paz, Baja California Sur.- Luego de cumplir con su parte y dejar a dos pasajeros
en la colonia Agua Escondida, don Marcelo Salgado Winckler esperaba su pago,
sin embargo sólo sintió cómo uno de ellos rodeaba su cuello con un acerado
alambre, mientras que el otro bajaba del taxi y lo golpeaba repetidas veces en
la cara.
El
trabajador del volante, aturdido por los golpes en el rostro, ya no opuso
resistencia y dejó que la dupla, recogida a eso de la una y media del domingo
en la colonia Santa Fe, se apoderara del auto de alquiler número económico 76
del sitio California y se perdiera en las calles de la periférica colonia
paceña.
Don
Marcelo reportó el hecho a las autoridades, por lo que en minutos agentes
municipales arribaron a las calles Cardón y Palo Blanco donde encontraron al
maltrecho ruletero quien dio somera descripción de sus asaltantes.
El
par de fascinerosos no pudo ser localizado, pero si el taxi de don Marcelo, al
que abandonaron en el Campo El Piojillo, ubicado en Forjadores y Libramiento
Oceguera.
ZETA
Narciso
impune
Posted
diciembre 17, 2012 by Gerardo Zuniga Pacheco
Después
de 203 días en prisión, el ex gobernador está a punto de obtener su libertad
Los
magistrados resolvieron que “no está debidamente comprobado el delito de
peculado”, además de validar la orden del juez federal de que sea “reclasificado
el delito por el cual se ejerció la acción penal, al corresponder a dicha
autoridad judicial, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar
qué delito o qué delitos se configuran”
La
Paz, Baja California Sur. Presuntamente liberado, Narciso Agúndez Montaño logró
escabullirse de la acción de la justicia. La inminente salida del ex gobernador
de Baja California Sur -al cierre de edición- se convirtió en la burla social
del aún recluso, quien tuvo sospechosamente a su favor a todo el aparato del
Poder Judicial de la Federación (PJF).
Desde
el Juez Segundo de Distrito, Francisco Javier Silva de Anda, hasta los tres
magistrados que conforman el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del
PJF, Alejandro Gracia Gómez, Enrique Arizpez Rodríguez y Héctor Lamas Castillo,
este último fungió como ponente del proyecto que inexplicablemente determinó
ratificar, el 11 de diciembre, el juicio de amparo 477/2012 a favor del
cuestionado ex gobernante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sin
embargo, eso no quiere decir que Agúndez haya sido absuelto del delito cometido
en el caso de los siete bienes inmuebles del dominio público del exclusivo
fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, los cuales vendió al mejor
postor, a pesar de que eran inalienables, imprescriptibles e inembargables;
como lo establece el Artículo 3 de la Constitución Política de México.
En
el recurso de revisión 300/2012, y cuyo expediente costa de 372 hojas, los
magistrados encabezados por Alejandro Gracia Gómez como presidente del Tribunal
Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación,
confirmaron la concesión del amparo y protección de la justicia federal a favor
de Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez -como coacusado-, y en contra
del auto de formal prisión dictado el 27 de mayo por el delito de
peculado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal.
De
acuerdo a su resolución, los magistrados resolvieron que no está “debidamente
comprobado el delito de peculado”, y validaron la orden del Juez Federal de que
sea “reclasificado el delito por el cual se ejerció la acción penal, al
corresponder a dicha autoridad judicial, clasificar los hechos ante ella
consignados y determinar qué delito o qué delitos se configuran”.
Dicho
en otras palabras, “puede modificarse el delito por el que se ejerció la acción
penal, y sujetar a proceso a los acusados por otro delito u otros delitos, con
base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los
hechos de la acusación, pues dicha facultad de reclasificación, no se
fundamenta en una declaración judicial, sino en el magno precepto 19
constitucional”.
De
esta manera, los magistrados federales validaron el dictamen del juez y
abrieron prácticamente las puertas del Centro de Reinserción Social de La Paz
al ex gobernador y coacusado, quienes al cierre de ZETA, únicamente esperaban
de mero trámite la reclasificación del delito por parte del Juzgado Segundo de
Primera Instancia para poder abandonar la prisión, ya que cualquiera que fuera
la nueva acusación, no estaría tipificada como delito grave en el Código de
Procedimientos Penales, y por lo tanto, Agúndez tendría derecho a salir libre
bajo fianza junto con Porras.
—
¿Cuándo saldrán el ex gobernador y el ex secretario general de Gobierno?,
preguntó ZETA a un funcionario del Poder Judicial de la Federación.
“Eso
depende de la presión que ejerza el Juez de Distrito, una vez que se le haya
notificado la ratificación del amparo, pero lo más probable es que
sea entre el 17 y el 21 de diciembre, cuando el Juzgado Segundo de Primera
Instancia reclasifique el delito y dictamine entonces la nueva resolución, y
fije una fianza que garantice la reparación del daño. No es nada más de decir
‘te vas’ y ya”.
—
O sea, ¿saldría la próxima semana?
“Bueno,
depende de la presión para que cause ejecutoria el amparo. Yo sé que el juez
está presionando fuertemente desde que fue notificado, y si eso sigue así,
podría ser incluso el fin de semana. Pero independientemente de la presión, primero
que nada tanto el ex gobernador como el ex secretario, deberán pagar una fianza
y entonces salir”.
—
¿A cuánto podría ascender la fianza?
“Bueno,
la fianza debe ser según el monto del daño a reparar. En este caso podría
rebasar los 50 millones de pesos, pensando en el tamaño del monto de la
operación ilícita que se hizo, y no necesariamente se paga en efectivo, sino
pueden dejarse en garantía propiedades que sumen el monto establecido”.
Al
cierre de esta edición, Christian Agúndez Gómez, uno de los hijos del ex
gobernador, y por cuyo conducto Narciso fue capturado en Monterrey, Nuevo León,
esperaba impaciente desde muy temprano afuera de la Penitenciaría, acompañado
de un grupo de personas entre las que se encontraban sus hermanos Narciso y
Argelia, y algunos ex colaboradores. Como Benjamín de la Rosa Escalante, Albino
Castro, César Uzcanga González y la ex senadora Josefina Cota Cota.
El
vástago menor de Agúndez hacía constantes llamadas telefónicas vía celular y
lucía sonriente, hasta donde llegó el llamado Mariachi Guaycura, cuyos
integrantes estaban dentro de una camioneta esperando instrucciones para dar la
bienvenida al ex gobernante, señalado de invadir tierras, desviar recursos
públicos y proteger delincuentes en su régimen gubernamental.
Hasta
el cierre de edición, Agúndez habría cumplido 203 días en la cárcel, tras haber
sido detenido el 24 de mayo de 2012, cuando se encontraba escondido en un hotel
en Monterrey, en espera de su hijo Christian, quien fue seguido por agentes de
la Policía Ministerial desde La Paz hasta la ciudad regiomontana, para su
posterior captura.
Independiente
del día que salgan de prisión, Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras
Domínguez deberán regresar cada viernes a firmar el Libro de Procesados.
La
resolución
En
el amparo otorgado el 18 de junio a favor de Agúndez y Porras por el
Juez Segundo de Distrito, Francisco Javier Silva de Anda, y ratificado el
11 de diciembre por los magistrados que conforman el Tribunal Colegiado del
Vigésimo Sexto Circuito del PJF, el Poder Judicial de la Federación determinó
que “no está debidamente comprobado el cuerpo del delito de peculado”, y en
virtud de ello, “el auto de formal prisión no cumple con puntualidad las
precisiones de fondo indispensables para emitirlo; esto, es la existencia de
datos que acrediten el cuerpo del delito de peculado, previsto y sancionado por
el Artículo 154, fracción II, del Código Penal vigente en la época de los
hechos, y por ende, la probable responsabilidad de los quejosos”.
Para
el juzgador y magistrados federales -según su dictamen-, tuvo más valor
probatorio “la autorización de venta por unanimidad emitida el 6 de marzo de
2008 por parte de los diputados de la XI Legislatura, que lo establecido por el
Artículo 3 de la propia Constitución, y donde queda claro que los bienes del
dominio público, son invendibles”.
Incluso
en su razonamiento, el juez Francisco Javier Silva de Anda explica que el
Artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente, no prohíbe expresamente que
pueda modificarse el objeto de los inmuebles donados, lo cual
contradictoriamente, el Artículo 3 de la Constitución Política local, refiere:
“Todo funcionario o autoridad, no tiene más facultades que la que expresamente
autorizan las leyes”.
Desde
el punto de vista de los juzgadores, “el dictamen del Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Penal, fue resuelto de forma dogmática e imprecisa”, y por lo
tanto, desecharon todas las pruebas sobre el delito cometido por el ex
gobernador y su ex secretario general, inclusive pasando sobre la propia
Constitución, porque el Artículo 3 establece claramente que los bienes del
dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Aunque
cuando es facultad y obligación del gobernador el ejercer actos de dominio, lo
cierto es que a la fecha no existe ni ha sido creada Ley o reglamento que
regule la venta de bienes inmuebles, donde se establezcan plenamente reglas y
mecanismos de operaciones.
Peor
aún, el juez Francisco Javier Silva de Anda -según un extracto del recurso de
revisión presentado por la PGJE- “validó la autorización inconstitucional del
Congreso del Estado a favor del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, respecto
de la venta de los siete bienes inmuebles de dominio público que por naturaleza
son invendibles, y con ello el juez federal, en su argumento y razonamiento,
estableció el absurdo e ilegal precedente de que cualquier funcionario,
graciosamente a fin de burlar, violentar y alterar el orden público, previa
autorización del Congreso local, pueda actuar en contra de lo señalado y
prohibido en forma expresa por la propia Constitución”.
Uno
de los razonamientos de la PGJE sostiene: “Peligroso y riesgoso resulta que en
el Estado de Baja California Sur, se permita la enajenación de inmuebles que,
según la Constitución, son del dominio público e invendibles”.
Desde
un principio fue más que evidente y notable el interés del juez Silva sobre el
caso de Narciso Agúndez Montaño, ya que dictaminó de manera versátil y rápida.
Incluso sigue generando dudas y sospechas sobre su actuación.
Lo
último fue el 11 de diciembre, cuando inusitadamente, y tan solo 24 horas de
haber recibido la notificación de los magistrados del Tribunal Colegiado del
Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, solicitó al Juzgado
Segundo de Primera Instancia, reclasificar el delito y fijar una fianza.
El
proceso que comúnmente duraría entre 5 y 6 días, el juez federal lo acordó en
uno solo, a pesar de que había que hacer el engrose, que no es otra cosa que
redactar, corregir, emitir opiniones de los magistrados, imprimir, colocar
sellos y recabar firmas; así como agregar costuras y pastas del expediente de
372 hojas, enviado al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, y en el
cual se oficializó la ratificación del amparo.
La
constante presión del juez federal para que el juzgador local resolviera de
inmediato sobre la reclasificación del delito y la fijación de la fianza, al
cierre de edición era una constante donde el abogado defensor de Narciso
Agúndez, de nombre Othoniel Gómez Ayala, trataba de presionar con medios de
comunicación, familiares y amigos para que dictaminaran sobre el ex gobernador
y su ex secretario general de Gobierno.
Recientemente
el juez Francisco Javier Silva de Anda ordenó la liberación del narcotraficante
y jefe de la plaza de narcomenudistas en La Paz, Adelaido Soto Aguilar o
Eduardo Salas Martínez “El Güero Layo”; caso en el que también hizo a un lado
las pruebas, y dio validez a los dichos del criminal y otros testigos que
presentó en su defensa.
Giuseppe
Marcelletti: Hotelero intocable
Posted
diciembre 17, 2012 by Gerardo Zuniga Pacheco
El
caso ha pasado a manos de cuatro jueces y sigue sin resolverse
Con
una fortuna poco clara en el bolsillo, el dueño de tres hoteles en La Paz, Loreto
y Punta Chivato, construyó un andamiaje de relaciones personales y políticas
que le han valido la impunidad, pese a haber sido sorprendido en flagrancia,
extrayendo ilícitamente agua de un pozo concesionado a la compañía Punta
Chivato Shores, S.A. de C.V. El hecho quedó registrado en la averiguación
previa LPZ/009/AES/2010 por los delitos de desvío, robo y despojo de agua
Punta
Chivato, Baja California Sur. Propietario de la cadena hotelera Posadas Las
Flores, Giuseppe Marcelletti Pandolfi, “El Italiano”, llegó a este destino
turístico en la parte norte de la entidad en 1999.
Hábil
y experto en el manejo de relaciones públicas, rápidamente embaucó a
ejidatarios y empresarios de la zona, pero también defraudó su confianza,
derivando de manera rápida en sendas denuncias penales archivadas desde hace
dos años.
Con
una fortuna poco clara en el bolsillo y dueño de tres hoteles en La Paz, Loreto
y este paradisiaco destino de playa del municipio de Mulegé, “El Italiano”
construyó un andamiaje de relaciones personales y políticas que durante este
tiempo le han permitido permanecer intocable e impune, pese a haber sido
sorprendido en flagrancia extrayendo ilícitamente agua de un pozo concesionado
a la compañía Punta Chivato Shores, S.A. de C.V. El hecho quedó registrado en
la averiguación previa LPZ/009/AES/2010, por los delitos de desvío, robo y
despojo de agua, más lo que resulte.
El
30 de agosto de 2010, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ordenó una inspección y
comprobó que Marcelletti había instalado de manera clandestina tubería de 1 ¼”
que conducía del acueducto a una pila secreta de almacenamiento con capacidad
de 180 metros cúbicos, cubierta con puertas de metal y candados, la cual estaba
dentro de la propiedad del extranjero.
No
obstante de ser descubierta la toma clandestina, Marcelletti no fue detenido
pese la flagrancia, aun cuando estaba en el lugar, rodeado por policías
ministeriales y el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, bajo el
argumento de que el entonces titular de la PGJE, Francisco Karim Martínez
Lizárraga, denegó la orden de captura por tratarse de un “distinguido
inversionista” y amigo del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.
El
parte de la inspección transcribe y, según cálculos de investigadores y peritos
hidráulicos, “Giuseppe Marcelletti Pandolfi habría robado cerca de 150 mil
metros cúbicos de agua potable entre el año 2004 y el segundo bimestre del
2005, por lo que ocasionó un gran daño patrimonial, ya que el cargo económico
de la explotación del líquido, no recayó en el extranjero, sino pasó
automáticamente a la compañía concesionaria del pozo”.
Obviamente,
la extracción del agua provocó que Punta Chivato Shores, S.A. de C.V.,
propiedad del empresario Raúl Lujan Soberanes, incumpliera en sus obligaciones
de pago de la concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
bajo el número de permiso 01BCS102347/05EMGE06, expedido el 19 de junio de
2006.
Datos
recabados por ZETA refieren que la investigación del faltante de agua habría
iniciado en 2008, luego de que el propietario de la compañía concesionaria
detectó grandes diferencias entre los metros cúbicos del bombeo del pozo con
las lecturas en el medidor principal de salida, rigurosamente monitoreado por
personal de CONAGUA.
Durante
ese tiempo, “la empresa revisó cuidadosamente el acueducto y las tuberías que
salían hacia parcelas ejidales y viviendas privadas de extranjeros en busca de
alguna fuga, la cual abastece a los casi 100 pobladores de la zona en diversos
fraccionamientos”.
Sin
embargo, no fue hasta febrero de 2010 -después de intensos trabajos de
mediciones y peritajes- cuando se descubrió que el extranjero Giuseppe
Marcelletti, presuntamente tenía una toma clandestina que iba del pozo hasta el
hotel de su propiedad, y por ende, estaba extrayendo ilícitamente agua. La
única manera de salir de dudas era solicitar una inspección.
Por
esta situación, Punta Chivato Shores, S.A. de C.V. interpuso una denuncia penal
en contra de “El Italiano” y, dos meses después, se ordenó una inspección en la
zona que derivó en el desmantelamiento de la red clandestina.
No
obstante, el caso fue consignado hasta el 16 de febrero de 2011, es decir, seis
meses después, al Juzgado Tercero de la Penal en la ciudad de La Paz,
registrado bajo el expediente 31/2011.
Contraviniendo
el Código Penal de Baja California Sur -que claramente establece un tiempo
máximo de 15 días para resolver el caso-, sospechosamente el juez tardó tres
meses -del 16 de febrero al 2 de mayo de 2011- en devolver el expediente a
la PGJE, argumentando “incompetencia jurisdiccional”. Es decir, “no podría
conocer del asunto, porque debía llevarse en el único Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Santa Rosalía, por ser el más cercano a la zona del conflicto
jurídico”.
Según
un abogado consultado por ZETA, el juzgador “debió haber remitido el expediente
al Tribunal Superior de Justicia del Estado, y desde ahí, inmediatamente se
debió haber enviado al Juzgado de su competencia”, ya que por ese
procedimiento, y en un hecho evidentemente premeditado, se perdieron otros tres
meses más de tiempo, hasta que finalmente el asunto cayó en agosto de 2011 en
el Juzgado Mixto de aquella población, en ese entonces a cargo del juez Bárbaro
Valenzuela; quedando entonces registrado bajo la causa penal 111/2011.
Pero
no todo paró ahí. El verdadero viacrucis comenzó cuando el caso se quedó en la
congeladora desde esa fecha hasta mayo de 2012, es decir, nueve meses después,
y por cuyo Juzgado pasaron cuatro jueces penales. Ninguno dictaminó hasta que
llegó el juez Edgar Hiram Gallegos Cárdenas, y en una decisión “bastante
cuestionable”, según versión de la propia víctima, Raúl Luján Soberanes exoneró
al extranjero del delito cometido, al considerar que el caso “ya había
prescrito”.
El
juzgador no resolvió de fondo el delito cometido, y extrañamente resolvió el
caso. Al día siguiente fue removido y cambiado a un Juzgado de Los Cabos, donde
dicho sea de paso, su padre y su madre enfrentan una denuncia penal en el
Juzgado de su competencia por el delito de despojo.
El
veredicto del juez Gallegos provocó que la PGJE apelara la decisión, por lo
que, de nuevo y para variar, el expediente fue enviado a la Sala Uno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), a cargo del magistrado
Alejandro Santoyo Padilla, el cual sospechosa y extrañamente seis meses
después, se excusó de conocer el caso porque en su acuerdo reconoció “tener
cierta relación de amistad con el abogado del denunciado”.
El
expediente pasó a la Sala Dos del TSJE, a cargo del magistrado Homero Bautista
López, quien revocó la resolución del juzgador el pasado mes de noviembre y
ordenó “entrar al estudio del delito”, porque a su consideración, “no existen
elementos jurídicos de la prescripción del caso”.
Al
cierre de edición, el juez no había resuelto el caso porque el TSJE estaba
entrando en un periodo vacacional del 14 de diciembre al 7 de enero, y
prácticamente preparaba sus “vacaciones”.
El
sospechoso retraso
Sobre
este hecho, el presidente del TSJE, Daniel Gallo Rodríguez, reconoció un grave
retraso en el caso, ya que “la tardanza es un tiempo bastante considerable”.
—
¿En cuánto tiempo debió haberse resuelto este caso, conforme a derecho?
“Pues…
la verdad y de acuerdo con la Ley, contempla 15 días aproximadamente para que
se dictamine un asunto de este tipo”.
—
¿Quince días? Tardaron nueve meses para emitir un primer dictamen, el cual
todavía está en veremos…
“La
realidad de los Juzgados es que estamos sobresaturados de trabajo. Yo te puedo
decir que hemos avanzado, no tanto como quisiéramos, pero anteriormente o en la
anterior administración, hubo casos en que se llegó a la prescripción de
asuntos sin que siquiera hayan sido revisados. No me estoy justificando, hemos
hecho lo que ha estado a nuestro alcance, y por eso estamos implementando para
el próximo año un programa de modernización para, en dos años más, resolver los
casos conforme marca la Ley”.
—
Usted fue litigante en su momento. ¿Cómo considera el tiempo que este asunto ha
tardado en resolverse?
“Es
un tiempo excesivo, la verdad. Para el pedimento de una orden de aprehensión o
la negativa, sí es bastante tiempo, debo reconocer. No es conformismo, pero te
puedo decir que antes pasaban años y nada de nada, simplemente nunca entraban a
estudio, ahí se quedaban”.
Gallo
Rodríguez admitió que el retraso en la resolución pudo haber derivado de que ha
pasado de un juez a otro y de un magistrado a otro, pero “es un error constante
de los jueces esa forma de trabajar, porque en vez de dictaminar de inmediato,
en cuanto reciben el expediente y valorar si es de su competencia o no,
resuelven hasta que ya revisan el caso. Y eso no debe ser, porque para entonces
ya pasaron tres o seis meses”.
—
¿Cabe la posibilidad de algún acto de corrupción en este caso? La pregunta es
porque casualmente tardaron nueve meses en emitir un veredicto que finalmente
fue revocado. Es evidente que mañosamente se dictaminó que “estaba prescrito”,
y en la revisión dice “no está prescrito”. El caso ha pasado a manos de cuatro
jueces y dos magistrados, estamos cerrando el año y sigue sin resolverse
después de dos años. ¿No se le hace raro? En este caso, por lo menos, la
justicia no está siendo pronta y expedita, como se supone debe ser…
“La
verdad sí está raro y creo que debemos revisarlo a fondo. No es posible que
estas cosas sigan pasando en el TSJE. La verdad no estaba muy enterado del
asunto, porque cuando ustedes solicitaron la entrevista, yo solicité un informe
al juez y me entregó un informe de agosto a la fecha, es decir, cuando el caso
comenzó a verse en Santa Rosalía. Y obviamente no fui enterado del antecedente
que había desde febrero a agosto de 2011. Creo que vamos a revisar el asunto”.
—
¿Quién revisa el trabajo de los jueces?
“La
verdad de las cosas, es que ahorita no existe alguna área en específico que
revise el trabajo de los jueces, prácticamente hemos actuado en base a las
quejas de la gente. Debo reconocer que tenemos varias quejas en trámite, y
hasta este momento no hemos cesado a ningún juez por corrupción y obstrucción
de la justicia. La revisión del trabajo de los jueces, debo reconocer es un
tema en el cual no pudimos avanzar este año, pero lo contemplamos para el
próximo año. El presupuesto del TSJE pasó de 127 millones a 173 para 2013, y
tenemos pensado plantear al pleno la creación de un área nueva que se dedique a
revisar y supervisar el trabajo en los Juzgados. La facultad actualmente sobre
esto es de los magistrados, pero es una situación muy complicada porque nos
distrae totalmente de los casos que tenemos en revisión, el cual se rezagaría
más si anduvieron supervisando el trabajo de los jueces. Ese es un punto débil
que tenemos y estamos conscientes”.
Durante
la entrevista con ZETA, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado reconoció que cuando entró en funciones -octubre de 2011-, “los Juzgados
no tenían papel ni tinta”.
“Ciertamente
se justificaba tanta ineficiencia, pero este año ya no tuvimos ese problema, y
el próximo habrá más recursos, de modo que no se va a justificar nada
relacionado a su trabajo y vamos a tener la autoridad moral para exigirles que
cumplan con su trabajo”.
—
Uno de los principales reclamos en las elecciones locales pasadas fue el tema
de la justicia. Sin embargo, vemos que siguen trabajando los mismos jueces que
estaban en la administración anterior. Todo está intacto y nada se ha cambiado…
“La
verdad sí, estamos hablando… Ay, son los mismos. De hecho han sido varios años
que no tenemos Juzgados nuevos”.
—
Son exactamente los mismos, porque ni siquiera los han rotado…
“La
verdad no, de hecho te puedo comentar que tenemos dos Juzgados familiares aquí
en La Paz, donde los jueces tienen años en el mismo lugar. Yo recuerdo que
empecé a litigar en 1995, y de esa fecha hasta ahora, son exactamente los
mismos jueces. Los hemos reforzado a algunos con personal, pero la realidad es
que no hemos crecido nada y tampoco hemos oxigenado los Juzgados”.
—
¿Qué va a pasar con el caso del italiano?
“El
caso ya está en manos del Juzgado otra vez en Santa Rosalía, deberá resolverse
a más tardar en dos meses, a partir de esta fecha, si no es que antes”.
La
controversia
ZETA
solicitó una entrevista con Giuseppe Marcelletti. Sin embargo, éste se negó a
concederla. A través de su personal de confianza, solo envió una carta en la
cual indica que cuando adquirió el hotel de Punta Chivato, hoy llamado Posadas
de Las Flores, “… los ejidatarios de la zona -antiguos propietarios– expusieron
que la compra incluía el suministro de agua potable que había sido dotado desde
su creación”.
Sin
embargo, se dijo víctima del propietario del pozo de agua que pretende
obligarlo a pagar desde finales de 2005 y hasta la fecha.
En
la misiva, el extranjero relata que el dueño de Punta Chivato Shores, S.A. de
C.V. ha monopolizado la venta y distribución de agua en la zona porque
“pretende cobrársela”, lo que contraviene la visión turística y de desarrollo
de Punta Chivato, y donde dice haber invertido en la urbanización de un
complejo turístico denominado Chivato Village y La Mirage, el cual consta de 91
lotes turísticos con vista al mar.
De
igual manera, el extranjero asegura haber invertido 20 millones de dólares en
una cadena de tres hoteles en La Paz, Loreto y Punta Chivatos, a fin de
promover el turismo europeo en estos destinos de playa, a donde cada año
-describe-“llegan seis mil turistas italianos”.
Sin
embargo, el propietario de la empresa Punta Chivato Shores, S.A. de C.V. y
concesionario del pozo de agua, Raúl Luján Soberanes, afirmó que no tuvo más
remedio que dejar de abastecer el agua al extranjero, pues desde 1999 hasta
finales de 2003, se negó a pagar el consumo del líquido.
Durante
los cinco años, y según sus cálculos, el italiano consumió 125 mil metros
cúbicos de agua, equivalentes a 25 mil metros cúbicos por año.
“Quería
el agua gratis”, asentó Luján, para agregar: “Como si la CONAGUA no cobrara la
explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales que extraemos del
subsuelo”.
El
10 de agosto de 1999, el empresario adquirió la totalidad de los derechos
de titularidad de la parcela número 121, con una superficie de 760 hectáreas,
que pertenecía a un grupo de copropietarios del Ejido de San Bruno, según
consta en la escritura 11139 Volumen 96, certificada por la Notaría Pública
Número 6 de Santa Rosalía, y donde se compró la totalidad de los derechos del
pozo de agua ubicado en el acuífero de San Marcos-Palo Verde, otorgada por la
CONAGUA.
En
aquel entonces la compañía concesionaria era Constructora e Inmobiliaria de San
Bruno, S.A. de C.V., cuyo pozo era operado y administrado por miembros del
Ejido San Bruno y residentes extranjeros en Punta Chivato, según el expediente.
Sin
embargo, la explotación del pozo y el agua venía efectuándose fuera de control
alguno, aunado a que existía un rezago de ocho años en la omisión del pago
correspondiente, por lo que el nuevo concesionario inició trámites de
regularización en el año 2000.
A
partir de esa fecha, y hasta mayo del 2002, se suscribieron dos convenios, y
donde de inmediato, y a la firma, se efectuó un pago de un millón de pesos, y
luego se estableció lo siguiente.
-
El primero, a pagar en 48 mensualidades por concepto del adeudo de consumo de
aguas nacionales de 1998 a 2002, por un monto de 568 mil 309 pesos.
-
El segundo, a pagar en 36 mensualidades por concepto del adeudo de descarga de
aguas residuales de 1998 a 2002, por 367 mil 801 pesos.
Una
vez pagada la deuda, el empresario Raúl Luján Soberanes inició los trámites
para transferir las concesiones del pozo de agua y de descargas residuales a
nombre de Punta Chivato Shores, S.A. de C.V., lo cual se cristalizó hasta
el 19 de junio de 2006.
Hoy
por hoy, después de casi 14 años, el extranjero nunca pagó el adeudo del agua y
hasta incurrió en el robo, generando un adeudo de casi 37 millones de pesos.
En
este caso tuvo que intervenir hasta la Embajada de Italia en México en 2008,
sobre todo por la serie de problemas legales que se vinieron en contra de
Giuseppe Marcelletti por su negativa del pagar el consumo de agua; pero es
gracias a sus relaciones personales y políticas, que sigue impune e intocable.
Las
descargas
Lo
más grave del asunto, es que el hotel Posadas Las Flores en Punta Chivato
carece de un permiso para la descarga de aguas residuales en la zona, donde el
delegado de CONAGUA en Baja California Sur, Israel Camacho Gastélum, se ha
hecho de la vista gorda.
El
extranjero ha vertido aguas negras durante 14 largos años sin tener una
concesión ni efectuar pago alguno a la dependencia federal, como sucede con la
mayoría de los hoteleros.
Durante
una recorrido por la zona, los propios pobladores comentaron que Marcelletti no
ha sido objeto de algún monitoreo, revisión o auditoría ambiental por parte de
la Comisión Nacional del Agua, o la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA).
ZETA
solicitó una entrevista con el delegado de CONAGUA en el estado, Israel Camacho
Gastélum, quien dijo estar “fuera de la ciudad”.
Empero,
respondió un cuestionario entregado. A la pregunta de si Giuseppe Marcelletti
cuenta con permiso de descarga de aguas residuales en Punta Chivato, respondió:
“Es información de carácter confidencial”.
Contradictoriamente,
y lo que sí “no fue confidencial”, es que recientemente se integró el
expediente BCS-E-0265-25-04-05, autorizando la explotación de 30 mil metros
cúbicos a favor de Inmobiliaria Punta Chivato de BCS, S.A. de C.V., persona
moral que opera el hotel Posadas Las Flores, cuyo propietario es el italiano
Giuseppe Marcelletti.
Datos
recabados por este Semanario exponen que la única compañía que hasta hoy cuenta
con concesión de descarga de aguas residuales es Punta Chivato Shores, S.A. de
C.V., que ampara un volumen de descarga de 12 mil metros cúbicos, prorrogado
hasta el 18 de septiembre de 2017.
Hartazgo de regidores en Los Cabos
Posted diciembre 17, 2012 by Gerardo Zuniga Pacheco
Permiso a casino evidencia desorden en Cabildo
El último asunto polémico es la aprobación del casino
Sunrise, que contraviene al Plan de Desarrollo Urbano y, según versión de los
líderes del PAN y del PRI, Francisco García Valdez y Modesto Robles Castro, “la
actuación de los regidores está quedando en evidencia, ya que dieron la espalda
a la sociedad y traicionaron su encargo de representación popular para
responder a sus intereses económicos”
Los Cabos, Baja California Sur. Cuando se trata de
vivir del presupuesto público, los regidores del Ayuntamiento de Los Cabos se
pintan solos.
Nadie mejor que los ediles para hacer como que
trabajan sin mover un dedo, y cobrar cada quincena su sueldo de 23 mil pesos
libres de impuestos y del nulo descuento, por si asisten o no al Ayuntamiento.
Lo mismo faltan a su oficina que a sesiones de
Cabildo, y comúnmente la mayor parte de los regidores justifica su inasistencia
con el argumento de que “andan atendiendo asuntos relacionados a su comisión, o
resolviendo alguna gestión social”, como sucedió el 3 de diciembre, cuando
Francisco García Valdez y Modesto Robles Castro, líderes de los partidos Acción
Nacional y Revolucionario Institucional, fueron a las once de la mañana a su oficina
y ninguno estaba presente. No había quien recibiera un documento donde
solicitaban su renuncia, si de plano, no podían con el puesto.
Hoy por hoy, los ediles del gobierno de José Antonio
Agúndez Montaño tienen a su disposición una asistente, un asesor técnico y, en
algunos casos, hasta portan vehículos propiedad del gobierno municipal, pagados
y financiados por la sociedad.
Hasta ahora, ningún reglamento o Ley puede obligarlos
a rendir cuentas, por lo tanto su productividad no raya en los límites de la
jurisdicción de la función pública.
A casi dos años de haber tomado posesión del cargo,
el grueso de las iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo no solo no
corresponden a las necesidades de los cabeños; tampoco pueden vislumbrarse
impactos positivos. En algunos casos han votado por acuerdos que van en contra
de los intereses de la sociedad.
El último asunto que desató la ira de la ciudadanía,
es la aprobación de la apertura del casino Sunrise en San José del Cabo,
contraviniendo la normatividad y ordenamientos vigentes del Plan de Desarrollo
Urbano, donde según versión de Francisco García Valdez y Modesto Robles Castro,
“la actuación de los regidores está quedando en evidencia, ya que dieron la
espalda a la sociedad y traicionaron su encargo de representación popular para
responder a sus intereses económicos”.
En entrevista con ZETA, los dirigentes partidistas
dijeron estar unidos en una lucha a favor de los intereses mayoritarios de la
sociedad, y en contra de los intereses obscuros y delincuenciales de los
regidores cabeños, aun cuando históricamente han sido adversarios electorales.
Los líderes del PAN y del PRI prácticamente
solicitaron la renuncia de los ocho ediles que votaron a favor de la apertura
del casino, ya que según García y Robles “no cumplen con el perfil para el que
fueron electos”; aunado a la falta de liderazgo ypasiva complicidad del alcalde
José Antonio Agúndez Montaño, que permite la toma de decisiones al borde de la
anarquía e ingobernabilidad.
Los regidores que votaron a favor de la apertura del
casino son: Juan Mauricio Albañez, Octavio Arvizu, Anel Marrón, Víctor Ortegón
Góngora, Emilia Vega, Ana María Wilson, Reynaldo Zatarain y Eda Palacios.
Sin embargo, para su mala fortuna, no solo el PAN y
el PRI están cuestionando actualmente el desempeño de los regidores. La mala
toma de decisiones se vino como bola de nieve, donde la sociedad organizada
parece haber despertado por el papel desempeñado por los regidores agundistas y
perniciosos.
El 11 de diciembre, Armando Sánchez y Rosa Luz
Treviño, presidente de la Asociación de Padres de Familia y de la Asociación
del Centro Histórico de San José del Cabo, respectivamente, fijaron su postura
sobre el sonado caso de la aprobación de apertura del casino, entregando un
escrito al secretario general, Guillermo Marrón, que consta de cinco puntos:
1. La revocación inmediata de cualquier acuerdo de
Cabildo para instalar casinos en perjuicio de la población local.
2. El apego irrestricto a la legalidad, donde piden
la reactivación del Consejo Consultivo como instancia de consulta y consenso
para la toma de decisiones referentes al cambio de uso de suelo y otras
modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano por parte del Cabildo que afecten
los intereses de la población, y donde están representadas todas las fuerzas
vivas de la sociedad.
3. La transcripción de la sesión de Cabildo del 20 de
noviembre de 2012, cuando fue autorizada la instalación del casino.
4. La aprobación inmediata del Nuevo Plan de
Desarrollo Urbano, y evitar el aprovechamiento de las lagunas legislativas para
cometer atropellos en contra de la sociedad.
5. Informar a la sociedad sobre el resultado de las
peticiones.
Pero apenas entregaron la petición, una nueva andada
se registró en contra de los regidores agundistas el 12 de diciembre. Al cierre
de edición, el llamado Grupo de Madrugadores se había reunido; ahí estaban
presentes presentes empresarios, asociaciones civiles, organizaciones ejidales,
hoteleras y restaurantes, quienes en su conjunto hablaron del hartazgo social a
las decisiones de los regidores, que podría orillar -adelantaron- a formalizar
la solicitud de juicio político en el Congreso de Baja California Sur.
“Estamos viviendo un momento histórico donde la
sociedad organizada está despertando y entendiendo a cabalidad todo lo que se
puede generar cuando se unen todas las fuerzas, y que solo unidos podemos ser
un contrapeso del gobierno cuando se tomen decisiones fuera de la Ley”, expuso
Charlette Ramos, titular de la Asociación de Mujeres Empresarias de Los Cabos.
En la reunión se tocaron dos puntos clave para evitar
que en el futuro se vuelvan a tomar decisiones amañadas, particularmente la
reactivación del Consejo Consultivo y la aprobación urgente del Plan de
Desarrollo Urbano, el cual tiene un año y tres meses en la congeladora de la
Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología, presidida por el regidor
Julio César Castro Pérez.
Por su parte, el presidente de la Asociación de
Abogados, Armando Serrano, expuso que la ciudadanía debe hacer valer la Ley, y
ante decisiones arbitrarias de parte de la autoridad, “no tiene más remedio más
que hacer un frente común y defenderse”.
Lo que cuesta el Cabildo
Concepto
Costo unitario
Gran total
Sueldo del alcalde
$44,114.66
$44,111.66
Sueldo de 11 regidores
$23,000.10
$253,001.10
Sueldo de 6 asistentes
$8,839.00
$53,034.00
Sueldo de 4 secretarias ejecutivas
$8,972.00
$35,888.00
Sueldo de 2 auxiliares administrativos
$7,294.23
$14,588.46
Sueldo de 7 asesores técnicos
$9,935.33
$69,547.31
Sueldo de 2 secretarios privados
$17,843.31
$35,686.62
Renta de un local comercial exclusivo para los
regidores Julio César Castro y Víctor Ortegón Góngora
$4,995.00
$4,995.00
Renta de un local comercial para los regidores Juan
Mauricio Albañez, Octavio Arvizu Buendía, Ana María Wilson, Eda Palacios
Márquez, Anel Marrón Amador, Emilia Vega Uribe, Reynaldo Zatarain Valera, Mario
Fernández y Juan Fernando Sánchez Navarro
$26,593.38
$26,593.38
Gran total
$537,445.53
Fuente: Cabildo de Los Cabos
Nota: El presente desglose no contiene los gastos de
operación de oficinas y de 11 vehículos en poder de regidores, gastos de
representación, gastos de apoyos asistenciales y gastos por presidir una
comisión.
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