ZETA
Policía desacreditable
Posted diciembre
3, 2012 by ZETA
Investigaciones
Agentes de la PEP privaron de su libertad a un ladrón de
autos
El incidente tuvo lugar el 22 de
noviembre cuando un comandante y tres agentes de la Policía Estatal
“acreditable” retuvieron a un delincuente por un presunto gane de droga. El
caso ahora es investigado bajo la averiguación previa número LPZ/711/AMP8/2012
Ni
los cursos ni la certificación de control de confianza sirven cuando algún
policía se encuentra bajo los influjos del alcohol y otros enervantes.
El
último episodio fue el que protagonizaron la noche del 22 de noviembre cuando
un comandante y tres agentes de la Policía Estatal “acreditable” en la casa
marcada con el número 153 de la calle Laja de la colonia El Progreso de La Paz,
privaron de la libertad a un ladrón de autos.
Los
agentes que forman parte del cuerpo de élite de la Policía Estatal Preventiva,
quienes iniciaron operaciones a partir del 1 de agosto acabaron con la noción
de que eran “incorruptibles”, y de paso, evidenciaron lo siguiente:
1.-
El escaso aprendizaje que lograron y el sentido de responsabilidad social que
tienen, cuando se prepararon durante casi un año en los mejores campos de
entrenamiento policiaco y militar, porque a la primera borrachera, perdieron la
cabeza y no supieron controlar sus emociones.
2.-
No existe control en el manejo del armamento, porque cuando fueron detenidos
por sus propios compañeros, tenían en su poder armas cortas y largas que se
supone deberían de estar almacenadas en el banco de armas, ya que se
encontraban fuera del horario de trabajo.
3.-
Tampoco existe control en el manejo de las unidades oficiales, ya que cuando
fueron sometidos tenían en su poder una patrulla de color blanco y sin
insignias que está asignada al Grupo de Operativos Especiales de Seguridad
(GOES).
Lo
más grave de todo es que el problema comenzó por una supuesta dosis de droga,
cuando el comandante de Operaciones Especiales, de nombre Juan Carlos Casanova
Posadas, y los agentes Édgar Jason Rodríguez Gómez, Francisco Fabián Jaime Meza
y Armando Macorro González, solicitaron a un presunto narcomenudista vender
“una madre”, y como se negó, porque “lo estaban confundiendo”, entonces fue
retenido en contra de su voluntad en la vivienda de uno de los policías
implicados, según quedó asentado en la averiguación previa número
LPZ/711/AMP8/2012.
En
la denuncia penal la víctima, de nombre Dwinger Misair Rosales Manríquez,
relató que ese día llegó a la casa de su amigo Isaac Avisaís Lazcano Victoria,
acompañado de su novia, y se estacionó atrás de la patrulla, cuando repentinamente
salió una persona vestida de policía y le pidió que se bajara del carro y se
colocara frente a la patrulla.
“En
eso salieron otros dos agentes armados, y entre los tres me metieron a la casa,
y me piden que me siente en un sillón, y cuando levantó la cabeza veo que
tenían una caja de balas en la mesa y unas pistolas y varios cartones de
cerveza y noté que estaban tomando, porque tenían varios botes abiertos”,
explicó.
El
joven de 21 años afirmó que un policía le dijo: “Véndenos una madre de droga, y
yo le conteste que yo no vendía droga, y entonces me ordenó que me tomara una
cerveza, y yo le dijo que no, y entonces, me puso una pistola en la cabeza, y
me dijo textualmente tómatela, y me la tomé”.
La
novia de la víctima se había quedado afuera esperando a que saliera de la casa,
y como no salía, reportó la privación ilegal de la libertad de su pareja al
Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, conocido como
“C-4”.
Según
el expediente, en parte posterior de la casa, uno de los cuatro policías
vigilaba la vivienda con un arma larga, y repentinamente, se metía, tomaba un
trago a la cerveza y se volvía a salir.
El
joven relató que así lo tuvieron sentado como media hora, hasta que le sacaron
el teléfono de su amigo de 29 años que vive, justo a un lado de uno de los
policías que resultó ser su vecino en la calle Laja y Progreso, y le marcaron y
le dijeron que fuera y tenía media hora para llegar y entregarles 15 mil pesos
que “tenían pendientes”. De lo contrario, consignarían a su amigo por
narcomenudeo.
Empero,
en eso estaban, cuando llegó una patrulla de la Policía Estatal Preventiva y
avisó que la novia había pedido auxilio y “venía la clica en camino”, por lo
que lo sacaron del lugar y lo amenazaron de que si hablaba “vendrían por él”.
Fue entonces cuando a la vivienda llegaron varias
patrullas de la Policía Ministerial del Estado, y solicitaron la liberación del
joven privado de su libertad.
Los
policías “acreditables” respondieron que dentro no había nadie, y comenzaron
hacerse de palabras. Entre unos y otros, se agredieron verbalmente, y los
policías estatales, se negaban a entregarse.
Según
el parte informativo de los hechos, los policías ministeriales se colocaron en
la puerta de la casa y pidieron que salieran y se entregaran, por lo que los
policías estatales en total estado de ebriedad, retaban que entraran por ellos
y apuntaban sus pistolas y armas largas a los del otro cuerpo policiaco.
Cuando
el caso estaba candente, llegó un convoy de la Policía Estatal Preventiva
encabezado por el Comisario Víctor Hugo Mendoza Mora, y solicitó hablar con el
comandante y los tres policías implicados, quienes entregaron sus armas y
fueron arrestados por sus propios compañeros.
La
investigación
Sobre
este caso, el secretario estatal de seguridad pública, Álvaro de la Peña
Angulo, expuso que “de ninguna manera vamos a tolerar esta situación” y anunció
que la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Estatal Preventiva, estaba
iniciando un proceso administrativo en contra del comandante y los tres
policías involucrados por haber incurrido en esta grave falta.
Datos recabados por ZETA indicaron que el agente Armando
Macorro González, solicitó al día siguiente de los hechos su renuncia con
carácter de irrevocable, por lo que de esta manera evitará un procedimiento
interno.
No
obstante, y al igual que el resto de los involucrados, tendrá que responder por
el delito de privación ilegal de la libertad en contra del joven, quien dicho
sea de paso, resultó ser un ladrón de autos.
Según
un parte informativo de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y
Tránsito Municipal de La Paz, el 13 de octubre, Dwinger Misair Rosales
Manríquez y su amigo Isaac Avisaís Lazcano Victoria fueron detenidos por la
patrulla SP-97, cuando circulaban a bordo de un vehículo sin placas sobre la
calle Gravilla y Laja de la Colonia El Progreso en La Paz.
La
unidad cuatro puertas, color beige, tipo sedán, línea Corolla, marca Toyota y
número de serie JT2AE92E1J0081975, contaba con un reporte de robo levantado el
4 de octubre por su legítima propietaria de nombre Rosa Isela Morales Cadena de
43 años, quien aseguró que “el vehículo había sido robado del estacionamiento
del negocio denominado City Club de Plaza La Paz”.
Los
dos jóvenes fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio
Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), y extrañamente y de manera sospechosa fueron liberados, a pesar de
haber sido detenidos en flagrancia del vehículo robado.
Hoy por hoy, los investigadores de la PGJE, creen que
el ladrón de autos y su compañero, tenían negocios ilícitos con el comandante y
los tres policías “acreditables”, y quienes reclamaban un pago de 15 mil pesos
por algo que todavía no queda claro. “Puede ser una cuota o el resultado de
algún negocio sucio”, dijo uno de los investigadores a ZETA.
Aun
así, el 26 de noviembre el titular de la Secretaría Estatal de Seguridad
Pública (SESP), citó a primera hora a una reunión urgente a todos los
agentes de la Policía Estatal Preventiva, incluidos los “Acreditables” y los de
“Operaciones Especiales”, y les advirtió que “no vamos a tapar y a solapar nada
que afecta directamente a la ciudadanía, y mucho menos cuando están empañando
la imagen de la institución”.
Hasta
entonces no se sabía de los antecedentes de la supuesta víctima de privación
ilegal de la libertad y lo que podría estar detrás de todo este caso, cuyos
datos estaban surgiendo conforme avanzaba la investigación de la PGJE.
La
línea de investigación estaba arrojando un vínculo criminal entre “Policías
Acreditables” y delincuentes especializados en el robo de vehículos, como quedó
asentado en las boletas de arresto número 15231 y 15232 de la Dirección de
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, cuando
Dwinger Misair Rosales Manríquez y su amigo Isaac Avisaís Lazcano Victoria
fueron detenidos, y posteriormente, liberados.
Las
reacciones
Pero
más allá del trasfondo de este caso, el Presidente de la Comisión de Seguridad
Pública del congreso local, Omar Zavala Agúndez, hizo un llamado a los
titulares de los cuerpos de seguridad y de justicia a evitar confrontaciones y
evidenciarse a sí mismos ante la sociedad.
El
legislador lamentó que no se estén extremando precauciones en la vigilancia del
resguardo, manejo, uso y existencia del armamento con que cuentan los cuerpos
de seguridad.
Desde
su punto de vista, la seguridad pública se ha convertido en una preocupación
central, sobre todo por el incremento en el porcentaje de delitos cometidos con
violencia, la proliferación de armas de fuego, la baja eficiencia en el sistema
de prevención y sanción de delitos, entre otras cosas.
El
diputado dijo que no son bien vistos por la sociedad los “dimes y diretes”
entre dos corporaciones distintas, como sucedió en el caso de la colonia “El
Progreso” y donde estuvo a punto de salirse de control de no haber sido porque
llegaron los jefes policiacos.
Para
el titular de la SESP, Álvaro de la Peña Angulo, todo derivó de una supuesta
broma entre policías y el ladrón de autos, porque –de acuerdo a la versión de
sus propios elementos— “conocían al joven y le estaba jugando un chiste”.
El
funcionario pretendió justificar de esta manera el comportamiento de sus
agentes, pero dijo que de todas maneras los dichos de los policías iban a ser
verificados y se abriría una investigación interna para deslindar
responsabilidades.
El escándalo de “La niña verde”
Posted diciembre
3, 2012 by Gerardo
Zuniga Pacheco
La PGJE investiga denuncia contra profesor del
colegio de Carla González Martínez
Madre
de familia señaló a Carlo Romero Peña, maestro de educación física, por haber
molestado a su hija, en el Colegio Mission, propiedad de la hija menor del
fundador del PVEM. A cambio fue amenazada de perder la beca de la menor si
hacía el caso público. Finalmente el caso fue denunciado a las autoridades.
Otros padres de familia también señalan el acoso del profesor
San José del Cabo, Baja California Sur. El 18 de septiembre Carla González Martínez, la hija
menor del fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge
González Torres, supo en voz de una madre que “el profesor de educación física
había encerrado en un almacén del colegio de su propiedad a su pequeña hija de
escasos 8 años y estuvo a punto de violarla”.
La
madre relató que el maestro primero comenzó a platicar y jugar con la
estudiante, y aprovechándose de la amistad, la invitó a pasar a la bodega de la
escuela, donde guardan el material deportivo, y ya en el interior, cerró la
puerta y comenzó a acariciarla.
Los
roces del acusado, de nombre Carlo Romero Peña, subieron de tono a tal grado
que bajó sus prendas íntimas y comenzó a tocar a la niña hasta que se asustó y
quiso llorar. El profesor entonces la soltó y la dejó salir del lugar, con la
promesa de no decir una sola palabra.
La
madre de la niña es empleada y encargada de la tienda del colegio denominado
“Mission”, y cuando sucedieron los hechos, no se dio por enterada, ya que
estaba ocupada haciendo el corte de caja de las ventas del día, mientras su
hija jugaba supuestamente en el patio del colegio.
Sin
embargo, la afectada relató a su madre lo sucedido, una semana después, cuando
oponía resistencia a la clase del profesor. Fue entonces que decidió exponer el
caso a la directora del colegio.
Lo
primero con lo que se topó esta señora fue el silencio de Carla González
Martínez, quien “no quería un escándalo que involucrada a su plantel
educativo”.
El
caso no transcendió por el momento, porque sobre la madre pesaba la advertencia
de que perdería la “beca de su hija”, en caso de que algo trascendiera fuera
del colegio.
Pero
la madre de familia no pudo más. El abuso fue expuesto y desató un escándalo
que llegó a oídos de la mayoría de los padres de familia del plantel, maestros
y personal administrativo, quienes preocupados, sostuvieron una reunión con
carácter de urgente para hablar sobre el caso de la niña victimada.
Después
de trascender el caso, la hija del fundador del PVEM todavía tuvo una par de
semanas laborando al profesor señalado dentro del plantel, hasta que los padres
de familia solicitaron su remoción y fue interpuesta una denuncia penal en
contra de Carlo Romero Peña por atentado al pudor, la cual quedó registrada
bajo el número de averiguación previa SJC/335/SEX/2012.
El
profesor fue despedido del colegio, donde también laboran su esposa y un hijo.
A
raíz de la denuncia penal en contra del maestro conocido como “Beto”, otras dos
niñas –una de 9 y otra de 10— hablaron de los abusos físicos constantes del
profesor en sus partes íntimas, así como caricias en sus piernas e incluso
nalgadas y “besitos de piquito”, lo cual quedó plenamente asentado en las
averiguaciones previas SJC/341/SEX/2012 y SJC/342/SEX/2012.
Durante
una entrevista con ZETA, el Procurador Gamill Arreola Leal, adelantó que “el
caso de las tres niñas que fueron agredidas en el Colegio Mission ya es
investigado; actualmente se están recabado pruebas, declaraciones testimoniales
de las víctimas y sus padres y se elaboran estudios periciales para sustentar
las acusaciones en contra del presunto responsable”.
La
postura
Sobre
este nuevo escándalo de un integrante de la Familia Verde, Carla González
Martínez declinó ofrecer una explicación oficial.
La directora del “Colegio Mission” no estaba cuando
fueron solicitadas un par de entrevistas. Únicamente respondió Susana Hijar, la
directora de Relaciones Públicas del colegio, escoltada por una maestra y un
profesor, y quien en un tono amenazante, pidió el retiro del fotógrafo de ZETA,
y de un camarógrafo de televisión “ya que están en una propiedad privada”.
La
empleada de la escuela dijo que “era una situación bastante incómoda de que se
estuvieran tomando fotografías de las instalaciones del colegio”, sobre todo
porque “en ese momento estaban llegando los padres de familia a recoger a sus
hijos y se estaban dando cuenta de lo sucedido”.
La
trabajadora de “La Niña Verde” estaba a la defensiva, cuando se percató de la
presencia del Semanario y de un par de reporteros de televisión nacional e
internacional: “Están inventando muchas cosas, y es muy incómodo para nosotros,
además si inventan cosas, se pueden meter en problemas”, amagó.
—Lo único que estamos solicitando es una entrevista
formal con la directora para que responda unas preguntas.
“Pero
la persona que ocasionó esto en el momento en que se descubrió esto salió del colegio
y él ya no esta aquí”.
—Precisamente por eso estamos aquí. Eso es lo que
queremos que nos explique. ¿Qué pasó con el profesor? ¿Lo denunciaron? ¿Lo
corrieron? ¿En qué va a desencadenar todo esto?
“Ya
se lo estoy diciendo, tómelo como oficial”.
— ¿Usted nos da la entrevista?
“No,
le estoy diciendo lo que sucedió, nada más”.
El
alegato duró más de media hora hasta que finalmente los reporteros de este
Semanario se fueron del lugar.
Posteriormente,
en un correo electrónico, un directivo del colegio hizo llegar su postura
oficial sobre los hechos, explicando que el profesor fue dado de baja de manera
inmediata, después de que una madre de familia se quejó de que “había dado una
nalgada a su hija”, lo que fue calificado como grave, deplorable e intolerable.
El
documento explica que el profesor de educación física fue requerido por la
dirección de la escuela, quien se justificó con que “la nalgada fue sin
malicia”, explicación que resultó insuficiente e inaceptable por “haber
vulnerado los derechos del infante y los principios de respeto.
“En
base a lo anterior, se procedió inmediatamente a separarlo de su cargo, y se
levantó una acta administrativa, y se abrió una investigación interna que
arrojó indicios de que no solo se trató de una nalgada a una alumna, sino que
al parecer hubo más niñas involucradas, con otro tipo de conductas más graves
sin que hasta el momento existan indicios de alguna violación o actos
equiparables”, expuso.
El
colegio reconoció que la conducta del maestro puede constituir un delito de
conformidad con el Código Penal del Estado, por lo que invitó a los padres que
se sintieran agraviados a interponer la denuncia correspondiente, en cuya
investigación, participaría la escuela.
En
el escrito, el directivo del colegio –quien solicitó no publicar su nombre—
dijo que se reunieron con funcionarios de la Subprocuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia, a efecto de enterarlos oficialmente de lo sucedido y
coadyuvar en las investigaciones. Por lo pronto la menor y la madre trabajadora
de la escuela, están recibiendo terapias psicológicas para que superen el
problema.
Padres
indignados
El
caso del colegio de la hija del fundador del PVEM, Carla González Martínez, ya
rebasó el plano nacional. Fue expuesto en el programa Al Rojo Vivo de la cadena
internacional Telemundo, después de que los medios locales les cerraron las
puertas a los padres de familia y se negaron a publicar el caso.
Los padres llamaron a ZETA,
y dijeron estar “verdaderamente molestos porque el colegio únicamente había
corrido al profesor, en vez de proceder penalmente en su contra por el abuso a
las niñas”.
El
caso cobra relevancia porque se trata de hijos de empresarios y extranjeros,
quienes pagan colegiaturas de 7 mil pesos mensuales, y a cambio “sus hijos
quedan en manos de pervertidos, como el profesor Carlo Romero Peña”.
El
padre de una de las infantas, de origen estadounidense, consideró que la
responsabilidad de lo que sucedió a su hija, recae directamente sobre los
dueños del colegio, porque “cuando yo dejo a mi niña en la puerta de la
escuela, tienen la obligación de educarla y cuidarla mientras regreso por
ella. Cuando yo la recojo, entonces, es responsabilidad mía”.
Desde
su punto de vista, la investigación sobre el caso “va muy lenta”, porque si
esto hubiera sucedido en Estados Unidos –expuso–, el presunto responsable
primero hubiera sido entregado por el propio colegio a la justicia, y, segundo,
ya estuviera sujeto a un proceso penal.
Sin
embargo, dijo que en México, todo es al revés. “Primero denuncian, luego
investigan y hasta el final detienen al culpable, con el riesgo de que pueda
evadir la acción de la justicia o huya del estado”.
Otro
de los padres, lamentó que el colegio de “La Niña Verde” no revise el perfil
psicológico de los profesores que tienen trato directo con los niños, porque
aun cuando el maestro, tenía más de ocho años en la escuela, algunas de las
infantes ya habían comentado que el profesor siempre les daba besos “de
piquito” en la boca.
“Mi
hija dice que siempre andaba de buen humor, y se ponía a vacilar con ellas, y
les pedía que le dieran un beso en el cachete, y cuando lo hacían, volteaba la
cara y se los daba en la boca, y soltaba la risa, y como todos los niños son
inocentes, se les hacía una gracia eso, pero detrás de este comportamiento hay
evidentemente una persona enferma”, expuso.
El
padre de familia comentó que hasta ahorita el comportamiento de su hija, es
retraído y como ausente, lo que definitivamente le está preocupando, tomando en
cuenta que era una infante sonriente y muy platicadora.
— ¿Cree que tenga secuelas?
“Pues,
la verdad, ahorita es muy temprano para poder emitir un pronóstico, hablé con
un psicólogo, y me expuso que si hubo algún daño psicológico, ése se habrá de
manifestar, cuando la niña crezca, y comience a conocer jovencitos, con quien
pueda entablar una relación emocional. Ahorita no se nota mucho, pero sí la veo
retraída”.
A
raíz del escándalo, el “Colegio Mission” retiró de su portal de internet todas
las fotografías y nombres de sus profesores y hasta los datos de la directora,
Carla González Martínez.
Actualmente, y al cierre de esta edición, ZETA corroboró que el presunto responsable
trabaja en un centro deportivo conocido como “La Huerta” en San José del Cabo,
donde todos los días, tiene contacto con menores.
El presunto responsable
Nombre:
Carlo Romero Peña
Edad:
55 años
Originario:
México, D. F.
Tiempo
en el colegio: 8 años
Materia:
Educación Física
Denuncias
en su contra: SJC/335/SEX/2012 — SJC/341/SEX/2012 — SJC/342/SEX/2012
El cuñado cómodo
Posted diciembre
3, 2012 by Gerardo
Zuniga Pacheco
Empresa de Giovanni González Pelayo acaparó 41 millones de
pesos de agosto a diciembre de 2011
Pariente del
diputado Gil Cuevas y amigo del secretario de Finanzas, atesora contratos en el
gobierno de BCS a través de Codeprosa, firma que creó en 2004
Giovanni
González Pelayo es un tipo con suerte. Hijo del empresario del ramo mueblero
Encarnación González, mejor conocido como “Chon González”, es íntimo amigo del
secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, y cuñado del presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Baja
California Sur, Gil Cuevas Tabardillo.
La fortuna del empresario comenzó a gestarse en 2005,
cuando arrancó el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y registró
-cuatro meses antes de iniciar el gobierno perredista- una compañía de su
propiedad, denominada Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A
de C.V., según
escritura pública número 19 mil 310, certificada por el Notario Público Número
9, Óscar Amador Encinas.
La
compañía, mejor conocida como Codeprosa, fue inscrita el 20 de diciembre de
2004 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de
contribuyente CDP-041220-9W6. Comenzó a recibir paulatinamente contratos en el
primer tramo de la administración agundista, los cuales se robustecieron con la
llegada de José Antonio Ramírez Gómez a la Secretaría de Finanzas, luego de que
el 18 de octubre de 2008 perdiera la vida el entonces titular Nabor García
Aguirre, cuando la avioneta Cessna 402C, matrícula XEHAQ, repentinamente se
desplomó y cayó al precipicio, al salir de la ciudad de Monterrey rumbo a La
Paz.
Pero
el tiempo de bonanza no pudo haber sido mejor para Giovanni -como le llaman sus
amigos-, con la ratificación de Ramírez en Finanzas en el cuatrienio del
gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor y la llegada de su pariente al
Congreso del Estado.
Casado
con Stephanie Cuen Lozoya, su hermana, Blanca González Pelayo, es esposa del
diputado del IX Distrito por el Partido Acción Nacional (PAN), Gil Cuevas
Tabardillo.
Desde
entonces el “cuñado cómodo” vio acrecentar el número de contratos que empezaron
a caer en su próspero negocio, establecido en un local de escasos 50 metros
cuadrados dentro de Plaza San Diego de La Paz. Surte al gobierno estatal de
material de construcción y eléctrico, herramientas, equipo de trabajo,
mobiliario, productos, artículos, automóviles, camionetas, camiones e inclusive
maquinaria.
Codeprosa,
localizada en una plaza comercial propiedad de la familia del empresario e
inaugurada el 31 de octubre de 2008, únicamente tiene un par de empleadas en la
recepción.
De acuerdo a datos recabados por ZETA y en base a documentos oficiales de
compras y contratación de servicios de la Dirección de Recursos Materiales de
Oficialía Mayor, exponen que tan solo en un año,Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A. de C.V. recibió 41 millones 429 mil 823 pesos
en contratos de compraventa que van de agosto a diciembre de 2011.
Por
si lo anterior fuera poco, en solo dos meses de 2012 -de enero a febrero-,
Giovanni González Pelayo recibió contratos por 2 millones 856 mil 030 pesos,
por lo que el slogan oficial “Contigo” le cayó como anillo al dedo, ya que
ratificó su estatus de empresario sexenal, quien dicho sea de paso, es vecino
del propio gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor en un exclusivo
fraccionamiento de Avenida Abasolo y Mar Caribe, en la ciudad de La Paz.
Una
parte de estos contratos fueron adjudicados de manera directa “por presentar la
propuesta técnica y económica más conveniente, con el precio más bajo y las
mejores condiciones para el estado”, según describen en la causa de
adjudicación.
Sin
embargo, el oficial mayor del gobierno estatal, Rafael Gallo Rodríguez, rechazó
que haya favoritismo en la entrega de contratos comerciales, a razón de que
“todo está vigilado por la Contraloría General del Estado y los propios
proveedores, sobre todo cuando se lanzan licitaciones públicas, y donde están
muy pendientes desde la publicación de la convocatoria, presentación de
propuestas económicas, apertura de paquetes y dictamen del ganador”.
El funcionario agregó que “hasta hoy no tienen
conocimiento de que se hayan dado procesos irregulares en la compra o
contratación de algún servicio”, empero, reconoció que la publicación de ZETA en su edición 1982, de marzo de 2012,
respecto a “Licitaciones Amañadas” en la Secretaría de Salud, tuvo “mucho que
ver para vigilar firmemente el procedimiento de contratación de obras y
servicios, y actualizar el padrón de proveedores y abrir un expediente por cada
uno que lleve desde la razón social hasta la fotografía del negocio”; ya que
“como ustedes publicaron, teníamos que comprobar que el proveedor realmente
existiera y estuviera establecido físicamente en una oficina, y no solo en
papel”.
Las compras
Desde
el inicio de la administración del gobierno Marcos Covarrubias Villaseñor, la
empresa de Giovanni González Pelayo comenzó a ser favorecida discrecionalmente
con millonarios trabajos.
La
mayoría de los contratos fueron supuestamente ganados en licitaciones públicas
por el cuñado cómodo, a pesar de que el Artículo 46 fracciones XI y XII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur,
establece claramente: “… los gobernantes y sus subalternos deberán de excusarse
de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación, resolución de
asuntos entre los que tengan interés personal, familiar o de negocios,
incluidos aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su
cónyuge o parientes hasta cuarto grado”.
Siendo
cuñado del diputado Gil Cuevas Tabardillo e íntimo amigo del secretario de
Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, con quien tiene una amistad pública de
sobra conocida por los sudcalifornianos, no debería siquiera participar en los
concursos porque -según versión de un auditor de la propia Contraloría
estatal-, “la sospechosa adjudicación de contratos expone por sí sola que no
fueron entregados de manera limpia y transparente, sino ilícitamente para
favorecerlo con trabajos”.
En
esta práctica tipificada como delito es corresponsable la propia contralora
general del estado, Maritza Muñoz Vargas, ya que -según el Artículo 6 del
reglamento interior- “es responsable de vigilar que las licitaciones públicas,
asignaciones de obra pública, concesiones, así como adquisiciones de bienes o
servicios, observen las disposiciones legales y administrativas
correspondientes”.
El
hecho de que permita la participación de amigos y parientes de servidores
públicos en una competencia de proveedores, vicia de origen el proceso y, de
paso, se convierte automáticamente en responsable de encubrimiento, figura
delictiva contemplada dentro del Código de Procedimientos Penales, ya que en
vez de actuar conforme a la Ley, protege y avala la entrega dudosa de contratos
millonarios.
Para
muestra un botón: De acuerdo a documentos que obran en manos de este Semanario,
tan solo en 2011, Giovanni González Pelayo recibió 15 contratos, presuntamente
ganados a través de licitaciones públicas, pero no aparece el motivo de la
adjudicación y el nombre de quienes habrían participado en cada uno de los
concursos.
En
el reporte de compra, contratación de bienes y servicios de la Dirección de
Recursos Materiales, únicamente se puede leer que fueron adjudicados por
“ofertar la propuesta solvente técnica y económica, con el precio más bajo y
garantizar las mejores condiciones al estado”.
Los
acuerdos amparan la compraventa de herramienta, equipo de trabajo, mobiliario,
material de construcción y unidades automotrices. En agosto fueron asignados
dos contratos, así como cinco en octubre, cuatro en noviembre y cuatro en
diciembre.
En 2012, Codeprosa recibió dos contratos más, exactamente
el 13 de febrero, cuando de golpe y porrazo, fue favorecida con un contrato de
2 millones 186 mil 700 pesos y otro más por 669 mil 330 mil pesos, en un
gobierno que se jacta de limpieza y transparencia.
Sobre
estas compras, ni el oficial mayor del Gobierno del Estado, Rafael Gallo
Rodríguez, recordó el método de adjudicación a favor del integrante de la
familia González-Cuevas, ya que, según dijo, “no me suena el nombre”.
Durante una entrevista con ZETA,
Gallo Rodríguez expuso que “la compañía Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A
de C.V. no
aparecía en el padrón de proveedores”, empero, después de llamar a su director
de Recursos Materiales, Miguel Álvarez Rivas, y requerir información sobre la
empresa, recordó que “sí era proveedor, lo que pasa es que lo tenía con otro
nombre”.
De
entrada, el funcionario expuso que la asignación directa es a veces necesaria,
ya que “la mayoría de los proveedores no tenían dinero para soportar un crédito
de productos y servicios, ya que a veces duran quince días o más en pagar”.
— ¿Eso quiere decir que se están haciendo asignaciones
directas?
“Cuando
el monto del valor no rebasa lo establecido por la Ley, porque debemos recordar
que tenemos tres lineamientos para poder hacer compras. La directa, la de las
tres cotizaciones y la de licitación. Según sea el monto, es el proceso que
utilizamos, aunque algunos proveedores muchas veces se quejan del retardo en
sus pagos, y eso hace que constantemente cambiemos, porque comprar al gobierno
es entregar su producto o servicio, y después esperar su pago en un lapso de
tiempo que va de 15 a 30 días, y la verdad es muy difícil la espera porque la
situación económica actualmente es crítica”.
En
su oficina de Palacio de Gobierno, el oficial mayor reconoció no tener el
control total de las compras, porque “a veces no somos requeridos por otras
entidades gubernamentales que tienen su propio Comité de Adquisiciones, y las
cuales muchas veces o la gran mayoría, nos entregan o notifican sobre compras
directas o licitaciones, cuando ya se realizaron”.
— ¿Cuándo son requeridos entonces?
“Cuando
son bienes inventariables nos hacen una solicitud a nosotros, y donde nos
presentan el estudio de mercado de los llamados tres proveedores o las bases de
alguna licitación, según el monto; es entonces que ya se hace el procedimiento
de compra, y donde tratamos de que entren todos aquellos que quieran
participar”.
— Nos llama la atención el término “por presentar la
propuesta técnica y económica más conveniente, con el precio más bajo y las
mejores condiciones para el estado”. Lo leímos en algunos contratos que
entregaron al proveedor Codeprosa. Entendemos que es un contrato que se adjudicó de
manera directa por presentar la propuesta económica mas baja en eso de los
llamados tres proveedores…
“Bueno,
sí, es un término cuando algún proveedor oferta el precio más bajo y las
mejores condiciones de compra. Te explico rápidamente: Por ejemplo, me
solicitan ahorita de repente la compra de un vehículo, entonces me entregan
todas las características y yo tengo que sacar tres propuestas en las agencias
automotrices o proveedores de vehículos, es decir, como un estudio de mercado,
y luego solicitó un documento de Finanzas donde confirme que hay suficiencia
presupuestal y se prepara una licitación que dura casi tres meses, desde el
lanzamiento hasta la adjudicación y entrega de la unidad; eso es muy engorroso,
pero así lo marca la Ley”.
— ¿Así es como le han entregado los contratos a Codeprosa?
“Así
es”.
Gallo
Rodríguez no recordó el número de contratos que han entregado al cuñado del
diputado Gil Cuevas Tabardillo en los casi dos años de gobierno de Marcos
Covarrubias Villaseñor: “Yo no tengo ni idea de cuántos contratos se han
adjudicado a su favor. Es más, ni siquiera recordaba el nombre de la compañía.
Por eso le hablé a mi director de Recursos Materiales, y aquí frente de ti, le
pregunté. La verdad no se cuántos contratos”, admitió.
Por
último, el funcionario aceptó que la compañía de Giovanni González Pelayo
“comúnmente concursa en todas las licitaciones y todo el tiempo están al
pendiente a ver que hay en el CompraNet, y le entran a todo. En todo participa,
y no les puedes decir que no, porque están en su derecho”.
Los contratos
Posted diciembre
3, 2012 by ZETA
Baja California Sur
Los contratos de 2011
|
Fecha
|
Monto
|
|
5
de agosto
|
11
millones 536 mil pesos
|
|
5
de agosto
|
1
millón 842 mil 600 pesos
|
|
10
de octubre
|
1
millón 298 mil 700 pesos
|
|
10
de octubre
|
537
mil 250 pesos
|
|
10
de octubre
|
911
mil 754 pesos
|
|
12
de octubre
|
359
mil 640 pesos
|
|
12
de octubre
|
439
mil 560 pesos
|
|
7
de noviembre
|
2
millones 974 mil 134 pesos
|
|
7
de noviembre
|
4
millones 715 mil 280 pesos
|
|
7
de noviembre
|
1
millón 058 mil 888 pesos
|
|
24
de noviembre
|
8
millones 933 mil 457 pesos
|
|
6
de diciembre
|
177
mil 360 pesos
|
|
8
de diciembre
|
254
mil 378 pesos
|
|
16
de diciembre
|
5
millones 402 mil 932 pesos
|
|
19
de diciembre
|
997
mil 890 pesos
|
Fuente: Dirección de Recursos Materiales
Los contratos de 2012
|
Fecha
|
Monto
|
|
13
de febrero
|
2
millones 186 mil 700 pesos
|
|
13
de febrero
|
669
mil 300 pesos
|
Fuente: Dirección de Recursos Materiales
PERICU
Contra los roba-vacas de El Pescadero
§
§ Recibe el Procurador las quejas
directas
El
Pescadero, B.C.S.- En atención a solicitudes surgidas en las giras de trabajo
efectuadas por el jefe del Ejecutivo del Estado en la delegación de Todos Santos,
el Procurador General de Justicia, licenciado Gamill Arreola Leal, se
reunió este fin de semana con ganaderos de la zona para abordar el tema del
abigeato.
En
reunión que se prolongó por más de 3 horas, en el que se abordaron los también
los temas del delito de robo en general y el servicio que brinda la dependencia
en esa zona, las autoridades estatales y locales, representadas por el delegado
Arturo Martínez Villalobos, acordaron fomentar la cultura de la denuncia
ciudadana y la prevención del delito.
A la reunión celebrada en la Casa Ejidal del poblado de El Pescadero las y los integrantes del sector ganadero, fueron acompañados por su dirigente estatal, señora Maribel Cosío Núñez, quien destacó la necesidad de apegarse a reglamentos existentes en materia de compra venta y traslado de ganado, como requisito indispensable en la prevención del abigeato, delito que les provoca fuertes pérdidas económicas, que se suman a otros factores que desalientan esta actividad.
A la reunión celebrada en la Casa Ejidal del poblado de El Pescadero las y los integrantes del sector ganadero, fueron acompañados por su dirigente estatal, señora Maribel Cosío Núñez, quien destacó la necesidad de apegarse a reglamentos existentes en materia de compra venta y traslado de ganado, como requisito indispensable en la prevención del abigeato, delito que les provoca fuertes pérdidas económicas, que se suman a otros factores que desalientan esta actividad.
Las y los ganaderos
manifestaron la problemática a la que cotidianamente se enfrentan, destacando
el delito de robo en sus diferentes modalidades, mismo que se ha incrementado
los últimos años, por lo que solicitaron mayor presencia de las corporaciones
preventivas.
Al agradecer la presencia del
Procurador General de Justicia, pues nunca antes un Procurador había reunido
con ellos, manifestaron estar dispuestos a sumarse a la tarea de
vigilancia y autoprotección.
El Abogado del Estado, Gamill
Arreola, se comprometió a efectuar una exhaustiva revisión en la Agencia del
Ministerio Público en Todos Santos para que se eleve la calidad de la atención
hacia la comunidad.
Al término de dicha reunión
el Procurador se trasladó a la Agencia para conminar a las y los
funcionarios a servir a la ciudadanía efectividad y eficacia, dentro del marco
legal que rige a la institución.
Robaron oficinas del Sindicato de Músicos
Posted
on diciembre 2, 2012 | 7
comentarios
§ Autoridades no atendieron el
reporte
§ En la Procu les dicen que fue en
“día feriado”
San
José del Cabo, B.C.S.- Integrantes del sindicato de músicos, Sección 381 de San
José del Cabo, denuncian que su sede fue objeto de un robo del que se
percataron ayer primero de diciembre.
Lo peor del caso, tal y como
lo relatan en una misiva enviada a la redacción de Colectivo Pericú, es que
cuando fueron a denunciar el ilícito cometido contra el patrimonio de los
músicos, en las oficinas de la Procuraduría de Justicia, les comentaron que
nada se podía hacer por el momento, ya que era primero de diciembre, “día
feriado”.
A
continuación parte de la carta de los indignados músicos:
“Llegamos como todos los sábados a tomar clases de música (…) y nos encontramos que habian entrado a robar y se llevaron todos los instrumentos desde pianos, órganos, guitarras y violines de los maestros, y que con tristeza el lider del sindicato nos comentó que se suspendia las clases de este día y que iba al ministerio publico”.
“Llegamos como todos los sábados a tomar clases de música (…) y nos encontramos que habian entrado a robar y se llevaron todos los instrumentos desde pianos, órganos, guitarras y violines de los maestros, y que con tristeza el lider del sindicato nos comentó que se suspendia las clases de este día y que iba al ministerio publico”.
“Los alumnos nos quedamos
para esperar noticias y de regreso después de 3 horas nos comenta que no fue
atendido ya que todos se encontraban de descanso por el día de toma de
protesta, que dejaran asi como encontraron con las puertas destrozadas y que el
dia Lunes 03 de diciembre pasarian el reporte para que fueran a investigar”,
narraron.
“QUÉ POCA DE NUESTRA
AUTORIDAD hasta donde hemos llegado como ya estamos acostumbrados a 70, 000
muertos un robo que más da”, subrayan.
Agregaron que “cómo es
posible que lleguemos a tanta indiferencia, le solicito a nombre de más de 50
alumnos que nos ayude a denunciar esto, ya hasta nuevo aviso habrá clases, ya
que no se cuentan con instrumentos que tanto esfuerzo se ha construido, cabe mencionar
que se me hace injusto ya que las clases son gratuitas por parte del Sindicato
como apoyo a la comunidad”.
Por último puntualizan que
“sólo queda por este medio denunciar y al pueblo apoyar si tratan de vender
articulos robados que no lo compren o lo denuncien, se vale soñar”…
Colectivo Pericú atiende DENUNCIA CIUDADANA.
TRIBUNA
72
homicidios y más de 17 mil robos en 2012: Pgjebcs
|
|||
La Paz.
Gustavo Cruz Onofre |
|||
La
Procuraduría General de Justicia en el Estado informa que del mes de enero a
octubre del año en curso, en total se han registrado 72 homicidios y más de
17 mil robos.
En un reporte enviado por la Procuraduría General de Justicia en Baja California Sur, se informa que en base a sus estadísticas, del mes de enero hasta el mes de octubre del año en curso, se han registrado en total 17 mil 485 robos en sus diversas modalidades. La capital del estado registra el mayor número de robos siendo en total 8 mil 845, le sigue el municipio de Los Cabos con 6 mil 98 reportes, Mulegé con un mil 181, Comondú con un mil once y finaliza Loreto con 350. De estos robos, menos de mil se han clasificado como robos con violencia, de ellos 3 han sido a negocio, 4 de vehículos, 120 a transeúntes y 480 tipificados como ‘’otros’’. De los robos sin violencia, en primer lugar están los clasificados como ‘’otros’’, en segundo lugar, los robos a casa habitación, en tercer lugar el robo de vehículos, después, robo a negociaciones y por último robo a transeúntes. La Procuraduría también dio a conocer cifras sobre homicidios, informando que hasta el mes de octubre, entre homicidios dolosos y culposos se han registrado en total 72. 42 de ellos tipificados como dolosos y 30 como culposos, de estos últimos, 8 han sido por arma de fuego, 8 por arma blanca, 13 por otras circunstancias y de 1 homicidio la PGJE no proporcionó datos. De los homicidios culposos únicamente se informa que ninguno de ellos ha sido a causa del uso de un arma blanca o de fuego. |
Conductor
arrolla a una persona
|
La Paz.
Redacción |
Manejaba
a exceso de velocidad
En
el acceso al plantel de la UABCS, el conductor de un vehículo sedán arrolló a
un sexagenario, se presume que el conductor viajaba a una velocidad
inmoderada, la vida del afectado corre peligro.
El accidente se registró al amanecer, cerca de las 6:15 horas entre las calles Forjadores y acceso al campus de la UABCS, Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la colonia El Mezquitito, el conductor señalado como presunto responsable del incidente manejaba un vehículo marca Volkswagen, modelo 2002 con placas de circulación CZF-43-64, propiedad de Servicio Arámburo, era conducido por Juan Eduardo Larrañaga Meza de 36 años de edad. El peatón que fue arrollado se identificó como Salvador Gutiérrez López de 67 años de edad, fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, después llevado a la clínica local del IMSS. Al nosocomio ingresó con un traumatismo craneoencefálico severo, herida en región frontal del lado derecho y policontundido con pérdida de la conciencia, lesiones según el diagnóstico del médico de guardia, pone en riesgo la vida del peatón. El peritaje preliminar de Seguridad Pública indica que el conductor manejaba a una velocidad excesiva, después de arrollar al transeúnte, impactó contra un señalamiento de alto, el conductor quedó detenido. |
Bomberos
salvan cámper
|
Cabo San Lucas
Gustavo Cruz Onofre |
-
Bomberos de la localidad sofocan incendio en un cámper ubicado en las
inmediaciones de la avenida Leona Vicario.
El primer reporte del incendio llegó al Heroico Cuerpo de Bomberos al filo de las 11:30 horas, informando que de en unas oficinas administrativas establecidas en un vehículo tipo cámper, comenzaban a salir unas enormes columnas de humo. Al tener conocimiento del siniestro, de inmediato los vulcanos a bordo de una ambulancia y una máquina extintora se trasladaron a la zona de El Bordo, cerca de la avenida Leona Vicario. En una rápida acción, los socorristas sofocaron las llamas logrando extinguir por completo el fuego, evitando que continuara quemando el cámper y llegara a vehículos que se encontraban en el mismo predio. Gracias a la eficaz respuesta de los bomberos, ninguna persona resultó con lesiones. Las investigaciones preliminares del incendio revelaron que un par de individuos se encontraban realizando trabajos de pintura dentro del cámper, en ese mismo espacio, un “raidolito” estaba encendido y la acumulación de gases habría ocasionado que surgieran las flamas que se expandieron velozmente en toda la unidad. |
Alcoholizado
provoca múltiple choque
|
|||||||||
San José del Cabo.
Gustavo Cruz Onofre |
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Casi
lo linchan en La Ballena
En
el predio La Ballena, un conductor casi es linchado ya que al manejar en
primer grado de ebriedad, chocó contra otros tres vehículos.
Al filo de las 12:30 horas, agentes de Peritaje y Vialidad recibieron el reporte de un múltiple accidente vial ocurrido en el predio La Ballena, en el cual no reportaban personas lesionadas. Loa agentes de Tránsito se trasladaron al lugar donde lograron ubicar 4 vehículos involucrados en el choque, y una multitud que casi linchaba al conductor señalado como presunto responsable. Evitando un acto de violencia, los agentes preventivos detuvieron al probable responsable procediendo a efectuar el peritaje del percance. Los vehículos involucrados son una camioneta marca Ford línea Expedition con engomado CZK-74-46 que era manejada por Abel Tercero Recinos, en primer grado de ebriedad. El sujeto primero impactó su camioneta contra una pick up estacionada marca Chevrolet línea Sonoma con engomado CE-79-011 propiedad de Cecilio Osorio. Esta segunda camioneta impactó contra un vehículo marca Nissan línea Sentra color rojo modelo 1987, que también se encontraba estacionado y es propiedad de Germán Villegas; debido al fuerte choque, también alcanzó a impactar contra un vehículo color gris marca Chrysler con engomado 583-PMJ-2. El percance no dejó personas lesionadas, ocurrió en los instantes que el conductor de la camioneta Expedition transitaba sobre la avenida principal del predio, en dirección a la entrada/salida de La Ballena y perdió el control del vehículo saliendo de la cinta asfáltica provocando el choque contra los otros tres vehículos que estaban bien estacionados. |
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Persona
sufre electrocución, cae de un segundo piso y fallece
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Cabo San Lucas.
Gustavo Cruz Onofre |
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Pintor fallecido en la colonia Obrera perdió la vida por una descarga eléctrica, en un descuido con un “rodillo” tocó cables de alta tensión. El trágico accidente ocurrió el pasado sábado alrededor de las once de la mañana en un domicilio de la colonia Obrera, rescatistas y agentes preventivos se trasladaron a esa colonia encontrando inerte a una persona que tras la descarga eléctrica que recibiera había caído de una altura aproximada de tres metros. El lesionado fue atendido y llevado a la clínica local del IMSS en donde más tarde falleció siendo las causas de su muerte electrocutamiento, dictamen realizado por el médico legista en turno. El hoy occiso, quien en vida respondía al nombre de Francisco Javier Amézquita Ortega de 49 años de edad, era originario de Sinaloa, de ocupación pintor. Sobre el fatal acontecimiento que terminó con su vida, se informó que antes del incidente se encontraba en compañía de su esposa y de su hijo realizando labores de pintura en un domicilio en la colonia Obrera, en un descuido, el ahora occiso traía en sus manos un “rodillo”, con el cual estaba pintando muy cerca de unos cables de alta tensión, hizo contacto con dichos cables recibiendo una descarga eléctrica, la cual hizo que cayera del segundo piso de su vivienda sobre un techo de cartón contiguo. Después del incidente fue atendido por paramédicos de Cruz Roja que lo llevaron a la clínica del IMSS donde falleció. |
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EL SUDACLIFORNIANO
Detienen a narcomenudista
Con 12 grapas de cristal fue detenido en
pleno centro comercial este sujeto que responde al nombre de José Alfonso
Vizcarra Castro, por elementos del Ejército Mexicano. / El Sudcaliforniano
El
Sudcaliforniano
3
de diciembre de 2012
Ciudad
Constitución, Baja California Sur.- Alrededor de las 23:00 horas del pasado
sábado personal del 17 Regimiento de Caballería Motorizada, al efectuar
patrullajes sobre la Calle Álvaro Obregón y Bulevar Agustín Olachea Avilés de
la Colonia Centro de esta ciudad, detectaron un vehículo que circulaba en forma
sospechosa.
Luego de ser detenido el vehículo, al realizarle una revisión de rutina los militares descubrieron que abajo del asiento del conductor había una bolsa de plástico transparente conteniendo 12 envoltorios de plástico con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal.
Poniendo a disposición del Agente Ministerio Público del Fuero Común a quien dijo llamarse José Alfonso Vizcarra Castro, así como un vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, color plata, con número de serie 3vw2v09m2cm021222, una cartera de piel, $200 y los 12 envoltorios que contenían el enervante.
Se presume que este sujeto, quien conducía un vehículo de renta, pertenece a una banda que opera en Los Cabos, y que han extendido su campo de operaciones en algunas comunidades del municipio de Comondú.
Luego de ser detenido el vehículo, al realizarle una revisión de rutina los militares descubrieron que abajo del asiento del conductor había una bolsa de plástico transparente conteniendo 12 envoltorios de plástico con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal.
Poniendo a disposición del Agente Ministerio Público del Fuero Común a quien dijo llamarse José Alfonso Vizcarra Castro, así como un vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, color plata, con número de serie 3vw2v09m2cm021222, una cartera de piel, $200 y los 12 envoltorios que contenían el enervante.
Se presume que este sujeto, quien conducía un vehículo de renta, pertenece a una banda que opera en Los Cabos, y que han extendido su campo de operaciones en algunas comunidades del municipio de Comondú.
PENINSULAR DIGITAL
Ningún avance tuvo
la PGR en el caso Lisset
José Bernal Romero, delegado
de la PGR, indicó que desde el 14 de octubre de 2010 en que la pequeña fue
raptada no han logrado alcanzar una sola pista que los acerque a ella.
La Paz, Baja California
Sur.- Luego de dos años de
investigación sobre la desaparición de la niña Lisset Soto Salinas, la
Procuraduría General de la República (PGR) culmina la administración sexenal
sin ofrecer un ápice de resultados acerca del caso.
Así lo comprobó José Bernal
Romero, delegado en Baja California Sur (BCS) de la PGR, indicando que desde el
14 de octubre de 2010 en que la pequeña fue raptada no han logrado alcanzar una
sola pista que los acerque a ella.
Melchor Soto Torres, padre de
Lisset, manifestó, durante la integración de la “Mesa especializada de delitos
para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de
personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”,
que por falta de tecnología se perdió demasiado tiempo en la pesquisa de los
raptores de su hija, por lo que pone su fe en que esta nueva área de la
dependencia federal logre abatir este rezago.
“Lo que esperamos es que
ahora, por medio de la PGR estatal, tengamos más recursos para poder buscar más
tecnología […] Desgraciadamente, cuando esto sucedió, hace dos años, la
procuraduría no contaba con material para mejorar los videos […] Eso fue algo
que nos dio totalmente para atrás, porque se mandaban, según, los videos a
Tijuana, cosa que no fue cierta, nunca hubo tal, perdimos mucho tiempo”.
Soto Torres recordó que preside
la asociación civil “Ciudadanos en Alerta”, la cual se encuentra abierta a toda
la ciudadanía, pues “no es la lucha nada más de las autoridades, sino de la
ciudadanía también”, dijo, precisando que con esta organización no sólo busca
encontrar a su hija, sino prevenir y ayudar a otras personas que han sufrido
como él y su familia.
Fija
postura colegio donde profesor “toqueteó” a alumnas de primaria
Con el objetivo de aclarar
los actos indebidos, realizados a alumnas de primaria por el ex profesor de educación
física, el Colegio Mission, en San José del Cabo, emite un boletín informativo
para los padres de familia y opinión pública, pues advierte no dará declaración
a ningún medio de comunicación.
San José del Cabo, Baja
California Sur.- Con respecto a
la situación del toqueteo indebido de al menos tres alumnas del Colegio
Mission, en San José del Cabo, a manos del ex profesor de educación física,
Carlo Roberto Romero Peña, la dirección envió una carta dirigida a la comunidad
Mission y a la opinión pública.
La directora Norma Alarcón
Álvarez, advierte que de la situación “muy grave, deplorable y reprobable”
donde el profesor Romero Peña fuera acusado por haber dado una nalgada a una
alumna, se enteró por primera vez el pasado 18 de septiembre, por lo que de
inmediato se habló con él para escuchar su versión.
“Argumentó que había sido una
familiaridad deportiva sin malicia, sin embargo la dirección de esta escuela,
considerando esta explicación insuficiente, inaceptable e intolerable por haber
vulnerado y violado los derechos de dicha menor y los principios de absoluto
respeto, procedió inmediatamente a separar de sus funciones a dicha persona y
abrir una investigación interna”, manifiesta el escrito.
Justamente derivado de dicha
investigación surgieron indicios de que no solamente se había tratado de una
“nalgada” a una alumna, sino que al parecer hubo otras niñas involucradas con
otro tipo de conductas mas graves, sin que al momento exista indicio alguno de
violación o actos equiparables.
La carta asegura que el
profesor fue despedido “y contrario a lo que señalan algunos medios”, no se le
pagó liquidación alguna, por estar en los supuestos del despido justificado que
señala la ley Federal del Trabajo, además de que la suma de sus actos puede
presentar delitos de conformidad con el Código Penal de este Estado, por lo que
se invitó a los padres que se sintieran afectados a presentar en su caso las
denuncias respectivas, así la escuela podrá coadyuvar con las mismas.
A efecto de informar lo
sucedido y dar seguimiento al tema, señalan que acudieron con José Aarón
Montaño, procurador de la Defensa del Menor, para después el día 4 de octubre,
proceder ante la Procuraduría de Justicia del Estado a elaborar una denuncia de
hechos en un caso específico, así como dar ayuda psicológica a la hija menor y
a su madre.
La carta también advierte,
que informando lo sucedido, enviaron un oficio a la Secretaria de Educación
Pública (SEP) del Estado, mientras que con las familias afectadas se acordó
trabajar conjuntamente para esclarecer los hechos, así como en apoyar a los
niños, para que no resulten afectados por rumores o comentarios sin fundamento.
El escrito también indica que
recibió a un periodista de un diario local, a quien se le informó que la
posición de la escuela es la de proteger a los niños, buscar la verdad legal de
lo acontecido y coadyuvar en las investigaciones con todas sus consecuencias,
aclarando que el resto queda en manos de las autoridades ministeriales, quienes
en su momento acudieron a realizar una inspección ocular, fuera de los horarios
de clases.
A esta fecha existen tres
denuncias presentadas (SJC/335/SEX/2012, SJC/341/SEX/2012 y SJC/342/SEX/2012,
según señala el medio digital Colectivo Pericú), una elaborada por el propio
Colegio Mission, del que sus autoridades señalan a través de este comunicado,
“tenemos conocimiento de que el Profesor ya fue a declarar”.
Por lo anterior, ratifican
por escrito, que la dirección, el personal académico y administrativo del
colegio, no está buscando cuidar la imagen de persona alguna, “solamente
queremos que se investigue a fondo esta situación, salvaguardando los derechos
de los menores que son la razón de ser de nuestra escuela y queremos evitar a
toda costa filtraciones, especulaciones o rumores que en nada ayudan para la
investigación transparente de esta lamentable situación, la cual confiamos no
se volverá a repetir”.
Reiteran que la escuela
permanece abierta para escuchar a los padres de familia, pero que debido a sus
políticas y salvaguardando los derechos de los menores, no darán declaración a
ningún medio de comunicación, más allá del boletín informativo aquí resumido,
“que explica fehacientemente lo sucedido”, aseguran.
Cabe destacar que Peninsular
Digital buscó declaración del procurador Aarón Morales, sin hasta el momento
tener una respuesta favorable.
Que hay
“funcionarios del ISSSTE” tras la denuncia contra el líder de los burócratas
Son funcionarios del ISSSTE
los que quieren mi pellejo, dejó ver Osuna Frías.
La Paz, Baja California
Sur.- Francisco Javier Osuna
Frías, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizas de Baja
California Sur (SUTSPEMIDBCS), señaló que detrás de la denuncia por difamación
que pesa en su contra se haya la confabulación de funcionarios del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Osuna Frías fue denunciado
por llamar “Osito Malandrín” a la guardería “Osito Mandarín”, pero él asegura
que no son los dueños del lugar quienes se molestaron con sus comentarios, sino
que funcionarios del ISSSTE buscan desacreditarlo, con fines oscuros.
“Son los funcionarios del
ISSSTE que se sienten afectados ante una serie de atropellos y vicisitudes que
hemos visto en contra de la convocatoria del contrato de las guarderías […] Es
la represión por la pérdida de un contrato millonario, aparte presenté yo como
testigos a noventa y ocho madres de familia que van a atestiguar a mi favor y
fotografías de varios carros que andan con ese nombre”.
El líder sindical observó que
este procedimiento “nada más es perdedera de tiempo” y precisó que “malandrín
significa un chango que crece en África y se le puede dar otra interpretación”.
A
navajazos agredieron 4 jornaleros a guardia de seguridad
Vizcaíno,Baja
California Sur.- Por llamarles la atención y a la vez recordarles que
el consumo de bebidas embriagantes estaba prohibido al interior del rancho
“Los Mártires” ubicado en Vizcaíno, 4 jornaleros se le fueron encima
cuchillo y navaja en mano, al guardia de seguridad Julián Sánchez Niebla,
provocándole una aparatosa herida en el brazo izquierdo.
Margarito Mejía Moreno,
Abelardo Diego García, Vicente Diego León y Gabino Diego León, oaxaqueños
trabajadores agrícolas de 32, 18, 52 y 55 años de edad respectivamente,
aceptaron que el viernes casi al llegar la medianoche, el deseo de consumir
alguna bebida alcohólica era tan fuerte, que, pese a la prohibición, lograron
pasar “algunos pomos de mezcal” al interior del Rancho Los Mártires, que
auguraban un etílico fin de semana.
Sin embargo, cuando el
alcohol ya había dominado sus sistemas, los 4 jornaleros fueron
sorprendidos por personal de seguridad del rancho, y tras ser reprendidos, los
trabajadores optaron por desenfundar sus armas blancas y abalanzarse sobre los
vigilantes, logrando alcanzar a uno de ellos, con certero tajo en el brazo.
Fue en ese momento que la
administración del rancho solicitó la intervención de los agentes ministeriales
para controlar a la rijosa cuarteta.
Los oficiales de la PM
hicieron acto de aparición al filo de la medianoche, para enfrentar y someter a
Margarito, Abelardo, Vicente Diego y Gabino quienes no tuvieron empacho en
aceptar, ante el representante social, que su verdadera intención, fue
provocarle la muerte al vigilante, lo cual no consiguieron debido a la pronta
llegada de los agentes de la ley.
Los 4 jornaleros fueron
despojados de una navaja y un cuchillo, asegurados y trasladados ante el AMP
por su presunta responsabilidad en hechos que pueden constituir un delito,
consistente en Homicidio en Grado de Tentativa, en agravio del ciudadano Julián
Sánchez Niebla.
Frustra
la PEP un “secuestro virtual”
La Paz, Baja
California Sur.- La angustia invadió a un padre de familia tras
recibir una llamada telefónica en la que, una voz al otro lado de la línea le
advertía que tenía a su hijo en su poder, y que para verlo nuevamente sano y
salvo, debía entregar una considerable suma de dinero a unos sujetos que
lo esperarían en un jeep en el estacionamiento de la Comercial Mexicana.
El paterfamilia, al evaluar
la situación, decidió pedir el apoyo de las autoridades, y fueron los elementos
de la PEP, quienes frustraron el intento de extorsión telefónica al localizar
al presuntamente secuestrado jovencito, sano y salvo en una reunión cristiana,
totalmente ajeno al drama que en esos momentos se desarrollaba en el domicilio
ubicado en Villa Natalia entre Villa del Sahuaro y Villa del Encino, en la colonia
Villas del Encanto.
Una vez que los uniformados
tranquilizaron a la familia y reunieron al jovencito con sus padres,
implementaron un operativo policíaco por las calles donde acordaron se
entregaría el dinero, pero no se logró ubicar a los presuntos extorsionadores.
Finalmente, la Secretaría
Estatal de Seguridad Pública, convocó a la ciudadanía a evitar caer en este
tipo de extorsiones, que en estas fechas son muy frecuentes.
“Si recibe una llamada de
este tipo, cuelgue, no proporcione ninguna información, y si le mencionan que
tienen a un familiar secuestrado, primero trate de localizarlo, evite ser
víctima de personas que se decidan a este ilícito, mismos que frecuentemente no
se encuentran en la entidad, denúncielo al número de denuncia ciudadana anónima
089” recomendó la SSPE.
Con un
balillazo detuvo a presunto ladrón
La Paz, Baja California
Sur.- Decidido a defender su
integridad y patrimonio a toda costa, un ciudadano disparó su arma de postas
contra un sujeto que se había introducido la tarde del sábado a su vivienda
ubicada en las calles Fernando Jordán entre Filemón Pineda y Pablo L. Martínez.
El temerario ciudadano, Don
Martín, luego de frustrar con su pistola de balillas Mendoza K-62 las
intenciones del intruso, dio aviso al C4 de lo que acababa de suceder.
Al lugar, hicieron rápido
acto de presencia elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes luego de
escuchar de voz del denunciante un relato de los hechos, buscaron por los
alrededores al supuesto delincuente.
Los agentes no tuvieron que
ir muy lejos, a unos metros de la vivienda, el paceño de 38 años de edad Israel
Martínez Carpio se movía con dificultad, pues la herida del pequeño
proyectil en el muslo izquierdo se lo impedía.
Israel fue entonces asegurado
por los agentes PEP y trasladado al nosocomio más cercano en tanto, don Martín
Torres Zúñiga, duranguense de 43 años de edad, también fue detenido y
trasladado ante el representante social.
Fulminante
descarga eléctrica le arrancó la vida
Cabo San Lucas, Baja
California Sur.- Una fulminante
descarga eléctrica lanzó, desde un segundo piso a Francisco Javier Mezquita
Ortega, proyectándolo hasta el techo de una vivienda de cartón ubicada a un
costado de su residencia de la sanluqueña colonia Obrera.
Los hechos que enlutan una
familia cabeña se registraron poco antes del mediodía del sábado, cuando don
Francisco Javier, de 49 años de edad, disfrutaba de un día libre en compañía de
su esposa e hijo, tiempo que aprovechó para pintar la planta alta de su
vivienda.
Mientras la dama y su pequeño
hijo laboraban en la planta baja, escucharon un fuerte ruido en la parte
superior de la casa, para ver, horrorizados cómo el paterfamilia había sido
proyectado, al parecer por una descarga eléctrica, hasta un predio colindante
con su vivienda, cayendo en el techo de cartón de la casa contigua.
Desafortunadamente, nada se
pudo hacer por Francisco Javier, pues falleció a minutos de haber sido
ingresado a clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El dictamen del médico de
guardia atribuyó la muerte del paterfamilia a la electrocución.
Posteriormente, un vecino de
nombre Víctor Neri, relató a los agentes ministeriales cómo el hoy occiso, al
encontrarse ensimismado en sus labores de pintura, no se percató de la cercanía
de unos cables de alta tensión, y fue al hacer contacto con la línea de alta
tensión que sobrevino el fatal accidente.
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