RESUMEN DE NOTICIAS DEL LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011

TRIBUNA

28 de noviembre de 2011

Buscan asignar más presupuesto a SAMM y a Procuraduría de la Defensa del Menor y la Mujer

La Paz. Elvira Vargas

El análisis lo realizará la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos buscando que haya congruencia entre el discurso y las acciones La Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, revisará, analizará y asignará las partidas presupuestales correspondientes y etiquetadas para la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Mujer (PDMM) y a la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y el Menor (SAMM), para que sean contemplados en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2012. Y es que en sesión pública extraordinaria del Congreso del Estado, celebrada este fin de semana, el pleno aprobó un dictamen presentado por esta misma Comisión, en voz del diputado Luis Martín Pérez Murrieta, quien explicó que esto es en relación a una iniciativa presentadas por las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), Adela González Moreno, Jisela Páes Martínez y Dora Elda Oropeza Villalejo Pérez Murrieta, expuso que en la iniciativa analizada indican que han venido trabajado con estas dos instituciones, conociendo de manera integral, la operatividad con que cada una desarrolla sus funciones y las necesidades de recursos humanos, financieros, materiales, que limitan cumplir en tiempo y forma, con las tareas que la Ley y los Códigos en la materia les mandatan y que lo que se busca es coadyuvar a que haya congruencia entre el discurso y las acciones. De ahí, la importancia de trabajar para asegurar que ambas instancias cuenten con el presupuesto necesarios para atender a esos menores, pero también contar con las herramientas jurídicas necesarias para destrabar asuntos legales que permitan dar en adopción a quienes se encuentran albergados en la Casa Cuna-Casa Hogar. “No debemos de olvidar que si bien, es garantía constitucional que los menores permanezcan al lado de sus padres, también es obligación del Estado, cerciorarse que la relación paterno-filial, sea benéfica para nuestros niños”, concluyó.

Detienen a electricista por presunto narcomenudeo

La Paz. Manuel Espinoza

Un individuo que dijo ser de ocupación electricista, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, tras ser detenido por elementos de Centro de Operaciones Estratégicas (COE), en poder de más de 200 envoltorios con droga que llevaba en la cajuela del vehículo que conducía. De acuerdo con información proporcionada por la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), el sospechoso del delito de narcomenudeo dijo llamarse Alexander Eleazar de 28 años de edad, originario de El Pescadero, con domicilio en la colonia Guerrero, quien al momento de su captura se desplazaba a bordo de un automóvil Ford Tracer de color gris, modelo 1993, en cuya cajuela se encontraron 192 envoltorios con un polvo blanco y fino, al parecer droga conocida como cocaína, con peso de 103 gramos; dos bolsas con 139 gramos de una sustancia cristalina y sólida, con las características de crystal base, así como 28 envoltorios con marihuana que dio un peso de 290 gramos. Fue a las 12:45 horas del pasado sábado, cuando elementos del COE realizaban recorridos por la ciudad, observando que por las calles Primo Verdad y Puebla, se desplazaba el vehículo antes mencionado con exceso de velocidad y por media calle, por lo que le marcaron el alto al conductor quien detuvo la unidad para ser sometido a un chequeo, pero no se le encontró nada en su persona por lo que los oficiales procedieron a revisar el vehículo. En el portaequipaje, los oficiales encontraron los más de 220 envoltorios con la droga en las cantidades antes mencionadas, motivo por el cual fue detenido y asegurados el vehículo y estupefacientes para ser turnados ante el agente del Ministerio Público federal, donde se habrá de determinar la situación jurídica del sospechoso. Roban vehículo para dar la vuelta y ‘cotorrear’ La Paz. Manuel Espinoza Nada más porque se les ocurrió dar la vuelta y no tenían carro, le robaron el vehículo a una persona con la que fueron para pedirle un autoestéreo, pero el afectado alertó a las autoridades y ahora los presuntos responsables de este robo ‘ocasional’ se encuentran tras las rejas ya que fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial del Estado, al acudir en auxilio del afectado. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que elementos de la Comandancia Contra Robo de Vehículos, pusieron a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, a quienes dijeron llamarse Manuel Ricardo alias “El Manuelito” y Jairo Israel alias “El Jairo”, comerciante y estudiante de 34 y 18 años de edad respectivamente, el primero originario del estado de Sonora y el segundo de Ciudad Constitución, a quienes se les sorprendió a bordo de la unidad presuntamente robada, un pick-up negro de la marca Dodge Ram, modelo 2004. En el reporte presentado ante la Guardia de la Policía Ministerial, el afectado asentó que al estar en su domicilio acompañado de su novia, llegaron dos personas que le pidieron un autoestéreo, por lo que el entró a la casa para sacar dicho objeto, siendo cuando los visitantes le despojaron de las llaves del vehículo y emprendieron al huida a bordo del mismo, enfilando por el bulevar Forjadores rumbo al centro de la ciudad. Con los datos aportados por el afectado, los agentes realizaron un operativo hasta ubicar el vehículo circulando por las calles de Ignacio Allende y callejón Clemente Guillén, donde le marcaron la parada al conductor, el cual fue detenido junto con su acompañante, quienes al ser cuestionados con relación a los hechos, aceptaron haber tomado el vehículo con la finalidad de dar una vuelta y cotorrear, pero el gusto los llevó hasta el agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien habrá de determinar su situación jurídica.     Sujeto hurta computadora y celulares a comerciante La Paz. Manuel Espinoza Tras las rejas de la Cárcel Pública Municipal a la espera de ser turnado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, fue puesto un sujeto detenido por elementos de la Policía Ministerial, señalado por un comerciante como la persona que con engaños le había robado una computadora y varios teléfonos celulares. Fue a las 17:30 horas del pasado sábado, cuando elementos de Seguridad Pública Municipal fueron alertados de un robo en un negocio de la zona centro, acudiendo al lugar donde se entrevistaron con el afectado, manifestando que se encontraba en su negocio con dos amigos, cuando llegó una persona que le dijo arreglaba celulares y equipos de cómputo y que el trabajo lo hacía ahí mismo, pues en su mochila llevaba herramienta apropiada. El comerciante le creyó y le dio una computadora, un Iphone 4 y dos teléfonos celulares para que los arreglara, pero en un descuido, el presunto técnico emprendió la huida con su mochila y los equipos que iba a reparar, proporcionando a los agentes las características de dicha persona, por lo que estos recorrieron la zona en su búsqueda hasta ser localizado en las calles de Madero y Puebla donde fue capturado. El detenido de nombre Alejandro González de 32 años de edad, fue reconocido por el reportante como quien momentos antes se llevó sus equipos, de los que ya había vendido la computadora y el Iphone 4, pero que le dieran chance de trabajar y en un rato regresaba con ellos, petición que no fue concedida por el afectado ni los policías que procedieron a revisar la mochila que llevaba, encontrando en su interior, cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, 18 baterías para celular, una caja con varios desarmadores, dos cargadores y un cautín. Finalmente el presunto reparador de celulares fue ingresado a la Cárcel Pública Municipal, a la espera de que el afectado levantara la denuncia penal correspondiente.   Roban computadoras y caja fuerte en Global Gas La Paz. Manuel Espinoza Encerraron al vigilante en el cuarto de máquinas. El atraco ocurrió a las 20:00 horas del viernes, pero fue pasada la media noche que la víctima logró escapar para dar aviso a las autoridades; se desconoce el monto de lo robado   Sujetos desconocidos armados con pistolas robaron la caja fuerte y se llevaron varias computadoras de las oficinas administrativas de la empresa Global Gas, luego de sorprender al vigilante a quien ataron de pies y manos para dejarlo encerrado en el cuarto de máquinas, siendo hasta que logró zafarse y salir de su encierro, cuando la víctima dio aviso a las autoridades. El ataque ocurrió a las 20:00 horas del viernes, pero fue hasta la media noche que las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos, acudiendo a investigar elementos de Seguridad Pública Municipal, Policía Ministerial y Estatal Preventiva, percatándose que los ladrones abrieron la caja fuerte con soplete llevándose el efectivo cuya cantidad no fue revelada, así como varias computadoras de escritorio. Informes obtenidos en Seguridad Pública Municipal, revelan que siendo las 00:35 horas del pasado sábado, a través del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4), se recibió una llamada alertando sobre un asalto con violencia en las instalaciones de la empresa Global Gas, ubicada a la altura del kilómetro 195 de la carretera Transpeninsular tramo La Paz a San Pedro, hasta donde acudieron varios agentes en la unidad oficial SP-33. Al llegar observaron a una persona que se identificó como el vigilante, al que se le apreciaban abrasiones en las muñecas, señalando que había sido atado con cinchos y encerrado en un cuarto por individuos que entraron a robar. Explicó que fue minutos después de las 20:00 horas cuando hacía un rondín de supervisión, cuando por el lado del monte fue sorprendido por una persona que le puso una pistola en la cabeza al tiempo que le decía que se tirara al suelo, percatándose que llegaban al menos otras tres personas quienes le taparon la cara con una bolsa y tras meterlo en el cuarto de máquinas, lo ataron de las manos con cinchos de plástico y con un mecate de los pies, preguntándole que si se sentía bien o si era hipertenso, pero que no se preocupara, que no se moviera y nada le iba a pasar. Agregó que alcanzó a escuchar mucho ruido pero fue hasta horas después cuando pudo zafarse de sus ataduras y salir de su encierro que llamó a las autoridades, señalando que trató de comunicarse con el gerente de la empresa pero que no pudo hacer contacto con él, ya que se encontraba en el municipio de Los Cabos. Al lugar arribaron unidades de la Policía Ministerial y Estatal Preventiva y con la autorización del vigilante revisaron a las instalaciones de la citada empresa gasera, observando una caja fuerte forzada mediante soplete de su parte superior, de la cual se llevaron el efectivo y otra documentación, así como una computadora de escritorio. Al lugar también acudió un agente del Ministerio Público del Fuero Común, para dar fe de lo sucedido, a la espera de que el representante legal de Global Gas, interponga la denuncia penal correspondiente.   Roban más de 100 mil pesos en residencia de San José del Cabo San José del Cabo. Gustavo Cruz Onofre Durante la tarde, tres hampones aprovecharon para saquear una vivienda, robándose una caja fuerte que contenía joyas valuadas en más de 12 mil dólares, además de varios artículos electrónicos. Transcurridas las 14:00 horas, vecinos de colonia residencial en esta ciudad,  notaron que la puerta de una vivienda aledaña se encontraba abierta y sobre la calle tres personas sospechosas que no eran los propietarios y/o vecinos de la colonia de esta ciudad. Al notar esto, la propietaria de la vivienda alertó a la Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal, pero al llegar al lugar no encontraron al delincuente, solo un completo desorden al interior de la vivienda. La dueña de la residencia originaria de Estados Unidos revisó su domicilio encontrando que los hampones se habían llevado una caja fuerte en la que guardaba joyería con un valor por arriba de los 12 mil dólares, también entre las cosas robadas se llevaron varios teléfonos celulares, una cámara fotográfica y una computadora portátil. Según testigos del lugar, los presuntos delincuentes medían aproximadamente de 1.60 a 1.80 mts. de estatura, de complexión delgada, de pelo negro regular a mitad del cuello, se presume eran acompañados por una dama de complexión robusta, los tres escaparon de la colonia a bordo de una camioneta marca Dodge línea Caravan color gris. Tras la inspección al domicilio por parte de los elementos de la Dgsptm, al sitio del robo llegaron elementos de la Policía Ministerial del Estado en compañía de peritos, siendo ellos quienes se encargarían de las investigaciones. Se presume que los atracos en esta colonia en parte se deben a la falta de vigilancia preventiva por parte de agentes del Sector I quienes para toda su jurisdicción actualmente sólo cuentan con dos patrullas en servicio. Podrían proceder penalmente contra ex funcionarios de Mulegé por irregularidades en cuenta pública 2010 La Paz. Elvira Vargas Detecta el Congreso del Estado un total de 123 pliegos y observaciones, de los cuales 100 corresponden a auditoría financiera y 23 de obra pública, que a la fecha no han sido solventadas Severas irregularidades que podrían derivar en procedimientos penales, se detectaron en la cuenta pública 2010 del Ayuntamiento de Mulegé por parte de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. Este fin de semana, en el marco de la sesión pública extraordinaria dicha Comisión presentó un informe al pleno sobre la auditoría practicada y recalcó que fueron elaborados un total de 123 pliegos y observaciones, de los cuales 100 corresponden a auditoría financiera y 23 de obra pública, que a la fecha no han sido solventadas. “Como resultado de la revisión y fiscalización al Ayuntamiento de Mulegé, de una muestra auditada del 75 por ciento de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010, se formularon 123 observaciones, de las cuales ninguna ha sido solventada y que representan 52 millones, 218 mil 30 pesos”, se detalló. Se advirtió que ya se giró instrucciones al Órgano de Fiscalización Superior a que se ejecuten las acciones pertinentes como establecer la presunción de responsabilidades de funcionarios, buscar que los responsables cubran los daños y/o se promuevan las denuncias penales correspondientes. Se detalló que en las observaciones de egresos no se entregaron las pólizas, y de éstas no se tenían firmas de los beneficiarios de los cheques; se realizaron trasferencias del Fondo de Aportaciones para Infraestrutura Social Municipal a la cuenta de contingencias y a la de nómina, y de la cuenta de acreedores diversos se detectó a la entonces tesorera Santa Apodaca, por conceptos de préstamos por dos millones 542 mil pesos, sin precisar en qué condiciones se realizaron esas operaciones.

Prepara Tribunal Superior de Justicia, carrera judicial

Cabo San Lucas. Lizbeth Jaimes Galindo

Con la finalidad de evitar la contratación por medio de “amigasmos y proyectismos”, el Tribunal Superior de Justicia ya prepara la aplicación del sistema de carrera judicial para hacer que el servidor público llegue con toda la capacitación necesaria, esto como parte del mejoramiento en el sistema. Cuauhtémoc José González Sánchez, magistrado de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes, reconoció que la problemática en materia de justicia en todo el estado es grande; por una parte la carga de trabajo los ha rebasado y partiendo de ahí, dijo que urge la creación de nuevos juzgados, la separación de materias en algunos casos, como es el Juzgado Civil y Familiar de San José del Cabo. Ese juzgado en su opinión requiere de materias separadas ya que no es posible que siga trabajándose la materia civil y familiar al mismo tiempo; detalló que por una parte, esta última requiere de funcionarios, jueces y secretarios con una sensibilidad especial para atender la materia de familia y por otra parte requiere la actitud especial de jueces en materia mercantil por tratarse de una zona económica y turística como son Los Cabos. Mencionó que es importante mejorar la imagen de oficinas precisamente para que la inversión extranjera se vea motivada. “Las oficinas son insuficientes, no cuentan con el mobiliario necesario, los que existen son viejos. Así como las adaptaciones a la legislación necesarias para la agilización de los trámites”, comentó. Dijo que definitivamente el rubro de infraestructura será más complicado, porque la creación de juzgados no sólo es el edificio ya sea rentado, construido sino la contratación de personal. Máxime que existe una queja por parte de los servidores porque los sueldos no corresponden a la labor que realizan. Ven a secretarias que ganan mil 500 pesos a la quincena y tienen una fuerte carga de trabajo. Asimismo se piensa que los jueces son bien pagados, pero no es así, en comparación a los del resto de la República. Por otro lado, dentro de otras acciones que se tienen para el año entrante a mediano y corto plazo para que el sistema de Justicia mejore en el estado, es entre otros, el establecimiento real de la carrera judicial. En este momento el Tribunal Superior de Justicia se encuentra trabajando en una comisión especial para elaborar un proyecto de carrera judicial donde se establece de manera formal el sistema de escalafón donde los funcionarios de este Poder y la propia ciudadanía profesionistas del derecho podrán acceder a los distintos puestos y áreas de administración de justicia mediante el esfuerzo, la constancia, el estudio; esto con la finalidad de no atenerse a los métodos que han existido con relación al “proyectismo o amigasmo”. Esto implica además, la preparación del servidor público, concluyó.   Inicia diplomado del nuevo Sistema de Justicia Penal La Paz. Redacción Este diplomado se ha diseñado para que asistan magistrados, jueces, ministerios públicos, peritos,  policías, defensores de oficio, abogados litigantes, docentes y estudiantes en derecho. En el salón de actos “Lic. Armando Aguilar Paniagua” del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), dio inicio el diplomado “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, que imparte a los operadores del nuevo sistema de la comisión implementadora de la Reforma Constitucional y Legal en Materia de Seguridad Pública y de Justicia, manifestó el magistrado presidente Ignacio Bello Sosa, al señalar que esta actividad académica será impartida por docentes certificados de la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, conocida como SETEC. Bello Sosa, destacó que la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, conlleva la implementación de un sistema de justicia penal donde prevalezcan las garantías de víctimas e imputados, un proceso penal acusatorio y oral y seguridad pública para la sociedad. Lo que crea la necesidad de sensibilizar y dar a conocer a la población y operadores del sistema, las nuevas disposiciones que habrán de adoptarse, sobre todo en la implementación de un nuevo proceso acusatorio y oral. Recalcó que este diplomado se ha diseñado para que asistan magistrados, jueces, ministerios públicos, peritos, policías, defensores de oficio, abogados litigantes, docentes y estudiantes en derecho interesados en formar parte del nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual será implementado en nuestra entidad en corto tiempo, cumpliendo las disposiciones establecidas en la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia. En su intervención en la ceremonia de inauguración de este importante evento, el Magistrado Presidente señaló: “la realización de este diplomado constituye un importante precedente de capacitación, por la calidad de los ponentes, por la perspectiva integral y constitucional con que se analizarán los diversos temas, el conocer los antecedentes y justificaciones de la Reforma Constitucional en Seguridad y Justicia Penal, identificar los diversos sistemas procesales penales; entender la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de junio del 2008 y las  etapas procesales del nuevo modelo, así como sus características principales y finalmente, la calidad de los recursos en el sistema acusatorio. Agradeció el apoyo que SETEC (Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal), ha brindado a Baja California Sur para la realización de todas las actividades de capacitación que se han realizado sobre este tema los cuales son gratuitos y están abiertos tanto para que participen servidores públicos de los distintos órganos de gobierno como abogados litigantes, docentes y estudiantes en derecho. La realización de este diplomado, enfatizó el magistrado presidente Ignacio Bello Sosa, está programada para desarrollarse  en ocho módulos, iniciando el viernes 25 de noviembre  para concluir el próximo 25  de febrero del 2012; por lo que se trabajará los fines de semana, para lo cual se ha creado un horario que permitirá cubrir 244 horas establecidas. En representación del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y del secretario general de Gobierno Carlos Mendoza Davis, presidió el inicio de diplomado Rodrigo Serrano Castro, director de Asuntos Jurídicos y Estudios Legislativos del Gobierno del Estado, quien en su intervención y declaratoria inaugural manifestó: “es necesario buscar en el menor tiempo posible la instrumentación, implementación y puesta en marcha de  una nueva forma de concebir la justicia, una nueva manera de entender que la justicia precisamente debe estar más cerca de todos los ciudadanos y que ésta tiene que ser más transparente, más clara, más abierta, sobre todo más expedita y llegue pronto a quien la demanda”. Enfatizó, el Gobierno del Estado, el Poder Legislativo, Judicial, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y todas las instancias que integran la Comisión Implementadora de la Reforma Constitucional y Legal en Materia de Seguridad Pública y de Justicia han trabajado arduamente para la ejecución de este nuevo modelo, ya que no es sencillo, es muy complejo, tiene que ver primeramente con aspectos jurídicos, infraestructura, administrativos, capacitación, generar una nueva mentalidad de los servidores públicos que se encuentran en distintas trincheras de las diferentes vertientes tanto del Poder Judicial como de la administración pública en general, por lo que se incrementa la necesidad de capacitación, actualización, y la formación del recurso humano que tarde o temprano se harán cargo de los nuevos desafíos legales, por lo que este diplomado será una parte fundamental en el eslabón para que ustedes tengan herramientas muy valiosas en el desempeño de las labores que lleva a cabo actualmente y de aquellas que habrán de realizar en el futuro”. Los trabajos iniciaron con la participación de María Manuela García Cazares, docente de gran experiencia en el ramo del derecho y el tema tratado fue la “Introducción al Sistema de Justicia Penal Acusatorio”. Finalmente el titular del Poder Judicial en el Estado, Ignacio Bello Sosa, afirmó que efectuar este tipo de actividades en la que participan los responsables del quehacer jurídico del estado, garantiza a la sociedad sudcaliforniana que están preparados para enfrentar los retos y exigencias que se tendrán como resultados a partir de la implementación de la nueva Reforma Constitucional.

Rescatan a anciano convaleciente

Cabo San Lucas. Gustavo Cruz Onofre

Anciano que se encuentra deambulando en las calles del puerto, por segunda vez fue rescatado y llevado al hospital general, lo habían reportado como muerto cuando se encontraba tirado al interior de un terreno baldío. Cerca de las 12:15 horas, vía telefónica se comunicó a el C-4 de una persona caída al parecer sin vida encontrada al interior de un terreno baldío, como referencia a espaldas del Hospital General. Tras recibir el llamado,  rescatistas de Cruz Roja, una clínica particular y Seguridad Pública, llegaron al sitio a bordo de las unidades DST-1215 y BCS-009. Los paramédicos encontraron al ciudadano de avanzada edad, procediendo a brindarle los primeros auxilios para posteriormente llevarlo al Hospital General. El sujeto se encontraba consciente aunque deshidratado y sin rastro de que horas antes haya ingerido algún tipo de droga o alcohol, dijo llamarse “Don Pedro”, tener más de 60 años de edad y tener un hijo. Se presume que este señor se encuentra perdido, al momento de ser rescatado el día de ayer, portaba un brazalete del hospital general. El anciano ya ha sido rescatado en otras ocasiones. La preocupación de testigos del rescate es porque en el municipio no existen lugares para albergar a personas como este viejito que no recuerda ni su nombre o su hogar y constantemente es hospitalizado después de encontrarlo en críticas condiciones de salud.

Reportan atracos en varios domicilios ante Seguridad Pública Municipal

La Paz. Manuel Espinoza

Computadoras, joyas, equipos de sonido, hasta la batería de un vehículo, son los objetos que figuran como parte del botín que los ladrones lograron llevarse de los lugares que allanaron Una serie de robos a diferentes domicilios fueron reportados el pasado fin de semana ante Seguridad Pública Municipal, y donde las personas afectadas manifestaron que los ladrones se llevaron desde baterías de carro, hasta joyas, computadoras y equipos de sonido. Uno de los reportes fue presentado por Miguel Cordero, quien señaló que una mujer a la que le dio trabajo para que aseara su casa, aprovechó que él se estaba bañando para huir llevándose una computadora portátil, según hechos que obran en el parte informativo rendido por agentes de la patrulla SP-76 que atendieron la queja del vecino de la calle Álamo. Otro robo más que fue atendido por los mismos oficiales, ocurrió en un domicilio ubicado por las calles de Benito Juárez y Cabildo, manifestando la persona afectada que le habían sustraído la batería de su pick-up marca Ford Ranger, la cual fue ubicada en un negocio de compra y venta de chatarra, pero que el encargado no se la quería regresar, motivo por el cual solicitó la presencia de los oficiales para recuperar su acumulador. Y del interior de un negocio de renta de sonido denominado Cálmate Lurio, sustrajeron nueve bocinas de diferentes tamaños y marcas, así como tres ecualizadores y una bolsa con playeras, según el reporte presentado por el afectado de nombre Francisco Javier; mientras que de una casa del fraccionamiento Villas del Encanto, desconocidos con ropas negras y a bordo de un pick-up Chevrolet S-10, se llevaron una aspiradora, un galón con anticongelante y otro más con aceite, según se asienta en el reporte presentado por la persona afectada. Además, de una vivienda de la colonia Civilizadores, robaron una computadora propiedad de un abogado, mientras que de otro domicilio del fraccionamiento Las Américas, el robo consistió de un cepillo eléctrico para trabajo de carpintería, un destornillador y una sierra eléctrica, así como un crucifijo y un anillo de oro, como también una cámara fotográfica y 150 dólares.   Detenido por entorpecer labores policiales San José del Cabo. Gustavo Cruz Onofre Ciudadano que dijo ser profesor, fue detenido por entorpecer las labores y ofender de manera verbal a agentes de Tránsito Municipal, en un asunto al cual era totalmente ajeno. Cerca de las tres de la tarde, agentes de Tránsito Municipal se encontraban realizando recorridos de vigilancia, circulando sobre la carretera federal, observando que un sujeto a bordo de un auto tipo sedán realizaba maniobras peligrosas por los que con torretas y códigos, le hicieron las indicaciones para que detuviese su unidad metros más adelante. Los agentes procedieron a darle indicaciones al conductor, pero en esos momentos al sitio llegó un ciudadano interviniendo en la conversación, expresando frases como “esa es la autoridad que nos manda” y “ellos no tienen la facultad de detenerte, sólo la Policía Federal”, además se presume agredió verbalmente a los oficiales, por lo que el rijoso sujeto fue abordado a la unidad oficial para posteriormente ser llevado al área de barandilla. Informes extraoficiales señalan que el sujeto presumió de ser influyente además dijo ser profesor del ITES, en el área de barandilla se identificó como José Carillo Domínguez, que fue arrestado por entorpecer las labores policiales entre las calles bulevar Don Guillermo y bulevar Forjadores.

Provoca accidente al entrar a su casa; dos mujeres lesionadas

San José del Cabo. Gustavo Cruz Onofre

El conductor de una camioneta intentó introducirse velozmente a su domicilio, sin embargo invadió el carril de circulación  contrario provocando un accidente en el que dejó a dos mujeres heridas. Minutos después de las 2:00 horas, la Dirección de Tránsito Municipal y Cruz Roja, recibieron el reporte de un accidente vial ocurrido en la colonia Buenos Aires, en el que se encontraban dos personas lesionadas. Atendiendo el informe, al camino que conduce a la comunidad de Santa Catarina se movilizaron los rescatistas y policías de tránsito encontrando los autos participantes en el suceso, siendo el primero de ellos una camioneta marca Ford color gris propiedad de Luis Carranza Vargas que impactó un auto marca Volkswagen modelo 1999 color gris con matrícula AHP-73-52 conducido por José Quiñones Burgoin. El conductor del auto sedán iba acompañado por Gisela “N” de 16 años de edad y Perla Cervantes de 18 años de edad, ambas fueron atendidas por los rescatistas de Cruz Roja mientras que el conductor fue al hospital por sus propios medios. Sobre las causas del accidente versiones preliminares indicaron que el conductor de la camioneta conducía a exceso de velocidad e  invadió el carril contrario al tratar de introducirse a su domicilio, ocasionando el accidente para posteriormente impactar contra la entrada de su vivienda y esconderse al interior de ella. El caso sería consignado, ya que el presunto responsable no salió de su domicilio a pesar de haber dejado a dos mujeres heridas y daños por más de 10 mil pesos.

Continúan acciones de la Policía Estatal Preventiva

La Paz.  Redacción

En acciones realizadas este fin de semana, elementos adscritos a la Unidad de Reacción Inmediata, de la Policía Estatal Preventiva, lograron la detención de una persona por el delito de ultrajes y recupera vehículo robado. En una primera acción, los policías estatales recuperaron un vehículo de la marca Nissan, línea Sentra, color negro, modelo 1996, con placas de circulación 626-PMX-6, cuando al realizar recorridos de sobrevigilancia por colonias de esta ciudad, al circular por las calles Balandra entre Punta Arena y Punta Abreojos de la colonia Tabachines, tuvieron a la vista al citado vehículo en calidad de abandono. Procediendo a consultar con la base de datos, misma que arrojó que éste contaba con reporte de robo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha 26 de noviembre del presente año, el cual había sido robado en el transcurso de la madrugada del día en mención, en la colonia Centro. Finalmente, en otra acción preventiva, elementos de la PEP detuvieron a quien se identificó como Rubén Eduardo de 19 años de edad, con domicilio en la colonia Miramar, por el delito de ultrajes y violencia contra funcionarios e instituciones públicas. Lo anterior, cuando circulaban por las calles Urbano Angulo y Gaspar Vela, de la colonia Revolución y tuvieron a la vista al sospechoso quien al notar la presencia de los oficiales, empezó a agredirlos verbal y físicamente, sin motivo alguno. Poniendo a disposición de la Policía Ministerial del Estado y del Ministerio Público del Fuero Común, el vehículo y a la persona, respectivamente.

Realiza PGR jornada para la prevención del delito

La Paz. Redacción

Con el objetivo de atender las inquietudes y problemáticas de la sociedad en materia de procuración de justicia y buscar alternativas de solución de conformidad al acuerdo de facultades, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en Baja California Sur, realizó el pasado sábado 26 de noviembre, una jornada de atención ciudadana en la palapa de los pescadores de la colonia El Manglito de esta ciudad, a la cual acudieron habitantes de dicha colonia, así como pescadores y sus familias. La dependencia estuvo atendiendo de manera personal a la ciudadanía, a través de los titulares de las áreas que la conforman como la Subdelegación de Procedimientos Penales, Policía Federal Ministerial, Coordinación Estatal de Servicios Periciales, así como Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. En atención directa el delegado estatal José Bernal Romero, invitó a todos los asistentes a participar junto con las autoridades en la prevención del delito, a acercarse a los servidores públicos, confiar y denunciar anónimamente e informó que existen jornadas permanentes de atención a la ciudadanía, todos los jueves en la Procuraduría de 09:00 a 13:00 horas. Se brindó material de información de prevención del delito, como juegos para los niños y trípticos, así como servicio dental y atención médica gratuita. Mediante estos y otros mecanismos el Gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República, se compromete con la sociedad a disminuir factores de riesgo y fortalecer las acciones en materia de prevención del delito encaminadas a mejorar su calidad de vida en el ámbito individual, familiar y social.               PENINSULAR DIGITAL Se ahogó un menor mientras extraía almejas Un menor perdió la vida la ahogarse en las aguas de la playa La Florida de Puerto Adolfo López Mateos mientras capturaba almeja Catarina en compañía de su hermano mayor. El joven que en vida llevara el nombre de Ricardo de 16 años de edad, según relató su hermano, se encontraba extrayendo almeja Catarina en compañía de otras personas y fue al momento de izar el cabo de vida que percataron de que el joven buzo no subía, por lo que uno de sus compañeros se sumergió para ver que sucedía. Tras una rápida zambullida, los alarmados familiares del buzo, corroboraron sus peores temores: Ricardo se había ahogado. Sin perder la esperanza, los buzos trasladaron a su compañero, con la ayuda de una Unidad de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Transito Municipal, hasta la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, para su atención medica sin embargo al arribar, ya no presentaba signos vitales. Hasta el nosocomio llegó el representante social y elementos ministeriales, para corroborar el lamentable suceso, y apreciar a simple vista, la ausencia de signos de violencia en el joven buzo, por lo que procedió a ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro del Hospital General de Ciudad Constitución para la práctica de la necropsia de ley que arrojó como causa de la muerte, asfixia por sumersión, según dictamen del médico legista. Encerraron a Clodomiro por no dar para el gasto Clodomiro Chávez Tovar. Hasta una fría celda del Cereso cabeño fue a dar Clodomiro Chávez Tovar, desde donde meditará el porqué de su reticencia de aportar para los sagrados alimentos de sus retoños. Y es que Clodomiro, un empleado de 45 años de edad, originario de Tecate B.C., con domicilio en Avenida Iturbide No. 513 en la Colonia Morelos en Tecate B.C fue señalado por su presunta responsabilidad en el delito de Incumplimiento de las Obligaciones Familiares, según Proceso Penal, de fecha 27 de octubre del 2011; lo que le hizo merecedor a una estancia en la cárcel pública de la austral población, que durará o hasta que repare el daño o reciba el perdón de su acusador. Le dieron sus celulares para reparación y huyó con ellos Alejandro González Cuanalo. Por las calles del puerto se paseaba el sábado Alejandro González Cuanalo ofreciendo sus servicios como técnico en reparación de celulares y equipos de cómputo, oferta que hizo eco en unos vecinos de las calles Madero y Cuautémoc, quienes le entregaron una computadora portátil, un IPhone y dos celulares Nokia, mismos que el oriundo de Puebla ofreció arreglar in situ. Sin embargo, al menor descuido, el técnico se echo a correr con su valiosa carga, perdiéndose entre las calles de la populosa colonia. Los afectados, al ver que habían sido despojados de sus pertenencias de alta tecnología, pronto dieron aviso a elementos preventivos municipales que hacía recorridos de vigilancia encuadrados dentro del Operativo Preventivo Aguila. Los municipales, ante el llamado de auxilio, “peinaron” la zona en búsqueda del huidizo técnico, quien pronto fue localizado con varios objetos en su poder, no así la laptop y el Iphone, los cuales confesó, había vendido. Aún así a González Cuanalo, de 29 años de edad, se le aseguraron 4 teléfonos celulares, 18 baterías, 14 desarmadores, un cautín y dos cargadores de baterías. El escurridizo técnico poblano fue detenido y trasladado a la barandilla de la corporación, mientras los legítimos propietarios de lo hurtado quedaron en pasar ante el representante social a levantar la denuncia correspondiente. Acusa desarrollador a la pasada administración cabeña de orquestar invasión en su propiedad El empresario Bernard Kuri Eyssautier, de Kuku S.A. de C.V., exige al ayuntamiento de Los Cabos, al delegado municipal y al gobierno del estado, que hagan valer sus derechos, pues acusa a los gobiernos perredistas-petistas de ser orquestadores de una invasión en su propiedad. El empresario Bernard Kuri Eyssautier, de Kuku S.A. de C.V., exige al ayuntamiento de Los Cabos, al delegado municipal y al gobierno del estado, que hagan valer sus derechos, pues acusa a los gobiernos perredistas-petistas de ser orquestadores de una invasión en su propiedad, a pesar de que autoridades judiciales acordaron y certificaron a favor de Kuri Eyssautier, de que el Registro Público de la Propiedad y Catastro lo avalan como legítimo propietario, aun cuando en la administración pasada del Municipio de Los Cabos lo comprobaron y reconocieron, y de que las Autoridades de la Suprema Corte de Justicia del Distrito Federal hicieran lo mismo. “Qué más necesita, Sr. Martín Lagarda Ruiz”, pregunta el empresario al delegado municipal de Los Cabos en una carta abierta enviada a distintos medios de comunicación, “para que dé las instrucciones necesarias a su departamento jurídico de que de forma definitiva y aclaratoria notifique a los interesados que soy el legítimo propietario y dejen de evadir su responsabilidad de pago adquirida en sus contratos”. En la mencionada carta, Bernard Kuri Eyssautier explica el desarrollo de la problemática, iniciada hace casi diez años. Señala que “en el 2002 la empresa Provivienda de Los Cabos S.A. de C.V. es víctima de la invasión y despojo de 18,118 m2, por parte de agremiados del PRD/PT, con apoyo de algunos funcionarios de ese entonces gobierno Estatal y Municipal. Durante el periodo de 2002 al 2010, la empresa afectada, a pesar de que era un tema muy politizado, se acercó a todas y cada una de las dependencias gubernamentales para poderle dar una solución al caso, obteniendo como resultado una negativa, falta de interés y apoyo a los invasores de la propiedad por parte de las autoridades Municipales y Estatales. En el 2010, la empresa antes mencionada, a consecuencia de la mala actitud, politización del asunto y desinterés para garantizar la propiedad privada de los inversionistas en el Municipio de Los Cabos por parte de nuestras autoridades, toma la decisión interna, acuerda ceder los derechos de la propiedad al que suscribe”, es decir el señor Kuri Eyssautier. “Durante la administración de la Lic. Mirna Xibilé de la Puente, y con el apoyo del entonces Delegado Municipal Gabriel Larrea Santana, así como Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Catastro, al comprobar la legitimidad del predio, el propietario, invasores y autoridades, llegan al acuerdo de la regularización del predio en cuestión, para proceder a la venta de los 79 lotes con créditos otorgados directamente por el propietario para que los invasores pudieran adquirir fácilmente los terrenos. Con  fechas  del  19,  21,  23  y  28  de  febrero  de  2011,  la  empresa  celebra  y firma  los contratos de Opción de Compra con los posesionarios, dichos contratos fueron firmados por los representantes legales de la Empresa, representantes Jurídicos del Municipio y con el visto bueno de todas y cada una de las autoridades Municipales, ya que de no haber sido así, no se hubiera contado con el apoyo de éstas mismas para la regularización de la tierra y firma de los contratos. Paralelamente, en pláticas sostenidas con los acreditados, se les informó a los interesados que el que suscribe adquiriría la cartera de créditos, la propiedad, los contratos y quedaría como acreedor de sus créditos […] El 8 de septiembre de 2011, el contrato privado de dación de fecha de diciembre del 2010, se eleva a Escritura. El que suscribe, en esa misma fecha notificó por escrito a cada uno de los acreditados del fraccionamiento denominado como Ampliación Paraíso de la cesión de derechos ocurrida, por lo cual se les indicaba que los pagos se realizarían a partir de esa fecha al legítimo propietario, el Sr. Bernard Kuri Eyssautier y/o a la empresa Kuku S.A. de C.V.” La carta continúa relatando cómo se celebraran los trámites legales que respectan al mencionado predio, hasta llegar a la tarde del 25 de noviembre de 2011, cuando, explica el empresario, “el Sr. José Luis López Guerrero le permite a su vecino invadir otro predio del mismo Fraccionamiento, reiterándole de propia voz, que el Lic. Sevilla [director jurídico municipal] lo autoriza y respalda en dicho acto, ya que esos terrenos no tienen propietario alguno, siendo que se consta en el Registro Público de la Propiedad bajo el Número 23 Foja 93 Volumen D Sección 1100 Exhibido con fecha del 15 de noviembre de 2011.”

MILENIO

Las telefónicas entorpecen indagatorias: procuradores

2011-11-28 • IMPRESO

La titular de la PGR, Marisela Morales, anunció que la dependencia federal y las locales van por reformas que hagan obligatoria la entrega de dicha información; perfilan reunión con concesionarios y la Cofetel.

Foto: Notimex/Archivo

LA TITULAR DEL MP FEDERAL, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA CUMBRE DE PROCURADORES, EN ACAPULCO, ESTE FIN DE SEMANA.

previa   siguiente

La Procuraduría General de la República (PGR) y las 32 procuradurías generales de Justicia del país se quejaron de que las concesionarias de redes de telecomunicaciones no acatan en tiempo y forma los mandatos que libran jueces federales para intervenir comunicaciones privadas, lo que entorpece las investigaciones contra la delincuencia organizada.

Es por ello que una comisión, que forma parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se encargará de elaborar reformas en la materia para que sea obligatoria la entrega de datos y números telefónicos que se indagan.

Una vez que esté listo el proyecto será entregado al presidente Felipe Calderón para que lo envíe al Congreso de la Unión.

En su carácter de presidenta de la CNPJ, la titular de la procuraduría general de la República, Marisela Morales Ibáñez, expresó que las instancias de procuración de justicia se nutren también de información que se genera a través de las comunicaciones.

Se pronunció por exhortar a los concesionarios de redes de telecomunicaciones para que acaten en tiempo y forma los mandatos judiciales que autorizan la intervención de comunicaciones privadas.

Asimismo, se acordó reunirse con autoridades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para establecer un grupo de trabajo que analice las medidas y se refuerce el cumplimiento de las resoluciones judiciales de ese tipo.

Al respecto, el procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, señaló que durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se logró un punto de acuerdo para reunirse con los concesionarios y explicarles los problemas que enfrentan.

“Es bien claro que nosotros trabajaríamos con mucho mayor celeridad de contar con el apoyo de la información de las telefónicas.

“Esta problemática nos está llevando incluso a plantear un estudio, por parte de una de las comisiones de la conferencia de procuradores, respecto a reformas legales; habrá una comisión que se encargará de plantear reformas legales que van en el sentido de que sea obligatoria la entrega de la información en el momento en que sea requerida, obviamente con los requisitos que la ley haya de señalar”, indicó

No obstante, primero se reunirán con los permisionarios y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a fin de tener un acercamiento y agilizar estos trámites, y posteriormente elaborar dicho proyecto.

Límitan al Cenapi

El 14 de julio de este año, la titular de la PGR emitió un acuerdo en el que retiró la facultad que tenía el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) para solicitar la intervención de llamadas telefónicas relacionadas con todos los delitos considerados graves.

Dicha responsabilidad ahora recae en el Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Sin embargo, el Cenapi puede continuar haciendo las peticiones en casos que no estén relacionados con la delincuencia organizada.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los agentes del Ministerio Público adscritos a la SIEDO que crean necesario solicitar la intervención de comunicaciones para la integración de averiguaciones previas pueden solicitarlo a los titulares de sus unidades, mismos que harán la petición ante los jueces especializados en la materia.

México y Chile signan pacto anticrimen

••• Los gobiernos de México y Chile firmaron un convenio de cooperación para combatir el crimen organizado, por lo que ambas naciones se comprometieron a intercambiar información, además de impulsar la capacitación y formación de fiscales.

La titular de la PGR, Marisela Morales, dijo que ese instrumento cerrará espacios de impunidad a las organizaciones criminales, y reiteró la importancia del diálogo y la conjunción de acciones para enfrentar los principales retos internacionales que amenazan la seguridad de las sociedades.

Acompañada del fiscal Nacional de la República de Chile, Sabás Chahuán Sarrás, se acordó capacitar y formar profesionales en ciencias forenses, funcionarios y personal administrativo.

“Durante la reunión se dialogó acerca de la importancia de trabajar para enfrentar las redes trasnacionales de la delincuencia organizada y se manifestó el ánimo por realizar tareas que fortalezcan la relación bilateral en materia de cooperación jurídica, combate al narcotráfico y sus delitos conexos, bajo la premisa de la responsabilidad compartida”, señaló la dependencia federal.

En el encuentro, el fiscal chileno habló de las experiencias sobre el trabajo que realiza el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, en el acopio y análisis de información.

México • Rubén Mosso

SEMANARIO ZETA

27 de noviembre del 2011

El negociazo de los créditos

by EDICION 1965 on NOVIEMBRE 27, 2011

Legisladores paralizan el Congreso a su conveniencia

Con tasas de interés bancario sumamente elevadas, que incluso pondrían en riesgo las participaciones federales hasta 2031, los diputados y grupos de poder del PRI, PAN, PRD, MRPS, PANAL y Convergencia luchan por la aprobación de préstamos que elevarán la deuda pública de La Paz en más del 400 por ciento, en comparación con las anteriores 13 administraciones municipales; y de Los Cabos en más del 300 por ciento de lo que quedaron debiendo las 10 administraciones anteriores.

Gerardo Zúñiga Pacheco

La Paz, Baja California Sur. La posible autorización de la contratación de créditos millonarios, a favor de los alcaldes Esthela de Jesús Ponce Beltrán y José Antonio Agúndez Montaño, anticipa un jugoso negocio en el que los presuntos involucrados ganan y los ciudadanos pierden.

En la disputa entre legisladores y grupos de poder del PRI, PRD, PAN, MRPS, PANAL y Convergencia por la aprobación de lo que pareciera ser un botín de casi mil millones de pesos, todos se llevarán una rebanada del pastel: consultores, aseguradoras, bancos, alcaldes, futuros candidatos a diputados, senadores y hasta el Presidente de la República.

De entrada la compañía Optiva Consultores, responsable de la elaboración del proyecto de refinanciamiento de la deuda pública municipal de los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos y del diseño de Proyectos de Inversión Pública, tiene entre sus cálculos obtener de 13 a 17 millones de pesos por cada gobierno en esta operación, únicamente por concepto de asesoría legal, estructuración financiera, calificaciones quirografarias, calificaciones del financiamiento, garantía, gastos fiduciarios, publicaciones y comisión por apertura.

La empresa originaria de Hermosillo, Sonora, donde Ricardo Robinson Bourns Castelo, el hermano incómodo del ex gobernador de ese estado figura como uno de los socios, presume de su gran experiencia y de su influencia en altas esferas del poder económico y político para aterrizar el dinero sin ningún problema.

Éstos son algunos de los proyectos que manejó cuando su hermano, Eduardo Bourns Castelo, era el gobernante del estado de Sonora:

1. Refinanciamiento de la deuda pública del estado de Sonora en 2004.

2. Refinanciamiento de la deuda pública del municipio de Navojoa en 2005.

3. Financiamiento para el gobierno del estado de Sonora de mil 300 millones de pesos en 2006.

4. Fideicomiso del fondo revolvente para el gobierno del estado de Sonora de 100 mil millones de pesos en 2006.

5. Refinanciamiento municipal en “bloque” en 2007.

6. Elaboración del proyecto Plan Sonora Proyecta en 2008.

7. Refinanciamiento de la deuda pública del estado de Sonora en 2008 (otra vez).

8. Elaboración del proyecto Vado del Río de 2005 a 2008.

9. Elaboración del proyecto Pasajes de 2005 a 2008.

10. Elaboración del proyecto Carretera Costera de 2005 a 2008.

Datos entregados a ZETA exponen que la compañía del hermano del ex gobernador sonorense, y quien también tiene a una de sus hijas, de nombre Ana Lourdes Castelo López Arias en la lista de socios, comúnmente cobra entre 2.5 y 3.5 por ciento del monto total. Es decir, dos, tres o hasta cuatro veces más del costo normal, que según expertos en asesoría financiera, oscila entre el 1 y 1.2 por ciento en cualquier compañía de México.

No sólo eso. Los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos también tendrán que contratar otros servicios, en caso de lograr -y una vez aprobado por los diputados- acceder a los créditos de 462 millones 600 mil pesos y 498 millones 600 mil pesos, respectivamente.

Éstas son algunas de las medidas que tendrán que tomar en el caso del refinanciamiento de la deuda pública municipal de los ayuntamientos:

1. Diseñar y crear un fondo de reserva para establecer entre el 2 y 4 por ciento del monto a refinanciar y tener una garantía líquida dentro del fideicomiso para cubrir cualquier imprevisto, sobre todo en el retraso de participaciones federales. En el caso de La Paz, la cantidad andaría entre los 3 y 5 millones de pesos, y en el de Los Cabos, entre 5 y 7 millones de pesos.

2. Contratar una cobertura de tasas de interés conocida bajo las siglas de CAP que mitigue el riesgo, debido a eventos macroeconómicos adversos; una especie de seguro que pagará una prima inicial única que cubrirá los intereses bancarios que se necesitarán pagar, en caso de que la tasa de interés se ubique por encima de la tasa fijada en el crédito. En este renglón se tendría que destinar el 10 por ciento del total como soporte crediticio que, en el caso de La Paz, quedaría en 46 millones 260 mil pesos, y en el de Los Cabos, en 49 millones 860 mil pesos.

No obstante, los ayuntamientos tendrían que sujetarse a una tasa de interés muy alta por concepto del préstamo bancario, lo que a largo plazo afectaría gravemente las participaciones federales hasta las administraciones de 2031.

En el caso de La Paz, el monto del financiamiento a pagar a 30 años sería de 650 millones 791 mil 727 pesos con 39 centavos, es decir, 188 millones 191 mil 727 pesos con 39 centavos más, que representa el 40 por ciento de lo contratado.

Respecto a Los Cabos, el financiamiento a pagar a 30 años sería de 916 millones 073 mil 664 pesos con 38 centavos;  417 millones 473 mil 664 pesos con 38 centavos más, lo cual equivale al 90 por ciento de lo contratado.

Lo anterior en base a las corridas financieras entregadas de última hora por los propios ayuntamientos de La Paz y Los Cabos. Una danza de millones que se repartiría entre todos, y donde el menos beneficiado sería el pueblo porque, en un solo acto y de arranque, La Paz incrementaría su deuda en más del 400 por ciento en comparación con las anteriores 13 administraciones municipales; mientras que Los Cabos se entracalaría más del 300 por ciento de lo que quedaron debiendo las 10 administraciones anteriores durante los últimos 39 años.

Los antecedentes

El 17 de noviembre inició una sesión pública ordinaria, y contabilizando la asistencia de 20 diputados, se declaró quórum legal, por lo que se sometió a consideración de la asamblea el orden del día que en esa ocasión constaba de 19 puntos o temas a tocar. Sin embargo, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Treviño Angulo y ya iniciada la sesión, solicitó se incluyeran dos puntos más:

1. Someter a discusión, análisis y dictamen la solicitud de la autorización para que el Ayuntamiento de La Paz pudiera reestructurar su deuda pública y contratar un financiamiento adicional destinado a inversiones públicas productivas por el orden de 462 millones, a pagar en un plazo de 30 años. De esa cantidad, 115 millones 125 mil 148 pesos se destinarían al refinanciamiento de la deuda; 347 millones 474 mil 852 pesos se utilizarían para inversiones públicas productivas.

2. Someter a discusión, análisis y dictamen la solicitud de la autorización para que el Ayuntamiento de Los Cabos pudiera reestructurar la deuda pública y contratar un financiamiento adicional destinado a inversiones productivas por el orden de 498 millones 600 mil pesos a pagar en un plazo de 30 años. De esa cifra, 179 millones 824 mil 561 pesos se utilizarían en el refinanciamiento de la deuda y 318 millones 775 mil 439 pesos serían destinados a inversiones públicas productivas.

Sin embargo, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jisela Páez Martínez, solicitó el uso de la voz y rechazó el intento de someter a votación este tema, en virtud de que estaba en análisis en la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos y, según el tiempo estipulado de 30 días concedido por la Ley Reglamentaria del Congreso, el término para dictaminar el caso vencería el 1 de diciembre, al haber requerimientos de información en trámite por parte de los integrantes de esa comisión a los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, como es la documentación de listado, proyectos de ejecución, costo total de obras y corridas financieras, entre otros aspectos.

Tal intervención generó posiciones encontradas que derivaron en un desorden legislativo protagonizado por diputados del PRI, PAN, PRD, MRPS, PANAL y Convergencia, provocando que un bloque de legisladores abandonara la sesión ordinaria. En el  recinto únicamente quedaron seis diputados del PAN y 2 del MRPS, dejando sin quórum la asamblea. Ante esa situación, Juan Domingo Carballo Ruiz,  diputado presidente de la Mesa Directiva, declaró suspendida la sesión.

En relación a este hechos, los artículos 32 y 99 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo establecen claramente: “Queda estrictamente prohibido a los diputados abandonar el recinto, sin el permiso previo de la Presidencia, durante el desarrollo de las sesiones”, además, que los diputados “tienen obligación de asistir a todas las sesiones, y de permanecer en ellas, durante todo el tiempo de su duración”.

Así es que sólo el presidente de la Mesa Directiva pudo suspender y abrir nuevamente la sesión, por lo que la apertura que posteriormente hizo el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ramón Alvarado Higuera, es ilegal. Lo mismo aplica para la sesión posterior que sostuvieron 12 diputados del Bloque Opositor, y donde, en un acto de desesperación y presionados por los alcaldes de La Paz y Los Cabos, aprobaron la contratación de los empréstitos.

El Artículo 109 de la Ley Reglamentaria establece lo siguiente: “Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la Comisión o Comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso del Congreso, se calificaren de urgente o de obvia resolución”. Es decir, en el caso de los ayuntamientos, el tema no podría haberse discutido sin antes dictaminarse tras haber pasado por comisiones.

Todo lo anterior ha generado un ríspida disputa, que es considerada por la mayoría de analistas políticos, como el primer encontronazo entre el PAN y un Bloque Opositor integrado por el PRI, PRD, PANAL y Convergencia, en vísperas de las elecciones federales, y cuyo encono está llegando a tal grado que al cierre de esta edición, tenía paralizado el trabajo legislativo gracias al tema de los créditos.

De hecho, el 21, 22, 23 y 24 de noviembre inéditamente se convocaron sesiones extraordinarias fuera de horarios normales para discutir el caso de la autorización de los créditos, dejando fuera toda la agenda legislativa por tratar de desahogar este tema.

La sala de sesiones ya no es la misma, pues del debate y quehacer legislativo, se pasó a los gritos y descalificaciones verbales entre los legisladores de ambos bandos, exhibiendo toda una desmedida soberbia, porque ninguna de las partes cedía.

Hoy se sabe que los legisladores del PRI, PAN, PRD, MSPS, PANAL y Convergencia, tuvieron que negociar en una sesión secreta una junta de carácter urgente con el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor para tomar acuerdos, y aunque en lo particular, el gobernante panista dijo “no estar de acuerdo en el endeudamiento”, dejando en manos de los legisladores la decisión de autorizar o no el recurso a los ayuntamiento de La Paz y Los Cabos.

En la sesión pública ordinaria del 23 de noviembre, los diputados sometieron a discusión inéditamente la validación de dos actas: la de la sesión legal que fue suspendida, y la de la sesión ilegal, donde al ser sometida a votación, se entrampó de nuevo, ya que a favor votaron diez diputados del Bloque Opositor, nueve en contra del PAN y una abstención, en tanto otro legislador se reportó “enfermo”. El resultado de la votación no alcanzó la mayoría requerida, que es de la mitad más uno, es decir, 11 votos para que pudieran haber validado las dos sesiones, y por ende, la autorización de los créditos.

Toda esa parálisis legislativa ya generó molestia en algunos sectores de la sociedad, sobre todo porque se están dejando de lado temas importantes como el Informe del Órgano de Fiscalización Superior de los Municipios, las Leyes de Ingresos, las propuestas de Tablas de Valores Catastrales, el presupuesto de egresos, iniciativas de leyes y reformas prioritarias.

La desesperación ha llegado a tal grado que ciudadanos como la señora María Monserrath Trasviña Meza, tuvieron que levantarse de su silla de la sala de sesiones e ir a increpar en su cara a todos los diputados, quienes salieron del recinto legislativo dejando sentada a toda la concurrencia, donde había decenas de estudiantes. Partieron a un edificio alterno y se metieron a sesionar secretamente a una sala conocida como “Armando Aguilar Paniagua”, donde sorpresivamente, la enfurecida dama ingresó y les dijo a rajatabla:

“Qué creen, ¿que somos sus pendejos?, ¿que vamos estar esperándolos a la hora que ustedes quieran y nos falten al respeto de esa manera, dejarnos sentados allá en la sala de sesiones para que ustedes se vengan acá a lo oscurito? No señores, ahorita mismo se regresan y hablan allá, lo que están hablando aquí, porque yo, como ciudadana, tengo derecho a saber lo que está pasando en mi estado, y no voy a permitir que una bola de zánganos, holgazanes y sinvergüenzas como ustedes, nos dejan allá sentados y se venga para acá, a ver qué arreglan”.

Las dudas

Lo que preocupa a los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, es el tema del endeudamiento, que a decir de algunos legisladores, como la panista Jisela Páez Martínez, la experiencia del crédito anterior otorgado al Ayuntamiento de Los Cabos y contratado en septiembre de 2009, expone claramente que a la larga, los préstamos afectan la economía de los municipios. Basta saber que de los 100 millones que recibió por el empréstito, actualmente y a la vuelta de 2 años, pagará 179 millones 824 mil 561 pesos; 80 por ciento más de lo que contrato, y cuya deuda pública pretende ser refinanciada por la administración del perredista José Antonio Agúndez Montaño.

Por eso y por algunas dudas, los legisladores tienen frenadas las intenciones del Bloque Opositor de autorizar los créditos a favor de los ayuntamientos, y que en el caso específico de La Paz, después de un estira y afloja, la administración de Esthela de Jesús Ponce Beltrán terminó por reducir de última hora la petición de crédito de 462 millones 600 mil pesos, a 376 millones 101 mil 123 pesos. Pero los diputados insisten en validar lo inicialmente solicitado, y por ende, 147 millones quedarían volando.

Por lo pronto, los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos no podrán iniciar los trámites del crédito, hasta en tanto la sesión ilegal pueda ser validada o de plano anulada por acuerdo con los diputados del Bloque Opositor, para entonces reiniciar el trabajo legislativo y consensuar el caso de los créditos. Todo esto es porque, en las condiciones en que fueron autorizados los créditos, carecen de validez jurídica, y ningún banco asumiría la responsabilidad de entregar el dinero si no existe un Decreto de Ley firmado por el presidente y secretario de la Mesa Directiva, además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no podrá anotar los financiamientos en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios por la sola presunción de ilegalidad en un acto fraudulento y viciado de nulidad.

Los pactos

En esta lucha es evidente el amasiato entre el PRI y el PRD, donde pareciera haberse cambiado el dinero de los créditos por la impunidad de personajes como la ex alcaldesa de La Paz, Rosa Delia Cota Montaño, e inclusive la eminente postulación del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño como candidato a senador de la alianza PRI-PVEM.

Hoy por hoy, es muy notoria la simulación de los perredistas que están terminando por cuajar una alianza de facto para respaldar la candidatura de Enrique Peña Nieto, a cambio de la candidatura del ex gobernador del PRD y recientemente afiliado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El desayuno público entre los alcaldes de Los Cabos, La Paz y Mulegé, José Antonio Agúndez Montaño, Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Guillermo Santilla Meza,  respectivamente, que tuvo lugar  el 23 de noviembre en un restaurante de la localidad, habla por sí solo de lo que se viene y se anticipa. Inclusive estuvieron sentados en la mesa por 30 minutos José Antonio Agúndez Montaño, el ex candidato a gobernador y actual delegado del CEN del PRI, Ricardo Barroso Agramount.

Los movimientos que se pudieron percibir por analistas ya eran evidentes; a continuación el recuento:

1. El encuentro entre el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño y diputados federales del PRI en el Palacio de San Lázaro en la Ciudad de México, con el pretexto de solicitar un aumento al presupuesto de ese destino turístico.

2. El destape de Narciso Agúndez Montaño como posible candidato del PVEM, y quien evidentemente, habrá de ir en alianza con el PRI.

3.  La indiscreción del ex gobernador de Baja California Sur en una reunión en Comondú, donde anticipó que su hermano el alcalde perredista de Los Cabos, estaría renunciando a su partido en el mes de enero.

4. La afiliación del ex oficial mayor del gobierno de Narciso Agúndez Montaño, Garibaldo Romero al PVEM, y considerado como parte de una avanzada o migración de perredistas hacia ese partido.

5. La repentina aparición de José Antonio Agúndez Montaño en eventos del municipio de La Paz, como la coronación de la reina de las fiestas tradicionales de Los Barriles.

6. El surgimiento del Bloque Opositor Legislativo a favor de los créditos, integrado principalmente por el PRI y el PRD, donde sus diputados han tenido encuentros con los alcaldes de ambos partidos.

Tony Agúndez protege a funcionarios ineptos

by EDICION 1965 on NOVIEMBRE 27, 2011

Contrario a las promesas de campaña del alcalde perredista

El presidente municipal de Los Cabos tiene en su gabinete a 8 funcionarios que “no están aptos para desempeñar el cargo”, según la evaluación y conclusión de regidores de la XI administración. Lo anterior, a pesar de que el edil del PRD prometió que sometería a revisión periódica el trabajo desempeñado por los principales integrantes de su administración en los primeros 90 días de gobierno.

Gerardo Zúñiga Pacheco

San José del Cabo, Baja California Sur.- Ya pasaron 90 días, 120 y 180, y hoy se cumplen 210 días, y el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, sigue incumpliendo su promesa de campaña –y que enarboló el día de su toma de protesta– de someter a revisión y evaluación periódica el trabajo desempeñado por los principales integrantes de su gabinete en los primeros tres meses de la XI administración.

Y es que el edil del PRD, desde hace cuatro semanas, tiene en su escritorio los resultados de la evaluación que –en virtud de no haberla hecho personalmente— elaboraron 8 de los 11 regidores que integran el cabildo. Los legisladores se mostraron preocupados porque, cuando menos, ocho directores generales del ayuntamiento local, simple y sencillamente, no dieron el ancho.

Los regidores del propio PRD inclusive, como Julio César Castro, revisaron el trabajo de los funcionarios de José Antonio Agúndez Montaño, y concluyeron que “no están aptos para desempeñar el cargo”.

Ellos son:

1.- Guillermo Rosas Marrón, secretario general del ayuntamiento.

2.- Edilberto Graciano Chávez, oficial mayor.

3.- Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar, comisionado de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

4.- Joel Abaroa Delgado, director municipal de Turismo.

5.- David Green Moreno, director municipal de Atención Ciudadana.

6.- Óscar Graciano Beltrán, director de Transporte Municipal.

7.- Susana Burgoin Amézquita, directora de Ingresos de la Tesorería Municipal.

8.- Ernesto Segismundo Corales, jefe de Inspección Fiscal.

A pesar de estar prácticamente reprobados, los funcionarios siguen despachando en el cargo y cobrando un jugoso sueldo que, según los regidores, no se merecen, porque carecen de capacitación y preparación para desempeñar sus funciones.

La evaluación de los regidores

“Nosotros como regidores hicimos nuestro propio análisis, y le entregamos al alcalde en su oportunidad, lo que a nuestra consideración y de la mayoría de los compañeros del seno del cabildo, son funcionarios que necesitan ser reubicados a otras áreas o definitivamente dejar el cargo”, dijo el perredista Julio César Castro.

Durante una entrevista con ZETA, Castro dijo que solicitaron la comparecencia de los funcionarios  –y en ese análisis— detectaron que no cumplían con el perfil para desempeñar los cargos que se les asignaron, y por ende, deben irse.

El regidor integrante de la Comisión de Seguridad Pública reveló que han tenido algunas pláticas con el alcalde José Antonio Agúndez, sobre el tema, ya que él había prometido elaborar personalmente una revisión y evaluación en los primeros 90 días de su gobierno, sobre todo, con el compromiso de que “otorgaran su voto de confianza” para respaldar y avalar el nombramiento de los citados servidores públicos, sin embargo, ya van 210 días, y hasta ahora, todo sigue como al principio.

“Debo y debemos reconocer que sí estamos mucho muy retrasados en cuanto a la evaluación de los funcionarios, pero nosotros ya hicimos nuestra parte, lo que vendría siendo la evaluación, ahora corresponde al alcalde, tomar la decisión”, comentó el regidor del PRD.

Pero en virtud de que el alcalde aparente o intencionalmente está olvidando sus promesas de campaña, hoy, los ocho regidores responsables de la revisión y evaluación de los funcionarios, se preparan para llevar el tema a cabildo en la próxima sesión ordinaria que se habrá de registrar en los primeros días de diciembre, tal como lo expresó el regidor del PAN, Juan Fernando Sánchez Navarro.

“Necesitamos que el alcalde nos entregue una fecha exacta y definitiva de cuándo van a registrarse los enroques o cambios de funcionarios que los integrantes del cabildo, propusimos, y que hasta la fecha, no ha respondido”, comentó el edil panista.

— ¿El alcalde está minimizando y ninguneando al cabildo?, si ustedes, toman una decisión en el pleno, puede ser definitiva para que uno u otro funcionario, permanezca o se vaya del cargo, pues al final de cuentas, son la máxima autoridad… inquirió ZETA.

“Definitivamente que somos la  máxima autoridad, por eso hicimos la evaluación, y se la entregamos, es el tema que tocaremos en la próxima sesión; si no hay respuesta, entonces tendremos que revisar el caso y presionar duramente en asuntos generales, porque la sociedad votó por un cambio, y ése no se está reflejando en las decisiones de gobierno”.

El regidor del PAN, recordó que el alcalde José Antonio Agúndez Montaño, no llegó con un gran respaldo popular o consenso social, pues del 100% del electorado, únicamente un 25% voto por él, y el resto por otras fuerzas políticas, y quienes están vigilantes y atentas a que las cosas se hagan bien.

El caso Lenin

Sobre el caso específico del comisionado de la dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar, y quien –según datos entregados a ZETA— el 6 de agosto reprobó el examen de control y confianza elaborado en el Centro de Seguridad Nacional (CISEN), los regidores del PRD y del PAN coincidieron en señalar que el asunto ya está prácticamente resuelto, por versión del propio alcalde.

Sin embargo comentaron que la salida del funcionario se ha retrasado, porque actualmente “los cuatro candidatos a sucederlo están siendo revisados y sometidos a una evaluación para que puedan presentar sus exámenes de control y confianza con miras de entrar en la terna que se habrá de presentar al cabildo”.

Los candidatos a relevar en el cargo a Lenin Rodríguez Aguilar, son:

1.- Saúl González Núñez, ex comisionado de la dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.

2.- Carlos de Jesús Jiménez Pérez, ex director de la Policía Ministerial del Estado.

3.- Gerardo Vázquez Alatriste, ex coordinador general de Investigaciones de la PGR y ex delegado de la PGR en Sonora.

4.- Román Martínez Marín, ex militar y actual jefe operativo de la dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.

Profesionalmente desacreditado y cuestionado, Lenin Rodríguez Aguilar finalmente dejará el cargo, hecho que podría ocurrir en cualquier momento. Desde que tomó protesta y hasta la fecha, Lenin Rodríguez prácticamente fue excluido de los operativos mixtos encabezados por fuerzas militares, de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial, mientras no pasara el examen de control de confianza y reestructurara la institución que se ha convertido en un nido de narcopolicías al servicio del todavía jefe de la plaza de narcomenudistas, Javier López Rivera, Javier Acosta López o Javier Munguía (a) “El Javi” o “El Javier”.

En esta lista y –según revelaciones de Jaime Ariel Meza López, alias “El Jimmy”, detenido en un operativo militar— están los siguientes policías y comandantes: Cirilo Castro Cosío, Martín Burgoing Olachea, Alonso Valencia Cabrales, Felipe Valencia Cabrales, Rolando Dunton Díaz, Francisco Peralta Agúndez, Juan Carlos Cosío, Jesús Leyva Valenzuela, Mario Yuri Batida Sandoval, Celso Filemón Lázaro y Cuauhtémoc Ceseña Amador, todos involucrados en la averiguación previa AFI/BCS/COE-LC/2403/2010 de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR.

Cabe destacar que Cuauhtémoc Ceseña es investigado por fuerzas federales por haberse apoderado de un sinnúmero de propiedades del narcomenudista Abraham González (a) “El Banny”, ejecutado cuando “El Javier” se hizo cargo de la plaza de San José del Cabo.

Los propios regidores reconocieron que el caso particular de la dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito municipal de Los Cabos, es un tema muy delicado y toral y que deberá ser valorado a conciencia en el seno del cabildo, por los últimos hechos violentos que se han registrado en el principal destino turístico del estado.

Julio César Castro, regidor integrante de la Comisión de Seguridad Pública, dijo estar preocupado particularmente por que se atienda la inseguridad de manera frontal, con un plan perfectamente diseñado y estructurado de trabajo y que no sólo contemple patrullas y armas, sino que se aboque al tema de la violencia intrafamiliar, y el cual –explicó— “no está pegando mucho en Los Cabos, porque se ha manejado de manera distinta, como si no se tratara de un tema de seguridad”.

El regidor anticipó que de hecho ya están trabajando en la intención de ampliar el presupuesto en materia de seguridad, porque “ahora que viene el G-20, requerimos tener un buen nivel en esta materia y proyectar una imagen de un destino seguro para todos aquellos que llegarán a visitarnos”.

El alcalde

Sobre esta situación, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, respondió en una entrevista de banqueta a los medios de comunicación sobre las inconformidades y presión de parte de los regidores.

“Calma”, dijo el edil del PRD y solicitó a los regidores que están presionandopor los enroques de funcionarios, que “no se desesperen, porque todos sus compromisos de campaña van a ser cumplidos, únicamente que en su tiempo”.

El presidente municipal de este destino afirmó que se tomará el tiempo que sea necesario para tomar una decisión, ya que “está a la espera de contar con las certificaciones de algunos directores para dar por cerrado este capítulo”, refiriéndose específicamente al caso de Lenin.

Durante la breve entrevista agregó que ha estado platicando con regidores y colaboradores sobre el tema y que la promesa que hizo se va a cumplir en su momento. “La mayoría de los regidores están conscientes de que se ha trabajado en ese sentido y habrá algunos que están desesperados, pero yo les pido calma”, recalcó.

Aunque no estableció la fecha de la primera sesión ordinaria de cabildo, podría darse este fin de semana o a principios de la otra, la cual será convocada por Guillermo Marrón Rosas, uno de los funcionarios que están en la cuerda floja y que figura en la lista negra de los regidores. A la fecha ocupa el cargo de secretario general en el Ayuntamiento de Los Cabos.

Disputa en Punta Arena

by EDICION 1965 on NOVIEMBRE 27, 2011

La manzana de la discordia son 960 hectáreas.

La posesión de un predio ganado al mar, se convierte en motivo de enfrentamiento entre un grupo de ejidatarios y el desarrollador “Península de los Sueños”. Todo por demostrar la propiedad de estas tierras que adquirieron plusvalía, a raíz de la construcción de un campo de golf, residencias, condominios y villas para extranjeros en dicha zona turística.

Alejandro Acuña

Punta Arena, Baja California Sur.-  Un extenso terreno ubicado a 35 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz se ha convertido en la manzana de la discordia entre un grupo de tres ejidatarios y el desarrollador “Península de Los Sueños”.

La extensión en disputa, de aproximadamente 960 hectáreas y localizada dentro de un predio de 5 mil 320 hectáreas en una zona conocida como “Punta Arena”, adquirió plusvalía ante los ojos de los ejidatarios, cuando las sociedades mercantiles “Punta Arena de la Ventana, S.A. de C.V.”, “Boca de la Salina, S.A. de C.V.” y “Cihuata, S.A. de C.V.”, comenzaron a invertir y construir un complejo con campo de golf, residencias, condominios y villas para extranjeros, como parte de un proyecto de inversión que despejaría turísticamente esta zona.

Sin embargo, el proyecto se estancó cuando los socios de esas compañías, entraron en un conflicto que derivó en denuncias penales, hasta llevar a prisión a uno de los ex socios, de nombre Kerry Roger Lee, por presuntos malos manejos y ventas fraudulentas, y quien según datos recabados porZETA, venía huyendo de Nevada, después de que el Tribunal de Distrito del Condado de Clark girara una orden de arresto porque se negó a devolver una isla en Belice, propiedad del estadounidense William Brady, un ex camionero de la mencionada entidad que habían comprado los títulos de propiedad de ese islote.

Todo este conflicto legal entre los inversionistas fue aprovechado por algunos hijos de los ejidatarios que a sabiendas de que sus padres habían vendido la propiedad el 7 de noviembre de 1969, invadieron y se metieron dentro del predio, reclamándolo como suyo y colocando cabañas de madera, sillas y algunos cercos y postes.

Según la escritura 8 mil 859, expedida por el Notario Público No.1, Armando Aguilar Paniagua, la señora Margarita Terrazas de Natalí, en su calidad de apoderada legal del señor Álvaro Torreblanca Otaduy, habría comprado la propiedad hace 32 años por cien mil pesos a los ejidatarios Héctor Yee Molina y su esposa Santana Salvatierra de Yee; Remigio Geraldo Hirales y su esposa Belem Lucero de Geraldo; José Geraldo Contreras y su esposa Lagarda Lucero de Geraldo; José Geraldo Lucero y su esposa Ángela Lucero de Geraldo; Antonio Geraldo Contreras y su esposa Leonor Hirales de Geraldo; Largada Geraldo de Lucero y su esposo Cristóbal Lucero Monge; Antonio Lucero Mendoza y su esposa Georgina Lucero de Lucero; Eduardo Geraldo Lucero y su esposa Georgina Geraldo de Geraldo; Manuel Búrquez Lucero y su esposa Josefina Geraldo de Búrquez; Andrés Hirales Lucero y su esposa Aurora Lucero de Hirales; José Lucero de la Peña y su esposa María Antonia Hirales de Lucero; Adolfo de la Peña Gama y su esposa Beatriz Rochín de la Peña, así como José Vidal Geraldo Geraldo.

La operación de compraventa fue consolidada a petición de los representantes legales de los ejidatarios, Marcelo Gaume Dumas, Arturo Cazares Nicolín y José Enrique Valerio Ortega Romero, en su calidad de albacea de la sucesión de bienes de Félix Justino Ortega Núñez, y cuyo dinero fue pagado de la siguiente manera:

1.- 68 mil 200 pesos para Marcelo Gaume Dumas, Arturo Cazares Nicolín y José Enrique Valerio Ortega Romero en representación de los ejidatarios Héctor Yee Molina, Remigio Geraldo Hirales, José Geraldo Contreras, Adolfo de la Peña Gama, Antonio Geraldo Contreras, Antonio Lucero Mendoza, Eduardo Geraldo Lucero, Manuel Búrquez Lucero, Andrés Lucero Lucero y José Lucero de la Peña, con el consentimiento de sus cónyuges.

2.- 31 mil 800 pesos para el resto de los ejidatarios José Geraldo Lucero, Largada Geraldo de Lucero, Largada Geraldo de Lucero y José Vidal Geraldo Geraldo, con el consentimiento de sus esposas.

Sin embargo, esta operación no fue reconocida por hijos de 3 de los 12 ejidatarios, y que responden al nombre de Rodrigo Rochín, Sergio Geraldo Búrquez y Joel Lucero, y quienes durante una entrevista, desconocieron las escrituras y dijeron que las firmas que aparecen en el contrato de la operación de compraventa son falsas, porque “mucha de la gente que supuestamente vendió, ni siquiera sabía leer y escribir, mucho menos firmar”.

Los ejidatarios

Después de 32 años, los hijos de los ejidatarios de “Punta Arena” han decidido pelear por sus tierras, ya que aunque actualmente tienen la posesión de tres parcelas, reclaman la propiedad de las 12 que dicen pertenecían a sus padres.

De entrada, y como medida de presión, el 1 de noviembre bloquearon la carretera que va de Agua Amarga hasta Ensenadas de Los Muertos en la delegación de San Juan de Los Planes, municipio de La Paz, atravesando una decena de pick ups sobre la carretera para interrumpir el libre acceso.

La inconformidad derivó del fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, a favor del grupo desarrollador “Península de los Sueños”, y en el cual, se ordenó el 27 de octubre, dar posesión material de los predios a dichos inversionistas de una zona conocida como “Boca de la Salina” en su pleito legal con el prófugo Kerry Rogers Lee y su grupo “Cihuata, S.A. de C.V.”.

Por este motivo, los inversionistas comenzaron a delimitar sus terrenos –una vez terminado el litigio de los predios— y excluyendo de este proceso los tres terrenos en manos de los hijos de ejidatarios.

El pasado 4 de noviembre, la inconformidad llegó a los golpes, cuando los ejidatarios, derribaron postes y cercos colocados por los inversionistas y discutieron por largas horas hasta que tuvo que intervenir la policía.

Eso no fue todo. El pasado 8 de noviembre, la violencia nuevamente se desbordó y los ejidatarios dejaron el bloqueo y los terrenos en paz para salir a las calles, hasta llegar al Congreso local, y solicitar la intervención de diputados, y de arranque, exigieron la cabeza de la alcaldesa de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, por haber ordenado extinguir del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, todas las claves catastrales de los predios en disputa, y haberlas reemplazado por las del grupo “Península de los Sueños”.

Durante una entrevista con ZETA, Sergio Geraldo Búrquez dijo que el abogado y representante legal de los inversionistas, Ramón Cota Gutiérrez, tuvo la indiscreción de decirles que no tenían por qué pelear la tierra si sus claves catastrales ya habían sido dadas de baja en el Ayuntamiento de La Paz.

El comentario generó mucha inconformidad, y por lo tanto, los afectados solicitaron una explicación a la administración de la alcaldesa priísta, a través de su asesor jurídico, Salvador Pérez Molina, y donde el director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de La Paz, Alejandro Davis Monzón, confirmó cambios en el registro de las claves catastrales, pero se negó a entregar mayor información, en tanto no fuera solicitado por escrito.

Sin embargo, a través de terceras personas, conformaron la información, y entonces, salieron a las calles a protestar hasta que llegaron al propio Ayuntamiento de La Paz, y en donde, bajo presión, obtuvieron la información, por lo que dijo, presentaron una denuncia penal –y una ampliación– en contra de quien resulte responsable por haber extinguido sus claves catastrales.

El Ayuntamiento de La Paz

Sobre las acusaciones de los ejidatarios, el director jurídico del Ayuntamiento de La Paz, Manuel Arce Delgadillo, fijó su postura al respecto.

De entrada, reconoció que las claves catastrales, se habían extinguido del sistema del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de La Paz, por una resolución administrativa del director Alejandro Davis Monzón.

— ¿La decisión se tomó en base a la resolución de algún Juez?

“No. Es una decisión o resolución netamente administrativa, y tomada principalmente en la dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, porque recibió una solicitud el 12 de mayo pasado de la empresa Península de los Sueños, entregando toda la documentación necesaria para demostrar la plena propiedad de las tierras y solicitan la declaración de inscripción de los registros y el procedimiento también se hace en catastro. No es una determinación que venga por orden judicial, sino una determinación administrativa tomada por la autoridad, basada en los antecedentes, no nada más en los que se exhibieron, sino los que obran en poder del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, todo basado en el artículo 2938 del Código Civil”.

El funcionario dijo que el hecho de que hayan extinguido las claves catastrales del sistema, no significa que hayan desaparecido los libros de registro, sino que “momentáneamente fueron dadas de baja, y así quedarán, hasta en tanto no haya un veredicto u orden de algún juez, respecto del caso, donde se diga lo contrario”.

— ¿No considera que se apresuraron a la extinción de las claves catastrales? ¿Por qué no esperaron la resolución de algún Juez?

“Bueno, lo que sucede es que la determinación fue previamente al conflicto, y sabemos que únicamente hay una controversia entre ellos, pero no un juicio. Ellos mismos lo han manifestado ante esta autoridad. No hay ni juicios civiles ni de amparos entre los ejidatarios y la empresa Península de los Sueños. Vamos, no hay ni un juicio inscrito ante una autoridad judicial que pudiera habernos emplazado y habernos ordenado que no moviéramos los registros catastrales”.

Los inversionistas

Sobre toda esta controversia, los inversionistas por conductor del vocero oficial, José Luis Antón Alvarado, dijo que lo único que han estado haciendo, es delimitar su propiedad desde que a finales de octubre, se falló a su favor, y comentó que en este procedimiento, no se están tocando las tres propiedades que –aseguran— invadieron 3 familias dentro de su predio en el año 2007.

— ¿Por qué no tocar esas tres parcelas?

“Lo que pasa es que estamos esperando que el Juez determine y emita una resolución de que esas tres familias, se metieron de forma ilegal a nuestra propiedad, y entonces, nos regrese legalmente la posesión. Desde el año 2007, el grupo empresarial, presentó una denuncia por despojo en contra de esas familias por haberse metido de esa manera, cuando sabían que la propiedad, ya no les pertenece, ya que su familia vendió desde 1969. Ya ganamos un juicio, y el pasado 27 de octubre, nos dieron posesión material del predio Boca de la Salina, y lo primero que hicimos fue delimitar nuestra propiedad para salvaguardar los terrenos y evitar otra invasión, porque venimos de una historia de despojo e invasión, y ya no queremos estar sufriendo este tipo de problemas que lo único que han hecho es detener nuestro proyecto de inversión, una y otra vez, porque no podemos terminar de desarrollar si no estamos teniendo certidumbre en la tierra”.

El vocero de la empresa afirmó que los hijos de ejidatarios ni siquiera tienen papeles de las tierras, por eso dijo que los definen como “invasores”, ya que no tienen documentos para afirmarse como propietarios; por lo cual no tienen por qué estar en un terreno que no es de su propiedad. Por el contrario, aseguró que tenían las escrituras, mismas que exhibió y de las cuales entregó una copia a ZETA.

Denuncia contra nueve ex funcionarios.

by EDICION 1965 on NOVIEMBRE 27, 2011

Comondú: Desfalcos y desvíos por más de 51 millones de pesos

Las auditorías a la extinta administración municipal de Comondú presidida por Joel Villegas, de 2008 a 2011, registran un avance del 70 por ciento. A la fecha se ha detectado: un desfalco de 16 millones de pesos de recursos federales y etiquetados, 25 millones de gastos que no fueron comprobados por ex funcionarios; y casi 10 millones de pesos desaparecidos del crédito otorgado por Banobras en el 2009.

Gerardo Zúñiga

El ayuntamiento de Comondú prepara la denuncia que presentará ante la PGJE contra  nueve ex funcionarios. Debido a los tiempos de integración, será presentada a finales de diciembre de 2011 o principios de enero del 2012, por el gobierno de Venustiano Pérez Sánchez.

Señalarán como presuntos responsables por los delitos de desvío de recursos públicos, peculado, desfalco y lo que resulte a:

1.- Julio Vega Pérez, ex secretario general del ayuntamiento.

2.- Sergio Avilés Mendoza, ex tesorero.

3.- Antonio Ezequiel Espinoza Estrada, ex director de ingresos.

4.- Sandra Rosario Geraldo Romero, ex directora de egresos.

5.- Ramón Ulises López Loya, ex director de adquisiciones.

6.- Leticia Soto Villa, ex directora de nómina.

7.- Adolfo Mesa de la Abadía, ex secretario particular del tesorero.

8.- Marcos García Rivas y…

9.-José Ángel Villa Sandoval, ex titulares de la contaduría general de la tesorería.

Como parte de la cuenta regresiva, algunos ex servidores públicos de la anterior administración, son actualmente entrevistados por los investigadores de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, sobre el paradero y desaparición de los 16 millones de pesos, provenientes de la Federación, detectados en la auditoría municipal.

Se trata de tres partidas diferentes, una de dos millones de pesos, otra de 6 millones de pesos y una más por 8 millones. El dinero salió de los ingresos registrados en la tesorería municipal, a través de algunos pagos interbancarios se cambiaron una y otra vez de cuenta para tratar de borrar la huella de los traslados.

Otros de los faltantes importantes, fueron los 25 millones de pesos, los cuales se perdieron en dos ventas de predios:

-21 terrenos propiedad del Ayuntamiento de Comondú, por la cual se expidieron 21 títulos de propiedad a nombre de una sola persona. En la revisión, no se encontraron los recibos del pago correspondientes.

-12 terrenos del excedente ubicado en la calle 16 de Septiembre, entre Álvarez Rico y Avenida Insurgentes de Ciudad Constitución, por un valor total de 3 millones 843 mil 610 pesos con 50 centavos, operación celebrada durante el mes de marzo de 2011, y cuyo monto de operación registra un quebranto, pues se vendieron a un 30 por ciento de su valor real. En esta operación, ya se acreditó que los compradores resultaron ser ex funcionarios, cónyuges o familiares de la extinta administración.

En cuanto al dudoso destino de los 67 millones 680 mil 54 pesos que ingresaron al Ayuntamiento de Comondú, a  través de la contratación de un crédito con Banobras,  los auditores establecieron que se extrajeron:

1.- 5 millones de pesos en la supuesta reparación de bordos.

2.- 1 millón 500 mil pesos en adquisición de alumbrado público.

3.- 360 mil pesos en bacheo de calles de la Zona Centro.

4.- 3 millones 193 mil 083 pesos con 46 centavos en la sincronización, suministro e instalación de controladores automatizados con sensores y reubicación de cuatro semáforos dentro de la ciudad.

Pero los gastos no se acreditaron, porque ningún bordo fue reparado y el alumbrado público, no registra ninguna adquisición, ya que no había ni luz, cuando se entregó la administración. Las calles estaban sumamente deterioradas desde el paso del huracán “Jimena” y los semáforos no estaban funcionando por falta de energía eléctrica, y evidentemente, no pudieron haber sido reparados.

En esta investigación, también se detectó la desaparición de una máquina trituradora para reciclar basura y la cual se compró con el crédito de Banobras, así como una larga lista de vehículos que supuestamente fueron comprados en una yarda identificada como “Autos El Toño”.

Finalmente, la Secretaría de la Función Pública, investiga la asignación de un contrato de compraventa de casi 20 millones de pesos a una empresa que habría vendido maquinaria como camiones de acarreo, compactadores, bomberas, pipas, trascabos y retro excavadoras, y donde se descubrió que no hubo licitación, sino asignación directa y violación flagrante a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que también se habrá de deslindar responsabilidades por el delito de peculado.

En su momento, la administración del actual alcalde Venustiano Pérez Sánchez, requirió a los ex colaboradores del ex edil del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Joel Villegas Ibarra, sin embargo, fueron muy pocos los gastos que se pudieron justificar.

PERICU

Conferencia sobre las redes sociales

Posted on noviembre 28, 2011 | Deja un comentario

§             Fue impartida el sábado por Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana

§             Redes Sociales y “tweets”, diálogo constante de la comunidad

La Paz, B.C.S.- “Una comunidad virtual se asienta sobre dos pilares fundamentales: la comunicación y el  deseo de relación entre los miembros con intereses“, afirmó   Gabriela Warkentin, Académica Titular del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana,  el pasado fin de semana, durante  una conferencia sobre mass media y redes sociales,  realizada en el Centro Cultural La Paz. Sitio en el que el Director General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Fabián Barajas Sandoval, recibió  con beneplácito a la también directora de Radio Ibero;  quien  está trabajando de la mano con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en distintas capacitaciones  respecto a  los procesos de comunicación.

Durante la ceremonia inaugural, el titular del ISC,  abundó que  la propuesta de la  presidenta del Conaculta, Consuelo Saízar, fue recibida con mucho entusiasmo, puesto que  el hecho de contar con una experta en la materia, como Gabriela Warkentin en Baja California Sur, es un hecho sin precedentes.

Fabián Barajas Sandoval, observó que hacía menos de dos meses, que  la Dirección de Vinculación Cultural  del Conaculta, se había acercado al Instituto Sudcaliforniano de Cultura con el fin de informar la inquietud de dar a conocer estrategias   para el uso adecuado de los medios masivos de comunicación,  puesto que es de gran importancia conocer los lenguajes y  las dinámicas para acercar a los usuarios de redes sociales a las diversas acciones culturales que realizan los institutos y secretarías de cultura de todo el país.

Baja California Sur, fue el primer estado en responder a esta propuesta, evidenciando el interés por situar el quehacer cultural de la entidad en el mapa mundial.

Temas como la responsabilidad detrás de una red social, los procesos de socialización en ella, el impacto social dentro y fuera de la misma, así como las tendencias y usos de los tweets y post en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, fueron debatidos por la comunicóloga, quien afirmó que las instituciones –sobre todo las culturales- deben volverse atractivas, inocuas e insustanciales, además de estar obligadas al diálogo constante con la comunidad.

Durante las más de cuatro horas de la ponencia, Gabriela Warkentin invitó  al trabajo creativo y a la investigación de la hoy llamada Comunidad C, (comunidad-contenido- conversación), para así incidir en la conversación “real” y en la oralidad, permitiendo al ciudadano tomar decisiones y creando lazos de confianza.

Cabe señalar que la conferencia contó con la presencia no sólo de los titulares de las áreas culturales y  personal del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, sino con integrantes de las direcciones de comunicación social del Gobierno del Estado, de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, de la Secretaría Estatal de  Turismo, del Sistema Estatal para el  Desarrollo Integral de la Familia, así como de periodistas, promotores culturales, escritores, bloggeros y comunidad artística.