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JORNADA
07 de noviembre de 2011
Ejidatarios de BCS denuncian despojo de tierras
Raymundo
León
Corresponsal
Periódico
La Jornada
Lunes 7 de noviembre de 2011, p. 35
Lunes 7 de noviembre de 2011, p. 35
La Paz
BCS, 6 de noviembre. La disputa de terrenos entre empresas inmobiliarias de Estados Unidos acabó
con la tranquilidad en la delegación municipal San Juan de los Planes, al
sureste de esta capital, donde integrantes del ejido San Vicente de los Planes
denuncian despojo de propiedades y cierre de accesos a la playa.
Ejidatarios
se reunieron con diputados locales para exponerles el problema. El
representante legal de los afectados, Salvador Pérez Molina, señaló que la
empresa Península de los Sueños obtuvo una sentencia judicial favorable en un
litigio contra Cihuata, pero no sólo tomó posesión de los terrenos que ganó,
sino también de tierras comunales y de los accesos al mar.
El
ejidatario Sergio Geraldo Búrquez dijo que el acta de propiedad de su
terreno desapareció del Registro Público de la Propiedad del
municipio de La Paz; además, la empresa Península de los Sueños colocó cercos y
contrató alrededor de 50 vigilantes que le impiden entrar a sus tierras.
Señaló
que la compañía alteró el orden público en la región, lo que afecta las
actividades agrícolas, pesqueras y recreativas de en San Juan de Los
Planes. Estas personas sólo quieren que les limpiemos baños de casas y eso
no se vale. Si no hay beneficios para la comunidad no queremos desarrollo; que
las cosas se queden como están, afirmó.
El
diputado priísta Ramón Alvarado dijo que el Poder Ejecutivo estatal debe poner
orden. Si son terrenos ejidales o servidumbres de paso, se deben respetar,
aseveró.
El
viernes pasado, los ejidatarios bloquearon algunas horas la carretera Agua
Amarga-Ensenada de Muertos, delegación de San Juan de los Planes, para exigir
que se regularice la situación y se impida a Península de los Sueños perpetrar
el despojo de tierras.
Luego
de liberar el camino, advirtieron que continuarán en los tribunales su lucha
contra Península de los Sueños, que por su parte envió un comunicado de prensa
en el cual afirmó que la tarde del viernes anterior fuevíctima de un
ataque premeditadodentro de los límites de su propiedad.
Mencionó
que, en un arrebato violento e injustificable, los invasores derribaron
torres de vigilancia que no se encuentran en predios de los cuales los
agresores dicen ser posesionarios. En esta acción, golpearon a vigilantes
desarmados que sólo tenían la instrucción de informar sobre el acceso a la
playa y custodiar los límites de la propiedad, señaló la empresa.
TRIBUNA
07 de noviembre de 2011
Reunión de Subprocurador con Ministerios Públicos
adscritos
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La Paz.
Redacción |
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En La Paz hay nueve fiscales adscritos
distribuidos en los Juzgados Penales, Civiles, Familiares, Salas Superiores y
Justicia para Adolescentes y en toda la geografía estatal donde se encuentran
los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia
Al dictarse sentencia en donde no se cuantifica el
monto de la reparación del daño y los medios que tiene el Ministerio Público
adscrito a los Juzgados para hacerla valer, fue uno de los temas que fueron
abordados por el titular de la Subprocuraduría de Control de Procesos, Carlos
Palos Arocha, en reunión de trabajo sostenida con los agentes del Ministerio
Público del Fuero Común adscritos a los juzgados en esta ciudad celebrada la
mañana del viernes en la sala de juntas de la Procuraduría General de
Justicia del Estado.
Palos Arocha afirmó que a seis meses de haber a sumido la titularidad de la Subprocuraduría de Control de Procesos, ha realizado un evaluación del trabajo de los fiscales adscritos a los juzgados y ha notado un incrementado en la calidad técnica jurídica de las conclusiones que se presentan, así como en los agravios que se expresan en los caso de apelación y hay una sensible disminución en órdenes de aprehensiones negadas, lo que indica que la calidad técnica jurídica de los agentes del Ministerio Público investigadores, también se ha incrementado pero hay mucho trabajo por realizar. Mencionó que es fundamental el trabajo que realiza los representantes sociales adscritos a los juzgados, en virtud de que defensor de la víctima u ofendido ante los tribunales y una constante que se ha presentado al momento de dictar sentencia es que no se condena a la reparación del daño, que es lo que finalmente busca la víctima del delito, por ello son necesarias este tipo de reuniones para unificar criterios y juntos con la víctimas acreditar ante el Juez el monto del daño que se le causó por la perpetración del hecho delictivo. Así mismo, dio a conocer que en esta ciudad de La Paz hay nueve Ministerios Públicos adscritos distribuidos en los Juzgados Penales, Civiles, Familiares, Salas Superiores y Justicia para adolescentes y en toda la geografía estatal donde se encuentran los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia. Todos los Ministerios Públicos adscritos actualmente se están capacitando realizando maestría que se imparte en la Procuraduría del Estado y otros, en los cursos y diplomados que imparte el Tribunal superior de Justicia tendientes a los juicios orales concluyó diciendo Carlos Palos Arocha, subprocurador de control de Procesos en el Estado. |
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Ejecutan orden de reaprehensión contra prófugo
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Cabo San Lucas.
Redacción |
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A más de un mes que había escapado de la cárcel
local de la colonia Cangrejos, elementos de la PME, ejecutaron una orden de
reaprehensión en contra de uno de los tres sujetos que escaparon trozando con
una segueta un par de barrotes de la celda en la que se encontraban.
Elementos de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la comandancia de aprehensiones en esta localidad lograron ejecutar la orden de reprehensión librada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal en Cabo San Lucas en contra de Rafael Gerardo Sánchez Tirado de 31 años de edad originario de Mazatlán, Sinaloa, sin ocupación actual, con domicilio la colonia Arcoiris. El sujeto figura como probable responsable del delito de robo empleando violencia en los hechos. El pasado 27 de agosto del presente año, Sánchez Tirado se fugó de la cárcel delegacional en compañía de los reos Edwin David Salazar Rodríguez y Mauricio Ochoa Sánchez estos dos últimos capturados previamente. Los hechos del escape de los presuntos asaltantes ocurrieron en el área de celdas de la cárcel pública local de la Dgsptm de Los Cabos, que se ubica en la colonia Los Cangrejos el día sábado 27 de agosto de 2011. Por ese motivo el agente del Ministerio Público del Fuero Común dio inicio a la averiguación previa: CSL-600-DET-2011, por el delito de Evasión de Presos. Seguridad Pública de Los Cabos, informó al representante social la fuga de los presos Edwin David Salazar Rodríguez, Rafael Gerardo Sánchez Tirado y Mauricio Ochoa Sánchez, quienes para lograr su cometido utilizaron un trozo de segueta con la que trozaron dos barrotes de la celda donde se encontraba y que da a la parte trasera de la cárcel municipal por donde lograron huir. Mauricio Ochoa Sánchez, fue detenido momentos después de la fuga, el día 28 de agosto del presente año fue asegurado Edwin David Salazar Rodríguez y/o David Antonio Martín Talamantes, sólo faltaba detener a Rafael Gerardo Sánchez Tirado, elementos de la Policía Ministerial del Estado ejecutaron la orden de reaprehensión en su contra por el delito de robo empleando violencia en los hechos, quedando interno en la cárcel pública de la localidad a disposición del Juez de la causa que lo reclama. |
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Acelerarán proceso de certificación a cuerpos
policiacos en BCS: Gobernador
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San José del
Cabo.
Leticia Hernández Vera F8 |
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El Gobernador del Estado dijo en entrevista, que
se refuerzan en la entidad los esquemas de seguridad y coordinación de los
tres niveles de Gobierno en el renglón de seguridad pública. En breve tiempo
se instalarán más cámaras de videovigilancia en la carretera federal y en los
municipios
El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor dio a
conocer que atendiendo el llamado del presidente Calderón, en Baja California
Sur, se acelerará el proceso de certificación de todos los cuerpos policiacos
desde las cabezas hasta los operativos para brindar certidumbre a la
población, además comentó que ante la próxima llegada del G20 se reforzarán
acciones para garantizar entre todos la tranquilidad de los cabeños y
sudcalifornianos. Dijo por otra parte que a más tardar el próximo año se
instalarán más cámaras de video vigilancia en la carretera federal y en los
cinco municipios de la entidad, dando prioridad a Los Cabos.
A pregunta expresa de Tribuna de Los Cabos, el mandatario sudcaliforniano puntualizó que su gobierno trabaja para reforzar los esquemas de seguridad y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, las Fuerzas Armadas, Gobierno municipal y Estado, para dar certeza a la ciudadanía de que pueden vivir con tranquilidad, pero también hizo un llamado a la sociedad para no estar generando falsas alarmas, “hace pocos días se presentó una situación en Los Cabos que lamentamos mucho, pero posterior a ello hubo un pánico generalizado que provocó llamados de auxilios donde no había necesidad”, reiteró. Ante ello, llamó a la comunidad a no hacer caso de rumores y cuidar entre todos la tranquilidad de los cabeños y sudcalifornianos y que podamos las autoridades hacer nuestro trabajo con toda responsabilidad. “Tengan la certeza de que vamos por buen camino, estamos programándonos para tener una reunión con todos los Gobiernos municipales, autoridades federales, estatales para acelerar el proceso de certificación de todos los cuerpos policiacos”. Luego del llamado urgente que hizo el presidente Calderón para que las autoridades que no están cumpliendo con los requisitos en los cuerpos policiacos en los estados sean retirados y que podamos tener a lo mejor no una policía tan grande pero sí confiable, “entonces vamos a hacer un trabajo muy fuerte”. Abundó el mandatario sudcaliforniano que cuando recibió la administración no había un sólo examen de control y confianza en todo el estado, “entonces tendremos que avanzar muy fuertemente en este tema, ir de la mano de los Gobiernos municipales, autoridades federales y estatales para que la ciudadanía sepa que quienes están en nuestros cuerpos policiacos sean gente confiable, que van a cuidar nuestra integridad, de nuestras familias y que tengan la certeza de que el Gobierno del Estado está haciendo todo lo posible porque esa ola de violencia que se ha generado en el país no avance en el municipio de Los Cabos ni en Baja California Sur”. Hizo un llamado a toda la sociedad a no hacer una alerta de pánico donde no existe, por su propia tranquilidad, por el bien de las familias, no hay que hacer casos de rumores, “tenemos un estado precioso, tranquilo que vamos a cuidar, a hacer el mejor de los esfuerzos para que todo mundo viva tranquilo. Finalmente, comentó que se invertirá una fuerte cantidad de inicio a través de contratos multi anuales para la instalación de más cámaras de videovigilancia en algunos espacios carreteros del estado y en los cinco municipios, proyecto que va por buen camino, se lleva a cabo un estudio en todo el estado y confió en que a mediano plazo se pueda contar con tecnología que verdaderamente le sierva a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para la captura de los delincuentes.
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Capacita SSPE a personal de los Ceresos por si hay
amotinamientos
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La Paz.
Redacción |
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Reciben curso sobre “Estrategias
de intervención en Centros Penitenciarios” 30 elementos
Como parte de la capacitación que
implementa la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de
la Academia Estatal de Seguridad Pública, para fortalecer al sistema
penitenciario en la entidad, este lunes inicia el curso especializado
“Estrategias de Intervención en Centros Penitenciarios” el cual será dirigido
a 30 elementos del Centro de Reinserción Social de Santa Rosalía.
En ese sentido el secretario de Seguridad Pública en el estado, Álvaro de la Peña Angulo, señaló que esta capacitación es parte de la preparación que recibe personal de seguridad y custodia, con la finalidad de contar con un cuerpo de seguridad penitenciaria eficiente, pues son una pieza clave e importante de los centros penitenciarios, además que sirve para reforzar aquellos conocimientos que les permitan fortalecer sus habilidades y destrezas adquiridas con anterioridad. Esta enseñanza tiene como objetivo que los elementos participantes desarrollen al máximo su capacidad de organización, prevención, planeación y ejecución de las distintas intervenciones que se realizan en el ámbito penitenciario, mediante las diferentes estrategias aplicables de acuerdo a las características específicas de cada centro. Misma que contempla un plan curricular de 18 materias, como inteligencia policial, plan de contingencia específico, identificación, clasificación y prevención de disturbios, prioridades de un operativo táctico, intervenciones de penetración: asalto y captura, formaciones antimotines, uso y manejo de armas letales y no letales, entre otras. Dicha capacitación será impartida por el instructor certificado por la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, David Lerma González con una duración de una semana, del 07 al 11 de noviembre, del presente año. |
EL SUDCALIFORNIANO
07 de noviembre de 2011
Circulan
billetes falsos de distintas denominaciones en esta ciudad capital
Los
billetes falsos siguen circulando en esta ciudad capital en perjuicio de
quienes los reciben sin detectarlos. / El Sudcaliforniano
El
Sudcaliforniano
7 de
noviembre de 2011
Ricardo
Castro Clemente
La Paz, Baja California Sur.- Denuncian comerciantes de esta ciudad la circulación de billetes apócrifos de diferentes denominaciones; las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones al recibir todo tipo de billete, cerciorándose primeramente si el mismo cumple con los elementos de seguridad que señala el Banco de México.
La circulación de billetes apócrifos de 50, 100, 200 y 500 pesos, ha sido detectada en varios establecimientos, y entre ciudadanos en particular, lo que repercute directamente en la economía de la persona falseada, por lo tanto es necesario tomar o reforzar las medidas preventivas con los mecanismos de prueba ya señalados, y así evitar este tipo de transgresiones, toda vez que el parecido y la calidad de los billetes falsos es casi igual que la de los verdaderos, incluso de los nuevos billetes de 100, 200 y 500 pesos conmemorativos al Bicentenario de la Independencia de México.
Dichos elementos de seguridad que indica el Banco de México, los cuales se deben tomar en cuenta para verificar la autenticidad de la moneda son: el papel algodón en el caso de las denominaciones de 100, 200, 500 y 1000, impresión con relieve y tinta que cambia de color, banda o confeti iridiscente, marca de agua, registro perfecto de imágenes, hilo de seguridad, hilo y texto micro impreso, fondos lineales y tinta fluorescente.
Cabe señalar que de acuerdo con el Artículo 234 del Código Penal Federal, la falsificación de billetes y monedas se castiga hasta con 12 años de prisión.
La Paz, Baja California Sur.- Denuncian comerciantes de esta ciudad la circulación de billetes apócrifos de diferentes denominaciones; las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones al recibir todo tipo de billete, cerciorándose primeramente si el mismo cumple con los elementos de seguridad que señala el Banco de México.
La circulación de billetes apócrifos de 50, 100, 200 y 500 pesos, ha sido detectada en varios establecimientos, y entre ciudadanos en particular, lo que repercute directamente en la economía de la persona falseada, por lo tanto es necesario tomar o reforzar las medidas preventivas con los mecanismos de prueba ya señalados, y así evitar este tipo de transgresiones, toda vez que el parecido y la calidad de los billetes falsos es casi igual que la de los verdaderos, incluso de los nuevos billetes de 100, 200 y 500 pesos conmemorativos al Bicentenario de la Independencia de México.
Dichos elementos de seguridad que indica el Banco de México, los cuales se deben tomar en cuenta para verificar la autenticidad de la moneda son: el papel algodón en el caso de las denominaciones de 100, 200, 500 y 1000, impresión con relieve y tinta que cambia de color, banda o confeti iridiscente, marca de agua, registro perfecto de imágenes, hilo de seguridad, hilo y texto micro impreso, fondos lineales y tinta fluorescente.
Cabe señalar que de acuerdo con el Artículo 234 del Código Penal Federal, la falsificación de billetes y monedas se castiga hasta con 12 años de prisión.
En
volcadura muere trabajador de CFE
El
Sudcaliforniano
7 de
noviembre de 2011
Ciudad
Constitución, Baja California Sur.- El pasado sábado, a las 11 de la mañana,
hubo consternación en esta ciudad al darse a conocer la muerte trágica en un
accidente automovilístico del joven Leonardo Jaen Ramírez Díaz, de 21 años de
edad, quien falleció de manera instantánea al volcarse la unidad vehicular que
conducía-tipo sedán, color rojo, BMW, modelo 1999, sin placas- hechos ocurridos
en el kilómetro 199 más 100 metros, frente al poblado de Villa Morelos, sobre
la carretera transpeninsular, tramo Constitución -La Paz.
Según reportes de la Policía Federal Preventiva en esta ciudad a cargo del inspector general Alejandro Soto y del subinspector Filiberto Narváez, oficiales de la PFP que acudieron al lugar de los hechos, al igual que el agente del Ministerio Público del fuero común para dar fe de los hechos, el accidente ocurrió cuando el joven se dirigía de norte a sur a velocidad inmoderada, perdiendo el control en el kilómetro señalado con salida hacia el lado izquierdo para dar una voltereta y quedar con las 4 llantas en posición normal. Lamentablemente el conductor salió disparado, teniendo según reporte médico politraumizado general ósea traumatismo cráneo encefálico y abdominal.
El día sábado y domingo fueron velados los restos del infortunado joven trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, quien además era un reconocido futbolista, pues había participado en varios equipos,siendo sobresaliente su actuación, últimamente jugaba con el equipo del Cetis 81, campeón en este municipio, ayer mismo se le ofreció una misa de cuerpo presente y un homenaje póstumo en el Estadio de Fútbol Antonio Vázquez Rubio, descanse en paz el joven electricista, que estaba casado con la jovencita Johana Mendoza, la cual al parecer va a tener un hijo, a ella y sus familiares, pronta resignación.
Según reportes de la Policía Federal Preventiva en esta ciudad a cargo del inspector general Alejandro Soto y del subinspector Filiberto Narváez, oficiales de la PFP que acudieron al lugar de los hechos, al igual que el agente del Ministerio Público del fuero común para dar fe de los hechos, el accidente ocurrió cuando el joven se dirigía de norte a sur a velocidad inmoderada, perdiendo el control en el kilómetro señalado con salida hacia el lado izquierdo para dar una voltereta y quedar con las 4 llantas en posición normal. Lamentablemente el conductor salió disparado, teniendo según reporte médico politraumizado general ósea traumatismo cráneo encefálico y abdominal.
El día sábado y domingo fueron velados los restos del infortunado joven trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, quien además era un reconocido futbolista, pues había participado en varios equipos,siendo sobresaliente su actuación, últimamente jugaba con el equipo del Cetis 81, campeón en este municipio, ayer mismo se le ofreció una misa de cuerpo presente y un homenaje póstumo en el Estadio de Fútbol Antonio Vázquez Rubio, descanse en paz el joven electricista, que estaba casado con la jovencita Johana Mendoza, la cual al parecer va a tener un hijo, a ella y sus familiares, pronta resignación.
PENINSULAR DIGITAL
A la
cárcel dos paterfamilias: uno por inclumplido, el otro por violento
Gilberto Meza Gaxiola y Jorge Gutiérrez Arce.
Un par de paterfamilias fueron recluídos en la prisión
cabeña este fin de semana acusados, uno de incumplir con sus obligaciones
familiares, es decir por no pasar para los sagrados alimentos de sus vástagos,
mientras que el otro le salió lo violento dentro del seno familiar.
Se trata de Gilberto Meza Gaxiola, empleado de 42 años
de edad, originario de Tijuana Baja California y con domicilio en calle
Netzahualcóyotl, en la colonia 4 de Marzo a quien se le hizo fácil dejar de
aportar para la manutención de sus dependientes y Jorge Gutiérrez Arce,
Promotor de Tiempos Compartidos de 32 años de edad, originario de Hermosillo Sonora,
con domicilio en Edificio Coromuel quien desde principios de esta año ya había
sido denunciado por su violenta conducta para con su familia.
Tras las
rejas por negarse a pagar daños de choque
Joel Gaume Geraldo.
Por negarse a pagar los daños de un encontronazo
automovilístico registrado ya hace casi 3 años, Joel Gaume Geraldo fue
alcanzado por el tardío pero largo brazo de la ley y depositado en una celda
del Centro de Reinserción Social de esta capital, donde responderá por su
presunta responsabilidad en el delito de daños.
Y es que Gaume Geraldo, de 43 años de edad, originario
de esta capital, con domicilio en las calles de Ocampo y Yucatán impactó, su
Ford Fiesta tipo sedán contra un pick up Chevrolet color negro 1995 que
circulaba despreocupadamente por las calles de Ignacio Ramírez y Colegio
Militar.
El ahora huésped del Cereso, reconoció ampliamente su
culpabilidad en el percance vial y se comprometió a pagar los daños, con la
salvedad de que a casi 3 años del encontronazo no hizo valer su palabra dejando
al propietario del vehículo afectado en infructuosa espera de la reparación de
los desperfectos producto de la colisión.
Ante tal incumplimiento, el afectado no tuvo más
salida que acudir ante el representante social, que puso a mover las lentas
ruedas de la justicia que a 3 años colocaron a Gaume Geraldo tras las rejas de
una celda del penal porteño.
“De
panzazo” pasa BCS encuesta nacional de seguridad
Es de destacar que en el rubro de
corrupción todas las corporaciones en Baja California Sur fueron calificadas
por debajo de la media nacional.
Califican a BCS con
6.1 en Encuesta Ciudadana e Institucional de Seguridad Pública
Pese a las bajas calificaciones, en lo general, Baja
California Sur aparece arriba del promedio nacional en el índice de percepción
de la ciudadanía sobre el tema de la seguridad pública que llevó a cabo a
nivel nacional la Dirección General de Planeación (DGP) del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), según sus propios
resúmenes ejecutivos presentados recientemente.
En la encuesta elaborada el año pasado fue realizada
para “identificar el impacto del resultado de las acciones emprendidas en los
ejes estratégicos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública” según
indica la propia información del SESNSP los sudcalifornianos otorgaron la
“honrosa” calificaron de 5.9 (una décima por arriba del promedio nacional), en
la escala de 0 a 10, a la confianza que inspiran las policías de los gobiernos
estatal y municipal.
Esto colocó al estado en el lugar número 11 de 32 en
confianza ciudadana hacia sus corporaciones. Asimismo los resultados de “la
lucha contra la delincuencia” fueron aprobados “de panzazo” por la población
sudcaliforniana encuestada quien calificó con un 6.1 estas acciones de nuevo el
estado aparase mejor calificado que el resto de la República Mexicana (en el
lugar 12) toda vez que la percepción nacional otorga un 6.0 a las acciones
anticrimen del gobierno.
La mayoría de los encuestados (37%) consideró que la
ineficacia de los gobiernos para combatir el crimen se debe a la corrupción, en
torno al nivel de percepción de la corrupción en las corporaciones policiacas,
la Policía Municipal Preventiva fue calificada con un 6.6 mientras que la
estatal y la federal con un 6.5 .
Es de destacar que en el rubro de corrupción todas las
corporaciones en Baja California Sur fueron calificadas por debajo de la media
nacional.
Pese a estas calificaciones, el 45.5 por ciento de los
sudcalifornianos sí denunció los delitos de que fue víctima ante un Ministerio
Público y el 62 por ciento sí pidió ayuda a la policía al ser víctima de un
delito.
Los sudcalifornianos calificaron con un 5.5 el
desempeño de sus ministerios públicos ante estas denuncias, lo cual posiciona
por encima de la media nacional a la entidad en el “top 10” de satisfacción de
los denunciantes en torno al servicio prestado.
Habla
Marcos Covarrubias del tema seguridad ante los michoacanos
En tierra caliente, Covarrubias Villaseñor dirigió un
mensaje sobre el problema de seguridad que fue captado por medios locales.
El mandatario
sudcaliforniano hizo declaraciones en torno al tema de seguridad en tierras
michoacanas
Si no cooperan con las autoridades locales, no se
combatirá la inseguridad en Michoacán dijo Marcos Covarrubias Villaseñor al
formar parte del frente que acuerpó a la candidata panista al gobierno
michoacano Luisa María Calderón Hinojosa en su cierre de campaña previo a las
elecciones del 13 de noviembre.
En tierra caliente, Covarrubias Villaseñor dirigió un
mensaje sobre el problema de seguridad que fue captado por medios
locales.
“Los gobernadores debemos de poner nuestro granito de
arena, igualmente los gobiernos municipales, por supuesto la ciudadanía debe de
ser más activa, denunciar cuando sabe que alguien cercano a su barrio, a su
trabajo no está haciendo las cosas adecuadamente” dijo.
“Nosotros vemos un presidente preocupado, por supuesto
molesto porque a veces a nivel local no hacemos nuestra respectiva” dijo el
gobernador quien llamó a los gobiernos municipales y estatales por igual a
sumarse a la voluntad que el presidente Calderón Hinojosa ha demostrado para
enfrentar el problema de la seguridad en el país.
Covarrubias Villaseñor valoró los pantalones de la
candidata panista en quien ve la capacidad de cambiar la cara de de Michoacán.
De vuelta en tierras sudcalifornianas, el día de hoy
el mandatario estatal tiene como primer punto en su agenda, el presidir una
reunión de coordinación con los mandos de seguridad locales.
No serán
tolerados invasores, “pero a los de Olas Altas los vamos a reubicar” adelanta
el Gobierno
El gobierno del estado decidió
prescindir de intermediarios en el conflicto de la invasión de Olas Altas y ha
tomado la decisión de informar directamente a las 50 familias de su situación
irregular y de las posibilidades de reubicación que el INVI ofrece, informó el
director de Patrimonio Inmobiliario José Refugio Carrillo Sánchez.
El Gobierno estatal tomó la
decisión de acudir personalmente a esos asentamientos a notificar: José Refugio
Carrillo Sánchez
El gobierno del estado decidió prescindir de
intermediarios en el conflicto de la invasión de Olas Altas y ha tomado la
decisión de informar directamente a las 50 familias de su situación irregular y
de las posibilidades de reubicación que el INVI ofrece, informó el director de
Patrimonio Inmobiliario José Refugio Carrillo Sánchez.
Los asentamientos irregulares no son la mejor forma de
acceder a un patrimonio mencionó el funcionario quien anuncio que el INVI ya
tiene comprometidos esos espacios, por lo que se ha decidido evitar la
confusiones que generan intermediarios y se ha procedido a notificar
directamente a las 50 familias de su situación y la propuesta de reubicación en
terrenos propiedad del Gobierno del Estado.
“El problema que se da es que se forman grupos que se
acercan al Gobierno del Estado y se les da cierta información, que cuando se
lleva a las familias se desvirtúa y genera divisiones entre esos grupos, por lo
que se tomó la decisión de acudir personalmente a esos asentamientos y se habló
con los ciudadanos para evitar que la información se maneje de otra manera, se
les explicó que esas viviendas tienen que volver a posesión del Instituto de
Vivienda”, agregó.
El funcionario estatal señaló que en esta mecánica,
las familias han mostrado disposición para acceder a una reubicación.
Sin embargo mencionó que ésta se dará hasta que el
Gobierno del Estado determine donde será la mencionada reubicación en la cual
se “procurará el mínimo desplazamiento y que sea un lugar seguro y en lo
posible, que cuenten con los servicios básicos” dijo.
A pesar de anunciar que estas negociaciones se hacen
directamente con las familias de invasores Carrillo Sánchez no se hizo ningún
señalamiento directo respecto a si esta decisión tiene que ver con la denuncia
que los propios invasores hicieron de las prácticas supuestamente fraudulentas
de “la güerita”
González Rubio
Decomisa
FONMAR 1.4 toneladas de pesca ilegal
Más de mil 400 kilos de productos
pesqueros de alto valor como almeja catarina, langosta y abulón fueron
incautados la semana pasada en el municipio de Comondú, informó el Fondo para
la Protección de Recursos Marinos de BCS .
Catarina, langosta, abulón
extraído sin permiso de la Pacífico Norte
Más de mil 400 kilos de productos pesqueros de alto
valor como almeja catarina, langosta y abulón fueron incautados la semana
pasada en el municipio de Comondú, informó el Fondo para la Protección de
Recursos Marinos de BCS .
En operativos independientes, 17 costales con almeja
catarina sin documentos de su legal procedencia, transportados en una vagoneta,
medio kilo de camarón fresco recién pescado que fue localizado en una
embarcación y finalmente una camioneta con 615 kilos de callo de almeja, 21
kilos de pulpo y 209 de langosta así como 53 kilogramos de abulón fueron los
decomisos de producto que fue puesto a disposición de la Comisión Nacional de
Pesca.
En este último decomiso también fue detenido Martín
Ramírez quién fue puesto a disposición de la autoridad federal.
Impulsa
Coppola elevar la extorsión a delito de delincuencia organizada e incrementar
su penalidad
Con la reforma propuesta, afirmó
Coppola Joffroy, un extorsionador que pertenezca a una banda de la delincuencia
organizada podrá recibir una pena de hasta 40 años de prisión.
Propone que se penalice con
hasta 40 años de prisión la modalidad de extorsión realizada por miembros de
dichas bandas
Elevar las penas por extorsión genérico, así
como catalogar ese delito como de delincuencia organizada para que quien lo
cometa sea sancionado por la ley en la materia es la propuesta del Senador Luis
Coppola Joffroy.
“Las penas con que hoy se cuenta en materia de
extorsión son insuficientes, por lo que la legislación debe ajustarse
exactamente a la realidad actual”, aseveró el Legislador por Baja California
Sur.
Hoy en día en la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada, el delito de extorsión llevado a cabo por la
delincuencia organizada no aparece en el catálogo de aplicación de esta ley,
por lo que es necesario establecerlo, apuntó el también Presidente de la
Comisión de Turismo.
En la actualidad, continuó, son tres delitos
cometidos por la delincuencia organizada los que representan el mayor flagelo a
la seguridad y a la percepción de ésta a nuestra sociedad: el secuestro, los
delitos contra la salud y la extorsión.
“De manera alarmante observamos que por todas
las ciudades mexicanas, en contra de personas o empresas, la práctica de la
extorsión en sus modalidades de cobro de piso, cobro por protección, amenazas a
la seguridad de la persona o la familia, la simulación de la privación de la
libertad, telefónica o presencial, por mencionar algunas, se han arraigado y se
repiten día con día, dejando traumas irreversibles a quien lo sufre”, consideró
el Legislador federal.
El sector turístico, agregó Coppola Joffroy,
también se ha visto afectado por estas prácticas en todos los destinos del país
y están matando a esta industria que hasta hace algún tiempo era la de mayor
crecimiento.
Por lo anterior, dijo, el delito de extorsión,
de manera general, y en especial cuando es cometido por bandas organizadas,
debe aumentar su penalidad y su tratamiento debe enmarcarse en la Ley Contra la
Delincuencia Organizada cuando sea cometido por miembros de dichas bandas.
Con la reforma propuesta, afirmó Coppola
Joffroy, un extorsionador que pertenezca a una banda de la delincuencia
organizada podrá recibir una pena de hasta 40 años de prisión.
Esta medida si bien no evita la realización del
delito, sí permitirá que se le castigue de manera enérgica y sobre todo evitar
que los sujetos que lo cometen salgan de nuestras calles, aseveró.
En la reforma también se propone la inclusión de
un tipo específico de extorsión relacionado a la privación ilegal de la
libertad que se prevé en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos
en Materia de Secuestro, lo que armoniza todos y cada uno de los tipos, general
y especiales, del delito de extorsión.
Finalmente, también se propone modificar la Ley
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, de forma
que se ajuste la penalidad propuesta en el Código Penal Federal.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas
de Justicia y Estudios legislativos Primera para su estudio y dictamen
correspondiente.
ZETA EDICION 1962
Pánico en Los Cabos: Fueron
Marinos
Elementos
de la SEMAR iniciaron el fuego en Plaza Sendero
Policías municipales, ministeriales y
soldados tuvieron que enfrentar la situación de pánico en la balacera en el
centro comercial, luego que Marinos se retiraron del lugar después de dar
inicio al encontronazo. De acuerdo a indagaciones y periciales, se ha
comprobado que la mayoría de los impactos fueron del estacionamiento hacia
dentro de la plaza, precisamente donde estaban apostados los de la Marina. La
inseguridad en Los Cabos arrecia. El saldo final: un marino muerto, un
delincuente abatido, tres Ministeriales heridos y clientes atrapados.
Investigaciones
ZETA
Cabo
San Lucas, Baja California Sur. La angustia comenzó apoderarse de Liliana
cuando, estando en la caja, tratando de pagar un paquete de pañales, comenzó a
escuchar detonaciones de armas largas, y observó cómo todos a su alrededor se
tiraron al piso.
Era cerca de la una y media de la tarde del
29 de octubre, y, como solía hacerlo, acudió a Plaza Sendero a
comprar los pañales del pequeño Fernando, de escasos dos meses de nacido.
Por las prisas, esta vez no se maquilló ni se
peinó. En su casa únicamente sujetó su cabello negro, se puso sus lentes de
aumento, unos huaraches de piel color café, un shorts de mezclilla y una
playerita de rayas desmangada de tirantes, porque al fin y al cabo, sólo iría
al supermercado.
La madre primeriza iba acompañada de una
amiga y de su hija de 10 años, cuando sobrevino la balacera. Quedó atrapada
entre las cajas de la puerta de acceso del lado derecho de la plaza.
Con el rostro totalmente desencajado y los
labios blancos, Liliana abrazó a su pequeño hijo para protegerlo de alguna bala
perdida.
Las dos horas que esta joven mujer vivió
dentro del centro comercial de Cabo San Lucas fueron las más largas de su vida.
La angustia, el miedo y la zozobra eran notables en su rostro, además de la
incertidumbre de saber qué era lo que estaba pasando, porque únicamente
escuchaba balazos y veía a lo lejos y con mucha dificultad, a soldados,
policías ministeriales y municipales apertrechados atrás de los carros y
empuñando sus pistolas y armas largas.
Dentro de la tienda, más de 500 personas
vivían la misma situación, en un horario pico en el que muchos hacían su
mandado.
La mayoría de quienes quedaron atrapados
dentro de la plaza, tuvieron que recurrir al intercambio de mensajes entre
celulares de sus familiares y amigos como único recurso para poder enterarse de
lo que estaba sucediendo. Fue así como muchos supieron que Municipales,
Ministeriales y soldados, habían establecido un perímetro y cerrado los accesos
tres cuadras a la redonda, donde nadie podía entrar ni salir y, durante más de
cuatro horas, estuvieron también reporteros de ZETA.
La explicación que recibieron quienes se
encontraban dentro del centro comercial, es que se había desatado una balacera
entre presuntos delincuentes y Marinos en el estacionamiento de la plaza, que
el grupo delictivo había ingresado al lugar y estaba entre ellos.
Lo anterior fue expuesto por la hija de un
matrimonio atrapado en el interior del establecimiento, de nombre Miguelina
Sánchez Urcadiz, quien relató a este Semanario la pesadilla que vivió: “Me
mandaron un mensaje porque ni siquiera pudieron llamarme, ya que estaban
aterrados de que se había desatado una balacera y se refugiaron en un baño y
estaban escondidos. Me dijeron llorando que viniera a buscarlos, porque no
sabían qué iba a pasar, ya que podría morir en ese momento, entonces yo me puse
muy nerviosa y me vine manejando como pude, con mucho miedo y angustia de que
algo más grave pasara”.
La hija del matrimonio sanluqueño dijo sentirse
aterrada y desesperada, porque nadie le daba información de lo que estaba
pasando y sólo les decían “hágase para allá” y “no se meta a esta zona, porque
hay peligro de que se desate otra balacera”.
“Imagínate cómo me sentía, sabiendo que mis
papás estaban adentro y que unos delincuentes armados también, me quería morir
y quise entrar, pero los policías no me dejaron, y entre más pasaba el tiempo,
más crecía mi angustia y mi impotencia de no poder estar en el momento en que
más me estaban necesitando, y sin deberla ni temerla, porque ellos nomás habían
venido de compras”, compartió a ZETA.
No sólo los clientes de Plaza Sendero estaban
desconcertados. También los policías municipales, ministeriales y hasta
soldados, porque justamente una noche antes -el 28 de octubre- se había
enfrentado a un grupo delictivo en una colonia conocida como Brisas del
Pacífico en este destino turístico, con un marino muerto, un delincuente
abatido y tres policías ministeriales heridos como saldo.
Por eso cuando llegaron hasta el centro
comercial, sus rostros evidenciaban nerviosismo, tensión y hasta cierto punto
se respiraba miedo de lo que pudiera sobrevenir. Ya sabían que los delincuentes
de una noche anterior, traían rifles de asalto AK-47, conocidos como “cuerno de
chivo” y granadas de fragmentación, dos de las cuales detonaron en la casa de
seguridad, y donde después de cuatro horas de enfrentamiento, murió el Teniente
de la Secretaría de Marina, Enrique Gervasio Martínez.
Entre los policías analizaban que los
delincuentes ya no eran aquellos borrachitos o drogadictos que como si nada
podían agarrar de las greñas
y subirlos a punta de golpes y patadas a las cajuelas de las patrullas.
La situación había cambiado, sobre todo cuando
al llegar al estacionamiento del centro comercial, los testigos comenzaron a
relatar que escucharon ráfagas de fuego muy estruendosas y que habían observado
que los Marinos dispararon hacia la plaza, donde únicamente habían visto correr
a mucha gente.
El rescate
Lo primero que hicieron los policías
municipales, ministeriales y soldados, fue evacuar a toda la gente que
estuviera a los alrededores. Ya después se apostaron en la parte frontal del
centro comercial y comenzaron a esparcirse entre los vehículos y negocios
aledaños para estar en condiciones de responder a un posible fuego cruzado con
los presuntos delincuentes.
El nerviosismo era evidente y la tensión
comenzó a crecer cuando los Marinos dijeron que los delincuentes que estaban
adentro de la plaza era un comando de aproximadamente 12 sujetos armados con
cuernos de chivo, y con quienes presuntamente habrían sostenido un
enfrentamiento en el estacionamiento del lugar. Los Marinos se fueron
inmediatamente del lugar porque, según justificaron, iban tras una camioneta
que se había dado a la fuga con cuatro sujetos más.
Los rostros de los policías municipales y
ministeriales estaban desencajados, no así los soldados, quienes llegaron media
hora más tarde y asumieron de inmediato posiciones de combate. Los elementos
del Ejército se tiraron al piso, otros más se pusieron atrás de algunos
vehículos, otros arriba de casas, bardas y hasta se subieron a vehículos Hummer para
estarse movilizando en el patio del centro comercial.
Fue entonces que comenzó la evacuación. Después
de dos intentos por ingresar al lugar y que no lo hicieron por temor y
precaución, finalmente tres Municipales comenzaron abrir las puertas de acceso
e hicieron señas a la gente, que poco a poco empezó a salir del
establecimiento. Clientes y trabajadores con rostros totalmente desencajados, e
incluso hubo crisis de histeria y pánico que terminó con el desmayo de algunas
personas y el reventar de la fuente de una mujer embarazada que tuvo que ser
sacada en ambulancia de la zona.
Entre esas personas salió Liliana, la joven
mujer que es madre de Fernandito, el bebe vestido con un mameluco de color
blanco de escasos dos meses de nacido y que apareció en todos los noticieros
nacionales e internacionales, cuando se comenzaron a difundir las imágenes de
lo que había sucedido enPlaza Sendero.
En la imagen que dio la vuelta al mundo, se
observa a un policía municipal vestido de azul corriendo. En el brazo izquierdo
carga al bebé, y en el brazo derecho, un rifle semiautomático de alto poder.
Los evacuados fueron cubiertos por los
policías municipales, ministeriales y soldados, y llevados a la parte trasera
del centro comercial, donde ya eran esperados por familiares y amigos.
Una vez que la plaza fue desalojada, los
policías ingresaron al lugar y comenzaron a buscar entre los exhibidores, baños
y lugares a los presuntos responsables, logrando detener a tres jóvenes con
aspecto cholo, quienes al cierre de esta edición, ya había sido
liberados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a falta de
pruebas para incriminarlos.
Cayeron en manos de la Policía como
sospechosos y fueron sacados del lugar con la cara cubierta. Empero, los
resultados de los exámenes de rodizonato de sodio practicados a los detenidos
resultaron negativos, demostrando que no tenían nada que ver en los hechos.
La investigación
Las primeras indagatorias después de haber
revisado los videos del interior y del exterior del centro comercial, además de
haber recabado testimonios en cuatro puntos de esa zona, arrojaron que la
situación se debió a un excesivo uso de la fuerza de elementos de la Secretaría
de la Marina (SEMAR) del puerto de Cabo San Lucas, Baja California Sur, quizá
por el nerviosismo y estrés al que habían estado sometidos durante casi 14
horas, donde perdiera la vida uno de sus compañeros.
Datos recabados por Investigaciones ZETA exponen que un convoy de Marinos
integrado por tres camionetas pick-up y un
camión, perseguían a un vehículo de sur a norte sobre la carretera
transpeninsular Benito Juárez que conduce de la ciudad de Cabo San Lucas a La
Paz, cuando repentinamente la unidad ingresó al estacionamiento del centro
comercial y los tres ocupantes se bajaron corriendo para ingresar al
establecimiento.
Los Marinos les marcaron el alto, y al
hacerles caso omiso, comenzaron a disparar en repetidas ocasiones. Según
testigos presenciales de los hechos, hasta que observaron que la gente comenzó
a gritar y correr, salieron rápidamente de esa área, encargándole a los
policías que se hicieran cargo de la detención porque “iban en la búsqueda de
una camioneta, tripulada por cuatro supuestos pistoleros que se habían dado a
la fuga”.
Antes de partir, les advirtieron que eran
como 12 sujetos los que habían entrado, fuertemente armados, por lo que los
agentes policiacos iniciaron el operativo respaldados por Ministeriales y
soldados del Ejército Mexicano.
Los policías no preguntaron nada a los
testigos y se dejaron llevar por el dicho de los Marinos que durante todo el
operativo, casualmente no estuvieron presentes y no participaron en la
evacuación de personas dentro de la plaza.
Hoy se sabe, la corretiza de
los Marinos hacia los presuntos delincuentes, se desencadenó por un accidente
de tránsito, donde según testimonios, los tripulantes de un vehículo de color
verde habían atropellado a un policía motociclista a la altura de hotel Oasis, y como observaron que estaba tirado y traía sangre
en la cabeza, persiguieron a la unidad, creyendo que estaba relacionada con la
balacera de una noche anterior. El policía, cuyo nombre fue negado a ZETA, fue
atendido y trasladado en la ambulancia BCS-008 de la Cruz Roja Mexicana.
Sin embargo ya detenidos, ni la propia
Policía supo si se trataba de las mismas personas relacionadas con el hecho de
tránsito, y mucho menos si tenían conexión con algún grupo delictivo.
Las pruebas periciales y exámenes de
balística resultaron negativos, por lo que se comprobó que nunca dispararon
armas, como desde un principio pretendió hacerse creer.
Asimismo, los estudios de balística del
Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), arrojaron que nunca hubo fuego cruzado. Por el contrario, por
los orificios de balas encontrados en vehículos y negocios establecidos en el
exterior de Plaza Sendero, se llegó a la conclusión de que la agresión
armada vino desde el punto donde estaban apostados los Marinos, es decir, de
afuera hacia dentro del centro comercial y no, de adentro hacia afuera.
Independientemente de los estudios
periciales, los testimonios ofrecidos aZETA por trabajadores de la gasolinera,
apuntaron a que las únicas personas que accionaron sus armas y dispararon en la
zona fueron los elementos de la SEMAR. Nadie más.
De hecho uno de los policías municipales
lanzó un disparo al aire al ser detenido el primero de los presuntos
sospechosos, desatando pánico entre la gente que estaba cerca, ya que pensaron
que se estaba reiniciando la balacera entre presuntos delincuentes y policías.
Los daños colaterales
El caso de Plaza Sendero colocó
esta semana el nombre de Los Cabos en un crispante escenario nacional e
internacional, sobre todo al ser un destino turístico donde hasta el 27 de
octubre, podía presumir y jactarse de ser un lugar seguro y ajeno a los hechos
violentos que actualmente sacuden a México.
Los disparos y las imágenes de gente
corriendo en pánico, de policías resguardándose de posibles ataques y de
orificios de balas en cristales de tiendas y vehículos, están provocando un
daño colateral de repercusiones aún incuantificables, ya que las noticias de
que las balaceras “llegaron a este destino”, comenzaron a generar dudas sobre todo
en el turismo estadounidense, y lo colocan en el escenario de otros centros
vacacionales como los de Mazatlán y Acapulco.
El fin de semana inédito en este destino
turístico, que tuvo como saldo final un marino muerto, un delincuente abatido,
tres policías ministeriales heridos y lo más grave, decenas de clientes
atrapados en un centro comercial en una balacera entre delincuentes y policías,
es sólo el principio de lo que se ve venir en las próximas semanas, después de
que el procurador general de Justicia del Estado, Gamill Arriola Leal,
comentara que no iban a dejar que el crimen organizado “se estableciera en este
destino”, el cual, el viernes 28 de octubre, fue el principal protagonista de
una balacera en un territorio que, se supone, no debería estar operando.
“El Josesón”: sucesor de “El
Güero Layo”
El nuevo líder de la organización criminal
nació el 31 de octubre de 1981 en Culiacán, Sinaloa, y huyó de Estados Unidos
luego de haber enfrentado cinco cargos en Maricopa, Arizona por los delitos de
venta de mariguana, portación de arma de fuego y de unidad vehicular para
traficar droga. Las confesiones y pruebas encontradas a “El Güero Layo” ya
están en la SIEDO, donde enfrentará cuatro procesos penales federales y un
proceso del fuero común.
Investigaciones ZETA
Domingo Ruelas del Val, Domingo Valdés
Rosales o Domingo R. Valdés, alias “El Josesón”, aparece en el nuevo mapa
delictivo, elaborado por autoridades federales y militares, como el jefe de la
plaza de narcomenudistas de La Paz y sucesor automático de Adelaido Soto
Aguilar, Heraclio Soto Portillo o Eduardo Salas Martínez, alias “El Güero
Layo”.
El delincuente asumió el mando criminal de la
organización delictiva de “Los Layos”, luego de que el 1 de noviembre fuera
dictado el auto de formal prisión al originario de Badiraguato, Sinaloa, quien
fue detenido en un operativo militar el 23 de octubre en la carretera
Transpeninsular de La Paz hacia Pichelingue.
La captura del líder narcomenudista, es el
segundo golpe de importancia que se le asesta a esta organización delictiva,
pues el 19 de diciembre del 2010, fue arrestado Sergio Contreras Rodríguez
alias “El Queco”, quien estaba en el tercer nivel jerárquico de importancia,
debajo de “El Güero Layo” y “El Josesón”.
Datos recabados por ZETA expusieron
que el nuevo líder de esta organización criminal nació el 31 de octubre de 1981
en Culiacán, Sinaloa, y salió huyendo de Estados Unidos, después de haber
enfrentado cinco cargos en la corte de Maricopa, Arizona en el año del 2004 por
los delitos de venta de mariguana, venta de drogas peligrosas, portación de
arma de fuego y portación de unidad vehicular para traficar droga, según
expediente criminal numero S-0700-CR-2004017477 con fecha del 24 de junio del
2004.
Por estos antecedentes criminales, “El
Josesón” es considerado un tipo de peligro, que ya está en la mira de
autoridades federales y militares. Sin embargo, la investigación está en curso.
Desde el 2005, y durante todo el sexenio del
ex gobernador del PRD, Narciso Agúndez Montaño, el ex líder de “Los Layos” gozó
de total impunidad –y según sus primeras confesiones— pagaba 100 mil pesos
semanales a los ex titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado
y de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur, asimismo
tenía comprados a decenas de agentes y comandantes de la Policía Municipal de
La Paz, de la Policía Ministerial, de la Policía Estatal Preventiva, de la
Agencia Federal de Investigaciones y de la Procuraduría General de la
República.
El proceso
Ahora el criminal enfrentará tres procesos
penales federales y uno más del fuero común por la triple ejecución del
Fraccionamiento “Villas del Encanto”, donde fue asesinado Miguel Enrique Atondo
Gastélum, alias “El Sinaloense”.
El proceso de “El Güero Layo” será largo y
tedioso, sobre todo porque enfrentará a la justicia tras de las rejas. Según
opinión de algunos abogados se estima que cuando menos cada proceso penal
durará poco más de 6 meses.
Durante el operativo de captura, Adelaido
Soto Aguilar, Heraclio Soto Portillo o Eduardo Salas Martínez fue detenido sin
necesidad de que hubiera un solo disparo. Ninguna autoridad local fue avisada
por parte del Ejercito Mexicano.
Aunque no se dijo, se sospecha que todo esto
se debió a los vínculos criminales del narcomenudista con policías. En un par
de ocasiones, cuando el delincuente estuvo a punto de ser detenido, fue
alertado, y por ende, logró escapar sin problemas.
En el 2009, las fuerzas militares ya habían
conseguido dos órdenes de cateo para capturar al líder de “Los Layos”; usaba
dos casas como guarida. La primera se encontraba en el fraccionamiento Villas
del Encanto, y la segunda, en la exclusiva zona de Fidepaz. Sin embargo, cuando
las autoridades llegaron y tomaron las viviendas, ya estaban vacías.
En esa ocasión, los vecinos que delataron al
narcomenudista relataron a militares que el criminal había contratado dos
camiones de mudanzas para llevarse sus pertenencias, y cuando se comenzó la
investigación, ninguna autoridad supo dar razón de hacia dónde se había transportado
la mudanza, en una ciudad en donde era notaria la movilización de ese tipo por
su bajo número de habitantes.
Ante historias como la fuga de “El Güero
Layo”, el Ejército Mexicano entonces entró de lleno en su búsqueda y captura,
pero se volvió escurridizo gracias a sus nexos con policías y a los miles de
pesos que pagaba para recibir pitazos de funcionarios de primer nivel del
pasado sexenio.
La red criminal
Desde su llegada, Adelaido Soto Aguilar logró
establecer una red bien organizada de criminales que incluía el trasiego de
drogas desde Sinaloa a Baja California Sur, y que, de acuerdo con sus propias
declaraciones, funcionaba a través de lanchas rápidas que descargaban la
mercancía en playas del municipio de La Paz. De ahí eran trasladadas a bodegas,
para empezar a sacar el enervante en operaciones hormiga hasta llegar a la
comercialización que estaba a cargo de decenas de narcomenudistas que
abastecían al mercado local de cocaína, mariguana y crystal, principalmente.
En su detención, el líder del narcomenudeo reconoció que la droga incautada el 9 de septiembre en la población de El Sargento. Entonces fueron detenidos cuatro criminales: Martín Guadalupe Caraván Castorena, Jorge Palomares Ramírez, Víctor Alfonso Contreras González y Alfonso Zamora Hernández, todos originarios de Sinaloa.
En su detención, el líder del narcomenudeo reconoció que la droga incautada el 9 de septiembre en la población de El Sargento. Entonces fueron detenidos cuatro criminales: Martín Guadalupe Caraván Castorena, Jorge Palomares Ramírez, Víctor Alfonso Contreras González y Alfonso Zamora Hernández, todos originarios de Sinaloa.
El delincuente explicó a sus captores que
había ordenado a sus trabajadores resguardar el cargamento consistente en 377
paquetes de mariguana que pesaban 892 kilogramos. A ellos les entregó dos
campers para que metieran la mercancía, y una camioneta blanca tipo Bronco para
que se desplazaran en el área.
Cargamentos como éste fueron interceptados y
decomisados, y aunque los poseedores, decían que pertenecían a “El Güero Layo”,
el capo nunca aparecía en esos lugares porque tenía una red criminal de más de
doscientas personas que se encargaban de mover y comercializar la droga.
Lo anterior no hubiera sido posible sin la
cooperación de las autoridades locales que a través de la Policía Municipal y
de la Policía Ministerial brindaron una amplia protección a la red criminal del
“Güero Layo”, en la que por cierto, ya estaba acordado que si llegaba a ser
detenido, el sucesor sería Domingo Ruelas del Val, Domingo Valdés Rosales o
Domingo R. Valdés, alias “El Josesón”.
La investigación de la SIEDO
Al momento se sabe que los nombres de los policías, comandantes y ex titulares de la PGJE y de la SESP, Fernando González Rubio Cerecer, Francisco Karim Martínez Lizárraga y Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar, ya fueron entregados en un expediente a la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) para que se encargue de las investigaciones.
Al momento se sabe que los nombres de los policías, comandantes y ex titulares de la PGJE y de la SESP, Fernando González Rubio Cerecer, Francisco Karim Martínez Lizárraga y Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar, ya fueron entregados en un expediente a la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) para que se encargue de las investigaciones.
Dentro de todos estos procesos penales, se
esperan careos entre el delincuente y policías, comandantes y ex titulares de
la PGJE y de la SESP, como un primer paso para deslindar responsabilidades en
contra de quienes están o estuvieron vinculados con el líder del narcomenudeo
en La Paz.
Todo esto a raíz de que en el operativo e
–independientemente de las confesiones del criminal– se encontró y se decomisó
una decena de libretas y una larga lista de personas que recibían dinero del
delincuente como pago de sobornos para proteger las actividades criminales.
De hecho, en las manos de las fuerzas
castrenses están algunas computadoras y teléfonos celulares con información muy
importante que está siendo analizada, y donde se supo, por algunas grabaciones
y conversaciones telefónicas en poder de “El Güero Layo”, que había nexos con
jefes policiacos y ex funcionarios del sexenio del ex gobernador del PRD,
Narciso Agúndez Montaño.
La costumbre de este criminal –y así lo
confesó— era grabar conversaciones telefónicas para tener un archivo y evitar
traiciones. El detalle es que nunca esperó ser detenido, mucho menos que toda
esa información cayera en manos de militares, que inmediatamente enteraron de
esta situación a la SIEDO.
Los procesos penales que hoy enfrenta Adelaido
Soto Aguilar son cinco. Las autoridades lo acusan de lo siguiente:
1.- Ser propietario de 46 bolsas de crystal y
20 dosis de mariguana, incautadas en una operación de la policía estatal
preventiva el 3 de abril del 2010, y halladas dentro de un vehículo de su
propiedad en las calles Manuel Torre Iglesias y Félix Ortega de La Paz.
2.- Ser el autor intelectual de la ejecución
de Miguel Enrique Atondo Gastélum, alias “El Sinaloense”, Miguel Atondo
Ramírez, un hijo del narcomenudista de 14 años y Édgar o Ricardo Alán Ortega
Álvarez, alias “El Gordo”, registrada el 9 de mayo del 2010 en el
Fraccionamiento Villas del Encanto de La Paz.
3.- Ser dueño de 377 paquetes de
mariguana que dieron un peso de 892 kilogramos, y de tres vehículos,
decomisados en una operación militar el pasado 9 de septiembre en la población
de “El Sargento”.
4.- Ser el propietario de 466 kilogramos de
crystal y 9.793 kilogramos de mariguana, incautados el pasado 23 de octubre,
cuando fue detenido.
5.- Ser propietario de 139 paquetes con un
peso de 466.19 kilogramos de mariguana, 1 piedra de cocaína de 1.04 kilogramos,
16 bolsas de crystal de 6.74 kilogramos, 22 envoltorios de crystal con 4
gramos, 3 envoltorios de cocaína con 12 gramos, dos bolsas con 0.894 kilogramos
de cocaína, 5 armas largas, 2 pistolas, 9 cargadores, 337 balas de diferentes
calibres y 6 mil 680 pesos, producto de la venta de droga.
Balacera: Policía ineficaz
Tres sicarios pusieron en jaque a todas las
corporaciones.
Ni la policía municipal, estatal, federal o
ministerial pudo atrapar a delincuentes que aterrorizaron a residentes del
fraccionamiento Brisas del Pacífico en Cabo San Lucas. Hasta la Marina falló en
su intento por contener la violencia. Y es que las fuerzas de seguridad se
quedaron sin parque. El saldo: Un marino muerto, tres agentes heridos y sólo un
maleante abatido a tiros.
Investigaciones ZETA
En la balacera registrada el 28 de octubre en
la colonia Brisas del Pacífico de Cabo San Lucas, resaltan cuatro hechos:
1.- Tres delincuentes pusieron en jaque a
decenas de policías municipales, ministeriales, estatales, federales y hasta
fuerzas armadas, y de paso, pusieron en peligro la vida de decenas de familias
habitantes de ese exclusivo fraccionamiento, quienes vivieron cuatro horas de
terror, en medio de ráfagas de metralleta y explosiones de granadas de
fragmentación.
2.- La falta de municiones de las autoridades
evidenció que no están preparadas para enfrentar a delincuentes, considerados
de alta peligrosidad, e integrantes del crimen organizado.
3.- La fuga de dos de los tres sicarios que
se atrincheraron a una vivienda que utilizaron de guarida, expuso la
ineficiencia de los cuerpos policiacos en su tibio actuar contra la
delincuencia.
4.- La muerte de un elemento de la Secretaría
de Marina y las heridas provocadas a tres agentes de la policía ministerial del
estado, demostraron la nula destreza en este caso que se salió de control, y
pudo haber dejado un saldo mucho más trágico en estos hechos.
La pregonada versión de parte de los
titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría
Estatal de Seguridad Pública, Gamill Arreola Leal y Álvaro de la Peña Angulo,
de la supuesta inexistencia e inoperatividad del crimen organizado en Baja
California Sur, quedó evidenciada como una falsedad, porque aunque los
criminales se están matando entre sí, por esta ocasión, también asesinaron a
tiros a un teniente de la Marina e hirieron a tres agentes de la policía
ministerial.
La vida del teniente de la Secretaría de
Marina, Enrique Gervasio Martínez, es prueba de que la seguridad ha sido
vulnerada ante el accionar de los delincuentes e integrantes del crimen
organizado.
La del viernes negro del 28 de octubre fue
una agresión directa contra las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas
de Baja California Sur. Entre tres sicarios asesinaron al teniente de marina y
dejaron malheridos a tres policías ministeriales, en medio de una refriega
inédita que duró más de cuatro horas, hasta que las balas se le agotaron a las
fuerzas de seguridad y tuvieron que esperar cerca de dos horas para
reabastecerse de un cargamento que llegó proveniente de La Paz.
Sin embargo, este hecho fue aprovechado muy
bien por los sicarios para huir de la zona y darse a la fuga tras balacear las
lámparas del alumbrado público y perderse en la obscuridad de la noche.
En esta balacera un sicario identificado como
Héctor Javier Arredondo Díaz, fue abatido a tiros. Según la versión de los
vecinos, estaba reclutando pistoleros para el brazo armado de Joaquín “El
Chapo” Guzmán.
Hoy se sabe que el sicario había colocado un
anuncio en internet donde “se solicitaban gente para el grupo armado de Los
Ántrax en el puerto de Los Cabos,”. El “puesto” incluía “las prestaciones de Ley”.
Una noche en el infierno
La noche de la balacera, los tres agentes de
la policía ministerial heridos habían dado con la guarida principal de
los asesinos del comandante Martín Márquez Ruiz tras tres días de intensa
búsqueda.
Los policías –según testigos— primeramente
hicieron rondines para ubicar la casa de los criminales sobre las calles de
Cerrada entre Sábila y Pez Martillo del exclusivo fraccionamiento Brisas del
Pacífico.
En esa vivienda, en un par de ocasiones,
había sido visto el jefe policiaco asesinado, acompañado de “La Negra”, una
mujer de apariencia corpulenta, originaria de Guerrero e identificada como
Karina Salinas Hernández.
Los agentes primero llegaron a una casa de un
piso, y entraron, tratando de detener a sus moradores que desaparecieron
después de la refriega. Evidentemente los agentes se equivocaron de domicilio
porque, cuando salían, ya eran observados desde una casa de doble piso por los
asesinos que comenzaron a disparar a mansalva en su contra. Los agredidos, como
pudieron, se escondieron y solicitaron refuerzos.
De ahí detonó una balacera que duró cerca de
cuatro horas, hasta que las balas de las fuerzas de seguridad se agotaron y
tuvieron que esperar más de dos horas para reabastecer su armamento, porque el
parque fue enviado desde La Paz.
“Era un infierno”, relató a ZETA uno de los vecinos, quien dijo haber
escuchado disparos, y cuando se asomó por la ventana, se llevó la nada grata
sorpresa de ver a tres policías ministeriales heridos, llamando por teléfono y
radio.
“Me impresionó mucho y casi me da un infarto,
cuando los observé”, explicó el vecino, quien comentó que los delincuentes ya
tenían viviendo en esa unidad habitacional cerca de seis meses y era muy
notorio que “andaban en malos pasos” porque siempre bajaban maletas negras,
estaban armados.
El vecino comentó que llegó a pensar
inclusive, que eran policías, dado que en varias ocasiones vio patrullas de la
policía municipal y ministerial, estacionadas afuera de esa casa. “A ese
comandante que mataron yo lo había visto acompañado de una mujer que le apodan
‘La Negra’, y la cual, el día que mataron al comandante estuvo desde muy
temprano en esa casa”, anotó esta fuente.
Otra de las personas que atestiguaron la
balacera, doña Isabel Alvarado Cota dijo que la noche del incidente estaba
dormida, de pronto escuchó unas explosiones a poco más de las 11 de la
noche. “Yo pensé que eran cohetes, porque a veces los chamacos andan en la
calle tronando palomitas y esas cosas”, dijo.
En eso su esposo entró a su habitación
asegurando: “Son balazos”. Luego todo se quedó en silencio por un momento,
hasta que se escucharon unas ráfagas, duraron casi una hora.
“Yo estaba muy asustada y decía, ‘¡Dios mío,
hasta qué horas va a parar esto! Lo primero que hicimos cuando comenzaron las
ráfagas fue tirarnos al piso porque temíamos que las balas entraran por la
ventana”, afirmó doña Isabel y explicó que casi se infarta cuando comenzó a
escuchar explosiones: “¡Son granadas, están aventando granadas!”, exclamó.
En medio del caos esta mujer se acordó que
uno de sus hijos estaba por llegar, por lo que de inmediato le marcó a su
celular. Así se enteró que todo el fraccionamiento estaba acordonado de
policías.
La señora explicó que en un momento dado
quiso abandonar su casa, pero “los policías no me dejaron: me dijeron métase,
¿no está viendo que hay balazos y que le pueden pegar uno? Adentro de su casa,
váyase para adentro, no tiene nada que hacer en la calle.”
Muy angustiada regresó a la unidad, se asomó
por la ventana y observó que todos los techos de las casas de enfrente estaban
copados de soldados. Además el intercambio de fuego se veía como una terrible
llamarada. Entonces hizo lo único que se le ocurrió: tirarse al piso y esperar
a que volviera la calma.
La fuga
De acuerdo a datos compartidos con ZETA el fuego apenas se detuvo cuando las
fuerzas de seguridad se quedaron sin municiones. Por eso las corporaciones
tuvieron que esperar cerca de dos horas a que llegara un reabastecimiento de
parque para poder ingresar a la casa. Para entonces, de los tres delincuentes
que habían participado en la balacera, sólo quedaba uno, que fue abatido por
los tiros. Los otros dos ya habían escapado tras haber tirado a balazos las
lámparas del alumbrado público y dejar en la penumbra el exclusivo
fraccionamiento de Cabo San Lucas.
Hoy se sabe que los asesinos huyeron
brincándose por el patio de las casas de los vecinos, mientras que las fuerzas
del orden estaban prácticamente desarmadas.
En el interior de la vivienda, los sicarios
dejaron abandonados dos rifles AK-47, de los llamados “Cuernos de Chivo”, y dos
armas de fuego más, así como una credencial con la fotografía de uno de los
asesinos que aparece como originario del Distrito Federal.
Los peritos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado lograron recolectar datos y evidencias que los llevaron a
la captura de Karina Salinas Hernández alias “La Negra”, de 38 años de edad y
originaria de Guerrero. La mujer fue arraigada por un periodo de 30 días, a
solicitud del Agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Delito de
Homicidios Dolosos de la zona sur del estado al ser la presunta responsable de
haber participado en el crimen del comandante de la policía ministerial, Martín
Márquez Ruiz.
Además, una de las armas encontradas dentro
de la residencia fue utilizada en el crimen del jefe policiaco, el cual, según
las primeras investigaciones, fue ejecutado en venganza por haber detenido a
todos los implicados en el crimen de Eleazar García Gómez alias “El
Belén”, Octavio Herrera López, Fidel Valenzuela Sánchez y Heriberto Enrique
Cejudo.
Hasta antes del crimen, el comandante de la
Policía Ministerial del Estado, Martín Márquez Ruiz, había participado en el
esclarecimiento del cuádruple homicidio logrando detener a once presuntos
responsables. Ellos son:
1.- Martín Martínez Sandoval y/o Jesús Javier
Cruz Rivera alias “El Gordo”, ex policía municipal de Huixquilucan, Estado de
México.
2.- Alejandro Hernández Hernández y/o Julio
César Chávez García, ex policía municipal de Huixquilucan, Estado de México.
3.- Raúl Ramón Salazar, ex policía municipal
de Huixquilucan, Estado de México.
4.- Néstor Adrián Vélez Victorio alias “El
Cuervo”.
5.- Heriberto Mares Morales alias “El Tepo” o
“El Heri”, a quien inicialmente se le había identificado como “El Bóxer” y uno
de los principales autores materiales del crimen y responsable de intentar
matar a “El Cuervo”.
Como cómplices figuran:
6.- José Ramón Montes Hernández, identificado
como el taxista.
7.- Roberto Martín Soler Hernández,
identificado como el auxiliar del taxista y uno de los enterradores de los
cuerpos encontrados en “El Migriño”.
8.- Hermes Eladio Rivera Reyes alias “El
Güero”, “El Canas” o “El Tigre”, responsable de logística y proveer de
información a los autores materiales y acusado de intentar matar a “El Cuervo”.
9.- José Ramón Cota Piñuelas, alias “El
Gato”, responsable de logística y proveer de información a los autores
materiales y acusado de intentar matar a “El Cuervo”.
10.- Jaime Daniel Delgado Salgado alias “El
Pelón”.
11.- Krystina Zoe Noel Stewart alias “Zoe”,
“Cristina” o “La Güera”.
Sin embargo, y por declaraciones de testigos,
el jefe policiaco a su vez estaba relacionado con los presuntos responsables
del cuádruple crimen de Cabo San Lucas, quienes hasta hoy enfrentan cargos de
secuestro agravado, homicidio con premeditación y alevosía, robo de vehículo,
robo de casa habitación y asociación delictuosa con fines de Delincuencia
Organizada.
A la fecha, la investigación ha permitido
avanzar a identificar a tres presuntos responsables más del cuádruple
homicidio. Dos de ellos son originarios del Distrito Federal y el otro es
identificado únicamente con el apodo de “El Bóxer”, y es quien ha estado
movilizando a los delincuentes en la zona, en colaboración con criminales
infiltrados en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Primeras corruptelas de
Blanca Esthela Ponce
Un particular y dos empresas reciben
contratos millonarios con Ayuntamiento
Contrario a lo que fue su promesa de ofrecer
una “política diferente”, las transas en el gobierno de la alcaldesa de La Paz
ya comenzaron con la compra de productos y servicios a un particular, y dos
empresas que jamás entraron en licitación.
Gerardo
Zúñiga Pacheco
La
Paz, Baja California Sur. Pasaron 194 días desde su toma de protesta, y los
indicios de corrupción comenzaron brotar en el Ayuntamiento de La Paz,
encabezado por la priista Esthela de Jesús Ponce Beltrán.
Y es que desde que asumió el poder y a la
fecha, un particular y dos compañías prácticamente se han convertido en los consentidos en
la compra de productos y servicios, sin necesidad de entrar a licitación, a
pesar de recibir millonarios contratos que rebasan los 504 mil pesos,
contraviniendo el Artículo 26 fracción III de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Datos recabados por ZETA refieren que en el más reciente
capítulo, la alcaldesa de extracción priista adquirió ocho camionetas tipo pick-up, de
las conocidas como estaquitas, para ponerlas a trabajar como patrullas de la
Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La
Paz, pagando 2 millones 790 mil 719 pesos con 92 centavos.
Lo grave es que las unidades fueron
sobrevaluadas porque, de un costo real de 190 mil pesos, precio de agencia,
fueron facturadas en 348 mil 839 pesos con 99 centavos cada una, es decir, poco
más del cien por ciento de su valor real.
El Ayuntamiento paceño también adquirió
vestuario, uniformes y chalecos antibalas a precios totalmente estratosféricos
en relación a los costos reales, por los cuales se firmaron contratos de
compraventa con el particular Ángel Corona Rodríguez y las empresas Spacelink, S.A. de C.V. y RCU Sistemas, S.A de C.V., con sede en la Ciudad de México,
mismas que han venido a desplazar a las compañías locales de Baja California
Sur.
Estos son los contratos más recientes:
1.
Contrato IA-803003995-N1-2011. El Ayuntamiento de la Paz compra ocho
camionetas pick-up a RCU Sistemas, S.A. de C.V., las cuales fueron asignadas a
la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito
Municipal de La Paz. El costo total de este parque vehicular, es de 2
millones790 mil 719 pesos con 92 centavos, es decir, 348 mil 839 pesos con 99
centavos cada una. La forma de pago fue 50 por ciento de anticipo y 50 por
ciento contra entrega.
2.
Contrato IA-803003995-N2-2011. El Ayuntamiento de La Paz adquiere los
servicios del particular Ángel Corona Rodríguez, quien funge como presidente de
la asociación civil Comité Nacional de Consulta y Participación de la Comunidad
en Seguridad Pública, quien elaboró un diagnostico local sobre la realidad
social, económica y cultural de la violencia y la delincuencia del municipio de
La Paz. El costo del estudio fue de 700 mil pesos, pagando un anticipo de 350
mil pesos y un abono de 250 mil pesos al presentar un avance del 75 por ciento,
y un pago final de 100 mil pesos a la entrega del diagnóstico.
3.
Contrato IA-803003995-N3-2011. El Ayuntamiento de La Paz obtuvo
vestuarios y kits de uniformes
asignados a la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito
Municipal de La Paz, a un costo total de 1 millón 233 mil 608 pesos con 96
centavos, de cuyo saldo se pagó un anticipo de 50 por ciento y otro 50 por
ciento contra entrega.
4. Contrato
IA-803003995-N4-2011. El
Ayuntamiento de La Paz vuelve a contratar los servicios del particular Ángel
Corona Rodríguez, que en esta ocasión, diseñó e implementó un plan municipal de
prevención social de la violencia y la delincuencia del municipio de La Paz. El
costo de ese diseño fue de 405 mil 676 pesos con 84 centavos, y la forma de
pago fue 200 mil pesos de anticipo, 150 mil pesos cuando presentara un avance
del 75 por ciento, y un último pago de 55 mil 676 pesos con 84 centavos a la entrega
del trabajo.
5.
Contrato IA-803003995-N5-2011. El Ayuntamiento de La Paz compró una
camioneta para la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y
Tránsito Municipal de La Paz, a un costo de 398 mil 839 pesos con 98 centavos,
pagando un anticipo de 50 por ciento y otro 50 por ciento contra entrega.
6.
Contrato IA-8030003995-N6-2011. El Ayuntamiento de La Paz contrató los
servicios de la compañía de Spacelink, S.A de C.V., representada
por Edgar Torres Matt, quien elaboró un proyecto de implementación del servicio
profesional de carrera policial. El costo fue de 299 mil 976 pesos, pagando un
anticipo de 100 mil pesos, un abono de 100 mil pesos al presentar un avance del
75 por ciento y un último pago de 99 mil 976 pesos a la entrega del trabajo.
La política “diferente”
Durante esta investigación, ZETA corroboró
que ninguna de las compras entraron a licitación y fueron asignadas de manera
directa, a pesar de que la autoridad municipal está obligada, por tratarse de
recursos federales provenientes del Subsidio para la Seguridad Pública
Municipal (SUBSEMUN).
Por tal situación, es obvio que la “política
diferente” no resultó tan “diferente” de su antecesora de la pasada
administración del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezada por
la hoy líder del Sol Azteca, Rosa Delia Cota Montaño, quien con total descaro y
sin el antiguo disimulo, violentó los artículos 26, 53 y 42 de la Ley Estatal y
Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Los montos máximos vienen establecidos en
ambas leyes, y es evidente que cuando el precio de un producto o servicio
rebase ciertos topes, deberá en primera instancia irse a un concurso entre tres
personas o compañías, y, de superar cierto monto, la compra deberá ser sometida
a licitación pública.
La Ley Estatal establece que una adjudicación
se puede dar de manera directa, siempre y cuando el monto no exceda los 312 mil
148 pesos. En una segunda instancia, en caso de superar esa cantidad, la
autoridad deberá invitar a tres personas o compañías a presentar una propuesta
económica que no supere los 766 mil 952 pesos, empero, si ese monto fuera
rebasado, la tercer instancia sería enviar la compra automáticamente a una
licitación pública.
Mientras que la Ley Federal establece que una
adquisición directa se puede dar, siempre y cuando el costo no exceda los 17
mil 940 pesos. En una segunda instancia, en caso de superar tal cantidad, se
invitará a tres personas o compañías a presentar una propuesta económica que no
rebase los 504 mil pesos. Si el monto fuera superado, la tercera instancia
sería lanzar una licitación pública para la adquisición del producto o
servicio.
La justificación
Sobre este hecho, ZETA entrevistó al director general de
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Ángel
César Amador Soto, quien de entrada dijo: “Hay algún material que fue por
adjudicación directa, y otro, por licitación”.
—
¿A quién se le compraron los equipos? ¿Dónde los adquirieron?
“El programa nos marca algunas características
del material que se va a comprar, se manda la petición, y posteriormente, viene
la licitación que corresponde. Este dinero que nosotros teníamos pendiente por
utilizar viene del 2011, esto se programó en el periodo pasado de gobierno, o
sea, nosotros estamos recuperando lo que ellos dejaron, porque ya estaba
programado; ahorita nosotros estamos programando para el próximo año qué es lo
que necesitamos”.
— Pero,
¿cómo hicieron estas operaciones?
“Lo único que te puede decir es que la
cantidad de dinero más grande fue para poder comprar las nuevas patrullas, y lo
demás para adquirir los radios, que fueron como 200 mil pesos, y ésa fue una
asignación directa”.
El responsable de la Seguridad Pública de La
Paz no quiso hablar más del tema de la compra y adquisición de programas,
proyectos, vestimenta, chalecos antibalas y patrullas, sino de los beneficios
que dejarían para poder enfrentar a la delincuencia.
“Eso es lo que cuenta”, y agregó: “Nosotros
estábamos en el programa del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal
porque queríamos tener acceso a los programas federales, y el dinero que
proporcionan para capacitar y dar el equipo a todas los cuerpos policiacos que
requieren, sin embargo debemos cumplir un currículo, y ellos se encargan de
decirnos cómo vamos a prepararnos; inclusive ellos mandan personal aquí a La
Paz, tanto en el aspecto teórico, como en el aspecto práctico para un policía”.
—
¿Qué tipo de equipo se ha adquirido para enfrentar los altos niveles de
delincuencia?
“El equipo de importancia fundamental son las
nueve patrullas, no es la solución, muchas veces en el espacio que tenemos que
cubrir, no hay patrullas, hemos adquirido también chalecos antibalas, se
adquirieron radios, se adquirió armamento, pistolas. Más bien la Secretaría de
Seguridad Pública nos las proporcionó, porque nosotros dependemos directo de
ellos, y nos proporcionó 75 pistolas 9 milímetros”, finalizó Amador Soto.
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