25 de julio de 2011
Acusan a cuatro integrantes del CREAD por delito de homicidio preterintencional
San José del Cabo.
Redacción
Redacción
Aunado al delito por homicidio conllevan privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad con violencia, ya que murió en sus manos un ciudadano al que trasladaban a su centro de rehabilitación
En manos del juez penal e internados en el Cereso quedaron cuatro integrantes del Centro de Rehabilitación CREAD, acusados del delito de homicidio preterintencional, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad con violencia, ya que murió en sus manos un ciudadano al que trasladaban a sus instalaciones, mismo que se les puso pesado y trataron de “calmarlo” a golpes. Su deceso fue de asfixia por fractura de tráquea lado izquierdo y traumatismo de cuello.
La Procuraduría de Justicia del Estado dio a conocer que fue ejecutada orden de aprehensión, girada por el Juez de Primera Instancia del ramo penal, en contra de Jesús Salvador Jiménez Guerrero de 19 años de edad, con domicilio en calle Malvarrosa entre Nopal y Bonete de Obispo de la colonia Jesús Castro; Francisco Javier Carrillo Sández de 36 años de edad, originario de esta ciudad capital, sin domicilio fijo; Francisco Javier Ceseña Green de 24 años de edad, originario de San José del Cabo, con domicilio en calle Palo Verde y Tabachines de la colonia Las Veredas y Luis Mateo Collins Gavarain de 21 años de edad, con domicilio en calle Arroyo de la colonia San Bernabé.
Fueron arrestados por el delito de homicidio preterintencional, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad con violencia, según proceso penal de fecha 22 de julio del 2011; quedando internos en el Centro de Readaptación Social en San José del Cabo.
De acuerdo al comunicado emitido por la autoridad judicial, el 21 de junio, la guardia de la Policía Ministerial del Estado con sede en San José del Cabo, fueron informados que al parecer se encontraba una persona sin vida a bordo de un vehículo tipo panel, en el estacionamiento del hospital general.
Trasladándose de inmediato al citado lugar, elementos de esa comandancia de la Policía Ministerial del Estado, en compañía del agente del Ministerio Público del Fuero Común investigador en turno sin detenidos, así como personal de la subdirección de Servicios Periciales.
Corroborando lo anterior, observando un vehículo de la marca Chrysler, tipo panel, color blanco, con placas de circulación número EPW012, con engomado de Onappafa, número 2521, con rótulos a los costados de “grupo CREAD” y en el interior, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, que vestía pantalón de mezclilla, color azul, sin camisa y sin calzado.
Observándose a simple vista heridas en la región frontal; dando fe ministerial el representante social, ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de esa subprocuraduría, para la práctica de la necropsia de ley, siendo las causas de su muerte asfixia por fractura de tráquea en lado izquierdo y traumatismo de cuello.
Fue cuestionado Luis Mateo Collins Gavarain de 21 años de edad, que dijo ser chofer del vehículo, informando que la persona que se encontraba sin vida era Manuel Octavio Arce González de 53 años de edad, originario de Ciudad Constitución, con domicilio conocido en la colonia El Arenal de Cabo San Lucas.
Manifestó en relación a los hechos, que el 21 de junio, al ir circulando, en compañía de Jesús Salvador Jiménez Guerrero, Francisco Javier Carrillo Sández y Francisco Javier Ceseña Green, tuvieron conocimiento de las oficinas del centro “CREAD”, que en las instalaciones de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, se encontraba Manuel Octavio en calidad de detenido, en la comandancia situada en la colonia Los Cangrejos.
Por lo que se les solicitó se trasladaran al citado lugar, con la finalidad de recoger a la mencionada persona. Fueron por él y lo subieron a la panel, pero durante el trayecto, éste se puso en actitud agresiva, siendo sometido por las personas que lo acompañaban, momentos en los cuales pudieron percatarse que ya no contaba con signos vitales, optando por trasladarlo al hospital general para su reanimación, mismo que al llegar fue atendido, informándoles que ya se encontraba sin vida.
Al percatarse de la situación, rápidamente trataron de darse a la fuga vía pedestre del lugar, no logrando su objetivo, ya que se realizó un operativo de sobrevigilancia en las inmediaciones del lugar, en coordinación con elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como elementos de la Policía Estatal Preventiva, siendo localizados, ubicados y detenidos por parte de elementos de la Policía Ministerial del Estado.
Mujer choca contra muro a exceso de velocidad
Cabos San Lucas.
Redacción
Redacción
Una mujer resulto policontundida al perder el control de su camioneta, chocando contra un muro.
Los hechos se registraron aproximadamente a las 12:20 horas, automovilistas que circulaban sobre bulevar Los Cabos y calle sin nombre, del fraccionamiento Hojazén, a la altura de la estación de Bomberos, reportaron vía telefónica un accidente en el lugar.
Al arribar autoridades de Tránsito, encontraron a una persona del sexo femenino de nombre María Angélica Flores íñiguez de 29 años de edad, quien se encontraba en el interior de una camioneta Jeep Liberty, color azul, modelo 2002, con placas de circulación JCN-64-44, ligeramente policontundida.
Quien después de varios minutos, les trató de explicar a los peritos de tránsito que todo se debía a una falla mecánica, pero después de realizar un estudio del percance, las autoridades determinaron que la conductora antes mencionada circulaba a gran velocidad sobre la calle antes mencionada y al llegar a un pronunciado tope “se lo voló”, perdiendo el control de su vehículo, cargándose a su izquierda, para terminar chocando contra un muro de concreto de unas escaleras de cruce de peatones.
El vehículo fue trasladado al módulo de Tránsito para deslindar responsabilidades
Provoca conductor de pesera accidente automovilístico
Cabo San Lucas.
Redacción
Redacción
El conductor de una camioneta pick-up, tuvo que ser atendido por paramédicos al ser arrollado por una pesera!!!.
Los hechos se registraron alrededor de las 04:30 horas, un choque registrado en el camino a la Candelaria, fue reportado al teléfono de emergencias señalando que se trasladara una ambulancia ya que uno de los conductores estaba lesionado.
Los hechos se registraron alrededor de las 04:30 horas, un choque registrado en el camino a la Candelaria, fue reportado al teléfono de emergencias señalando que se trasladara una ambulancia ya que uno de los conductores estaba lesionado.
Autoridades de Tránsito municipal llegaron al lugar del accidente encontrando que el camión de pasajeros blanco con verde, placas de circulación 10-70-ZNT, número económico 16, que cubre la ruta Aurrerá-Lagunitas conducido por Elías Joyero, había arroyado a una camioneta Nissan pick-up, color blanco, modelo 1994, perteneciente a una empresa de seguridad privada, lesionando al conductor de nombre José Ricardo Rascón Murillo, que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.
Después de varios minutos señalaron que el lesionado sólo se encontraba policontundido y no necesitaba ser hospitalizado, por su parte el perito en turno comentó que el exceso de velocidad y la manera temeraria de conducir del trabajador del volante fueron las causas del choque, trasladando a los involucrados al módulo de tránsito.
Riña en bar deja saldo de cuatro detenidos y dos heridos
Cabo San Lucas.
Redacción
Redacción
Cuatro detenidos y dos heridos, fue el saldo de la riña colectiva reportada a las 02:40 de la madrugada en el centro nocturno ubicado en bulevar Marina y Migue Hidalgo, en pleno corazón turístico de la ciudad
.Los agentes de la patrulla DST-876 fueron alertados de que en el bar Las Jarras,se suscitaba una riña colectiva, acudiendo de inmediato y observando que se encontraban dos personas lesionados, siendo necesario el apoyo de la Cruz Roja para atenderlos y trasladarlos al hospital general y Seguro Social.En el lugar de los hechos fueron detenidos Lino Félix de 28 años de edad, originario del estado de Sinaloa, de ocupación empleado y Tilo Aguilar, de 28 años de edad, originario del estado de Tabasco de ocupación estilista. Los lesionados Constantino Manríquez de 27 años de edad, originario del estado de Sonora y Rogelio Arnoldo de 24 años de edad, originario del estado de Sonora, presentaban herida cortante en el tórax, en brazo izquierdo y región frontal, respectivamente, ingresaron al Seguro Social y hospital general. Una vez que fueron dados de alta ingresaron a la cárcel delegacional para posteriormente ser consignados ante las autoridades competentes, junto con sus rivales. Corresponderá a las autoridades resolver su situación jurídica.
Atrapado al intentar robar cuatrimotor
San José del Cabo.
Redacción
Redacción
Cuando se daba a la fuga a bordo de una cuatrimoto ajena, individuo originario del estado de Sinaloa fue detenido por agentes de la Policía de Los Cabos y consignado a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, donde tendrá que responder por los hechos que se le imputan.
De acuerdo al parte informativo elaborado por los agentes de la patrulla DST-832, realizaban un recorrido por la colonia Magisterial cuando observaron que en la calle Faro Natividad y Cabeza de Ballena un individuo, a bordo de la cuatrimoto, cambió el sentido de su trayectoria e imprimió mayor velocidad.
Acto seguido procedieron a perseguirlo y al interceptarlo lo interrogaron con relación a la unidad motora que tenía los cables del encendido cortados. En primera instancia dijo que un amigo se la había prestado, pero dijo desconocer su nombre y domicilio.
Como no acreditó el origen y propiedad de la cuatrimoto, Tomás Lizárraga de 33 años de edad, con domicilio en la colonia Los Venados, de ocupación carrocero, originario de Baja California Sur fue detenido y recluido en la cárcel delegacional.
Al momento de su detención se le decomisó la cuatrimoto marca Anoati con número de serie LFFWKS2C991901127, de color negro y rojo. Corresponderá a las autoridades competentes resolver su situación jurídica.
Detienen a taxista por acuchillar a un civil
Cabo San Lucas.
Redacción
Redacción
Agentes de la Policía de Los Cabos lograron la detención de un taxista que cuchillo en mano agredió a un civil en represalia de que intervino, cuando el rijoso pretendía lesionar a una mujer, en hechos ocurridos a las 05:40 de la madrugada en el fraccionamiento Gardenias.
Cuando los agentes adscritos a la vigilancia del fraccionamiento llegaron al lugar se entrevistaron con Jorge Armando Madrid Avilés, quien presentaba una herida cortante de 8 centímetros en la muñeca del brazo izquierdo.El agresor, identificado como Víctor Torres de 32 años de edad, originario del estado de Guerrero de ocupación taxista del sitio Mar de Cortés, fue detenido en el lugar por los agentes de la Policía Municipal de Los Cabos, en su defensa reconoció la riña contra el lesionado, pero que ambos habían acordado no denunciar los hechos.En las investigaciones se pudo conocer que el agresor pretendía agredir a una mujer y como intervino Jorge Armando Madrid, cuchillo en mano, lo agredió en la muñeca enviándolo al hospital general, donde los médicos de turno lo atendieron.Corresponderá a las autoridades competentes resolver su situación jurídica.
Sigue en aumento problema de violencia contra mujeres en Los Cabos
Cabo San Lucas.
Redacción
Redacción
Detuvieron ayer a dos sujetos por agresiones contra dos féminas
El problema de violencia contra las mujeres va en aumento en el municipio de Los Cabos, pues ahora no es solamente común que los fines de semana elementos policiacos atiendan casos de mujeres que denuncian a sus esposos por ser víctimas de golpes y maltratos, ahora dos personas del sexo femenino fueron agredidas por dos desconocidos.
De acuerdo a la información proporcionada por Seguridad Pública, dos individuos fueron remitidos anoche a la comandancia delegacional tras ser señalados de agresiones en contra de mujeres, a una de ellas la intentaron besar a la fuerza, a la otra le destruyeron el interior de su automóvil por el simple hecho de no brindar un cigarro a su agresor.
El primer incidente ocurrió a las 11:35 horas en un hotel de la zona turística de la Marina, Dalia Guadalupe Martínez Sotelo, originaria del estado de Sonora, con domicilio en la colonia Obrera, denunció que un individuo trató de abrazarla y besarla a la fuerza.
Auxiliada por los agentes adscritos a la vigilancia de la zona, la mujer señaló al agresor, vestido de camisa color blanco y short color gris, quien todavía se encontraba en el lugar, procediendo a su detención.
El presunto agresor se identificó como Leopoldo Repet, originario del Estado de México con domicilio en la colonia Ampliación Matamoros. Antes de ingresar a la cárcel se le hizo un examen médico y resultó en primer grado de ebriedad.
Mientras tanto a las 01:42 horas agentes que realizaban un recorrido en Pelícanos y Acuario auxiliaron a Yolanda Libieth Kely Arellano de 29 años de edad, originaria de Sinaloa con domicilio en el fraccionamiento Miramar, quien en esos momentos estaba siendo perseguida por un rijoso.
Reveló la mujer que no conocía a su agresor, momentos antes se había acercado hasta su automóvil y en represalia de que no le proporcionó un cigarro (por no tener) le causó destrozos en el interior de la unidad motriz.
Acto seguido los agentes procedieron a la detención de quien se identificó como Rafael Cruz de 34 años de edad, originario del estado de Durango, de oficio empresario, quedando ingresado en la cárcel delegacional.
EL SUDCALIFORNIANO
25 de julio de 2011
Se les pasó la mano a los del CRREAD de SJC; dieron muerte a uno de sus compañeros
El Sudcaliforniano
25 de julio de 2011
San José del Cabo, Baja California Sur.- Jesús salvador Jiménez Guerrero (a) "El Chava y/o El Chavita", Francisco Javier Carrillo Sandez (a) "El Blandito", Francisco Javier Ceseña Green (a) "El Pitual" y Luis Mateo Collins Gavarain, fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial del Estado, en San José del Cabo, y arraigos por su participación en la muerte de Manuel Octavio Arce González, específicamente por los delitos de homicidio preterintencional, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad con violencia; todos ellos del grupo CRREAD.
Los hechos se suscitaron cuando el hoy occiso cayó detenido en la comandancia de Los Cangrejos, a donde acudieron para recogerlo y trasladarlo al Centro de rehabilitación CRREAD.
Al abordar la unidad y durante el trayecto, Manuel Octavio se puso en actitud agresiva, siendo sometido por las personas que lo acompañaban, hasta que se dieron cuenta de que Manuel Octavio ya no presentaba signos vitales, optando por trasladarlo al Hospital General de esa población, para su reanimación, mismo que al llegar fue atendido, informándoles que ya se encontraba sin vida.
Al enterarse de que su compañero estaba muerto, rápidamente trataron de darse a la fuga vía pedestre del lugar, no logrando su objetivo, ya que se realizó un operativo de sobrevigilancia en las inmediaciones del lugar, en coordinación con elementos de la dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como elementos de la Policía Estatal Preventiva, siendo localizados, ubicados y detenidos por parte de elementos de esa comandancia de la Policía Ministerial del Estado.
Una vez detenidos, rindieron su declaración ministerial correspondiente y se les decretó medida cautelar de arraigo en su contra, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio.
El hoy occiso, en vida respondía al nombre de Manuel Octavio Arce González, de 53 años de edad y era originario de Ciudad Constitución.
Los hechos se suscitaron cuando el hoy occiso cayó detenido en la comandancia de Los Cangrejos, a donde acudieron para recogerlo y trasladarlo al Centro de rehabilitación CRREAD.
Al abordar la unidad y durante el trayecto, Manuel Octavio se puso en actitud agresiva, siendo sometido por las personas que lo acompañaban, hasta que se dieron cuenta de que Manuel Octavio ya no presentaba signos vitales, optando por trasladarlo al Hospital General de esa población, para su reanimación, mismo que al llegar fue atendido, informándoles que ya se encontraba sin vida.
Al enterarse de que su compañero estaba muerto, rápidamente trataron de darse a la fuga vía pedestre del lugar, no logrando su objetivo, ya que se realizó un operativo de sobrevigilancia en las inmediaciones del lugar, en coordinación con elementos de la dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como elementos de la Policía Estatal Preventiva, siendo localizados, ubicados y detenidos por parte de elementos de esa comandancia de la Policía Ministerial del Estado.
Una vez detenidos, rindieron su declaración ministerial correspondiente y se les decretó medida cautelar de arraigo en su contra, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio.
El hoy occiso, en vida respondía al nombre de Manuel Octavio Arce González, de 53 años de edad y era originario de Ciudad Constitución.
Debía una muerte en Guerrero y se escondía en Los Cabos; ya lo agarraron
Genaro Odilón se vino huyendo de Guerrero y se escondía en la invasión Santa Rosa. Foto: El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
25 de julio de 2011
Santa Rosalia, Baja California Sur.- Con base en el convenio de colaboración suscrito por la Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia Militar, del distrito federal y las generales de justicia de los 31 estados, elementos de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, y elementos de la ministerial adscritos en San José del Cabo, lograron la localización y detención de Genaro Odilón Flores, de 40 años de edad, originario del estado de Guerrero, con domicilio en invasión Santa Rosa y Obrera Alta, colonia La Cuchilla, en la población en San José del Cabo, por contar en su contra con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio, lesiones y daños, girada juez mixto de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Altamirano, con residencia oficial en la ciudad de San Luis Acatlán, Guerrero.
Arribaron vía aérea a esta ciudad capital, procedentes del estado de Guerrero, el coordinador de grupo y agentes de la Policía Ministerial de aquella entidad sureña, presentando oficio de colaboración signado por el fiscal de la subprocuraduría de procesos, fiscalía de mandamientos judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y dirigido al procurador general de Justicia del estado, solicitándole su colaboración y apoyo para llevar a cabo la ejecución de dicho mandamiento judicial.
Así fue como se llevó a cabo el traslado en calidad de detenido, para dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de homicidio, lesiones y daños.
Arribaron vía aérea a esta ciudad capital, procedentes del estado de Guerrero, el coordinador de grupo y agentes de la Policía Ministerial de aquella entidad sureña, presentando oficio de colaboración signado por el fiscal de la subprocuraduría de procesos, fiscalía de mandamientos judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y dirigido al procurador general de Justicia del estado, solicitándole su colaboración y apoyo para llevar a cabo la ejecución de dicho mandamiento judicial.
Así fue como se llevó a cabo el traslado en calidad de detenido, para dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de homicidio, lesiones y daños.
Detienen al robacarros Sergio Miranda; había 8 denuncias penales en su contra
Sergio Miranda, un ladrón de carros fue puesto finalmente tras las rejas. Foto: El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
25 de julio de 2011
La Paz, Baja California Sur.- Sergio Miranda Maldonado fue detenido por los delitos de robo de vehículos; cuando trató de llevarse uno más, fue detenido por los ministeriales, ante quienes confesó la ubicación del carro que se quiso birlar.
Fue el 22 de julio cuando se tuvo conocimiento de que en las calles de Esquerro entre Santos Degollado y Zaragoza, colonia Centro, se encontraba una persona afectada por el delito de robo de vehículo, trasladándose de inmediato elementos de la Policía Ministerial del Estado de la Comandancia Contra Robo de Vehículos, entrevistándose a la persona afectada.
El quejoso manifestó haber dejado su vehículo de la marca Jeep, línea Cherokee, tipo vagoneta, cuatro puertas, modelo 1991, color azul, con placas de circulación 710-PML4, en las calles antes mencionadas, y agregó que al momentos de dejar su carro observó que enfrente de él se encontraba mal estacionado otro vehículo de la marca Nissan, línea Máxima, tipo sedán, cuatro puertas, color beige y/o hueso, con los cristales abajo; al estar checando los agentes Ministeriales dicho vehículo, llega Sergio Miranda Maldonado (A) "El Chichi", quien cuenta con amplios antecedentes penales.
Les dijo a los ministeriales que el vehículo marca Nissan, línea Máxima, era de su propiedad, presentando documentos de compra venta, y al ser cuestionado en relación al vehículo reportado como robado, manifestó no saber nada, cayendo en varias contradicciones, motivo por el cual fue trasladado a las oficinas de la Policía Ministerial del Estado, en donde manifestó efectivamente haber robado el vehículo marca Jeep, línea Cherokee, tipo vagoneta, y que lo había dejado en un domicilio de la calle Melitón Albañez, entre Veracruz y Sinaloa, para posteriormente venderlo en piezas.
Los ministeriales se trasladaron al domicilio antes mencionado, corroborando lo anterior teniendo a la vista un vehículo, mismo que coincidía con las características del reportado como robado, por lo que al realizar una inspección vehicular con la finalidad de checar el número de serie, resultando como positivo, constituyéndose en el citado lugar el representante social, quien ordenó el aseguramiento y traslado del vehículo al corralón de encierro vehicular en la colonia El Progreso.
Sergio Miranda Maldonado se encuentra relacionados con 8 siguientes averiguaciones previas por el delito de robo de vehículo; un Chevrolet, línea S-15, tipo pick-up, dos puertas, color café con crema, modelo 1982, con placas de circulación ZMR-7675, abandonado entre el monte en las inmediaciones de la colonia El Mezquitito; un Chevrolet, línea Blazer, tipo vagoneta, cuatro puertas, modelo 1993, color negro, abandonado en el kilómetro 21 tramo carretero La Paz-San Juan de los Planes; un Honda, línea Accord, tipo sedán, cuatro puertas, modelo 1994, color azul, con placas de circulación BDG2270 del estado de Baja California, abandonado sobre la carretera San Juan de los Planes; una Pathfinder, cuatro puertas, color negra, modelo 1991, abandonado en las calles Santa Rita entre San Bartolo y Pescadero, fraccionamiento Bella Vista; un Chevrolet, línea Blazer, tipo vagoneta, dos puertas, color blanco, con placas de circulación 836-PLZ8, abandonado en las calles Margarita Maza de Juárez y Llanos de Iriyal, colonia 8 de Octubre Primera Sección; un Nissan, tipo pick-up, dos puertas, color negro, modelo 1988, abandonado en lateral Los Planes entre Forjadores y Boulevard Colosio; un Sentra, tipo sedan, dos puertas, modelo 1992, color rojo con negro, abandonado en callejón Bahía de La Paz y boulevard Colosio, fraccionamiento Bella Vista; una Pathfinder, cuatro puertas, color dorada, modelo 1993, abandonado en las calles San José de Comondú entre San Antonio y Santiago, fraccionamiento Bella Vista.
Fue el 22 de julio cuando se tuvo conocimiento de que en las calles de Esquerro entre Santos Degollado y Zaragoza, colonia Centro, se encontraba una persona afectada por el delito de robo de vehículo, trasladándose de inmediato elementos de la Policía Ministerial del Estado de la Comandancia Contra Robo de Vehículos, entrevistándose a la persona afectada.
El quejoso manifestó haber dejado su vehículo de la marca Jeep, línea Cherokee, tipo vagoneta, cuatro puertas, modelo 1991, color azul, con placas de circulación 710-PML4, en las calles antes mencionadas, y agregó que al momentos de dejar su carro observó que enfrente de él se encontraba mal estacionado otro vehículo de la marca Nissan, línea Máxima, tipo sedán, cuatro puertas, color beige y/o hueso, con los cristales abajo; al estar checando los agentes Ministeriales dicho vehículo, llega Sergio Miranda Maldonado (A) "El Chichi", quien cuenta con amplios antecedentes penales.
Les dijo a los ministeriales que el vehículo marca Nissan, línea Máxima, era de su propiedad, presentando documentos de compra venta, y al ser cuestionado en relación al vehículo reportado como robado, manifestó no saber nada, cayendo en varias contradicciones, motivo por el cual fue trasladado a las oficinas de la Policía Ministerial del Estado, en donde manifestó efectivamente haber robado el vehículo marca Jeep, línea Cherokee, tipo vagoneta, y que lo había dejado en un domicilio de la calle Melitón Albañez, entre Veracruz y Sinaloa, para posteriormente venderlo en piezas.
Los ministeriales se trasladaron al domicilio antes mencionado, corroborando lo anterior teniendo a la vista un vehículo, mismo que coincidía con las características del reportado como robado, por lo que al realizar una inspección vehicular con la finalidad de checar el número de serie, resultando como positivo, constituyéndose en el citado lugar el representante social, quien ordenó el aseguramiento y traslado del vehículo al corralón de encierro vehicular en la colonia El Progreso.
Sergio Miranda Maldonado se encuentra relacionados con 8 siguientes averiguaciones previas por el delito de robo de vehículo; un Chevrolet, línea S-15, tipo pick-up, dos puertas, color café con crema, modelo 1982, con placas de circulación ZMR-7675, abandonado entre el monte en las inmediaciones de la colonia El Mezquitito; un Chevrolet, línea Blazer, tipo vagoneta, cuatro puertas, modelo 1993, color negro, abandonado en el kilómetro 21 tramo carretero La Paz-San Juan de los Planes; un Honda, línea Accord, tipo sedán, cuatro puertas, modelo 1994, color azul, con placas de circulación BDG2270 del estado de Baja California, abandonado sobre la carretera San Juan de los Planes; una Pathfinder, cuatro puertas, color negra, modelo 1991, abandonado en las calles Santa Rita entre San Bartolo y Pescadero, fraccionamiento Bella Vista; un Chevrolet, línea Blazer, tipo vagoneta, dos puertas, color blanco, con placas de circulación 836-PLZ8, abandonado en las calles Margarita Maza de Juárez y Llanos de Iriyal, colonia 8 de Octubre Primera Sección; un Nissan, tipo pick-up, dos puertas, color negro, modelo 1988, abandonado en lateral Los Planes entre Forjadores y Boulevard Colosio; un Sentra, tipo sedan, dos puertas, modelo 1992, color rojo con negro, abandonado en callejón Bahía de La Paz y boulevard Colosio, fraccionamiento Bella Vista; una Pathfinder, cuatro puertas, color dorada, modelo 1993, abandonado en las calles San José de Comondú entre San Antonio y Santiago, fraccionamiento Bella Vista.
Duro accidente en la cuatro carriles La Paz-Todos Santos
Accidente en la carretera cuatro carriles La Paz-Todos Santos. Tache para la Cruz Roja, y reprobado el C4 que nunca contestó las llamadas de auxilio. Foto: cortesía Jacob Sánchez/El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
25 de julio de 2011
La Paz, Baja California Sur.- Un impresionante y aparatoso accidente se registró la noche de este sábado sobre la carretera cuatro carriles La Paz-Todos Santos a la altura del kilómetro 35, cuando un automovilista se impactó sobre la valla metálica de contención, luego de que al parecer se quedó dormido al volante.
Fue tan duro el impacto que la valla metálica prácticamente partió el automóvil en dos, provocándole heridas en la cara y serias lesiones en el brazo derecho.
Un equipo de trabajadores de la construcción que venía en dos carros procedente del sur del estado presenció el accidente y de inmediato un grupo le prestó los primeros auxilios, mientras otro se trasladaba a Todos Santos en busca de una ambulancia de la Cruz Roja, debido a que el C4 nunca contestó la llamada.
Afortunadamente para el lesionado, uno de los trabajadores de la construcción es también maestro de educación física y cuenta con instrucción en la aplicación de primeros auxilios, por lo que traía en su equipo gasas y vendas, con los que socorrió al lesionado, logrando detener la hemorragia.
Eso, mientras que el otro grupo trataba desesperadamente de convencer a los choferes de la ambulancia de Todos Santos para que acudieran al lugar del accidente; fue necesario ir a sus casas a buscarlos: el primero se negó porque dijo que él no estaba de guardia, y el otro pidió tiempo para bañarse antes de partir al lugar del accidente.
Giovany Igaumi, encargado del C4, negó que el sábado por la noche no hubiera personal trabajando que en ese centro y afirmó que no se recibió reporte de este accidente, aunque los que auxiliaron al accidentado aseguran que marcaron en múltiples ocasiones y nadie contestó.
Fue tan duro el impacto que la valla metálica prácticamente partió el automóvil en dos, provocándole heridas en la cara y serias lesiones en el brazo derecho.
Un equipo de trabajadores de la construcción que venía en dos carros procedente del sur del estado presenció el accidente y de inmediato un grupo le prestó los primeros auxilios, mientras otro se trasladaba a Todos Santos en busca de una ambulancia de la Cruz Roja, debido a que el C4 nunca contestó la llamada.
Afortunadamente para el lesionado, uno de los trabajadores de la construcción es también maestro de educación física y cuenta con instrucción en la aplicación de primeros auxilios, por lo que traía en su equipo gasas y vendas, con los que socorrió al lesionado, logrando detener la hemorragia.
Eso, mientras que el otro grupo trataba desesperadamente de convencer a los choferes de la ambulancia de Todos Santos para que acudieran al lugar del accidente; fue necesario ir a sus casas a buscarlos: el primero se negó porque dijo que él no estaba de guardia, y el otro pidió tiempo para bañarse antes de partir al lugar del accidente.
Giovany Igaumi, encargado del C4, negó que el sábado por la noche no hubiera personal trabajando que en ese centro y afirmó que no se recibió reporte de este accidente, aunque los que auxiliaron al accidentado aseguran que marcaron en múltiples ocasiones y nadie contestó.
Localiza la municipal cuatro carros robados
El Sudcaliforniano
25 de julio de 2011
La Paz, Baja California Sur.- La Policía Municipal localizó en las calles Cuauhtémoc entre Ciprés y Juan Domínguez Cota, un vehículo marca Sentra, modelo 1987, con placas de circulación 430-pmn-8, el cual cuenta con reporte de robo interpuesto por su propietario José Ricardo Virgen, por lo que se solicitó la presencia de elementos de la Policía Ministerial para que se quedaran a cargo de las investigaciones correspondientes.
En otro recorrido de vigilancia, por las calles de la carreta entre San Ramón de Oriente y Divisaderos, localizaron un vehículo marca Nissan Tsuru, color gris, con placas czh-41-12, el cual también cuenta con reporte de robo interpuesto por su propietaria María de Lourdes Lucero, a quien se le informó que había sido localizado su vehículo, presentándose al lugar donde se localizó el vehículo y haciéndose cargo del mismo, ya que sólo había puesto el reporte de robo, mas no interpuso denuncia alguna.
Por las calles de Guadalupe Victoria e Isabel la Católica se localizó un vehículo marca Toyota Corolla, modelo 1990, con placas de circulación 818-pmb-5, el cual cuenta con reporte de robo.
Finalmente, al efectuar recorridos de vigilancia por las calles de Salvatierra y Marcelo Rubio, localizaron un vehículo marca VW golf, modelo 1982, con placas de circulación czg3313, color cereza, el cual cuenta con reporte de robo interpuesto por su propietario, por lo que se solicitó la presencia de elementos de la policía ministerial para que se quedaran a cargo de las investigaciones correspondientes.
En otro recorrido de vigilancia, por las calles de la carreta entre San Ramón de Oriente y Divisaderos, localizaron un vehículo marca Nissan Tsuru, color gris, con placas czh-41-12, el cual también cuenta con reporte de robo interpuesto por su propietaria María de Lourdes Lucero, a quien se le informó que había sido localizado su vehículo, presentándose al lugar donde se localizó el vehículo y haciéndose cargo del mismo, ya que sólo había puesto el reporte de robo, mas no interpuso denuncia alguna.
Por las calles de Guadalupe Victoria e Isabel la Católica se localizó un vehículo marca Toyota Corolla, modelo 1990, con placas de circulación 818-pmb-5, el cual cuenta con reporte de robo.
Finalmente, al efectuar recorridos de vigilancia por las calles de Salvatierra y Marcelo Rubio, localizaron un vehículo marca VW golf, modelo 1982, con placas de circulación czg3313, color cereza, el cual cuenta con reporte de robo interpuesto por su propietario, por lo que se solicitó la presencia de elementos de la policía ministerial para que se quedaran a cargo de las investigaciones correspondientes.
Comenzó seguridad Pública con operativo
El Sudcaliforniano
25 de julio de 2011
Raúl Villalobos Davis
Loreto, Baja California Sur.- Dieron inicio los operativos por parte de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Loreto durante la tarde noche de este pasado sábado 23 de los corrientes; revisando que unidades y conductores cuenten con la documentación requerida, y haciendo detección de carros cantina.
Así lo dio a conocer el director de esta corporación, Lic. Víctor Marcelo Talamantes Higuera, quien agregó que durante el mismo se llevo a cabo la detención de aproximadamente unas 15 personas por faltas menores.
De igual manera a quienes fueron sorprendidos consumiendo bebidas embriagantes a bordo de sus unidades se les levantaron las infracciones correspondientes y se les retuvo las unidades.
Cabe mencionar que los operativos de vigilancia y sobrevigilancia que se vienen implementando continuarán de manera permanente con la finalidad de llevar a cabo la regularización vehicular y atender las demandas de la sociedad.
Durante los dispositivos especiales nocturnos que se están implementando en diferentes zonas de la ciudad se están atacando de manera frontal los problemas de carros cantina y otras demandas de la ciudadanía, indicó.
Finalmente, el titular de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal invitó a todos los propietarios de unidades para que pasen a las oficinas de esta dirección y lleven a cabo la regularización de las mismas.
Loreto, Baja California Sur.- Dieron inicio los operativos por parte de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Loreto durante la tarde noche de este pasado sábado 23 de los corrientes; revisando que unidades y conductores cuenten con la documentación requerida, y haciendo detección de carros cantina.
Así lo dio a conocer el director de esta corporación, Lic. Víctor Marcelo Talamantes Higuera, quien agregó que durante el mismo se llevo a cabo la detención de aproximadamente unas 15 personas por faltas menores.
De igual manera a quienes fueron sorprendidos consumiendo bebidas embriagantes a bordo de sus unidades se les levantaron las infracciones correspondientes y se les retuvo las unidades.
Cabe mencionar que los operativos de vigilancia y sobrevigilancia que se vienen implementando continuarán de manera permanente con la finalidad de llevar a cabo la regularización vehicular y atender las demandas de la sociedad.
Durante los dispositivos especiales nocturnos que se están implementando en diferentes zonas de la ciudad se están atacando de manera frontal los problemas de carros cantina y otras demandas de la ciudadanía, indicó.
Finalmente, el titular de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal invitó a todos los propietarios de unidades para que pasen a las oficinas de esta dirección y lleven a cabo la regularización de las mismas.
PENINSULAR DIGITAL
Aún no concluyen exámenes de control y confianza dice el Gobernador. Resultados ya están en el escritorio del Ejecutivo aseguran en la SSP
Carlos Mendoza Davis secretario general de gobierno también ha declarado que su examinación de control y confianza federal tuvo lugar el pasado mes de mayo mientras que el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Irineo Martínez Ordaz contestó que sus examinaciones ya habían concluido y que los resultados estaban sobre el escritorio de gobernador.
Mientras gobernador del estado Marcos Covarrubias asegura que los resultados de los exámenes de control y confianza que los altos mandos de las corporaciones estatales deben presentar ante la federación aun no han concluído; su encargado del despacho en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dice que los resultados están en el escritorio del gobernador.
A dos meses de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jesús Alcántara Soria divulgó que Baja California Sur se encontraba entre los estados que no contaban con altos mandos certificadospor exámenes de control y confianza administrados por un centro federal, aún están pendientes los resultados.
La semana pasada, cuando diversos medios de comunicación preguntaron sobre este tema al gobernador del estado; Marcos Covarrubias Villaseñor contestó algo muy parecido a la respuesta que dio al ser abordado al respecto días atrás por reporteros de Peninsular Digital.
“Apenas se acaban de ir las personas que van a hacer estos exámenes” reiteró por segunda semana consecutiva el gobernador, quien agregó al ser entrevistado el pasado jueves en una reunión con turisteros paceños esta vez que, que de los que ya lo presentaron aún no tienen resultados.
Ello en respuesta a lo que miembros de los medios de comunicación preguntaron respecto a que el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública hubiese reprobado dichos exámenes.
En lo que respecta al encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Irineo Martínez Ordaz, el viernes, durante la sesión del Comité Estatal de Protección Civil contestó que sus examinaciones ya habían concluido y que los resultados estaban sobre el escritorio de gobernador.
Carlos Mendoza Davis secretario general de gobierno también ha declarado que su examinación de control y confianza federal tuvo lugar el pasado mes de mayo, pues declaró a principios de junio que una cuestionada visita conjunta de Covarrubias Villaseñor a la capital del país, la cual hizo acompañado de su secretario general de gobierno fue con el motivo oficial de presentar dichos exámenes.
Los diversos exámenes que se deben aplicar a nuestros altos mandos policiacos son el de polígrafo y el examen de entorno socioeconómico que indica presuntas relaciones o vínculos que los funcionaros evaluados pudiesen tener con grupos que actúan fuera de la legalidad.
Según en el informe más actualizado del estatus de las evaluaciones de control y confianza de altos mandos en las entidades federativas, fechado a finales de junio pasado, el número de altos mandos sudcalifornianos a evaluación federal bajó de 12 a 10 con la entrada del nuevo gobierno del estado, y 8 de los cuales aún estaban pendientes de presentar dichos exámenes.
Ello significa un avance en este rubro del Acuerdo Nacional por la Seguridad del 20% en lo que refiere al granito de arena que pone Baja California Sur.
Respecto a los resultados a nivel nacional el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Juan Miguel Alcántara Soria anunció un avance nacional de 65 por ciento de altos mandos evaluados y recientemente ha anunciado “un porcentaje no muy alto” de funcionarios reprobados.
Mientras robaban en el negocio donde trabajaban les cayó la policía
Rey Felipe Sandoval y Jairo Iztaccíhuatl Gordoa León.
En plena faena de aventar rollos de hule para revitalizar llantas desde el interior de un local hacia el exterior donde otra persona los recibía, atrapó la ministerial a Rey Felipe Sandoval, así como a Jairo Iztaccíhuatl Gordoa León, quien fungía como receptor del producto de su ilícita labor.
La afanosa tarea de esta dupla se vio interrumpida cuando una patrulla de ministeriales al circular a eso de las 11 del día por la calle Unión y Forjadores, Colonia Diana Laura se percataron de que un par de sujetos, uno dentro de un negocio aventaba rollos de plástico a otra persona estratégicamente situada fuera del local comercial, y una vez recibidos, los colocaba en un Ford Bronco.
El par de saqueadores, al verse sorprendidos por los agentes de la ley, trataron de darse a la fuga, pero con sorpresivas maniobras policiacas, su intención de evadir su responsabilidad, fue truncada en pocos segundos.
Una vez en poder de los agentes, Rey Felipe, un empleado de 42 años de edad, originario de Ciudad Constitución, B.C.S., con domicilio en calle Bermellón 339, Fraccionamiento Arcoiris III y Jairo Iztaccíhuatl Gordoa León, empleado de 35 años de edad, originario de Ciudad Constitución, B.C.S., con domicilio en calle Juan Bautista Talamantes 210, Fraccionamiento Ayuntamiento explicaron que eran trabajadores del negocio que pretendían robar, y que los rollos los habían sacado para venderlos.
Ante esta confesión, el par de desleales empleados fue trasladado a las oficinas de la Policía Ministerial del Estado, donde quedaron a disposición de la autoridad por su presunta responsabilidad en hechos que pueden constituir un delito consistente en robo a negocio.
SEMANARIO ZETA
El regreso de Zamudio
Juez Quijano ignora armas y droga
la liberación del líder de los narcomenudistas en comondú, baja california sur, inés zamudio beltrán y tres de sus principales operadores, capturados el primero de febrero de 2011 por el ejército mexicano, derivó de la versión de cinco testigos conocidos del narcotraficante y de un ticket de compra que tuvieron más valor probatorio que las armas, cartuchos, cargadores y droga decomisada a los criminales. ésta es la segunda vez que el hombre señalado como delincuente por las autoridades policiacas y militares de baja california sur, es aprehendido en posesión de narcóticos y armas de fuego para ser dejado en libertad.
Investigaciones ZETA
El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, Alejandro Quijano Álvarez, ordenó el 19 de julio la liberación del líder de la organización criminal identificada por las autoridades sudcalifornianas como “Los Zamudio”.
Salió del Centro de Readaptación Social de La Paz en punto de las 17:35 horas, desde muy temprano lo esperaban su abogado, Daniel Octavio García Rendón, y su pareja, Ana Paulina Alcalá Amador, dándose cuenta que su liberación era seguida por fotógrafos y camarógrafos de la prensa. Del trayecto del penal hasta un vehículo que lo esperaba, todo el tiempo estuvo sonriendo y luciendo de buen humor.
Este hombre señalado de actividad criminal, permaneció 167 días en prisión.
Inés Zamudio Beltrán y tres presuntos cabecillas de sus células delictivas, Ramiro Miranda Claro “El Grillo”, Edgar Gilberto Ontiveros Cota y Leodegario Camargo Cisneros, obtuvieron su libertad porque según el juzgador, “no se comprobó en autos el delito contra la salud, en su modalidad de posesión de narcóticos, la portación de armas de fuego, ni la posesión de cartuchos reservados para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional”.
Para determinar lo anterior, Quijano Álvarez se basó en la tesis del principio de presunción de inocencia, que en materia procesal penal, impone la obligación de arrojar la carga de pruebas al acusador. Es -transcribió- un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso y constituye el derecho de recibir la consideración, y el trato de “no autor y no partícipe” en un hecho de carácter delictivo u otro tipo de infracciones, mientras no se demuestre lo contrario.
Según el representante del Poder Judicial, ni los militares ni el Ministerio Público Federal demostraron fehacientemente que Zamudio y sus cómplices habían sido capturados -como indicaron en el parte con que acreditaron la aprehensión- por los soldados en un lugar conocido como “El Médano”, en una brecha que conduce de Santa Rita a un campo pesquero denominado Puerto Chale, próximo a los límites de los municipios de La Paz y Comondú, Baja California Sur.
De acuerdo a su visión, los dichos de cinco amigos de los indiciados, presentados como testigos por la defensa y una nota de compra de un supermercado de Ciudad Constitución, Baja California Sur, refutaron la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Como en el caso del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank, Quijano decidió ignorar el valor probatorio de lo incautado: cinco kilos de marihuana, dos kilos y medio de cocaína, 180 dosis de crystal, 165 dosis de crack, tres armas de fuego -una corta, una escopeta y un rifle de asalto-, tres cargadores de arma de fuego y 75 cartuchos útiles de diferentes calibres, independientemente de los antecedentes criminales de los involucrados.
En la sentencia número 31/2011, tampoco se concedió valor probatorio pleno al testimonio de tres militares que participaron en el operativo de captura.
“Los acusadores no pudieron comprobar la culpabilidad de los ilícitos”, manifestó.
La versión de los Militares
En el expediente que obra en manos de ZETA, y basado en un parte informativo del Ejercito Mexicano, Inés Zamudio Beltrán, Ramiro Miranda Claro alias “El Grillo”, Edgar Gilberto Ontiveros Cota y Leodegario Camargo Cisneros, fueron detenidos el 1 de febrero en “El Médano”, donde militares habían instalado un puesto de control móvil. Desde ahí observaron a tres vehículos procedentes de Puerto Chale en dirección a Santa Rita y, repentinamente, cambiaron de dirección al advertir la presencia de soldados, por lo que se inició una persecución que terminó con la captura de los delincuentes antes mencionados, cuando el automóvil que encabezaba el convoy se atascó en el fango.
Fuerzas castrenses informaron que Zamudio tenía en posesión un rifle calibre .223, marca Ruger; una pistola escuadra calibre 9 milímetros, un cargador con 10 proyectiles calibre .223, una escopeta marca Remington calibre .122 y una bolsa negra con ocho balas calibre .223; 27 cartuchos calibre .380, tres cargadores para rifle de asalto AK-47 y un cargador para R-15. En otra bolsa se encontraban 18 envoltorios con marihuana, 82 cigarrillos de la misma hierba, 43 envoltorios de cocaína base, una bolsa de cocaína y 171 envoltorios de metanfetaminas.
Edgar Gilberto Ontiveros Cota y su copiloto, “El Grillo”, tenían en su poder una bolsa de plástico con marihuana y un paquete rectangular confeccionado con cinta canela y papel aluminio, también con marihuana en su interior.
Mientras que Leodegario Camargo Cisneros tenía en su poder una bolsa de plástico con marihuana y una bolsa de cocaína.
Los dichos de la defensa
Al momento de rendir su declaración, la versión de los presuntos delincuentes fue que personal militar y policías estatales los habían detenido en operativos por separado y en lugares diferentes al indiciado en el parte informativo.
Los inculpados aseguraron no conocerse entre sí, y cada uno expuso una versión diferente de cómo ocurrieron sus respectivas detenciones.
Inés Zamudio Beltrán mencionó que lo aprehendieron el 1 de febrero, entre las 11:00 y 12:00 horas del día, en un domicilio particular ubicado en las calles José María Morelos y Pavón, entre Ruiz Cortines y Miguel Alemán de la colonia Los Pinos en Ciudad Constitución, Baja California Sur, donde estaban viviendo de forma provisional por la persecución militar.
Relató que su pareja sentimental, Ana Paulina Alcalá Amador, había salido de compras a un establecimiento de Bodega Aurrera con la propietaria del inmueble, Adriana Collins Tonche. Cuando se preparaba para rasurarse, tocaron la puerta, abrió, fue empujado y tirado al suelo por unas ocho personas con vestimenta militar. Dijo que inmediatamente lo subieron a un vehículo tipo Hummer y se lo llevaron detenido, sin tener en posesión nada ilegal.
Edgardo Gildardo Ontiveros Cota reseñó que lo apresaron a las siete de la noche del 1 de febrero, en la calle 16 de septiembre de Ciudad Constitución, Baja California Sur, cuando se dirigía a su casa por una cena que ya tenía preparada, pero que dentro del hotel El Tesoro lo estaba esperando a una muchacha de nombre María Elena, quien había salido con él a tomarse unas cervezas y a pasar el rato.
Por su parte, Ramiro Miranda expuso que fue detenido cerca de la una de la tarde del 1 de febrero por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en ese tiempo a cargo de Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar. Que salía de trabajar a la hora de la comida en Puerto San Carlos, Baja California Sur.
Leodegario Camargo Cisneros, aseguró que lo aprehendieron por la noche del 1 de febrero, no recordó la hora, pero que no fueron soldados, sino agentes de la PEP, mientras “daba la vuelta” a un mitin político del Partido Revolucionario Institucional, y que al pasar por una calle de la que no recordó el nombre, lo detuvieron, se lo llevaron “al monte”, donde lo golpearon, y de ahí a un hotel donde lo encerraron. Ya después lo dejaron en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Compulsa
Una vez que el juzgador conoció ambas versiones, comenzó a recabar testimonios del caso y, en primer lugar, citó a declarar a tres militares, quienes respondieron a un cuestionario sobre la elaboración del parte informativo, el puesto de control móvil, los vehículos utilizados en el operativo, la regularidad con la que se colocan los puestos de revisión, la dirección de unos disparos que hizo Inés Zamudio Beltrán en contra de militares, el motivo por el que no se recogieron los cartuchos percutidos, la forma del traslado de los inculpados, el tipo de comunicación telefónica que hubo al momento de la detención de los criminales, y las llamadas que se hicieron al Centro de Operación Estratégica en La Paz, Baja California Sur.
Para Quijano, las respuestas al interrogatorio arrojaron contradicciones entre los testimonios de los militares.
La defensa de Zamudio Beltrán, encabezada por el abogado Daniel Octavio García Rendón, con despacho en Calle Vialidad Interior número 242, esquina Pez Vela del exclusivo fraccionamiento Fidepaz, de la ciudad de La Paz, ofreció cinco testimonios de personas relacionadas con el presunto criminal.
1. Ana Paulina Alcalá Amador, pareja sentimental.
2. Adriana Collins Tonche, dueña de la casa donde se escondía.
3. Eduwiges Aguilar Rodríguez, amiga.
4. Juan Carlos Ruan Flores, amigo.
5. Gilberto Rodríguez Peña, amigo.
Los testigos sostuvieron que el narcotraficante había sido detenido en el domicilio de la colonia Los Pinos en Ciudad Constitución, Baja California Sur.
En el caso de Edgardo Gildardo Ontiveros Cota, el inculpado presentó unticket de compra expedido por la negociación Súper Murillo, S.A de C.V., con domicilio en Bulevar Cervantes del Río, entre Belisario Domínguez y Niños Héroes de Ciudad Constitución, bajo el folio NV-5579604, entregado en la caja cinco, con fecha primero de febrero, por la cajera Ana Karen Gallardo Roque, al cual se le confirió el estatus de “eficacia probatoria” de que el delincuente había estado en ese lugar el día de su captura.
Los otros dos detenidos, Ramiro Miranda Claro “El Grillo” y Leodegario Camargo Cisneros, no presentaron pruebas ni testimonios a su favor.
Cabe destacar que el pasado primero de julio, un juez autorizó una inspección a la tienda Súper Murillo, donde estuvo personal del Juzgado, de la PGR y la defensa de los inculpados, quienes solicitaron a Gloria Navarro, gerente de la tienda, una copia de la grabación de las videocámaras del negocio para tratar de demostrar que el inculpado, Edgardo Gildardo Ontiveros Cota, estuvo en el lugar.
Sin embargo, una vez revisada la cinta no hubo manera de comprobar la versión de que el criminal estuvo en ese lugar, pero el juzgador de todos modos la dio por válida.
Las Dudas
En el expediente llama la atención que únicamente se dio cabida a la versión de los cinco testigos presentados por el líder de “Los Zamudio”, Inés Zamudio Beltrán, y al ticket de compra de Ontiveros, sin que el juez Alejandro Quijano Álvarez se tomara el tiempo de corroborar el origen del comprobante de pago.
Además, en el legajo se puede comprobar que tampoco fueron llamados a declarar los supuestos agentes de la PEP que habrían detenido a Ontiveros, Miranda y Camargo.
Como tampoco se requirió al personal de la PGR, que supuestamente recibió de manos de la PEP, a uno de los detenidos y lo resguardaron por espacio de varias horas hasta que llegaron los soldados.
Otros de los testigos que tampoco citaron, son:
1. La recepcionista del hotel El Tesoro, donde presuntamente habría estado Ontiveros y la mujer de nombre María Elena, que estuvo con el operador de Zamudio.
2. La cajera de Bodegas Aurrera que atendió a la amiga y a la pareja sentimental de Zamudio.
3. Algunos pobladores de Santa Rita que observaron a distancia el operativo militar y, cuando menos, se dieron cuenta que habían estado en el lugar.
El Juez Segundo de Distrito tampoco consideró en su sentencia los antecedentes criminales de Inés Zamudio Beltrán y de Leodegario Camargo Cisneros. El 19 de septiembre de 2006, este último había sido detenido en posesión de 370 gramos de marihuana, 24 gramos de crack y 12 gramos decrystal en la colonia Vista Hermosa de San José del Cabo, lo cual quedó asentado en la averiguación previa PGR/BCS/LC-III-2/150/2006 y, después de salir libre, se fue a delinquir a Comondú.
La carencia de elementos sirvió para que el juez Alejandro Quijano Álvarez sostuviera que “en esa instancia del juicio, no fue factible la acreditación de los ilícitos y variantes atribuidos y se consideró la responsabilidad de los inculpados, como se hizo entonces, ya que los delitos debieron acreditarse en forma plenaria, de tal suerte que los datos de cargo resultaron insuficientes frente a la desvirtuación (sic) de los mismos”.
Finalmente, justificó que su sentencia estaba sustentada en que no existía certeza ni convicción de que se hubieran realizado dichos delitos, mucho menos que los sentenciados fueran las personas que detentaran los objetos asegurados.
Consideró:
“Los datos existentes no son idóneos ni concluyentes para arribar a la plena certidumbre de que se haya realizado tal proceder, menos que sea atribuida a Inés Zamudio Beltrán, Ramiro Miranda Claro, Edgar Gilberto Ontiveros Cota y Leodegario Camargo Cisneros, y por ende, es insuficiencia de elementos incriminatorios para sustentar un falló de condena”.
Una vez capturado José Luis Valverde Valverde “El Zapata”, las autoridades locales presumen que Inés Zamudio Beltrán retomará el mando criminal de la organización, en tanto que ellos buscarán fincarle responsabilidades penales por el crimen de Juan Manuel Ceja Robles “El Michoacano”, asesinado el 24 de febrero de 2007, y en el cual existen imputaciones directas en contra de Zamudio por parte de la esposa de la víctima, de nombre María Alejandra Álvarez Villanueva, según datos que obran en el expediente 10/PME/CD.CONST/2007.
100 días de promesas incumplidas
Covarrubias sin resultados en BCS
En el balance de los primeros 100 días de administración, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor no cumplió una sola de sus promesas de campaña. Tampoco ha informado oficialmente los resultados de las auditorías a su antecesor, Narciso Agúndez Montaño.
Gerardo Zúñiga Pacheco
La Paz, Baja California Sur.- “Habremos de revisar las cuentas, porque los sudcalifornianos, tienen derecho a saber en qué se gastó su dinero y el estado que guarda la administración estatal, porque como lo dije en campaña, quien tenga algo que esconder y tenga algo que pagar, lo va hacer, porque en mi gobierno no habrá impunidad”, dijo el 31 de marzo pasado el gobernador panista de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, en una entrevista con ZETA.
Seis días antes de su toma de posesión el sucesor del perredista Narciso Agúndez delineó los ejes centrales de lo que sería su administración y recordó claramente sus promesas de campaña:
1.- Resolver los crímenes del joven abogado Jonathan Hernández Ascencio y del comerciante, Jesús Asael Valtierra Loya, así como la desaparición de la niña Lisset Soto Salinas, ya que, según reconoció, son casos que han lastimado severamente a la sociedad.
2.- Solucionar el rezago de expedientes en la procuración y administración de justicia en el estado, porque señaló que hay una corrupción galopante que ha orillado a mucha gente a no atreverse a denunciar.
3.- Promover una reforma –en cuanto tomó protesta así lo aseguró– al Código Penal del Estado.
4.- Impulsar de manera urgente el Consejo de la Judicatura en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, ya que dijo “vemos con tristeza cómo se acumulan día a día expedientes con todo tipo de delitos”.
5.- Crear la Secretaría de Desarrollo Social para atender a las clases sociales más vulnerables.
6.- Implementar un programa de desempleo de la mano estrechamente con el sector empresarial y productivo para fomentar y crear fuentes de empleo en el estado.
7.- Ordenar la elaboración de auditorías a la administración saliente, y en caso de haber elementos, interponer las denuncias penales correspondientes para el deslinde de responsabilidades, ya que, tal como afirmó, “en mi gobierno no habrá impunidad”.
8.- Enviar una iniciativa de Ley al Congreso local para considerar el delito de invasión o despojo como grave y evitar que este tipo de prácticas se sigan dando sobre todo en destinos como Los Cabos, Loreto y hasta La Paz.
9.- Apoyar la creación y construcción de casas del estudiante en La Paz, Comondú y Mulegé.
10.- Entregar de manera gratuita los uniformes a estudiantes de nivel Primaria en cada nuevo período escolar.
11.- Implementar un programa que cierre la brecha o diferencia entre la educación rural y la urbana.
12.- Promover la transparencia y exponer públicamente datos que reclama y exige la sociedad de cómo se gasta el dinero público y cuánto gana un servidor público, y de ser necesario, revisar el tabulador de salarios para pagar sueldos acordes a la nueva circunstancia económica del estado.
13.- Resolver crímenes e incluso corregir procesos torcidos, porque la sociedad está exigiendo un cambio de actitudes y conductas.
14.- Poner a disposición de instancias federales los antecedentes de los titulares de la PGJE y de la SESP.
15.- Implementar un programa de limpieza en la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque –según declaró— “vamos a detectar a esos malos elementos y funcionarios que desgraciadamente pusieron contra la pared a la ciudadanía”.
16.- Diseñar un plan hidráulico para evitar que siga registrándose un grave desabasto de agua en la capital del estado, sobre todo en época de calor.
Las expectativas
Las grandes expectativas que había provocado la administración desde su toma de posesión se desvanecieron, desde el momento mismo en que el gobernante en turno dio a conocer los nombres de los principales integrantes de su gabinete, en donde prevalecieron figuras ligadas al PRD y al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, algunos de los cuales tienen denuncias penales activas en su contra, como el secretario privado del actual mandatario, Arturo de la Rosa Escalante.
Únicamente en el caso del ex Presidente de la gran comisión de la legislatura pasada y hoy colaborador de Covarrubias, existen pruebas documentales de un desvío de 6 millones 55 mil 695 pesos con 68 centavos, ocurrido en el ejercicio fiscal del 2009 y detectado por el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Baja California Sur. El secretario privado del actual gobernador está por encima de la Ley y goza de cabal impunidad, porque hasta hoy, no ha tenido castigo el desvío de recursos públicos.
Las promesas de Covarrubias de que “colocaría en su gabinete a personas íntegras que respondieran a las expectativas y depuraría a todos aquellos funcionarios que pusieron contra la pared a la ciudadanía en la pasada administración”, parecieran haberse quedado en el olvido, ya que muchos de los servidores públicos del gobierno agundista fueron nombrados en cargos públicos en la administración panista, a pesar de haber sido cómplices del saqueo y de las irregularidades que terminaron por derrocar del poder al PRD. Ellos son:
1.- Arturo de la Rosa Escalante, Secretario Privado del Gobernador.
2.- Roberto Avilés Rocha, Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología.
3.- Joel Ávila Aguilar, Secretario de Promoción y Desarrollo Económico.
4.- José Manuel Santoyo García, Coordinador de la Dirección de Gobernación.
5.- José Antonio Ramírez, Secretario de Finanzas.
6.- Héctor Ibarra Espinoza, recientemente destituido como Director del Centro Estatal de Estudios Científicos y Tecnológicos.
7.- José Irineo Martínez Ordaz, encargado –desde hace 100 días— de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.
8.- Juan Manuel Reyes Cervantes, Director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos.
9.- Salvador Robles Villalobos, Director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte.
Es decir, los servidores públicos del PRD pasaron a trabajar a la administración del PAN, sin cuidar las formas y sin ningún tipo de recato, lo que hoy se describe en la percepción pública, como el primer gran desacierto de Marcos Covarrubias Villaseñor, y el cual –según un estudio de opinión recientemente elaborado— está teniendo sus primeras repercusiones al conocerse la baja popularidad de la que hoy goza el mandatario a solamente cien días de haber tomado el poder.
El propio líder del PRD, Adrián Chávez Ruiz –de donde salió Covarrubias— ha cuestionado los nombramientos de perredistas dentro de la estructura gubernamental, porque dice que algunos de ellos están sumamente cuestionados, y citó los casos del secretario de finanzas y del secretario privado del gobernador.
Durante una entrevista con ZETA advirtió que así como se denunció penalmente al ex gobernador –a quien no defendió–, se deben deslindar responsabilidades por la supuesta desaparición de 845 millones 858 mil 451 pesos entre 2008 y 2010 y cuyos datos se pueden obtener de los estados financieros de ese período.
En el caso del secretario del ejecutivo, Arturo de la Rosa Escalante, consideró que debe de seguir adelante el proceso penal en su contra abierto por el desvío de dinero público y castigarlo al igual que a otros 70 ex funcionarios que tienen averiguaciones abiertas en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Por los números del estudio de opinión elaborado recientemente, es obvio que la luna de miel que había en campaña entre los sudcalifornianos y Marcos Covarrubias Villaseñor, ya se acabó, y las falsas promesas, simplemente quedaron expuestas con hechos.
Por ejemplo, el no esclarecimiento de 4 de los 6 crímenes registrados desde su toma de protesta a la fecha en Baja California Sur.
Los abusos de poder que tanto criticó el gobernador del PAN, hoy son una realidad en su administración, cuando el pasado 18 de julio estalló un escándalo público en el que está inmiscuido su Secretario de Salud, Santiago Alán Cervantes Landa.
Y es que resulta que hasta hoy la Procuraduría General de Justicia del Estado está tratando de resolver un caso registrado el 4 de noviembre del 2009 cuando, a punta de golpes y torturas, los agentes ministeriales incriminaron al joven Manuel Zavalza Alvaradejo en un asalto en un consultorio médico del titular de Salud.
Lo más grave de todo es que el joven fue detenido simple y sencillamente por órdenes del Secretario de Salud, cuando el pasado 3 de julio alertó vía telefónica a un grupo de agentes de la Policía Estatal Preventiva al “haber reconocido a uno de los asaltantes de su despacho clínico y que estaba parado afuera del Cinépolis de la Plaza Soriana en La Paz”.
Los policías de inmediato se trasladaron al lugar y lo detuvieron sin mediar una orden de presentación o aprehensión girada en su contra y lo entregaron a la policía ministerial, quien en sus manos, lo privó de su libertad y lo golpeó salvajemente hasta que aceptara haber participado en el delito cometido contra el titular de Salud.
La investigación a cargo del agente del ministerio público del fuero común de homicidios dolosos, Ricardo Escopinichi Hernández, quien en la administración pasada participó en la liberación de un narcotraficante y su pareja sentimental del Cártel de la “Familia Michoacana” a cambio de 2 millones y medio de pesos, según una investigación vigente de la SIEDO, ordenó su encarcelamiento y actualmente está recluido en el Cereso de La Paz.
“Es muy lamentable y deja mucho que desear que al inicio de su administración, se sigan dando este tipo de prácticas, donde la tortura, el maltrato, la intimidación y el abuso de la autoridad, sean los únicos medios para poder inculpar a gente inocente”, expuso el padre del joven detenido en una carta al gobernador del estado.
Las Interrogantes
Sin embargo, independientemente de los nombramientos en el gabinete estatal, hasta ahora ninguna de las principales promesas de campaña del gobernador del PAN, se ha cumplido.
Ni siquiera el principal reclamo social, que es la exigencia del deslinde de responsabilidades en contra de ex funcionarios de la pasada administración, quienes abusaron del poder, saquearon las arcas públicas y se enriquecieron ilícitamente a costa de los sudcalifornianos.
En su toma de protesta, el gobernador panista ofreció públicamente que informaría en su debido momento sobre el estado que guardaba la administración una vez que compulsara o cotejara la información que obra en el documento de entrega-recepción, es decir, revisaría lo que el gobierno pasado afirmó haber entregado, y lo que realmente recibió.
Hasta hoy nada se ha informado, por lo que el silencio de Marcos Covarrubias Villaseñor, hasta cierto grado, es sospechoso porque nada se sabe sobre los estados financieros de Baja Sur y porque existen más preguntas que respuestas.
Todo lo anterior, es validado por el líder del PRI, Agapito Duarte Hernández. En un encuentro con este semanario opinó que es prácticamente imposible que pueda hacer una evaluación de la administración de Covarrubias sobre los primeros 100 días, porque hasta la fecha no se ha informado nada en torno a cómo recibió el gobierno.
A su juicio, la administración panista no tiene una definición en políticas públicas “en poco más de tres meses, así como tampoco se ha desligado de las pillerías y el abuso de poder en el régimen anterior”.
El líder priista fue muy claro al hacer un diagnóstico sobre el gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor. “No hay perfiles ni proyectos, no hay visión de futuro, ni tampoco un indicativo para combatir la impunidad”.
Descalificó los desencuentros entre el PRD y el PAN, registrados durante las últimas semanas en torno al debate que se generó por la denuncia penal interpuesta en contra del ex gobernador, Narciso Agúndez Montaño, ya que “no existe calidad moral en ninguno de los dos partidos políticos, cuando los funcionarios públicos actuales, provienen del anterior gobierno perredista ”.
Y citó como ejemplo el caso de José Antonio Ramírez y Joel Ávila Aguilar, quienes tras ser secretarios en la administración perredista, ahora están en las filas panistas “como un gran número de funcionarios de primer nivel”.
Entre los cuestionamientos que andan en boca de los sudcalifornianos está el monto de la deuda pública heredada por la administración pasada, los resultados obtenidos y las conclusiones en la revisión de los estados financieros y las principales operaciones del gobierno anterior. También los ciudadanos se preguntan qué registro contable y control de bienes recibió el gobierno de Covarrubias, cuál fue el presupuesto ejercido por la administración anterior y dónde está el origen del dinero, quiénes son los proveedores del gobierno, qué propiedades se vendieron y bajo qué condiciones y precios se desarrollaron las operaciones de compraventa, además de cuántos créditos bancarios solicitó la administración anterior y en qué se gastó el dinero.
Dudas sin respuesta en la actual administración panista. Por consiguiente, nadie ha salido a la opinión pública a informar sobre el resultado de la revisión de los estados financieros y los registros contables en los documentos de entrega-recepción.
Todo ello, sin considerar la auditoría ordenada por el gobernador Covarrubias, y de la cual, tampoco se han presentado los resultados correspondientes en los primeros 100 días de administración, pese a que –presumió el mandatario– trabajaría en coordinación con la Secretaría de la Función Pública Federal, donde hay una vasta experiencia en la revisión de cuentas y en la detección de irregularidades en materia administrativa y contable.
Por eso, el líder del PRI, Agapito Duarte Hernández, consideró que “en los primeros cien días de administración, no existe claridad ni rumbo en un gobierno que está dejando mucho que desear y está generando un desencanto social, cuando la gente ha comprendido que las mismas personas que integraron el anterior gobierno, son ahora los funcionarios públicos que señalan culpables para justificar su inmovilidad y su incapacidad, por eso, para que exista credibilidad –recomendó— el gobernador debe cumplir su promesa de aplicar la ley”.
Los resultados
En los primeros cien días de gobierno, la administración de Marcos Covarrubias Villaseñor no registra grandes logros en su corto período gubernamental. De las palabras a los hechos, lo más destacado que hasta hoy se ha visto o palpado en su administración son los constantes viajes y reuniones con Secretarios de Estado y hasta con el Presidente de México y su participación en cumbres panistas en el centro del país.
En la rendición de cuentas únicamente está el caso de la denuncia penal interpuesta en contra del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y el ex titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Guillermo Jáuregui Moreno por el asunto de los siete bienes inmuebles del Fraccionamiento “El Pedregal” de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Sin embargo, lejos de ofrecer información a la sociedad sobre el avance de las investigaciones contra el ex gobernador y su ex colaborador, la PGJE, se ha cerrado de tal manera que nadie sabe lo que sucede en el caso.
ZETA solicitó una entrevista con el secretario general de gobierno, Carlos Mendoza Davis, dado que como coordinador de los secretarios pudiera hacer una evaluación de los primeros 100 días de administración. Hasta el cierre de esta edición, la responsable de la comunicación de las dependencias del gobierno de Covarrubias, Azucena Argueta, no respondió al llamado. De hecho, de entrada –señaló la funcionaria— el gobierno de Marcos Covarrubias, “no tenía contemplado nada sobre los cien días”, ya que eso estaba siendo promovido por algunas administraciones municipales.
En virtud de este hecho, el líder del PAN, Herminio Corral Estrada, salió al quite y dijo que desde su punto de vista, los primeros 100 días de Covarrubias se estaban caracterizando por el orden administrativo, la disciplina del gasto y la puesta en marcha de programas de inversión pública en beneficio de los habitantes de Baja California Sur.
“Son 100 días que marcan el inicio precisamente de una buena administración, una administración que durará cuatro años y medio. Y en estos primeros tres meses y días se han dado avances importantes con el respaldo del gobierno federal y con el apoyo político no sólo del Partido de Acción Nacional sino también de la ciudadanía del estado”, comentó.
En su opinión, dijo que no era nada sencillo recibir una administración que tuvo 12 años de desorden, de tal forma que el gobernador Marcos Covarrubias ha tenido que asumir los compromisos heredados de los gobiernos perredistas, que obligan al actual gobierno a darle seguimiento institucional a través de las diferentes secretarías.
El líder panista resaltó la buena gestión de Marcos Covarrubias, que logró conseguir un monto aproximado de 5 mil 500 millones de recursos extraordinarios para carreteras, educación, infraestructura deportiva y obras de carácter social.
Sin enumerarlas, refirió que se antojaba fácil hablar de esa cantidad, pero comparados con los 9 mil millones de pesos que el estado tenía de presupuesto, es poco más de la mitad de lo que se iba a gastar este año, lo que representa –a su juicio— un gran repunte y una alta gestión de parte de Covarrubias, y sobre todo, una gran respuesta del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.
Entre las obras más importantes de este gobierno destacó el término de la carretera de cuatro carriles de La Paz-Los Cabos –cuyo dinero ya está autorizado— y la construcción del Centro Internacional de Convenciones, donde se prevé llevar a cabo la cumbre del llamado G-20.
El dirigente del PAN dijo que el gobierno de Covarrubias recientemente entregó apoyos sin precedente a los ganaderos del estado, afectados por la sequía. “La administración está dando un gesto del ejercicio responsable, ordenado y eficiente de los recursos en beneficio de los habitantes”, abundó.
En contraparte, todavía no se ha dado a conocer de manera oficial el resultado sobre las auditorías, salvo algunos avances que de manera extraoficial han sido obtenidos por ZETA, y donde se encontraron evidencias de graves desvíos de recursos públicos, abusos de poder y tráfico de influencias que automáticamente incriminarían a Narciso Agúndez Montaño, Luis Armando Díaz, Alfredo Porras Domínguez, Daniel Camacho Álvarez, Jorge Alberto Vale Sánchez, Guillermo Jáuregui Moreno, Pablo Román Rangel Pinedo, Omar Castro Cota, Francisco Antonio Alcántar López, Lennin Giovanni Rodríguez Aguilar, Benjamín de la Rosa Escalante, Pedro Osuna López, Gustavo Núñez Drew, Héctor Ibarra Espinoza, Ramón Alejo Parra Ojeda, Bryan Westall González y Rosa Delia Cota Montaño.
En materia de obra pública, la administración de Covarrubias, anunció hace unos días la próxima licitación de 300 millones de pesos autorizados por el gobierno federal para obras de pavimentación, sin embargo, ha guardado absoluto silencio sobre las obras –que con alevosía y ventaja— el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño entregó justo antes de dejar el poder a las constructoras de sus amigos y familiares, Rodolfo Cotera Orozco, Gustavo Sánchez Porras, Fernando Aarón Talamantes Amador, Miguel Óscar Gutiérrez Gutiérrez, Enrique Fisher Ramírez, Sergio Andrade Banda, Angélica Tapia Rivera, Herminio Betancourt Geraldo, Freddy Erubey Martínez Rivera y al yerno y la hija del ex titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Lizbeth Jazmín Jáuregui Vega.
Sobre la promesa de campaña de regalar uniformes a estudiantes de nivel Primaria, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor anunció el pasado 20 de julio que todo estaba preparado para que antes del inicio de clases entregar gratuitamente la vestimenta a los niños de las escuelas oficiales, junto con su paquete de útiles escolares.
Empero, la percepción social en estos momentos no es nada favorable para el gobernante en turno. Quizá por ello, y en virtud del desgaste prematuro de su administración, el pasado 19 de julio salió por primera vez a reencontrarse con los ciudadanos, luego de su triunfo en las elecciones del 6 de febrero, según un boletín de la dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
En el comunicado oficial se relata que la carpa colocada por la coordinación de eventos del gobernador instalada en una cancha de la Colonia Revolución de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, resultó insuficiente para dar cupo a los cientos de vecinos que estuvieron en el evento.
Así, después de cien días, el gobernante panista, se reunió con su pueblo –como en campaña— donde anunció una inversión de 260 millones de pesos en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad en obras de electrificación en colonias de todo el estado y en comunidades rurales con menos de 100 habitantes.
Sin embargo, lo que, sin duda alguna, tiene preocupada a la sociedad, es la limpia que anunció el gobernante de Baja California Sur en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, donde no se ha logrado poner orden y ofrecer resultados palpables, y donde –dijo Marcos Covarrubias Villaseñor— pondría especial atención para dejar fuera a los malos elementos.
Hoy, por primera vez en la historia, el gobierno de Baja California Sur tiene un encargado de despacho en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública que ha durado tres meses en el cargo sin haber sido ratificado, en virtud de que no se ha querido informar sobre el resultado de la evaluación o los exámenes realizados el 6 y 7 de abril pasado a su titular, José Irineo Martínez Ordaz, quien dicho sea de paso, se ha negado reiteradamente a declarar sobre el crimen del joven abogado Jonathan Hernández Ascencio, ya que como director –entonces— de la Policía Ministerial del Estado estuvo al frente de las primeras investigaciones que hoy se sabe fueron torcidas para incriminar a chivos expiatorios y proteger a los verdaderos responsables, entre los que –en los expedientes– se señala a un hijo del ex gobernador Agúndez.
Hasta ahora, el propio titular de la SESP dijo no saber nada de los resultados de los exámenes de control de confianza, ya que sólo se lo entregaron a los gobernadores, sin embargo, dejó en claro que en caso de salir reprobado estaría dispuesto a dejar el cargo, aunque –insistió en una entrevista con los medios— “no le han notificado nada”.
Empero, hoy, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública se ha convertido en el refugio de quienes en la pasada administración, estuvieron implicados de manera directa o indirecta en la contaminación del proceso de ese caso que conmocionó a la sociedad, y el cual, a pesar de las promesas de Covarrubias, no ha logrado ser esclarecido.
Ellos son:
1.- Luis Alberto López López. De la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la PGJE y de asesor jurídico de la SESP, pasó a ser el secretario privado del titular de la SESP, José Irineo Martínez Ordaz.
2.- Noé Real Lizardi. De titular de la Subprocuraduría de Control de Procesos, pasó a ser asesor del titular de la SESP, José Irineo Martínez Ordaz.
3.- Édgar Siqueiros Rojas. De titular de la Dirección de Inteligencia de la PGJE, pasó a Subcomisario de Inteligencia de la SESP.
4.- Miguel Ángel Ramírez Paramo. De asesor del ex titular de la PGJE, Fernando González Rubio Cerecer y responsable de la extradición de Gary Gaines Hidalgo, pasó a Subdirector de Prevención Social bajo el mando de la SESP.
5.- José Ragner Torres Moreno. De Comandante de la Policía Ministerial del Estado, pasó a director del CERESO de La Paz, bajo el mando de la SESP.
6.- Fernando Ramírez Martínez. De Director de Servicios Periciales de la PGJE, pasó a Subcomisario de la SESP.
7.- Juana María Silva Avilés. De ser una de las principales activistas del ex candidato a gobernador, Luis Armando Díaz, pasó a una coordinación de fondos federales de la SESP.
Todos los citados estuvieron implicados en el caso de Jonathan Hernández Ascencio. Sin embargo, terminaron premiados por la nueva administración de Marcos Covarrubias Villaseñor, quien en el caso de la PGJE, únicamente ha rotado ministerios públicos de una ciudad a otra, no importando que hayan tenido tratos con el crimen organizado, como es el caso de Ricardo Escopinichi Hernández u otros agentes del ministerio público que en el pasado estuvieron involucrados en graves casos de corrupción, protagonizando investigaciones torcidas y encarcelando a gente inocente por órdenes superiores, hasta por obtener dinero de una manera fácil y rápida.
La burbuja que ha encapsulado a Marcos Covarrubias Villaseñor prácticamente no le permite ver y palpar que en poco tiempo su poder se está diluyendo día a día, lo que se verá reflejado en las elecciones federales de 2012 y en su propia sucesión gubernamental en 4 años y medio que le toque dejar el poder.
Robos, desvíos y desfalcos
Más de 82 millones de pesos manejados ilícitamente
Las Auditorías en los ayuntamientos que los actuales alcaldes de Comondú y Mulegé ordenaron a las administraciones de sus predecesores perredistas aún no concluyen, pero ya exhiben desvíos y sobreprecios en un crédito de 67 millones manipulado por el ex munícipe Joel Villegas Ibarra. Y más de 15 millones de pesos desparecidos por el gobierno de José Manuel Murillo Peralta, quien utilizó recursos etiquetados del FORTAMUN para su gasto corriente.
Alejandro Acuña Rivera
Los despachos contables detectaron decenas de irregularidades en el manejo de recursos públicos municipales, estatales y federales, incluso en algunos créditos bancarios adquiridos entre los años 2009 y 2010 por los gobiernos municipales de Comondú y Mulegé.
Como presuntos responsables de estos recursos públicos desviados están los ex alcaldes Joel Villegas Ibarra y José Manuel Murillo Peralta, además de algunos de sus ex secretarios.
Las auditorías que abarcaron del primero de enero del 2009 al 31 de marzo del 2011, contemplaron todos los registros contables y documentación entregada por las anteriores administraciones, y en donde, se contemplaron los siguientes procedimientos.
1.- Obtención de información básica para la revisión.
2.- Entrevistas con los principales funcionarios y empleados.
3.- Investigación y análisis general del proceso contable.
4.- Revisión de conciliaciones bancarias.
5.- Análisis de los estados financieros, balanza de comprobación y registros auxiliares.
6.- Integración de las principales cuentas que forman parte de los pasivos y activos.
7.- Envío de confirmaciones de saldos con las principales cuentas.
8.- Envío de confirmaciones abogados al órgano superior de fiscalización, contraloría general y otros organismos.
9.- Examen de auxiliares de mayor por operaciones relevantes.
10.- Cotejo de operaciones contra estados de cuenta bancarios.
11.- Revisión de expedientes de venta de terrenos.
12.- Revisión de cálculos del ISABI (Impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles)
13.- Revisión de operaciones de los créditos bancarios.
Bajo ese procedimiento, se comenzó una investigación para poder obtener información sobre las cuentas de activo circulante, fondos fijos de caja, bancos, conciliaciones bancarias, fondos en poder de recaudadores, anticipos a proveedores, cuentas por cobrar, anticipo de obras, fondos de funcionarios pendientes de aplicación presupuestal, bienes inmuebles, registros contables y control de bienes, venta de terrenos, cuentas de pasivos, retenciones a favor de terceros, proveedores, acreedores, documentos por pagar a corto plazo, documentos por pagar a largo plazo, pasivos contingentes, cuentas de ingresos, cobranza en oficinas recaudadoras, cuentas de egresos, pagos efectuados, programas federales, otros retiros, obligaciones incumplidas, retenciones, aprobación de cuentas públicas y asuntos legales.
Comondú
En el caso de Comondú, los auditores detectaron un contrato de apertura de crédito simple y constitución de garantía, celebrado el 16 de octubre del 2009, entre Luis Benito Ruiz Bogarin, delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), y Joel Villegas Ibarra, ex presidente municipal, Julio Vega Pérez, ex secretario general y Sergio Avilés Mendoza, ex tesorero.
El contrato de préstamo de 67 millones 680 mil 054 pesos fue avalado por los regidores en las sesiones de cabildo 25 y 29 celebradas el 18 de mayo y 5 de junio del 2009. También respaldado por los diputados el 30 de septiembre de 2009 a través del decreto número 1806, publicado en el boletín oficial del gobierno del estado de Baja California Sur.
En la segunda cláusula del contrato se establece que el acreditado se obliga a destinar el importe del crédito, precisa y exclusivamente para financiar los siguientes conceptos.
1.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico.
2.- Construcción de pavimento asfáltico.
3.- Rehabilitación de calles.
4.- Saneamiento hidráulico.
5.- Saneamiento sanitario.
6.- Alumbrado público.
7.- Nomenclatura.
8.- Edificaciones y obras de protección.
9.- Equipo y maquinaria.
Sin embargo, en la revisión contable, se detectó que el dinero no fue utilizado, como estaba previsto en el contrato del crédito: Existía un apartado que contemplaba poder sustituir uno o más proyectos asociados al destino de dinero, siempre y cuando Banobras recibiera una solicitud de autorización previamente por escrito, pero la administración de Joel Villegas Ibarra, desvió el destino del dinero, donde se detectaron “sobreprecios y alteraciones a gran escala” en los supuestos gastos ejercidos, sin autorización del Banco Nacional.
Los más notorios fueron:
1.- Adquisición de camas hospitalarias.
2.- Pago de mano de obra del programa de ahorro y subsidio “Tu casa”.
3.- Construcción de 50 recámaras adicionales del programa de ahorro y subsidio “Tu casa”.
4.- Construcción de segunda etapa de ciclo-pista en la colonia Pioneros de Ciudad Constitución, Baja California Sur.
5.- Programa de rescate de espacios públicos.
6.- Programa Hábitat 2009.
7.- Reparación de bordos.
8.- Sincronización, suministro e instalación de controladores automatizados con sensores y reubicación de cuatro semáforos dentro de Ciudad Constitución.
9.- Elaboración de proyecto de recuperación de playa la curva de Puerto San Carlos, Baja California Sur.
El dinero del crédito fue depositado en la cuenta bancaria número 65-50253014-3 del banco Santander de la sucursal 4557 de Ciudad Constitución, Baja California Sur, a través de un traspaso interbancario con la clave bancaria estandarizada 014042655025301439.
El crédito fue pactado a liquidarse en 144 mensualidades con una tasa de interés del 2.64 por ciento, que se recuperaría a través del descuento de participaciones federales, lo que comprometió los recursos que estaban programados para pagar el sueldo de los trabajadores del ayuntamiento.
Solapados por el delegado de Banobras, Luis Benito Ruiz Bogarain, quien no cumplió con su obligación de dar seguimiento, el ex alcalde nunca acreditó la aplicación de los recursos ejercidos al amparo del contrato, comprobación contemplaba como obligación en la cláusula décima cuarta, un plazo de 120 días, a partir de la disposición del dinero.
Jamás fueron obligados a probar ante ninguna autoridad que las obras y adquisiciones establecidas dentro del contrato con recursos del crédito fueron licitadas conforme establecen las disposiciones legales. Evadieron la ley impunemente, solapados por instancias federales.
Mulegé
En el caso de Mulegé, lo primero que encontraron los auditores fue un dique que no permitió auditar el ejercicio presupuestal 2010, ya que –según explica el despacho auditor— los documentos estaban en manos del Órgano Superior de Fiscalización en revisión y aprobación. Por eso, lo único que revisaron fueron registros contables, y este procedimiento no constituye propiamente una auditoría, sin embargo, de entrada se obtuvo información relevante.
Los auditores detectaron 11 fondos que no registraban movimientos desde 2009, en algunos casos de dos administraciones anteriores, la del priista Marco Antonio Núñez Rosas y la del perredista Pedro Osuna López. Las cuales estaban a cargo de ex empleados y cuyos fondos económicos ya habían sido retirados, simplemente no existían. El dinero depositado en esas cuentas iba desde los 500 pesos hasta los 20 mil.
La lista de involucrados está encabezada por la hoy diputada del PRD, Edith Aguilar Villavicencio, seguida de Martín Ignacio Ibarra Zúñiga, Margot García García, Santa Apodaca Peralta, Apolonio Ávalos Campos, Óscar Girón Soto, Luis Torres Gutiérrez, Juan Guillermo Villa Bastida, José Ignacio Campoy Aguilar, Juan Antonio Ceseña Urías y Jorge Marrón Pacheco.
Asimismo, los auditores detectaron fondos no registrados en la administración de Guillermo Santillán Meza, como el caso del cajero Martín Martínez Romero, quien contablemente, tiene en su cuenta mil pesos del erario.
Las 30 cuentas bancarias a nombre del ayuntamiento de Mulegé en los bancos Bancomer y Banamex –según auditores— registran un sobre giro de 4 millones 292 mil 336 pesos con 38 centavos.
Desde el punto de vista contable, las cuentas sin movimiento y en números rojos, exponen un descuido y falta de seriedad en la parte contable y administrativa, por lo que los auditores, recomendaron cancelar las cuentas, y en caso de existir algún saldo –lo cual dudaron— traspasarlo a cuentas activas.
Las únicas cuentas con movimiento reciente son las de cuenta corriente, fondo de administración, contingencias, fondo de infraestructura social municipal, fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios y el fondo de pavimentación y espacios deportivos para municipios.
Al momento de la realización de la auditoría, los contadores no pudieron revisar las conciliaciones bancarias de los meses de marzo y abril del 2011, porque en el departamento de contabilidad del ayuntamiento había un retraso de dos meses.
En esta revisión, se detectó también que había cheques en tránsito expedidos desde hace tres meses –de considerable antigüedad— y se descubrió que la cuenta bancaria número 0170965499 del FORTAMUN 2010 (programa federal con recursos “etiquetados”) estaba siendo utilizada por la administración anterior en el gasto corriente del ayuntamiento. Esta cuenta está intervenida por órdenes de autoridades laborales, en relación con una serie de denuncias interpuestas en tribunales por ex trabajadores que obtuvieron fallos favorables y su destino deberá ser soportado documentalmente en octubre próximo.
En la auditoría los contadores consideraron como un caso “muy delicado y grave” la desaparición de 15 millones 191 mil 049 pesos con 12 centavos que estaba en un fondo en poder de recaudadores, y el cual en la revisión no apareció por ningún lado, es decir, se desconoce el destino del dinero, por lo que se procedió formalmente a solicitar la comprobación, aclaración o el reintegro de los recursos públicos, empezando por los ex funcionarios de las últimas dos administraciones que representan el 57 por ciento y 23 por ciento de una lista de 19 personas.
Asimismo, existen comprobantes de reembolsos pendientes de contabilizar, como por ejemplo, 1 millón 027 mil 146 pesos con 56 centavos a nombre del cajero José Ernesto Núñez Zumaya.
El boicot de Agúndez
Alcalde dejó plantados a funcionarios en la organización de la Cumbre del G-20
El presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez, dejó plantados a funcionarios estatales y federales. En un evidente acto de revanchismo político por una investigación de la Secretaría de la Función Pública y una denuncia penal en contra de su hermano, el ex gobernador de Baja California Sur, prefirió viajar a una reunión política de alcaldes perredistas en Mérida, en vez de comenzar con los preparativos de la cumbre internacional del Grupo de los 20, prevista para junio de 2012.
Gerardo Zúñiga Pacheco
San José del Cabo, Baja California Sur.- La publicitada cumbre del llamado Grupo de los 20 tuvo su primer desencuentro, cuando el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, prefirió estar presente en una reunión política de alcaldes perredistas celebrada el 16 de julio en la ciudad de Mérida, Yucatán, en vez de encabezar la primera reunión de trabajo con funcionarios del Gobierno Estatal, de la Secretaría de Turismo Federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Presidencia de la República.
Los trabajos van encaminados al foro de cooperación y consultas entre los países más industrializados, recientemente industrializados y la Unión Europea -como bloque económico-, donde se reúnen regularmente y desde 1999, jefes de Estado, gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas de todo el mundo.
Entre otras cosas, el alcalde de extracción perredista debió de informar en esa reunión -programada para los días 14 y 15 de julio- el avance de la negociación con un grupo de tres familias que habitan y están posesionadas de dos de las seis hectáreas donde se pretende construir el Centro Internacional de Convenciones en la ciudad de San José del Cabo.
José Antonio Agúndez Montaño se había comprometido puntualmente a atender y resolver el caso, después de que el Ayuntamiento local donó el predio para la construcción del inmueble y, en la autorización, los regidores de la pasada administración no se dieron cuenta que tres familias tenían carta de posesión de 20 mil metros cuadrados.
Sin embargo, la primera reunión fue cancelada de última hora a petición del edil del Partido de la Revolución Democrática (PRD), porque hoy se sabe, no había resuelto el problema, ya que ni siquiera habló con las familias y, hasta el cierre de esta edición, no se reportaba ningún tipo de avance.
Así, Agúndez prefirió plantar al comité organizador y salir de viaje, aun cuando la mayoría de los funcionarios estatales y federales habían suspendido su período vacacional para estar presentes en la primera reunión de trabajo, lo que envió una pésima señal por parte del edil hacia los involucrados en este trascendental evento para México.
Como resultado, la negociación entrampada por el desinterés del edil cabeño, orilló al secretario general del Gobierno Estatal, Carlos Mendoza Davis, a iniciar de inmediato el diálogo con las familias, ya que el evento está encima y, por consiguiente, se tiene que construir la sede que albergará a los mandatorios más poderosos del mundo.
De hecho desde que tomó protesta, el alcalde del PRD no vio con buenos ojos la cumbre internacional que tanto desdeñó y, hasta en cierto modo, desairó recientemente las principales encomiendas por parte del gobierno panista de Marcos Covarrubias Villaseñor.
Tal es el caso de la negociación con las familias que pretenden ser indemnizadas para poder construir el Centro de Convenciones, donde se tiene prevista una inversión de mil 800 millones de pesos.
Totalmente contrario a la postura de la ex alcaldesa Mirna Xibillé de la Fuente, quien antes de dejar el poder empujó y aprobó en el seno del Cabildo una iniciativa para donar el terreno de casi seis hectáreas para la construcción de la sede, donde se proyectaba construir el nuevo palacio municipal de Los Cabos, la del José Antonio Agúndez es vista como una posición intransigente y descortés, fundada en las siguientes razones:
1.- Por la apertura de una investigación en su contra por parte de la Secretaría de la Función Pública, a raíz del descubrimiento del desvío de recursos públicos de programas federales, cuando se desempeñó con director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos. Hasta la fecha no ha podido comprobar el destino de dos partidas, una de casi 17 millones de pesos y otra por 210 millones de pesos de los programas de PRODDER y APAZU.
2.- A raíz de que el Gobierno Estatal interpuso una denuncia penal en contra de su hermano, el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, por los delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, peculado, falsedad de declaraciones de servidores públicos y coparticipación en conductas ilícitas de funcionarios públicos en el caso de siete bienes inmuebles del fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Hoy se sabe que el alcalde del PRD comenzó una guerra sorda contra los gobiernos Estatal y Federal para tratar de boicotear la cumbre del G-20, como una medida de presión para negociar impunidad en ambos casos. De lo contrario, la cumbre podría estar en riesgo, sobre todo hoy, que es la primera vez en la historia que un evento de este tipo estaría por celebrarse en México.
EL TERRENO
En la última sesión extraordinaria y solamente a unas cuantas horas de que dejara el poder, la ex alcaldesa Mirna Xibillé de la Fuente logró sacar adelante un acuerdo donde se aprobó por unanimidad la donación de un terreno de 59 mil 562. 830 metros cuadrados en el predio 3 y polígono 6-1, ubicado en el desarrollo denominado Club Campestre de San José del Cabo.
En la sesión del 29 de abril, la ex edil del PRD, junto con el cuerpo de regidores, aprobó considerar una servidumbre de paso a favor del Ayuntamiento de Los Cabos para permitir el acceso a otro predio ubicado a un costado de ese mismo terreno, como lo marca el Código Civil Vigente en el estado.
Asimismo, los regidores de la anterior administración colocaron un candado a la donación: el predio debería ser destinado única y exclusivamente para el Centro Internacional de Convenciones, y la fecha límite para el inicio de la obra sería el mes de noviembre de 2011. De lo contrario, el predio regresaría al patrimonio municipal y la donación quedaría sin efectos legales.
A diferencia de José Antonio Agúndez Montaño, la ex alcaldesa ve en la cumbre una oportunidad de grandes beneficios para Los Cabos. Éstas son algunas de las ventajas previstas:
1.- La proyección mundial del destino en la cobertura del evento a través de la prensa que habrá de llegar de todas partes del mundo, en la cual se describirán todos los pormenores y bellezas de la región en los medios de sus países.
2.- La derrama económica que dejarán todas las delegaciones de los países participantes en alimentación, hospedaje, transporte y otros.
3.- La generación de fuentes de empleo en la construcción del Centro de Convenciones y la consiguiente derrama económica en la adquisición de los productos para la edificación del lugar.
4.- La reactivación de inversiones en la zona, una vez que quede confirmado el destino turístico como sede del evento.
El único problema -y después de mostrar un gesto de buena voluntad- es que los regidores de la pasada administración, surgida también del PRD, no se dieron cuenta que tres familias tenían cartas de posesión de dos hectáreas, por lo que, en caso de no haber negociación, tendría que abrirse un juicio legal para determinar quién es el verdadero dueño de los terrenos.
EL DESTINO
Apenas el 10 de junio, en su última gira de trabajo por Baja California Sur, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, confirmó que de todos los destinos turísticos, proponía a Los Cabos como sede de la cumbre internacional, al reunir todos los requisitos de seguridad, clima, logística, infraestructura hotelera y turística, así como lo indispensable para un evento de ese nivel.
En una reunión con empresarios de la región, el mandatario dijo que Baja Sur mantuvo el ritmo de la economía nacional, y solamente Los Cabos creció 7 por ciento en lo que a actividad turística concierne. En el último año, el estado registró un crecimiento de tres mil empleos formales y recibió 22 millones de turistas, entre viajeros nacionales e internacionales, así como seis millones de turistas que llegaron a través de cruceros.
Independientemente de la construcción del Centro Internacional de Convenciones, el Presidente de México dijo que otra de las obras que tendría que estar terminada para esa fecha, sería la carretera 4 Carriles de Cabo San Lucas-La Paz, así como el libramiento de San José del Cabo a Cabo San Lucas.
“Ahorita estamos realizando el proyecto ejecutivo para el próximo trimestre lanzar la licitación y terminarla en 2012”, comentó a los empresarios de Los Cabos.
De acuerdo a Calderón, se requerirán entre 8 y 10 mil habitaciones de muy alto nivel para albergar desde personal de seguridad, asesores, staff y periodistas, hasta los presidentes de Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia y España, entre otros.
Por eso aclaró que “necesitamos jalar parejos todos y requerimos mucha colaboración del sector empresarial para que la cumbre sea un éxito, ya que no sólo van a ser 10 mil habitaciones en Los Cabos, sino la proyección que tendrá Baja California Sur y México en todo el mundo”, advirtió el mandatario nacional.
LA POSTURA
Sin embargo, pareciera que la proyección mundial de Los Cabos y el mensaje presidencial es lo que menos interesa al edil José Antonio Agúndez, ya que evidentemente sabe o conoce que en lo personal, en nada le beneficiaría un foro de ese tipo. Es más, ni siquiera lo exhibe en el plano político, ya que las figuras que habrán de brillar serán los presidentes de los países. Quizá por eso, cuatro días antes de la primera reunión solicitó cancelarla hasta nuevo aviso y, por consiguiente, no se avanzó en nada sobre los pendientes a resolver en torno a la cumbre internacional, sobre todo en lo concerniente al terreno donde se prevé construir la sede.
Lo que sí hizo el alcalde perredista, fue solicitar más recursos económicos en el Foro Nacional de Municipios sobre el Presupuesto Federal de 2012, y aprovechando la presencia de legisladores y cerca de 100 alcaldes de 30 estados del país, pidió acciones que fortalezcan con “mayores fondos” a los municipios, sobre todo a destinos como Los Cabos, ya que parte de su economía se sustenta en el turismo, con una aportación al presupuesto federal y al Estado por más de mil millones de dólares al año, según el estudio de consultoría extranjera elaborado por la compañía Southwick Associates.
La postura asumida por el alcalde comenzó a generar muchas reacciones en todos los sectores sociales, por lo que el viernes 18 de julio, el presidente de la Asociación de Hoteleros en Los Cabos, Gonzalo Franyutti de la Parra, solicitó públicamente más seriedad a José Antonio Agúndez, ya que la cancelación de la reunión podría entorpecer las gestiones presidenciales para colocar a Los Cabos como sede del evento internacional y, de perderse, no sólo afectaría la proyección del destino, sino que se perdería la oportunidad de contar con un Centro Internacional de Convenciones que a futuro puede servir para desarrollar eventos de ese tipo.
“Es importante que el alcalde envíe señales de apoyo decidido y compromisos claros para este evento, porque el sector hotelero está preocupado por esas actitudes”, dijo a ZETA.
El líder de los hoteleros comentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores está solicitando como parte de la logística una disponibilidad de 10 mil habitaciones -–de las 12 mil que tiene el destino turístico- para comenzar el proceso de bloqueo a partir de 2012, es decir, que no podrán ofertarse ni venderse en virtud del evento internacional.
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