miércoles, 5 de junio de 2013

RESUMEN DE NOTICIAS DE BAJÁ CALIFORNIA SUR DEL MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DEL 2013



EL SUDCALIFORNIANO 

Giuseppe Marcelleti, salió libre bajo fianza

El empresario Giuseppe Marcelleti, al momento de abandonar el Cereso de esta cabecera municipal, donde fue internado el pasado fin de semana. (A. Rodríguez) / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
5 de junio de 2013

Arturo R. Corona

Ciudad Constitución, Baja California Sur.- Luego de haber depositado una fianza de 416 mil pesos que le fijó el juez mixto de primera instancia, ayer a las 11:50 horas, abandonó el Cereso de Ciudad Constitución, el poderoso empresario de origen italiano, Giuseppe Marcelleti, quien salió de manera apresurada, acompañado de su abogado, quien una hora antes había arribado a bordo de un vehículo tipo vagoneta, marca Toyota, línea LandCruiser, de color blanco, propiedad de su cliente.

Las cámaras del periódico El Sudcaliforniano, lograron captar los momentos en que el empresario italiano, salía del área de la antesala del Centro de Reinserción Social de Ciudad Constitución, donde había ingresado la tarde del pasado sábado alrededor de las cinco de la tarde, luego de haber sido capturado en Cabo San Lucas, trasladado a La Paz donde se le practicaron los exámenes médicos y posteriormente trasladado a esta ciudad.

Vistiendo un pantalón deportivo de color gris rata, con el rostro desencajado, el italiano Giuseppe Marcelleti, tomó su vehículo junto con su abogado, y enfilaron rumbo a una estación de gasolina que se ubica sobre el bulevar Agustín Olachea, a la salida al norte, donde fue abordado por el reportero Arturo Corona.

Al preguntarle si consideraba que había sido injusta su detención, el empresario en tono molesto dijo que no daría declaraciones a la prensa, y que dejaba el caso a su abogado, para luego contestar una llamada telefónica, donde le estaba hablando su hijo para saber su situación.

Enseguida le preguntamos cómo lo habían tratado en el interior del Cereso, en el tiempo que permaneció privado de su libertad, a lo que solamente contestó que bien, que no sabía cuál sería el trato, ya que era la primera vez que pisaba una cárcel. 

El monto de lo defraudado por el conocido empresario asciende a más de 30 millones de pesos por extraer en forma ilícita agua potable de un pozo concesionado a la compañía Punta Chivato Shores, S.A. de C.V., propiedad de Raúl Luján Soberanes.

Ahora Giuseppe Marcelleti deberá de enfrentar su situación jurídica desde fuera de la prisión, y al parecer existen más denuncias en su contra, las cuales podrían resurgir en los próximos días.


Formal prisión al C.P.A. Jorge Arturo Oroz

Jorge Arturo Oroz Weihs, preso en el CERESO de Santa Rosalía, B.C.S. por el delito de fraude por la cantidad de $1,800,000.00 pesos y falsedad en declaraciones. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
5 de junio de 2013

Porfirio Sarabia Pacheco



La Paz, Baja California Sur.- Interno en el Centro de Reinserción Social -CERESO- de Santa Rosalía, Baja California Sur, Jorge Arturo Oroz Weihs, de ocupación Capitán Piloto Aviador, presunto defraudador fue notificado por el Juez Mixto de Primera Instancia de esa ciudad, el auto de formal prisión decretado en su contra.

De acuerdo a la causa penal que se instruye en dicho juzgado el Capitán Piloto Aviador, es presunto responsable por los delitos de fraude y falsedad en declaraciones en agravio de la empresa Aéreo Servicio Guerrero, suyo monto asciende a $1,800.000.00 -un millón ochocientos mil pesos-.

Se establece que con fecha 10 de abril del año 2013, se presentó formal denuncia y querella, por la empresa Aéreo Servicio Guerrero, S.A. de C.V., en contra del capitán piloto aviador Jorge Arturo Oroz Weihs, por el delito de fraude y falsedad en declaraciones.

Dándose inició la Averiguación Previa número SRL/133/2013, ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, con residencia en la ciudad y puerto de Santa Rosalía, B.C. S., a cargo del licenciado César Alejandro Chaparro García.

Acreditando la parte ofendida los elementos de los delitos imputados al hoy procesado, consignando la indagatoria a la juez mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Mulegé,B.C.S., librando la correspondiente orden de aprehensión en su contra, misma que fue ejecutada a las 13:30 horas del día viernes 31 de mayo del año en curso, en la ciudad de Cabo San Lucas, BCS.

Ssiendo trasladado al Centro de Readaptación Social -CERESO-, con residencia en la ciudad de Santa Rosalía, Baja California Sur, a disposición del Juzgado Mixto de Primera Instancia, tomándosele la declaración preparatoria a las 16:00 horas, del día domingo 2 de junio del año 2013.

Fijándose una caución de $709,875.00 pesos, dictándosele el correspondiente auto de formal prisión dentro del término legal a dicho procesado, quedando recluido en el centro penitenciario a disposición del órgano jurisdiccional, que ordenó dicha captura y detención.

Cabe señalar que existe la presunción que el hoy procesado Jorge Arturo Oroz Weihs, también estuvo preso en la Unión Americana por tráfico de estupefacientes que internaba vía aérea a Estados Unidos de Norteamérica, por lo tanto, se considera a dicho procesado reincidente ahora por un delito del fuero común.


Lucha frontal contra el narcomenudeo; detuvieron a dos principales cabecillas
El Sudcaliforniano
5 de junio de 2013

Ciudad Constitución, Baja California Sur.- Ante el gran número de denuncias ciudadanas que solicitaban la participación de las diversas corporaciones policiacas para combatir el grave problema del narcomenudeo, desde la semana anterior, elementos de la Policía Estatal Preventiva, han venido realizando operativos de manera sorpresiva, logrando asestar fuertes golpes al crimen organizado que intenta centrar su campo de operaciones en el municipio de Comondú.

Durante los operativos, los agentes lograron la detención de cabecillas del narcomenudeo en esta ciudad, entre los que destacan dos individuos identificados con los apodos de "El Almikar" y "El Indio".

Se trata de Herlindo Velarde Castro, conocido con el alias de "El Indio" y Almíkar Bojórquez Fregosa, sobrino del presunto delincuente al que apodan el "Hitler", ambos -trascendió- operaban como jefes de zona y movilizaban a narcomenudistas en las comunidades de Puerto San Carlos, Ciudad Insurgentes, y Ciudad Constitución, B.C.S.

También trascendió entre las corporaciones policiacas, que en otras acciones fueron detenidos al menos seis personas entre la noche del sábado y madrugada del domingo pasado, sin embargo, debido al hermetismo con que se ha manejado la información, no se han podido conocer las identidades.

Todavía el pasado lunes de la presente semana, se notó la presencia de patrullas de la Policía Estatal Preventiva en algunas avenidas y calles de Ciudad Constitución, y todo parece indicar que los operativos contra la venta de drogas continuarán en los próximos días, y habrán de extenderse a comunidades de la zona norte del municipio.


Continúa el robo de medidores de agua en Cabo San Lucas

Piden familias sean repuestos los medidores que les fueron robados y que ya pagaron al organismo. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
5 de junio de 2013

Verónica González Soto.



Los Cabos, Baja California Sur.- Vecinos de Cabo San Lucas piden a las autoridades que durante esta temporada de calor no permitan que tengan que sufrir tanto el desabasto del agua y que les instalen el medidor que ya pagaron desde hace un mes.

Leticia Duran, vecina de Mesa Colorada, comentó que le robaron el medidor, que acuden a comunicarles a las autoridades correspondientes y lo que les responden es que sí van a verificar pero que primero pase a pagar la cantidad de 250 pesos y en breve tiempo se les va a reponer.

"Pero no vienen, yo de hecho hable y reporte por teléfono una fuga que está en la calle y me dieron un teléfono que es de San José del Cabo, porque el recibo que me llega es de San José del Cabo, cuando aquí se tienen oficinas del organismo operador en Cabo San Lucas y no hacen caso con la fuga, yo sí ocupo que acudan a verificar la fuga porque aunque llega el agua una vez al mes y el recibo puntualmente, así debe de ser también la atención del personal que allí labora, ojalá y que vengan y nos hagan caso porque sí nos interesa mucho, sobre todo el agua que es muy escasa, se esté tirando".

Leopoldo Segura, dio a conocer que les robaron los medidores en la cuadra donde él vive, y resultaron afectadas varias personas. "como yo debía del agua lo fui a pagar, me hicieron que pagara el medidor y que en 8 días me lo iban a reponer y ya va más del mes y aún no se han parado por mi domicilio".

"En este momento está llegando una vez por semana(el recibo del servicio del agua), pero supuestamente hay veces que la ponen un rato y luego la quitan, pasan las pipas y les compran el agua por lo mismo deben el recibo del agua y se están endrogando con el recibo por un agua que no les llega".

Finalmente hace el llamado para que le repongan el medidor que ya pago, porque le prometieron que en cuanto los tuvieran irán a instalarlo porque en ese momento no había en existencia, "y porque si vamos a estar pagando agua de la pipa y luego al organismo, pues no nos conviene, menos ahorita que no hay ni trabajo, si queremos que las autoridades se pongan al corriente con la población".

Martín Lagarda Ruiz, delegado en Cabo San Lucas, por su parte, expresó que, es algo que han tenido conocimiento, que sí se han quejado muchas personas del robo de medidores. La solución que se vaya a tomar allí, necesitan verificarlo primero con la gerencia del Organismo Operador del Agua Potable, para ver cuál es la solución o qué apoyo se le pueda dar a estar familias.

Expresó que ya se le hizo el llamado a Seguridad Pública, al comandante Tomás Espinosa Albañez, "le hemos solicitado y exigido que incremente los rondines a manera de prevención en las colonias en mención y también lo que sé, que el agua potable lo que está efectuando es que está cambiando los medidores de bronce a un medidor de plástico para evitar el robo, lo mismo que está pasando con el cobre que en lugar de que sea cableado de cobre que sea de cable galvanizado a fin de evitar el incremento de este delito que tanto está afectando al ayuntamiento como a la misma ciudadanía" concluyó.



PERICU

Galardón a periodistas destacados de BCS
Publicado el junio 4, 2013| 19 comentarios
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Las preseas se entregarán este viernes 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión
La Paz, B.C.S.- Por mayoría de votos, el pleno de las diputadas y los diputados eligieron a Lucio Espinoza Chavira y a Pedro Mazón Benítez como ganadores, respectivamente, de las medallas al Mérito “Francisco King Rondero”  y  “Carlos Morgan Martínez”, quienes además recibirán un estímulo económico y reconocimiento.

Previamente los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Educativos y de la Juventud, presidenta diputada Guadalupe Olay Davis, secretario diputado Ramón Alvarado Higuera y la diputada Sandra Luz Elizarrarás Cardoso dieron a conocer el dictamen relativo a las cinco propuestas recibidas, de las que afirmaron cumplieron con los requisitos necesarios para ser acreedores a las preseas.

En esta segunda convocatoria, los participantes fueron: Lucio Espinoza Chavira, Víctor Flores Ojeda, Guillermo Marín Franco, Juan Raúl Zavala Magallanes y Pedro Mazón Benítez, de entre quienes, mediante votación por cédula secreta, fue electo ganador de la medalla “Francisco King Rondero” el periodista Lucio Espinoza con 11 votos, en tanto que la presea “Carlos Morgan Martínez” es para Pedro Mazón al recibir 16 votos.

Autopropuesto, Lucio Espinoza Chavira, después de experiencias estudiantiles y juveniles, afirma que se convirtió en periodista político colaborando en “La Extra”, de Daniel Roldán, en “El Forjador”, de los hermanos Polanco, combinando su desempeño con cargos en diferentes administraciones municipales; además de colaborar en 1996 en “El Sudcaliforniano”, “El Peninsular” a través de Javier López, “La Crónica”, Canal 10, e iniciaba su colaboración con “El Mexicano” de Eligio Valencia Roque.

En su trayectoria señala que al retornar en 2002 a la Ciudad de La Paz, fue corresponsal de “El Mexicano”, “Radio Alegría” y “Uno más uno”, y en 2010 inauguró en Cabo San Lucas, la primera televisora en vivo por Internet; actividades que combinó con diferentes responsabilidades al frente de agrupaciones como APYR y la Asociación de Periodistas Sudcalifornianos (APS).

Por su parte, Pedro Mazón Benítez, propuesto por Aracely Hernández Flores, presidenta de la Asociación de Reportero Sudcalifornianos, A.C. (ARSAC), es originario de Bahía Tortugas, Municipio de Mulegé, y se inició en los medios de comunicación en 1988, ha sido reportero y columnista de semanarios, revistas, diarios de la entidad y en los medios electrónicos, locutor de radio y televisión. En abirl de 1988 participó como reportero en el Semanario “Índice Político” de Juan Raúl Zavala Magallanes, llegando a ser jefe de Información; también reportero en “Reportaje”

En los medios electrónicos fue locutor de “Acción Municipal” y fundó su programa “La juventud y el mar”, fue responsable del noticiario deportivo en XEBCS Radio Cultural, coordinador responsable y conductor del programa “Contacto Directo”, integrante de la red de corresponsales de Radiodifusoras Asociadas (RASA), corresponsal de Radio 65 de Los Mochis, entre otras, siendo actualmente secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de la Televisión y Radio (SITATYR).

Las medallas al Mérito Periodístico “Francisco King Rondero” y “Carlos Morgan Martínez”, se entregan este viernes 7 de junio, mediante sesión pública solemne, a celebrarse a las 11:00 horas en la Sala de Sesiones “General José María Morelos y Pavón”.


Los Cabos: orden de aprehensión a homicida
Publicado el junio 4, 2013| 2 comentarios
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Asesino a golpes a su compañero
Luego destazó su cadaver
Los restos embolsados
¡El Parte Oficial!
San José del Cabo, B.C.S.- La Subprocuraduría de Investigaciones Especiales da a conocer que la tarde de este martes,  Agentes de Investigaciones de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la Comandancia de Mandamientos Judiciales en Cabo San Lucas, B.C.S., ejecutaron orden de aprehensión girada por el  Juez de Primera Instancia del Ramo Penal en contra de Fernando Zavalza Alvaradejo, de 22 años de edad, y a quien la autoridad judicial decretó medida cautelar de arraigo, como probable responsable del delito de Homicidio Calificado cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre Cesar Ignacio Salas Ángel  de 37 años de edad, hechos ocurridos en San José del Cabo, B.C.S., por lo anterior el probable responsable quedó interno en cárcel pública de Cabo San Lucas a disposición del Juez de la Causa que lo reclama.

HECHOS:
Agentes de Investigaciones de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la Comandancia contra Homicidios con sede en Cabo San Lucas, Baja California Sur, fueron informados que a las 15 horas del día 03 de Mayo de 2013,  en las calles de Boulevard Forjadores y Julia Navarrete en la colonia Chamizal,  como referencia en el canal de desagüe del Boulevard Forjadores, en San José del Cabo, Baja California Sur, se encontraban dos bolsas negras de plástico y una bolsa de color verde, que al parecer contenían restos de cuerpo humano.

En el Lugar se constituyó el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Homicidio Doloso Zona Sur, Comandancia contra Homicidios y peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales, practicando el Representante Social Inspección y dio Fe Ministerial, y los peritos en criminalísticas procedieron a la recolección y embalaje de indicios de carácter investigatorio para su posterior análisis en los laboratorios de la Procuraduría de Justicia.

El Agente del Ministerio Público ordenó  el levantamiento de los restos Humanos para la práctica de la Necropsia de Ley, siendo las causas de muerte Traumatismo Craneoencefálico Severo, según dictamen de los peritos Médico Legistas.

Los restos Humanos corresponden a quien en vida llevara por nombre Cesar Ignacio Salas Ángel (Hoy Occiso), de 37 años de edad quien se encontraba desaparecido desde el día 28 de Abril de 2013,

De las Investigaciones realizadas por los Agentes de Investigaciones de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la comandancia contra Homicidios Zona Sur, así como los indicios encontrados en el lugar,  se logró establecer la relación en los hechos de Fernando Zavalza Alvaradejo, de 22 años de edad, quien era trabajador del hoy occiso, por lo cual en su momento, la autoridad judicial decretó medida cautelar de arraigo la cual fue levantada este martes y se procedió a la ejecución de la correspondiente orden de aprehensión en su contra por el delito de Homicidio Calificado.

Colectivo Pericú cita PARTE OFICIAL PROCURADURÍA DE JUSTICIA



Cayó el que robó cable del mercado Olachea
Publicado el junio 4, 2013| 10 comentarios
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Dejó a varios locales sin energía eléctrica
Se movilizó rápido la Policía Ministerial
La Paz, B.C.S.- Agentes de Investigaciones de la Policia Ministerial del Estado adscritos a la Segunda Comandancia Contra Robos pusieron a disposición ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Detenidos,  a quien dijo llamarse Abel Antonio Juárez Machuca, de 19 años de edad, por su probable responsabilidad en Hechos que pueden constituir un delito; asegurando 01 Rollo de cuatro kilos aproximadamente de cable eléctrico de cobre sin plástico, 01 Rollo de 15 metros aproximadamente de cable eléctrico de color negro con blanco y 01 Rollo de 6 metros aproximadamente de cableado eléctrico color rosa y blanco.

Hechos: Siendo las 09:00 horas, del día 04 de Junio de 2013, Elementos de la Segunda Comandancia Contra Robos, tuvieron conocimiento por parte de la Central de Radio, que en el Mercado Olachea ubicado en calle Allende y Carranza, Colonia Los Olivos, se había suscitado un robo, trasladándose de inmediato Elementos adscritos a dicha Comandancia, corroborando lo anterior entrevistándose con el reportante quien manifestó que habían robado cableado eléctrico de varios locales del Mercado.

Estableciéndose en base a las Investigaciones realizadas por parte de elementos de esta Dirección de la Policía Ministerial del Estado, se logró la localización y ubicación de la persona que responde al nombre de Abel Antonio Juárez Machuca, se estableció la probable responsabilidad de dicho ilícito, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, remitiendo a la citada autoridad lo reportado como robado.


¡Libertad para el italiano Marceletti!
Publicado el junio 4, 2013| 17 comentarios
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Le fijaron fianza de 416 mil pesos
También recibe auto de formal prisión
Enfrentará proceso fuera de las rejas
Ciudad Constitución, B.C.S.- Tal y como se especulaba, al italiano defraudador Giuseppe Marcelleti le fijaron una fianza irrisoria de parte del juez segundo penal Alfonso Ortega Lizardi, que nada tiene que ver con la reparación del daño causado que asciende a 30 millones de pesos, según la acusación por la que ya es procesado.

De acuerdo a información de Reporteros Sin Fronteras, el extranjero que fue acusado de extraer en forma ilícita agua potable de un pozo concesionado a la compañía Punta Chivato Shores, S.A. de C.V., propiedad de Raúl Luján Soberanes, recibió el auto de formal prisión, sin embargo una vez depositada la fianza de 416 mil pesos podrá enfrentar el proceso en libertad.

Giuseppe Marcelletti Pandolfi fue asegurado por la Policía Ministerial la mañana del sábado anterior en Cabo San Lucas, para ser trasladado a La Paz y de ahí remitido ante el juez que lo reclamaba en Ciudad Constitución. De un momento a otro abandonará el CERESO de ésta ciudad.

Colectivo Pericú con información preliminar de REPORTEROS SIN FRONTERAS.


TRIBUNA

Ya está en el Cereso presunto homicida de Santa Anita
San José del Cabo.
Redacción Tribuna de Los Cabos


 Fue remitido al Cereso local, José Manuel Montaño, señalado como el presunto responsable del feminicidio ocurrido el fin de semana en Santa Anita.
El día de ayer, personal adscrito a la Comandancia de Mandamientos Judiciales, con sede en Cabo San Lucas, ejecutó orden de aprehensión y detención, girada por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del partido judicial de Los Cabos, con residencia en San José del Cabo Baja California Sur, en contra de la persona de nombre José Manuel Montaño Cota de 44 años de edad originario de Miraflores Baja California Sur por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado, según un proceso penal de fecha 3 de junio de 2013. Quedó internado en el Centro de Reinserción Social de San José del Cabo a disposición de la citada autoridad.
La noche del pasado domingo 2 de junio, Montaño Cota habría asesinado a su esposa María Luis Gavarain García en el interior de un domicilio de la colonia Invi Santa Anita, el crimen lo cometería con un afilado cuchillo.
 

Derechos Humanos pide verdadera procuración de justicia
San José del Cabo.
Gustavo Cruz Tribuna de Los Cabos
Debe desaparecer el cobro del “corralón”

 El Coordinador de Derechos Humanos señala que la PGJE debe entregar los vehículos robados y recuperados de inmediato, informa que en ocasiones el presunto ladronzuelo está libre cuando aún las autoridades no entregan los vehículos recuperados.
Al ser entrevistado Jesús González Ceseña, coordinador municipal de Derechos Humanos dijo conocer algunas quejas en contra del trabajo hecho por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado referente a la entrega de vehículos que han sido robados y posteriormente recuperados, comentó lo siguiente “pensamos que cuando hay el robo de un auto, si se recupera en un determinado tiempo, no tienen las autoridades por qué exigir que se paguen los días que haya estado en el corralón, posiblemente la grúa o el arrastre sí, pero la persona no tiene la culpa y no hay el por qué de que se retenga tanto tiempo, ha habido dos o tres casos en los que el ladrón de autos sale y el auto permanece en el corralón.”
Dijo tener conocimiento del actuar de los funcionarios de la PGJE que hacen dar numerosas “vueltas” a las personas afectadas, mientras que el coche continúa detenido, “creo yo que deben de agilizar la entrega de los vehículos y no deben ser cobrados los días que esté en el corralón porque esa persona no tiene la culpa de que se lo hayan robado, tampoco de que no se lo hayan regresado inmediatamente, debe desaparecer el cobro del corralón”.
Cuestionó ¿Dónde está la procuración de justicia? manifestando que el perjudicado sale aún más perjudicado que el ladrón, porque a ese lo sueltan excusándose en que no lo agarran en flagrancia, “lo han detenido con el coche y lo sueltan mientras que el coche no se entrega quedando en el corralón, eso es lo que no nos parece justo, van a seguirse suscitando robos, que los coches sean entregados sin cobro alguno”, finalizó Jesús González.


Intimida y asalta a taxista con un picahielos
La Paz.
Redacción Tribuna de Los Cabos


Taxista es asaltado con un picahielos, el delincuente lo despoja de 200 pesos en efectivo, además destrozó el taxi.
El asalto al taxista ocurrió minutos antes de la medianoche, desde el C-4 comunicaron a Seguridad Pública que en la gasolinera “El Dorado” ubicada entre las calles Oro y Forjadores se encontraba un taxista que había sido víctima de un delincuente.
En el lugar del reporte, los agentes ubicaron al taxista afectado de nombre Raúl Agúndez quien informó a los uniformados que al circular entre las calles Forjadores y Colosio una persona de sexo masculino le hizo la parada abordando el taxi solicitando que lo llevara a las calles Forjadores y Oro en donde el hoy prófugo pidió que el taxista lo dejara.
El taxista manejaba un vehículo color amarillo con rojo marcado con el número económico 57 del sitio “Presidente”, dijo que antes que el cliente descendiera, le enseñó un picahielos diciéndole que le entregara todo el dinero, por temor a ser herido, el trabajador del volante entregó al delincuente la cantidad de 200 pesos en efectivo.
Después el sujeto descendió del taxi quebrando con un barrote el vidrio trasero del taxi, posteriormente escapó de la zona, aunque el taxista informó sobre las características y la vestimenta del sujeto, señalando incluso la dirección por la cual huyó, el delincuente no fue encontrado.


Asaltan y golpean en el bulevar Don Guillermo
San José del Cabo.
Gustavo Cruz Tribuna de Los Cabos


 Banda de “valientes” delincuentes escapa después de asaltar a una solitaria persona en el bulevar Don Guillermo de la colonia Pablo L. Martínez.
Al filo de las 20:20 horas un ciudadano llegó a Seguridad Pública para reportar que unos diez minutos antes fue asaltado por cuatro personas, quienes además de despojarlo de sus pertenencias le propinaron una severa golpiza.
Ésta ocurrió sobre el bulevar Don Guillermo, entre el bulevar Forjadores y la carretera Transpeninsular, los responsables del delito fueron cuatro personas, quienes tras cometer el asalto escaparon sobre el arroyo pluvial “Don Guillermo” en dirección a la “Plaza California”.
Según datos extraoficiales, el sujeto fue golpeado en numerosas ocasiones, posteriormente perdió el conocimiento por algunos minutos recordando que los delincuentes lo habían despojado de un iPod, una cartera y una gorra.
Al recobrar el conocimiento, acudió a la comandancia municipal para reportar el asalto, policías municipales del Sector 1 y del grupo Unidad de Reacción Inmediata buscaron a los delincuentes, pero hasta el cierre de la presente edición no habían sido ubicados.


Dictaminan a favor de reformas para inhibir el robo de cable y otros metales
Los Cabos.
redacción Tribuna de Los Cabos
Este delito se ha expandido al patrimonio público

 En sesión pública ordinaria de ayer martes 04 de junio, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad Pública, presentaron al pleno el dictamen que fue aprobado por unanimidad de la iniciativa con proyecto de decreto que presentó el diputado  Ernesto Ibarra Montoya, para reformar y adicionar el Código Penal y de Procedimientos Penales y la ley que regula a los establecimientos dedicados a la compra venta de cobre, aluminio, bronce, fierro y demás metales de desecho.
Ernesto Ibarra, diputado por el municipio de Los Cabos, hizo público su agradecimiento a sus compañeros diputados de las comisiones dictaminadoras y del pleno mismo por haber expresado su aprobación en esta adición y reformas que vendrán a inhibir el robo de metales que ha afectado particularmente los bienes del Estado que son patrimonio público, ya que se atenta igual contra el cableado de alumbrado público, que no sólo afecta a las viviendas de los ciudadanos, sino que se ha expandido su ámbito delictivo al patrimonio público como los pozos de bombeo de agua potable, medidores de agua, alcantarillas, señalamientos, canchas públicas deportivas y escuelas, sin importar que esté destinado a prestar servicios a la comunidad, expresó el diputado Ibarra que con esto se atiende un reclamo ciudadano, de dependencias de Gobierno, empresarios y productores agrícolas por los delitos cometidos por la delincuencia, así como por aquellos que comercializan estos metales robados en su beneficio, dijo que se busca con esto disminuir los índices delictivos y los fuertes daños que causan el robo de estos materiales, pretendiéndose que a quienes después del robo de estos materiales y sin haber participado en él, los adquieran con fines de lucro, por lo que serán castigados con las mismas penas que se imponen a los que lo roban mediante la agravación del delito de receptación de objetos de procedencia ilícita, por lo que de hoy en adelante será definitivo que estas empresas conocidas  como chatarreras se abstengan de la compra de objetos y  bienes de cobre, hierro, níquel, aluminio y cualquier otro que sea identificado como propiedad de alguna entidad gubernamental como propiedad de los Oomsapas de los municipios, así como de las dependencias y empresas prestadoras de un servicio público.
Coincidieron con el iniciador Ibarra Montoya, los diputados dictaminadores de las comisiones de Seguridad Pública y Puntos Constitucionales y de Justicia de manera coincidente en que las reformas y adiciones fueron votadas positivamente, ya que se ajustan a la realidad del Estado y consecuentemente se protegen con las mismas, el bien jurídico tan importante como es el patrimonio de las personas, ya que este tipo de robo y comercialización de los mismos dañan severamente el tejido social.


MUERE OTRO OBRERO
La Paz. 
Tras diez días de agonía al caer de escalera, el trabajador falleció. Aparte, en los hechos lamentables del pasado lunes, el obrero perdió la vida en su primer día de trabajo

Ciudadano originario de Michoacán hace 10 días cayó de una escalera al estar realizando un trabajo de plomería, falleció en un nosocomio de La Paz.
En este suceso, el trabajador caído se accidentó el pasado 24 de mayo del año en curso, día en el que cerca de las 16:30 horas ingresó al Hospital General número 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social presentando lesiones en la cabeza producidas por una caída; las lesiones eran traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia parenquimatosa bilateral, hematoma subaracnoideo, fractura temporal. Un familiar de la víctima afirmó que ese día, horas antes, alrededor de las 11 de la mañana, tuvo conocimiento que el hoy occiso se encontraba realizando trabajos de plomería sobre una escalera en el interior de un domicilio de la colonia Colinas de San José.
El hoy occiso se encontraba a una altura de 8 metros de la cual cayó, causándose las lesiones en el cráneo, después fue trasladado al hospital local del IMSS y posteriormente a uno de la ciudad de La Paz, nosocomio en el que perdió la vida alrededor de las 17:00 horas de ayer.
En vida respondía al nombre de José Luis Meza Cisneros de 46 años de edad, originario de Michoacán, en el municipio vivía en la colonia Buenos Aires, la causa de su fallecimiento fue traumatismo craneoencefálico severo.
 
Obrero que cayó de una altura de 3 pisos y falleció en el hospital,  comenzaba su primer día de trabajo en la construcción. El accidente laboral ocurrió la mañana del lunes 3 de junio dentro de una construcción ubicada en el Corredor Turístico, el obrero cayó al estar trabajando en un tercer piso, sus compañeros pidieron el arribo de una ambulancia. Paramédicos de una clínica privada lo atendieron y posteriormente lo trasladaron al Hospital General.
La persona resultó con diversas lesiones en la zona craneal, entre ellas traumatismo craneoencefálico severo con fractura de órbita izquierda, fractura temporal izquierda y probable fractura de piso medio.
Falleció unas cinco horas después del suceso, siendo su causa de muerte traumatismo craneoencefálico severo. David Morales del Ángel de 40 años de edad era originario de Guerrero, se desempeñaba como obrero, desde hace tres meses llegó a ocupar un domicilio en la colonia Lagunitas.
El desafortunado accidente se registró 5 horas después de su primer día laboral, a la construcción llegó a trabajar a las seis de la mañana.
 

Más de 40 clonaciones de tarjetas bancarias en Los Cabos
San José del Cabo.
Leticia Hernández Tribuna de Los Cabos
La delegada federal de la Condusef en el estado, María Guadalupe Romero Garayzar dijo que hasta la fecha no han acudido tarjetahabientes ante esta institución por estos hechos registrados hace un par de semanas en este municipio

- Hasta el momento ningún cuentahabiente ha solicitado el apoyo de la Condusef por la clonación de más de 40 tarjetas bancarias, hecho suscitado en el municipio de Los Cabos hace un par de semanas, así lo informó la delegada de la Condusef en Baja California Sur, María Guadalupe Romero Garayzar.
Entrevistada vía telefónica, dijo que hasta el momento no han recibido reclamaciones por clonaciones de tarjetas bancarias, lo cual puede ser porque fue un hecho muy reciente y los afectados están en espera de la resolución del banco, que otorga 45 días para realizar las investigaciones y dar respuesta a sus clientes.
Informó que en el caso de las tarjetas de crédito, el banco está obligado a bonificar inmediatamente el dinero sustraído ilícitamente, pero en caso de tarjeta de débito se da un plazo de 45 días para que la institución bancaria realice la investigación y hasta después se realiza la bonificación.
De no atender estos casos en los tiempos correspondientes, para eso está la Condusef, para que el usuario sea atendido y el banco haga la bonificación del dinero; el banco está obligado a exhibir y probar dónde se hicieron los retiros en el caso de que no quiera hacer la devolución.
Informó que en Cabo San Lucas se encuentran tres módulos de atención instalados, uno en las oficinas de Asudéstico, en las oficinas de la CROC y en oficinas de Canaco Cabo San Lucas, que dan atención de lunes a viernes en horario de oficina, para que así los ciudadanos de esta ciudad no tengan que trasladarse hasta la ciudad de La Paz, a presentar sus quejas o denuncias.
 En los módulos se cuenta con las guías de quejas que se trata de una carta simple donde el usuario expone a la Condusef su problema y qué es lo que quiere que el banco haga por él, se debe especificar el nombre completo, domicilio y correo electrónico.
Esta información se turna a la ciudad de La Paz y ya que se tiene respuesta de la  institución, se informa lo que procede al tarjetahabiente.
Dijo que es muy probable que en un par de semanas, una vez que venza el plazo de 45 días, algunos de los afectados por la clonación de sus tarjetas acudirán a la Condusef si no encontraron respuesta en las instituciones bancarias.
Comentó que la mayoría de las clonaciones fueron de tarjetahabientes de Banamex, pero también se presentaron mínimos casos de otros bancos, según información dada a conocer a esta delegación federal.
Hizo mención que este tipo de ilícitos se presentan en diferentes puntos de la República, no es privativo de Los Cabos, por lo que la Condusef lo que hace de inmediato es reportar estos hechos a las oficinas centrales para que tomen medidas.
Subrayó que cuando se trata de clonaciones, el banco tiene que invertir en seguridad para ofrecerle a sus clientes sistemas seguros, sin embargo, reiteró que a lo mejor los delincuentes llevan a cabo este delito fuera de las instituciones bancarias, en una gasolinera o un supermercado.
Ahí la recomendación es para el tarjetahabiente, de tener cuidado dónde usa su tarjeta de crédito, no perder de vista la tarjeta cuando se pase el plástico en el punto de venta, porque basta solamente que alguien pase la tarjeta por un dispositivo para copiar la información, por eso siempre debe de tenerse cuidado en qué lugares se hace uso de la mica.
Puntualizó que en el contrato de las tarjetas de crédito y debito el banco otorga la custodia de ese plástico y por lo tanto los ciudadanos deben tener mucho cuidado dónde usan su plástico y reportar de inmediato al banco cualquier situación irregular para que se bloquee y no se ponga en riesgo el dinero del tarjetahabiente.
También recomendó no prestar la tarjeta a un tercero para retirar dinero, por más familiar o allegado que sea, que las disposiciones en efectivo las realicen en cajeros cuando el banco esté abierto y no perder de vista la tarjeta cuando se paga con ella en cualquier establecimiento comercial.
Además de la clonación, lo que más se reclama en Condusef son los cargos no reconocidos, que tiene un comportamiento distinto a la clonación. Este ilícito se da de manera masiva porque usuarios usan algún cajero en común o asisten a un lugar donde pueda darse esta irregularidad y los cargos no reconocidos esporádicos es cuando en una cuenta de un usuario aparecen retiros de dinero sin que la persona titular de la tarjeta haya hecho uso de la mica.
En este último caso se supone que alguien toma el plástico sin que el usuario se entere, en estos casos se apoya al banco para que acredite y dé las explicaciones de dónde se está haciendo uso, el horario y si el banco no puede exhibir al usuario el boucher, si se trata de alguna compra, le tiene que bonificar al tarjetahabiente.


Emitirán nuevo dictamen a la reforma del artículo 274 del Código Penal estatal
La Paz.
Redacción Tribuna de Los Cabos
Mencionan que no es factible pronunciarse a favor de la derogación

 Una vez que la presidenta de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia presentó el dictamen que declara improcedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 274 del Código Penal del Estado, que propone derogar la emoción violenta como atenuante para disminuir una penalidad, el documento fue regresado a la misma Comisión dictaminadora al no recibir la votación mayoritaria para su aprobación.
La propuesta original es la derogación a la fracción I del artículo 274, del Código Penal para el estado de Baja California Sur, el cual establece que se reducirá hasta la mitad del mínimo y máximo de la pena de prisión prevista para el homicidio y las lesiones, al que en un estado de emoción violenta, por la sorpresa de encontrar a su cónyuge en el acto adulterino o en uno próximo a su consumación.
La comisión dictaminadora, menciona que no es factible pronunciarse a favor de la derogación, ya que existen reglas básicas en el ámbito penal, mismas que tienen que ser valoradas y aplicadas para reformar las leyes de la materia, así como los criterios orientadores que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para este tipo de asuntos.   
Una vez expuesto el dictamen al pleno, las diputadas Edith Aguilar Villavicencio y Guadalupe Olay Davis, se pronunciaron en contra del dictamen, ya que expresaron que la mujer queda en un estado de indefensión ante este tipo de arbitrariedades que las leyes plasman y que por tal motivo propusieron en su momento, la derogación de la fracción del artículo 274.  
Al tomarse la votación respectiva, el pleno decidió ir en contra del resolutivo propuesto por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia y el presidente de la Mesa Directiva, diputado Jesús Salvador Verdugo Ojeda instruyó que se regrese el dictamen a la Comisión para su análisis y nueva dictaminación.


Atiende Instituto de las Mujeres a 438 féminas en situación de violencia
San José del Cabo.
Leticia Hernández Tribuna de Los Cabos
93 padecen violencia física, 163 psicológica, 120 económica, 28 sexual y 34 violencia patrimonial

La directora del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos, Dominga Zumaya Alucano, informó que en el período del 2011 al 2012 se atendieron en la institución a 1, 250 personas, 1, 136 de ellas mujeres y además se atendieron a 114 hombres en cuanto a asesorías, ante lo cual se les indicó el lugar donde pueden recibir atención y orientación.
Por lo que se refiere al año 2013, reveló que se atendieron a más de 400 mujeres que enfrentan diferentes casos de violencia, de las cuales 93 presentaban violencia física y 163 psicológica,120 violencia económica, 28 violencia sexual y 34 violencia patrimonial.
La funcionaria municipal reconoció que lamentablemente va en aumento en el municipio de Los Cabos los casos de violencia contra las mujeres asi como los asesinatos.
Además se brindó atención a 13 parejas que enfrentaban  momentos de crisis, interesadas en encontrar la forma o el apoyo para salir adelante, porque no querían terminar su relación, atendiéndose satisfactoriamente, encontrando la armonía que buscaban.
En cuanto a violencia psicológica, dijo que el equipo de profesionales de la institución brindaron atención psicológica a estas pacientes, en los talleres que se ofrecen todos los miércoles en la palapa del Instituto de 10 a 12 horas, haciendo extensiva la invitación a las féminas que requieran de esa atención a que acudan a la institución.    
Por otra parte mencionó que los días lunes es cuando llegan más mujeres en busca de ayuda, se atienden entre 5 o 6 mujeres, tanto en el aspecto social, psicológica y en asesoría jurídica.


A reforzar la seguridad pública para tener un destino turístico más competitivo: diputado Treviño
Cabo San Lucas


- Alberto Treviño Angulo, diputado del Distrito XVI manifestó que una de las prioridades del destino, destacado por su reconocimiento internacional, son los temas de seguridad y la coordinación del Turismo Municipal renglones que necesitan ser atendidos de manera inmediata, ya que esto impacta negativamente sin tomar en cuenta las grandes inversiones que se llevan a cabo para promocionar al destino.
En entrevista vía telefónica el legislador destacó que en Los Cabos no puede dejarse de lado que la actividad más importante en generación de empleos y desarrollo turístico esté desatendida, pues se requiere de una coordinación entre los 3 niveles de Gobierno, pero también de la iniciativa privada.
Además mencionó no ambos aspectos deben estar acorde con la imagen que se le da al destino y la competitividad que publicita y promociona en otros países,  se cuentan con presupuestos importantes y recursos para invertir en los distintos medios de comunicación  nacionales e internacionales y en donde Los Cabos es uno de los lugares más prestigiosos.
“Sin embargo uno de los activos que permite a Los Cabos estar en esa posición es la seguridad y en el momento de no existir una coordinación y atención por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, provoca  una serie de problemas que impactan sin lugar a duda en el destino”, dijo el entrevistado.
Dijo estar consciente que se tiene que trabajar de la mano y buscar una estructura especial para atención al turista,  algo  que en administraciones pasadas ya  existía y así darle frente a los problemas que hoy se están dando, otro rubro será la  prioridad de capacitar a los agentes municipales para un adecuado desempeño y atención al turista extranjero.
Recalcó que no hay que olvidar que el turismo es la actividad más importante de Cabo San Lucas y por lo mismo debe ser una prioridad para los tres órdenes de gobierno.
Puntualizó que la seguridad debe de verse como una prioridad tanto de para la ciudadanía como para los  visitantes.
Añadió que no sólo el tema de seguridad debe ser atendido, sino también la falta de un coordinador en el área de Turismo Municipal.
 

delito federal el no regular asentamientos: PC

Ligia Romero Tribuna de Los Cabos
Hay un incremento del 5% en un año,  sobre todo en colonias como Leonardo Gastélum y El Caribe

Cabo San Lucas.-  Joaquín Téllez Álamo, coordinador de Protección Civil de la delegación manifestó que un año el incremento de asentamientos en zonas de alto riesgo es del 5%  aproximadamente, sobre todo en colonias como Gastélum y El Caribe, “con la disposición de la nueva Ley de Protección Civil a nivel federal las obligaciones para las autoridades de Gobierno crecen, es por eso que se está trabajando en el tema de actualización del Atlas de Riesgo para no incurrir en un irregularidad”
Añadió en cuanto al tema de las zonas de alto riesgo, en lo que corresponde a Cabo San Lucas dijo que hay demasiadas áreas en estas circunstancias y que son históricas, lo más actualizado es del 2006 y del cual está en proceso de renovación.
Dijo que en este punto hubo un recorrido en las zonas de alto riesgo donde instancias de la Federación y el Estado  acordaron el  tratar de bajar los recursos necesarios  para reubicar a las personas asentadas por lo que se tienen diálogos con ejidatarios.
En cuanto al Atlas de Riesgo está tratándose para ser actualizado y que  llevará varios meses para su realización, de igual manera indicó que desafortunadamente la mancha urbana está avanzando, pues poco a poco las  construcciones de cartón se observan,  además de incendios forestales para hacer el espacio y construir.
Aseveró que el porcentaje de crecimiento es de un promedio del 5%  a comparación al año pasado, esto en colonias El Caribe y Gastélum, con la disposición de la nueva legislación de Protección Civil a nivel federal se tienen más facultades para actuar tanto en el asunto del Atlas como la reubicación.
Explicó que en los artículos  de la Ley sobre todo en el 86 estipula que en el Atlas Nacional de Riesgo y en los respectivos atlas estatales y municipales de riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.
 Y en el Artículo 87, indican  que en el caso de asentamientos humanos ya establecidos en zonas de alto riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción.
“Para este año se espera reubicar a los habitantes en zonas de alto riesgo y de no hacerlo  se estaría incurriendo en un delito federal, pues entre más obligaciones hay las responsabilidades para los tres niveles de Gobierno crecería”, dijo el entrevistado.
Dijo que el levantamiento y censo  ya está hecho,  teniéndose un promedio de las  familias asentadas y que están en consideración para ser reubicadas y que  llevará  un  proceso interinstitucional  entre los tres órdenes de Gobierno.


Buscan Bomberos de BCS certificación internacional
Cabo San Lucas.
Gustavo Cruz Tribuna de Los Cabos
Continúan capacitándose en el tema de rescate de personas en estructuras colapsadas

 Bomberos de todo el estado continúan capacitándose en el tema de rescate de personas en estructuras colapsadas, buscan ser más de 80 para poder pedir la certificación internacional.
La constante capacitación del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas continúa del 11 al 15 de junio, inicia el Curso de Rescate en Estructuras Colapsadas Nivel Liviano en la ciudad de La Paz.
Los bomberos que participen en dicho curso recibirán una constancia, los cuerpos de rescate buscan que el estado cuente con 80 elementos que tengan los conocimientos de rescate en estructuras colapsadas.
“Lo importante en esta capacitación es aprender técnicas para rescatar a víctimas sin que haya riesgo para los socorristas, buscamos equipo, en temporada de huracanes puede haber colapso en estructuras”, comentó Mauricio López bombero de Cabo San Lucas.
También mencionó que en Los Cabos puede haber deslaves, “estaremos capacitados, entrenados, no se deben utilizar herramientas pesadas, antiguas, como palas que pueden hacer mayor daño, las técnicas correctas es lo que se aprende, a nivel internacional se busca alinear a los socorristas en este tema en el estado, buscamos la certificación internacional siendo una fuerza de tarea, ahora la más cercana es la de Baja California, teniendo una respuesta de 24 horas, pero esas son las horas para responder a esta comunidad”.
El bombero finalizó mencionando que esperan que en el estado no se colapse algún edificio, dijo que hay muchos hoteles pero que el día en que ocurra un suceso de esa naturaleza la sociedad debe entender que los socorristas de Bomberos están altamente capacitados.


Amplia movilización por aparatoso accidente en San José Viejo
San José del Cabo.
Gustavo Cruz Tribuna de Los Cabos
Uno de los lesionados fue hospitalizado en La Paz, su estado de salud es grave
 

 Accidente ocurrido al filo de las nueve de la mañana deja dos lesionados, ocurrió sobre la carretera federal en San José Viejo.
El accidente ocurrió a plena hora pico, minutos antes de las 9 de la mañana se comunicó a Seguridad Pública sobre un accidente tipo choque entre vehículos que había dejado tres personas lesionadas, una de ellas aún se encontraba “prensada” dentro de la estructura de un vehículo sedán, el choque se registró sobre la carretera Transpeninsular en San José Viejo, justo en el semáforo de las tiendas Soriana y City Club.
Desde la comandancia de Seguridad Pública cuatro patrullas salieron a la zona, además tres ambulancias y una máquina de Bomberos también acudieron al reporte. Sobre el carril de circulación que lleva a Cabo San Lucas ubicaron los vehículos involucrados, el primero un sedán color gris marca Chevrolet línea Chevy modelo 2001 con engomado CZM-51-70 que era conducido por Sergio López Padilla de 49 años de edad.
La otra camioneta involucrada en el accidente es una color verde marca Ford línea Explorer modelo 1992 conducida por una mujer de apellido Mendoza que iba acompañada por su hijo de 6 años de edad.
Las tres personas resultaron lesionadas, los tripulantes de la camioneta fueron dados de alta horas después de su ingreso al nosocomio. Sin embargo la suerte no fue la misma para López Padilla quien con múltiples lesiones en el cráneo, costillas y pulmones fue trasladado a un hospital de la ciudad de La Paz.
Hasta el cierre de la presente edición, el conductor del vehículo sedán continuaba hospitalizado y en crítico estado de salud. Datos extraoficiales indicarían que la camioneta que conducía la mujer se quedó sin frenos, policías federales serían los encargados de efectuar el peritaje oficial del accidente.



PENINSULAR DIGITAL

Levantan arraigo al descuartizador del Chamizal


Fernando Zavalza Alvaradejo.
San José del Cabo, Baja California Sur.- Tras dejar la medida cautelar de arraigo, Fernando Zavalza Alvaradejo, presunto homicida de César Ignacio Salas Ángel a quien descuartizó y dispuso en 3 bolsas de basura, fue ingresado al Cereso de  Cabo San Lucas.

Como informamos oportunamente,  Zavalza Alvaradejo de 22 años de edad, comenzó, el 28 de abril del presente año, una agria discusión con su patrón, César Ignacio Salas, que pronto fue subiendo de tono y culminó con la muerte del empleador a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo causado por un contundente golpe en la cabeza.

Zavalza Alvaradejo al tomar conciencia de su crimen, desmembró el cadáver de César Ignacio y lo empacó en 3 bolsas plásticas que arrojó al desagüe del Boulevard Forjadores de la josefina colona El Chamizal.

Las investigaciones no tardaron en llevar hasta Zavalza como el presunto responsable del sangriento hecho registrado en la colonia Chulavista, lo que motivó que se decretara la medida cautelar de arraigo que este martes fue levantada y conmutada por encarcelamiento en el austral Cereso, desde donde el detenido enfrentará proceso por su probable responsable del delito de homicidio calificado.


Arraigo no… prisión preventiva sí


El nuevo sistema de justicia penal no prevé la figura del arraigo como medida cautelar en el caso de delitos ajenos a la delincuencia organizada, sin embargo sí la prisión preventiva.
La Paz, Baja California Sur.- El nuevo sistema de justicia penal no prevé la figura del arraigo como medida cautelar en el caso de delitos ajenos a la delincuencia organizada, sin embargo sí la prisión preventiva, la cual se podrá determinar durante una sola audiencia, reveló Marco Antonio Valdés Corrales, secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Baja California Sur.

“En el nuevo sistema de justicia penal hay medidas cautelares que pueden reemplazar muy fácilmente el tema del arraigo, como la prisión preventiva, que es un esquema distinto […] A partir de que formulas ya una imputación, que no necesitas ya acreditar un cuerpo del delito y una probable responsabilidad, el estándar aprobatorio es mucho más bajo, nada más necesitas acreditar que hubo un hecho que la ley señala como delito y que hay una persona que participó o que presuntamente participó, con eso basta para que tú vayas ante un Juez de Control, formules una imputación y solicites una medida cautelar”.

Además, señaló el secretario, el Ministerio Público (MP) continuará la investigación del caso después de que el imputado esté en prisión, “a diferencia del sistema tradicional, en donde el Ministerio Público consigna y ya no investiga, se queda congelado el caso.”

El arraigo, finalizó, se convertirá en un tema exclusivamente federal, por lo que únicamente la Procuraduría General de la República (PGR) podrá aplicarlo en los estados, para lo que inició un periodo de reestructuración y regionalización creando infraestructura para atender el tema y laboratorios para optimizar las investigaciones.


Divide al Congreso el “crimen por honor”


Al someterse a votación el dictamen no contó con la aprobación del pleno, los diputados decidieron que se debería de emitir una nueva determinación al respecto.
La Paz, Baja California Sur.- Los diputados del Congreso del Estado rechazaron el dictamen que presentó este martes la diputada Jisela Paes Martínez relativo a modificación en el Código Penal estatal para remover las atenuantes de homicidio por arrebatos pasionales.

Consideradas como leyes lesivas a las mujeres por la diputada Edith Aguilar Villavicencio, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del Estado,   presentó la reforma que fue descalificada por su compañera en el Congreso hace alrededor de una año.

El artículo 274 del mencionado instrumento penal atenúa las penas por homicidio o lesiones entre cónyuges en el caso de que estos  sean “en un arrebato pasional”.

Aunque algunas asociaciones de defensa de los derechos de la mujer consideran este tipo de instrumentos como leyes que ablandan el feminicidio, para la diputada panista Jisela Paes es más bien una cuestión de la psique humana debido a que la atenuante no distingue entre hombres y mujeres.

Es decir, al considerar que en un “arrebato de pasión” un hombre o una mujer tienen argumentos válidos para lesionar o hasta matar a su pareja para la diputada no hay un principio de inequidad.

“No es factible pronunciarse a favor de la derogación, ya que existen reglas básicas en el ámbito penal, mismas que tienen que ser valoradas y aplicadas para reformar las leyes de la materia, así como los criterios orientadores que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para este tipo de asuntos” expresó la diputada al leer su dictamen.

Tanto la diputada Edith Aguilar como su compañera Guadalupe Olay tomaron la tribuna para expresar que la mujer queda en un estado de indefensión ante este tipo de arbitrariedades que las leyes plasman y que por tal motivo propusieron, en su momento, la derogación de la fracción del artículo 274.

Al someterse a votación el dictamen no contó con la aprobación del pleno, los diputados decidieron que se debería de emitir una nueva determinación al respecto.

La diputada Edith Aguilar, iniciadora de esta reforma condenó también ante los medios la determinación de la Comisión de Puntos Constitucionales de preservar estas atenuantes penales.

Por su parte Jisela Paes expresó que ella lo que no quiere es que por “hacerle un favor a un diputado” la justicia federal luego haga ver que el Congreso del Estado cayó en un error.

“La emoción violenta atiende una conmoción de choque en el individuo y por esa conmoción se atenúa la pena pero ello no vulnera a las mujeres, al contrario, sirve para ambos, no se trata de pasar algo por hacerle un favor a un compañero diputado para que luego la suprema corte venga a mostrar que el congreso legisló donde no debía, como en el caso del secuestro” finalizó.


Vigente en BCS el homicidio por “razón de honor”


Esta tipificación contempla una rebaja del castigo cuando el hombre “sorprendiendo a su cónyuge, en un acto carnal o próximo a su consumación, la mate”. Además de nuestro estado, sólo Michoacán, Chiapas, Jalisco, Yucatán y Zacatecas conservan “la razón de honor” y el castigo oscila entre tres días y cinco años de prisión.
La Paz, Baja California Sur.- Baja California Sur (BCS) continúa siendo de los pocos estados que considera la “razón de honor” para reducir la pena en caso de homicidio contra la mujer.

Esta tipificación contempla una rebaja del castigo cuando el hombre “sorprendiendo a su cónyuge, en un acto carnal o próximo a su consumación, la mate”. Además de nuestro estado, sólo Michoacán, Chiapas, Jalisco, Yucatán y Zacatecas conservan “la razón de honor” y el castigo oscila entre tres días y cinco años de prisión.

La diputada local Guadalupe Olay Davis recordó que en el Congreso del Estado existe una iniciativa para derogar dicha figura, más se encuentra congelada por Comisión de Igualdad y Género.

“Desconocemos por qué la comisión no ha dictaminado, no sabemos si ellos lo tengan para este periodo, a nosotros como diputados hasta ahorita no nos han dado respuesta, nada más nos dicen que tiene que analizarse a fondo […] Tiene que ser algo prioritario, porque las mujeres de Baja California Sur no podemos continuar en las mismas condiciones, y más aún donde en otros estados ya se han tomado decisiones serias y fuertes en ese sentido y estamos quedando rezagados […] Como legisladoras debemos buscar que las leyes se adecúen para que vayamos llegando a esa igualdad que siempre hemos buscado con el hombre […] No es posible que a estas alturas todavía existan leyes que beneficien a los hombres y perjudiquen a las mujeres”.

Olay Davis comenta que el cambio debe realizarse de manera profunda, incluso adecuando la redacción de la propia Constitución, pues sólo en pocos apartados hace referencia directa a la mujer.

La desigualdad es tan grave, expuso finalmente, que incluso la actual legislatura relega a las mujeres:

“Pero hemos tratado de empoderarnos las mujeres en el Congreso y demostrar que no por el hecho de ser mujer sabemos más o menos que los hombres, sino que estamos luchando por hacer nuestro trabajo. Y nuestro esfuerzo debe ser doble porque tenemos que demostrar a la ciudadanía que las mujeres podemos estar en el hogar, cuidando a los hijos, haciendo las tareas domésticas, pero que al igual podemos estar representando a los ciudadanos en un puesto público o en un cargo de elección popular”.


A punta de picahielo asaltaron a taxista

La Paz, Baja California Sur.-  Lejos de pagar la dejada, un noctámbulo pasajero, sacó de entre sus ropas un picahielo y colocándolo contra el cuerpo del chofer del taxi 57 del sitio Presidente, lo obligó a entregar el producto de los “cortes” del turno, que ascendían a 200 pesos.

El sujeto abordó el taxi pasadas las 11 de la noche en Forjadores y Colosio solicitando al conductor lo dejara en Forjadores y Oro.

Don Raúl Agúndez, chofer del auto de alquiler, optó por no discutir con el sujeto que la noche del lunes había solicitado de sus servicios y le entregó el producto de las dejadas del turno. El delincuente tras despojar al taxista del dinero, coronó su felonía destrozando con un barrote, el vidrio trasero del vehículo.

Los uniformados municipales que arribaron a la escena, peinaron la zona en busca del agresivo ratero, pero, como suele suceder, se lo tragó la noche.


Vendió terreno ejidal y se negó a entregarlo


Rigoberto Medina Sandoval.
Comondú, Baja California Sur.-  90 mil pesos en efectivo y un pick up Ford Ranger valuado en 60 mil fue lo que Rigoberto Medina Sandoval recibió a cambio de un derecho ejidal en San Juan de Matancitas, Municipio de Comondú, negándose, ya con el dinero en la bolsa,  a modificar los certificados con los que el predio cambiaría legalmente de dueño.

Sin embargo el afectado tuvo que esperar más de 4 años para que la justicia tocara a su puerta y llevara ante los juzgadores a Rigoberto, quien se embolsó los 150 mil pesos de la venta pero nunca modificó los certificados de propiedad de las parcelas con los números 157, 158 y 159 que se encuentran dentro de las tierras de uso común del Ejido San Juan de Matancitas.

Por tal razón, los elementos ministeriales hicieron valer este lunes la orden de Aprehensión y Detención, girada por el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Comondú que colocó a Rigoberto Medina Sandoval tras las rejas de una celda del penal de la agrícola comunidad  por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico.


Encontró la muerte en su primer día de trabajo

Cabo San Lucas, Baja California Sur.-  David Morales del Ángel encontró la muerte en su primer día de trabajo al caer, la mañana del lunes, desde varios metros de altura en las obras de construcción de un hotel del corredor turístico.

Morales del Ángel, obrero guerrerense de 40 años de edad, resultó con un traumatismo craneoencefálico severo con fractura de órbita izquierda, fractura temporal izquierda y probable fractura de piso medio tras una caída en su lugar de trabajo que, minutos después le arrebató la existencia a su arribo al hospital general de sureña población.

Fue el guía espiritual de David Morales quien identificó el cuerpo que yacía en una camilla del austral nosocomio, pues conocía al occiso desde hacía tres meses, fecha en la que llegó a estas tierras y el pastor le ofreció alojamiento en su casa.


Mesa Colorada, a merced de la delincuencia


.- Más de un centenar de vecinos de la colonia Mesa Colorada convocaron a las autoridades delegacionales para hacerles patente el clima de inseguridad en el cual viven.
Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Más de un centenar de vecinos de la colonia Mesa Colorada convocaron a las autoridades delegacionales para hacerles patente el clima de inseguridad en el cual viven, aunado a que, ahora se levanta una amenaza más en el asentamiento humano, ante la amenaza de inundación en caso de llegar las primeras lluvias.

Como voz de sus vecinos, Mario Torres manifestó que es necesario que las autoridades conozcan la grave problemática que les aqueja, y es que ahora los malandrines se han dedicado a robarles hasta los medidores del agua potable, los mismos que ellos, como usuario, tienen que reponer, si no, no tendrán el vital líquido en sus hogares.

Por otro lado, don Leopoldo Segura, vecino del lugar, dio a conocer que “yo vivo aquí en Mesa Colorada”, y añadió que el problema que enfrentan y que les interesa mucho es que, en cuanto empieza a llover, con tantito que llueva, luego empieza a correr el agua, y parece que es agua sucia, “no sé de donde venga, pero lo cierto es que las calles las descompone todas, no puede entrar ni el camión de la basura, ni las pipas, ni los urbanos, hasta nosotros tenemos que entrar y salir caminando”, dijo.

Asimismo, añadió que a unos pasos del aeropuerto y del cuartel militar, estas son las calles más problemáticas por los escurrimientos, pues, una vez que llueve, son cauces naturales de arroyos que han llegado a inundar sus viviendas, ya que los escurrimientos llegan hasta la avenida pavimentada que va a la colonia Las Palmas y va a dar hasta la invasión de Tierra y Libertad.

Denunciaron que, otro problema que se ha agudizado en los últimos meses, son los robos de los medidores, ya todos los de las cuadra fueron robados, y aunque como vecinos responsables acudieron a pagar el agua, el organismo también obliga al usuario a pagar la reposición del medidor, pero hasta ahora siguen sin colocarlo.

Mario Torres, otro de los vecinos, dijo que la problemática del escurrimiento pluvial es de hace años, y en repetidas ocasiones se le hizo la invitación al delegado para que acompañara a los vecinos a recorrer las calles y que revise hasta dónde han llegado los niveles de agua en el interior de los hogares, la cual llega, dijo, con mucha fuerza.

Los colonos confiaron en que se atiendan sus demandas o buscarán otras instancias para ver solucionada su problemática, que también se agudiza por la falta de alumbrado público.


OCTAVO DÍA

Mata a su mujer y luego intenta suicidarse
Luego de una discusión, José Manuel Montaño Cota, de 44 años, apuñaló en repetidas ocasiones a su pareja, María Luisa Gavarain, de 38 años.

Por Boletín de Prensa4 / Junio / 2013 - 11:21 
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras una discusión, José Manuel Montaño Cota, de 44 años, apuñaló en repetidas ocasiones a su pareja, María Luisa Gavarain, de 38 años, a quien dejó sin vida.

Llevaban un mes separados cuando sucedieron los hechos la tarde del sábado en la ampliación Santa Anita, en Los Cabos. Tras cometer el asesinato, Montaño Cota intentó suicidarse.

En el patio de la casa, los agentes de seguridad encontraron el cuerpo sin vida de María Luisa Gavarain y posteriormente implementaron un operativo para hallar al responsable, quien fue encontrado en un arroyo aledaño al panteón de Santa Anita.

Montaño Cota fue trasladado al hospital general a causa de varias lesiones que presentaba. Una vez dado de alta, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En el periodo de enero a marzo de este año, el delito de violencia familiar disminuyó en casi un 20 por ciento en relación con el primer trimestre del 2012, lo que se traduce en una disminución de este tipo de delitos en el estado, de acuerdo con la Subprocuradora de Atención a la Mujer y el Menor.  


LA CRÓNICA

Asesina José Manuel Montaño Cota a su esposa e intenta suicidarse
Pedro Juárez Mejía en Los Cabos | Estados | Fecha: 2013-06-05 | Hora de creación: 02:10:02 | Ultima modificación: 02:10:02

Luego de sostener una fuerte discusión y ante la presencia de sus hijos, José Manuel Montaño Cota, de 44 años de edad, asesinó de siete puñaladas a su esposa, María Luisa Gavarain García, de 38 años de edad, enfrente de su vivienda, ubicada en la colonia Invi Santa Anita en San José del Cabo, Baja California Sur.

De acuerdo con la versión de los hechos de los testigos presenciales, uno de los hijos menores gritaba con angustia: “¡Mi papá está matando a mi mamá!”, cuando pedía ayuda a los vecinos.

Fue precisamente el mayor de los hermanos, un joven de 20 años de edad, quien dio aviso a las autoridades y les dijo a los uniformados que el homicida fue su padre.

Tras acuchillar a su pareja, José Manuel Montaño se dio a la fuga pero fue aprehendido en el panteón, donde se escondió en una de las tumbas.

“La escena era aterradora, el cuerpo de la mujer estaba bocabajo y se le apreciaban varias heridas punzocortantes que habrían sido provocadas por un arma blanca; a un costado del cuerpo de la dama se encontraba un cuchillo de aproximados 20 centímetros de largo”, expresó un agente de la Policía Ministerial del Estado, quien por obvias razones solicitó el anonimato.

Cerca de las once de la noche de este lunes un convoy conformado por una ambulancia de Cruz Roja y dos patrullas de Seguridad Pública Municipal llevaron al homicida al Hospital General de la colonia Chamizal, ya que se encontraba herido, al tratar sin éxito de suicidarse, con el mismo puñal con el que le quitó la vida a su pareja.


ZETA


“El Gordo”, detrás del ataque en Fraccionamiento Las Américas
 

Posted junio 5, 2013 by ZETA Investigaciones

Ajuste de cuentas en La Paz

Las primeras indagatorias de la PGJE sobre este atentado contra el narcomenudista Christian Enrique Romero Altamirano “El Kike”, indican que los agresores pretendían amedrentarlo, pero “el asunto se salió de control dentro de la vivienda y tuvieron que usar las armas”


Investigaciones ZETA

El narcomenudista Christian Enrique Romero Altamirano “El Kike” regresaba a su casa cerca de las 3:40 pm del martes 28 de mayo de 2013, cuando fue balaceado dentro de la vivienda localizada en las calles Rubíes y Universidad, del fraccionamiento Las Américas, en La Paz.

Los dos sicarios esperaban su regreso en la sala de su hogar, después de haber obligado a la pareja sentimental de “El Kike” a hacer una llamada, la cual expuso que era esperado por un grupo de amigos.

Los pistoleros estaban armados con una pistola 9 milímetros y un rifle de asalto AK-47, amagando a la esposa del narcomenudista, de nombre Paulete Viridiana Mendoza Lizardi, y a Leydy Isabel Álvarez Amador.

Amarrados con cinchos de manos y pies -según las primeras declaraciones de la pareja sentimental-, estaban también Arturo Ernesto Gómez Espinoza “El Sonrics”, dueño de la casa; Jesús Loreto Chávez Ortega “El Kicho”, y Roberto Hirales Avilés “El Comix”.

Cuando “El Kike” ingresó a la vivienda “fue derribado al suelo, y cuando pretendió levantarse recibió dos disparos, uno en el abdomen y otro en la cara, por lo que cayó al piso y los sicarios tuvieron que salir corriendo y subirse a una camioneta tipo vagoneta Windstar de color oro, y huir”.

Una vez pasado el peligro, Paulete levantó a su pareja y de inmediato lo trasladó al Hospital General “Juan María de Salvatierra”.

En tanto, el resto de sus amigos huyeron de la escena del crimen por temor a ser investigados y detenidos por la Policía.

Según el dictamen médico, “El Kike” presentó dos heridas de bala, una en la cara y otra en el abdomen, con fracturas en huesos de la nariz, mandíbula izquierda, pulmón izquierdo y piso orbital derecho; lesiones que por su naturaleza tardan más de 15 días en sanar y ponen en peligro la vida.

Dentro de la casa, la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aseguró la escena del crimen y levantó las evidencias de los disparos: dos cartuchos percutidos calibres 9 y 223 milímetros, respectivamente, los cuales fueron asegurados y trasladados al laboratorio pericial para su análisis con el sistema de identificación balística.

Hasta el cierre de edición, el lesionado, que al momento de su agresión vestía pantalón de mezclilla y camiseta azul, permanecía hospitalizado; su estado de salud era estable. La esposa y dos personas más fueron los responsables de trasladarlo hacia el nosocomio, en cuyo caso la PGJE abrió la averiguación previa número LPZ/376/AMP1/2013.

La investigación

Las primeras indagatorias de la PGJE sobre este atentado armado apuntan a un “ajuste de cuentas” en contra del narcomenudista.

Los investigadores del caso establecieron que el objetivo “no era matarlo”, sino amedrentarlo, pero -según su análisis- “el asunto se salió de control dentro de la vivienda y tuvieron que usar las armas”.

Anticipadamente, los sicarios habían levantado a una mujer y tres hombres -tres de los cuales estaban amarrados-, quienes ofrecieron datos y pistas de “El Kike”.

Los agentes investigadores de la PGJE tienen la hipótesis que detrás de este ataque podrían estar cuatro líderes de bandas de narcomenudistas que actualmente pelean el control de la plaza en La Paz, tras la ejecución del narcomenudista Héctor Antonio Salazar Monzón “El Oaxaco”:

- “El Rayo”.

- “El Gordo”.

- “El Pelón”.

- Adelaido Soto Aguilar o Eduardo Salas Martínez “El Güero Layo”.

Luego del ataque, las policías Municipal, Ministerial y Estatal tardaron en llegar casi 25 minutos desde que algunos vecinos del fraccionamiento Las Américas reportaron haber escuchado balazos dentro de una vivienda.

El móvil -según testigos entrevistados por los investigadores- “es una deuda por venta de droga”.

El operativo de búsqueda de los matones se extendió por toda las colonias Diana Laura, El Progreso y Camino Real, donde la unidad de color dorado, fue vista circulando a toda velocidad.

 

El regreso de la violencia

Apenas había terminado el discurso de que “La Paz era el tercer municipio más seguro de México”, cuando la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán, era debidamente informada del atentado armado en Las Américas, fraccionamiento de la capital de Baja California Sur.

Este ataque implica el regreso de la violencia a La Paz. El último incidente ocurrió el 11 de febrero de este año, cuando sicarios pretendieron fallidamente ejecutar a Ramón Antonio Castro Castro “El Perro” y Carlos Alejandro Castro Castro “El Bebo”, sobrinos del ex alcalde de La Paz y ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Castro Cosío.

El retorno de los “ajustes de cuentas” se da justo en el momento clave, cuando agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, pelean un aumento salarial, así como entrega de uniformes, apoyos de traslado y alimentación a puntos foráneos a donde son enviados a “comisión”; además de la reinstalación del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y la puesta en marcha del Sistema de Desarrollo Policial, entre otras demandas.

En los últimos días, los policías municipales habían tenido paros escalonados, como una medida de presión para recibir respuesta a un pliego petitorio entregado al director de esa corporación, Noé López Ramírez, y a la alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán.

Durante un recorrido efectuado por la Dirección de Seguridad Pública, la edil expuso a los policías que actualmente gestiona recursos en las secretarías de Gobernación y en la de Hacienda y Crédito Público, para obtener apoyos extraordinarios a programas y un mejor desempeño de los agentes.

Mientras eso sucede, los ciudadanos pagan los platos rotos de la violencia, y tienen que vivir en la incertidumbre sobre situaciones como el atentado armado del fraccionamiento Las Américas.

“El Kike”, toda una fichita

Christian Enrique Romero Altamirano “El Kike” resultó ser una verdadera fichita.

Datos recabados por Investigaciones ZETA indican que el narcomenudista de 24 años fue detenido el 1 de mayo de 2009 por agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, cuando pretendía robarse un equipo de sonido de un automóvil de color gris, Nissan Sentra, modelo 1994.



Radicado entonces en la colonia Agua Escondida, perpetró el atraco en las calles 16 de Septiembre y Belisario Domínguez, Colonia Centro de La Paz, y fue detenido en posesión de un estéreo Supersonic y un adaptador MP.

Un año después, el 6 de mayo de 2010, “El Kike” fue detenido, solo que esa vez acompañado de Ricardo Alberto Esparza Soto, acusado del delito de robo de un estéreo y daños a un vehículo.

La Policía Municipal lo interceptó en un recorrido de vigilancia sobre el Bordo de Contención  y San José de Comondú, Colonia de Bellavista en La Paz, cuando corría y observaron a una persona que a lo lejos gritaba “agárrenlo, me acaba de robar mi estéreo”.

De inmediato los oficiales iniciaron operativo y lograron detenerlo, cuando intentó subirse a un vehículo de color blanco y pretendía darse a la fuga.

El cómplice lo esperaba en la unidad de color blanco, marca Toyota modelo 1988. Los dos fueron capturados en posesión de un estéreo Pioneer, así como un estuche de plástico de color gris con la leyenda Panasonic, el cual portaba la carátula.

El afectado, de nombre Raúl Cota, de 51 años de edad, dijo haber observado a “El Kike” robarse su estéreo y salir corriendo tras quebrar el vidrio de un vehículo Volkswagen Jetta color verde.

Ya con domicilio en el fraccionamiento Las Américas, y una vez revisada la unidad en que Romero Altamirano fue detenido, los policías encontraron en la cajuela del carro 20 cuadernos, ocho tapones para ring marca Nissan, un amplificador con bocina integrada, un estéreo Kenwood, una pantalla marca Pyle, una bocina Alpine, una carátula de estéreo JVC y un extintor de color rojo.


Los viajes son necesarios para obtener recursos, afirma Santillán
 
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En Mulegé, alcalde ausente Inés García Ramos Los ciudadanos de Mulegé reclaman el abandono de su presidente municipal, pero para Guillermo Santillán, su lugar no es en el Ayuntamiento “sentado, recibiendo gente”, sino ir a los lugares necesarios para gestionar recursos para su municipio. “El primer día como alcalde, fui a La Paz para hablar [...]

Posted junio 5, 2013 by Ines Garcia Ramos

 
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En Mulegé, alcalde ausente

Guillermo Santillán, presidente municipal de Mulegé, realiza cada gestión de su gobierno personalmente, aunque le cueste el reproche de empresarios y sociedad civil
Inés García Ramos

Los ciudadanos de Mulegé reclaman el abandono de su presidente municipal, pero para Guillermo Santillán, su lugar no es en el Ayuntamiento “sentado, recibiendo gente”, sino ir a los lugares necesarios para gestionar recursos para su municipio.



“El primer día como alcalde, fui a La Paz para hablar con el gobernador de nuestros problemas de recursos, he sido un presidente gestor y, si tengo que seguir haciéndolo, voy a seguir saliendo, porque así las cosas las hago yo mismo, y estoy enterado de todo”, afirmó en entrevista con ZETA.

Ese día, Santillán acudió a la capital sudcaliforniana para presentar un proyecto de recuperación municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). Más tarde, acudirá a una segunda reunión y de ahí a Loreto para un encuentro con legisladores.

“De lo que menos tengo ganas es de pasearme, pero yo soy quien representa al Ayuntamiento y destrabo los recursos, eso no lo puedo hacer por teléfono y sin que me conozcan”.

El también empresario prefiere las gestiones personales y no a través de sus funcionarios, “si yo soy el que firma”, manifestó enérgico.

La evidencia de su trabajo, por ejemplo, es la obra pública en Santa Rosalía. Inlograble, a su decir, si permaneciera en el poblado, saludando y platicando con la gente. “El recurso y las soluciones para Mulegé están fuera y no dentro”, añadió.

Deudas y más deudas

Al igual que sus homólogos, el alcalde transita entre deudas, arrastradas de administraciones anteriores que suman 720 millones de pesos. Con ZOFEMAT, por ejemplo, existe un adeudo de 5 millones de pesos y 7 millones adicionales por recargos y actualizaciones. Un esquema impagable, afirma, porque cada mes la cifra aumenta.

La solicitud consiste en la condonación de los recargos y actualizaciones por 7 millones de pesos. El primer edil pide recibir la administración de la zona -como en un pasado la tenían- para del recurso obtenido, abonar un 30 por ciento a los 5 millones de pesos restantes de adeudo.

Entre los planes para la zona costera, está la utilización del malecón construido recientemente y su mantenimiento. Son 400 kilómetros de zona federal, de los cuales podrían recaudar -de acuerdo a estadísticas de años anteriores- 5 millones de pesos.

Si el Comité sesiona a favor de la propuesta, entonces Guillermo Santillán tendría que viajar a la Ciudad de México para tratar el tema directamente con la directora general de ZOFEMAT.

Así, un viaje más se añadiría a la lista de los realizados por el alcalde de Mulegé. Ya perdió la cuenta de los que ha realizado, y la frecuencia, explica, no depende de él, sino de lo que las autoridades estatales y federales le indiquen.

Entre sus mayores deudas, y por ende, castigos federales, está el Programa Hábitat. Los recursos obtenidos en 2011 no fueron ejercidos para las actividades requeridas. Una de las primeras acciones del alcalde fue subsanar la deuda.

Cubrimos los adeudos de 2008 a 2011, alrededor de un millón 100 mil pesos de los tres ejercicios anteriores. El recurso obtenido a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) fue de un millón 500 mil pesos; prácticamente, Mulegé solamente obtuvo 400 mil pesos de ganancia, pero muy útiles.

De esa forma, se compró uno de los dos camiones recolectores de basura modelo 2013 que hoy operan en el municipio frontera con Baja California.

Otro acuerdo fue el realizado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La deuda de la administración anterior llegó a los 29 millones de pesos. Con el gobierno estatal como aval, Ayuntamiento se comprometió a pagar en tiempo y forma el consumo actual; la misma cantidad pagada se considerará para liquidar lo anterior.

Así, cuando el actual Ayuntamiento llegue a los 29 millones de pesos, la deuda histórica quedará subsanada. El promedio de consumo anual es de 2 millones de pesos, por lo que el alcalde espera que en poco más de un año, la CFE y Mulegé empiecen una cuenta desde cero.

Guillermo Santillán pensó que su llegada a la administración municipal sería diferente. Imaginaba un municipio con recursos suficientes, con la única tarea de administrarlos. “Es lamentable, no hay recursos federales ni estatales de las delegaciones. No te dan nuevo acceso hasta que pagues ese rezago, y es por una mala administración anterior”, opina.

Este año, Mulegé recibió por primera ocasión recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), 12 millones 500 mil pesos. La primera entrega fue por 4 millones de pesos para realizar un diagnóstico de seguridad, plan de acción, programas de prevención y adquisición de patrullas.

Los programas, asegura, están enfocados a la atención de jóvenes, principalmente enfocados a detener las extorsiones telefónicas. Los vehículos por adquirir son seis patrullas tipo pick-up, un automóvil y una motocicleta. “El resto del recurso (7 millones 500 mil pesos) lo aplicaremos respecto al Plan de Acción y el diagnóstico”, complementó Santillán.

También refirió que de esa forma, se atiende la zona sur del municipio, mientras que la parte norte – Guerrero Negro, Pacífico Norte, Vizcaíno y San Ignacio – se trabajará a partir del fideicomiso del Estado. El objetivo es tener en cada una de las comunidades, un vehículo nuevo para asegurar vigilancia permanente.

 

Recorte de personal y mejores sistemas

Son cuatro quincenas las que el alcalde debe a empleados compensados y funcionarios de confianza. Cuando recibió el municipio, debía pagar 17 millones de pesos de nóminas atrasadas.

Con un presupuesto anual de 217 millones de pesos, el 87 por ciento se destina al pago de la nómina de mil 482 empleados municipales (5.5 millones de pesos quincenales).

De acuerdo a los análisis solicitados, el Ayuntamiento de Mulegé funcionaría eficientemente con 600 trabajadores, casi la mitad de los contratados.



Sin recursos suficientes -Santillán calcula 70 millones de pesos- para liquidar a los trabajadores “que yo contraté, pero ahí están”, dice a tono de broma que lo único que puede hacer es llorar: “La Federación no va a dar (los recursos), el Estado tampoco tiene y nosotros seguimos batallando con el sistema económico que nos dejó la pasada administración”.

Por el momento, Guillermo Santillán prefiere enfocar su atención a la tramitación de un crédito para modernizar los sistemas y bases de datos de Catastro, el Registro Público y Obras Públicas. Sería a través de Banobras y por 30 millones de pesos.

La necesidad de hacerlo, insiste, “jamás se han digitalizado o sistematizado las áreas del Ayuntamiento”.  Ejemplificó que hay 17 mil cuentas registradas en Catastro, pero estudios independientes le indican la existencia de hasta 45 mil.

Actualmente, todos los registros están en libros municipales. Los cobros no se han actualizado y tampoco existe una cultura de acercamiento por parte de los ciudadanos. “Deberíamos, como municipio, tener otras preocupaciones o acciones de gobierno que no fueran tan básicas, pero así estamos”.

Con áreas recaudatorias eficientes, el primer edil confía en generar mayores recursos para el municipio, así como resolver los problemas de tenencia de la tierra. A pesar de que no revisara las cuentas anteriores, porque prefiere actualizar el sistema y comenzar una nueva base de datos, tiene conocimiento de irregularidades en el cobro del Impuesto Predial.

Otro cambio en los sistemas municipales fue el ajuste del cobro de agua, medida que, asegura el presidente municipal de Mulegé, le ganó la desaprobación y malestar de sus gobernados, especialmente de los comerciantes.

Habló, por citar un caso, de un hotel que consumía 600 pipas de agua al mes, pagando 800 pesos de agua. Desde que se instaló el medidor, el recibo a pagar alcanza los 35 mil pesos. “Son parámetros que establecimos, de acuerdo a los costos de distribución, pero no los han atendido”, sostuvo el alcalde.

Del Consejo Ciudadano de Guerrero Negro, que ha publicado desplegados en diarios estatales para denunciar el abandono del presidente municipal, éste se defiende: “Los he atendido y platicado con ellos alrededor de diez veces, pero su descontento surgió de la adecuación a las tarifas del agua”.

Agregó que el servicio estaba subvalorado en las administraciones anteriores, los índices de consumo al mes se mantenían igual, y esto recayó en deudas de millones de pesos para el municipio.

De los acuerdos surgidos, se estableció el parámetro de 18 metros cúbicos como cuota mínima de consumo. El cobro es de 185 pesos para uso doméstico y alrededor de 200 pesos para los comercios.

El servicio de agua potable alcanza al 90% de la población municipal. Se está trabajando en la colocación de tres mil medidores, adquiridos por la administración anterior.

Parte de los esfuerzos están encaminados en crear conciencia del consumo de agua. En viviendas se consumen hasta 45 metros cúbicos de agua, mientras que en poblaciones como La Laguna y San Francisco de la Sierra, hay más de tres mil habitantes que requieren de pozos para conseguir agua.

“A mí no me importa que me paguen el recibo por alto que sea, sino que aprendan a medir su consumo”, advirtió. En Vizcaíno, uno de los seis poblados sin acceso a agua potable, se trabajará en una obra de 5 millones de pesos para instalar una red de distribución para 250 familias.

Las comunidades en la zona norte del municipio son las más carentes de servicios. El munícipe lo sabe, pero reconoce que los esfuerzos se han quedado cortos. “Estamos trabajando con el Estado de Oaxaca, directamente con su gobernador, Gabino Cué, para atender a la población oaxaqueña”, compartió Santillán, quien una vez más, hizo referencia a Vizcaíno, zona mayormente agrícola, y sobre los avances para la atención de las necesidades como alumbrado público y mejores accesos, reconoció no haber “logrado nada con ellos”.

Pero presume los 2 millones de pesos destinados a programas culturales en 2012, también los 9.2 millones para el impulso al deporte. Están también los 2 millones de pesos recibidos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (FOPAM), y los 10 millones que recibirán este 2013.

De igual forma, calificó como rumores las acusaciones del recurso no utilizado y obtenido a través de la exportadora de sal: “Los presidentes municipales anteriores recibieron ese beneficio, pero el año en que fui elegido (2011), la Dirección General de la empresa decidió ya no repartir utilidades ni dividendos para Mulegé”.

De los 11 millones de pesos que recibían los anteriores ayuntamientos, Guillermo Santillán dice no recibir ni un peso. Pero ese tema lo tiene tranquilo, pues presume que la deuda de su municipio apenas rebasa los 7 millones de pesos, un mínimo en comparación con los 120 millones de sus antecesores.

Optimista, el funcionario comparte sus planes por fortalecer a Mulegé: “Queremos hacer a Santa Rosalía, Pueblo Mágico, ya nos presentamos en la Embajada de Francia, en la Ciudad de México, con un proyecto de rescate arquitectónico”.

“¿Será entonces un viaje más que realice?”, se cuestionó a Guillermo Santillán, para concluir:

“Regresaré cuando requieran que vaya, pero todo eso, tengo yo que hacerlo y generarlo, no hay de otra”.




Más de 250 niños piden limosna en el destino turístico
 

Posted junio 5, 2013 by Gerardo Zuniga Pacheco


Es común encontrarlos afuera de los bares y cantinas, su tarea los norteamericanos
Explotación infantil en Cabo San Lucas

Según Julio Castillo, presidente del CCE, los menores son obligados a trabajar en la playa El Médano, la Marina de Cabo San Lucas y la Zona Dorada de Bares de día y de noche. Los datos se basan en un estudio que el organismo entregó a la PGR, que a su vez, ya investiga a un grupo delictivo involucrado en la trata de personas
Cabo San Lucas, Baja California Sur. El pequeño José corre de un lado a otro, y en su mano derecha carga una bandeja color azul rey, interceptando turistas y pidiendo limosna en la zona dorada de este destino de playa.

Con apenas 6 años de edad y 70 centímetros de estatura, viste pantalón caqui y playera roja, y compite en el supuesto juego de “a ver quién recolecta más dinero” entre un grupo de más de 20 niños.

Los menores de entre 5 y 10 años, trabajan los siete días de la semana, de ocho de la noche a cuatro de la mañana, expuestos a peligros como abusos, drogadicción, pornografía, turismo sexual y tráfico.

Los infantes son sigilosamente vigilados a distancia por un par de adolescentes de entre 14 y 17 años, y por mujeres vestidas de trajes típicos de Oaxaca o Chiapas, quienes cargan a bebés recién nacidos y ofrecen chicles a todos los turistas que salen de bares y cantinas, y caminan por la principal zona turística.

Los vigilantes comúnmente se colocan en lugares discretos, como maceteros, palmeras, postes o en la puerta de algún comercio de la zona que ya dejó de operar, porque de noche en Los Cabos solo abren los bares.

Los más pequeños apenas hablan español, pero están preparados para pedir limosna a los turistas extranjeros en inglés. “One dollar!”, grita José y levanta su bandeja. Una pareja de extranjeros pasan por el sitio y ríen.

“Eso es todos los días y nadie hace nada. Esos niños deben ser un jugoso negocio para muchos”, dice el jefe de seguridad de un bar a ZETA y suelta la risa.

El trabajador apunta a los vendedores de chicles, chocolates y flores: “Toda esa gente que ves ahí, es parte de este andamiaje. Hacen como que venden, pero la verdad es que están vigilando a los infantes, junto con esas señoras vestidas de marías y esos adolecentes que están con los niños y niñas. Es una red, es una mafia”.

— ¿Cómo sabes?

“Lo veo todos los días, platico con los niños, con los que los cuidan y aquí todos sabemos cómo está el show (sic). Desde que trabajo aquí hace cinco años, veo eso todos los días y no pasa nada. Los dueños de los bares han expuesto el problema, y cuando hay presión fuerte, viene la Policía, levanta a los niños y detiene a toda esa gente que los cuida, pero a la semana vuelven, cuando pagan multa y salen. Es un cuento de nunca acabar, todos lo saben, por eso nadie hace nada”.

Ciertamente, por el sitio pasan agentes de la Policía Municipal y Ministerial, pero nadie parece darse cuenta de lo que sucede.

La explotación

Según el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, “en el último recuento que se hizo contabilizaron aproximadamente 250 entre niños y niñas que van entre 5 y 12 años, y los cuales son obligados a trabajar en la playa El Médano, la Marina de Cabo San Lucas, y la zona dorada de bares en el día y en la noche, y en grupos de 10 a 25”.

Los menores “son utilizados porque transmiten ternura y hasta cierta simpatía entre los turistas cuando piden dinero, quienes caen en la trampa de pensar que se trata de infantes necesitados y olvidados por el gobierno; la realidad es que detrás de ellos, opera una red de trata de personas”.

Durante una entrevista con ZETA, el líder empresarial apuntó que el problema de la explotación de jovencitos no es nada nuevo, por el contrario, es tan añejo que “nadie ha podido erradicarlo durante ocho largos años, cuando comenzaron a verse los primeros casos”.

El empresario expuso que durante todo este tiempo han podido identificar las formas de reclutamiento, el modus operandi y el traslado de infantes de algunas regiones hacia Los Cabos. Tan es así que el 22 de mayo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Los Cabos tuvo un encuentro con delegados de la Secretaría del Trabajo y de la Procuraduría General de la República (PGR), Ernesto Álvarez Gámez y José Bernal Romero, respectivamente, donde se formalizó la entrega de un expediente con más de 100 casos debidamente documentados, de un total de 250 de niños explotados.

El expediente -en manos de ZETA- incluye una recopilación de datos, un paquete fotográfico y videográfico que evidencian horarios, días, lugares y nombres de infantes plenamente identificados como parte de esa red de trata de personas.

Se puede leer que “algunos niños son rentados por enganchadores en Chiapas, Oaxaca y Guerrero a un costo de 100 dólares diarios, y quienes vienen por un tiempo y vuelven a ser regresados a sus tierras”.

Según el documento, la red de trata de personas “se encarga de otorgar alimentos, hospedaje y transporte, quienes son ubicados en casas particulares de algunos integrantes y son presentados como familiares”.

El documento no contiene información sobre los cabecillas de esta red, solo que “los niños son llevados en camionetas o vehículos y dejados en sus zonas de trabajo para una jornada laboral de ocho horas, bajo vigilancia permanente de adolescentes y adultos que fingen estar en el lugar o vender cosas, cuando en realidad están resguardando a los menores por cualquier problema que surja.

“Los infantes quedan expuestos a una serie de peligros y comúnmente atestiguan abusos de alcohol y faltas a la moral de extranjeros dentro y fuera de los bares, lo cual es muy frecuente en temporadas de los spring breakers”, cita el documento.

Preocupados por esta situación, la asociación civil Amigos de Cabo San Lucas recientemente colocó letreros dentro de bares y restaurantes de la zona dorada en inglés y español, mismos que rezan: “Ayúdanos a Prevenir la Explotación Infantil: No Compres Mercancías ni Regales Dinero a los Niños”.

El delegado de la Secretaría del Trabajo, Ernesto Álvarez Gámez, reconoció que el problema de explotación infantil es real, porque “vemos que infantes de 5 y 10 años andan pidiendo dinero o vendiendo cosas en puntos turísticos, y la Ley no faculta o no permite que menores hasta de 14 años, puedan trabajar.

“Tenemos que llegar al fondo de esto, porque tiene que haber consecuencias contra aquellos que estén lucrando comercialmente con niños y niñas, y más exponiéndolos a serios peligros”, afirmó, para complementar:

“Actualmente están revisando el marco jurídico y pronto habrán de tomar medidas para que los infantes no laboren en la calle, porque vemos que están siendo manejado por una red organizada y hay que ver de quien se trata”.

La llamada zona dorada cuenta con más de 200 negocios distribuidos sobre la Avenida Lázaro Cárdenas de Cabo San Lucas; ahí se encuentran bares, table dances, cantinas, hoteles con restaurant-bar, casinos y centros nocturnos.

La investigación de la PGR

La explotación de infantes en Los Cabos no es desconocida para la PGR, que  investiga a una red de trata de personas que opera justamente en este destino de playa, y que utiliza a niños y niñas con fines comerciales.

Durante una entrevista con ZETA, el delegado de la institución, José Bernal Romero, anticipó que “actualmente tienen una averiguación previa abierta y está en una fase terminal, digámoslo así, para iniciar el proceso de acción en contra de quienes resulten responsables, y no podemos dar más datos por la secreción de la investigación que tenemos ahorita sobre la trata de personas”.

El funcionario aseguró que ésta “es la primera” de una serie de indagatorias que van a abrirse -a raíz de la entrega del expediente de empresarios de Los Cabos-, porque “es indudable que el problema de trata de personas es una realidad en este destino turístico. No podemos tapar el sol con un dedo, porque sabemos y estamos conscientes de que el problema se está dando de una u otra manera”.

El delegado de la PGR sostuvo que iniciarán revisando datos y recopilando información para generar una cadena de custodia, fundamental para dar con el paradero de los responsables y ser determinantes al momento del castigo, porque “las penalidades en materia de trata de personas, o esclavitud moderna, rebasan más de 30 años, y no podemos tener excepciones y hacer alguna consideración, ya que la Ley General de Trata de Personas nos faculta para investigar y actuar, y tenemos que hacer cumplir la Ley en el ámbito federal”.

Desde su punto de vista, el tema de la trata de personas no solo involucra a niños, sino a personas que estén trabajando en contra de su voluntad o en situación de esclavitud moderna, tráfico de órganos y explotación sexual.

Bernal Romero adelantó a ZETA que ya está preautorizada la apertura de la tercera fiscalía de delitos en contra de la mujer y trata de personas a nivel nacional, la cual están planeando instalar en Los Cabos “por la gravedad del problema”.

— ¿Qué tan grave es el problema de trata de personas en Baja California Sur, particularmente en Los Cabos?

“Por las evidencias que tenemos ahorita, vemos que es un problema de explotación laboral, pero de acuerdo a los análisis y estudios de antropología social que se hagan posteriormente, habrán de  determinar qué tipo de elementos y consecuencias arroja todo esto. Ahorita estamos revisando padres, familiares y personas que están explotándolos, y sabemos que después del narcotráfico, el delito de la trata de personas es el segundo negocio transnacional por el nivel de ingresos que produce cada año”.

El fenómeno

No obstante y a sabiendas que detrás de los infantes opera una red de trata de personas, la directora del Programa de Atención al Menor y al Adolescente en Riesgo, dependiente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Los Cabos, María Elena Solís Ruíz, dijo que trabajan en atender el problema de la explotación a través de un programa de becas para niños trabajadores, es decir, ofrecen “una compensación económica a cambio de que dejen de laborar”.

Informó que actualmente más de 200 niños y niñas cobran este estímulo de 400 pesos al mes, 200 aportados por el Municipio y 200 por el Estado, encaminado a reducir el número de infantes trabajadores y comproA veces hasta el amanecer los niños son explotados y poniendo en riesgo su integridadmeterlos a seguir estudiando.



Sin embargo, reconoció que la situación no ha sido nada fácil, porque algunos padres obligan a sus hijos a trabajar en la calle, sobre todo en el comercio ambulante, la gran mayoría tienen problemas de adicción al alcohol y a la droga, y maltratan a sus críos si no obedecen.

De acuerdo a la funcionaria, existen casos tan complicados que “algunos de estos niños explotados son rentados por sus propios padres, que viven en el interior de la República, y que por las carecencías económicas que viven, acceden a que personas ajenas se traigan a sus hijos a Los Cabos, y los pongan a trabajar; y ellos, solamente reciben dinero en sus cuentas”.

Pero lejos de disminuir, el problema va en aumento. Según la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, el número de niños explotados subió cerca de un 200 por ciento en los últimos seis años.

Durante 2013, acorde a un parte informativo de la Policía, más de 20 personas fueron detenidas por explotar en la vía pública a sus hijos, pero desgraciadamente fueron liberados por no haber elementos acusatorios de trata de personas.

La asociación civil Amigos de Cabo San Lucas estima, en base a un reciente estudio, que cada niño obtiene un ingreso de hasta 300 dólares por jornada laboral, y resulta un jugoso negocio, ya que son capaces de “inspirar lástima a los turistas”.

La organización reconoce que el DIF y la Policía Municipal están trabajando fuertemente en este tema que es todo un fenómeno, pero “tienen límites, como cualquier órgano e institución que desgraciadamente no permite ir más alla, porque cuando van a la calle e interceptan niños o niñas, están adiestrados para contestar y tampoco pueden ser detenidos por los derechos que tienen y por tratarse de niños”.

Pero no todos los turistas ven con buenos ojos a los niños explotados. Según una carta del negocio Sangrías Bar y Cabo Cantina, los infantes frecuentemente acosan a los turistas pidiendo limosna o tratando de vender chicles o tortuguitas, y a pesar de que reciben un “no” como respuesta, insisten y hacen caso omiso, lo que provoca cierta incomodidad en algunos extranjeros; incluso en alguna ocasión, uno de los menores se enojó y nalgueó a una turista suiza, pretendiendo ser simpático, y solo recibió tremenda reprimenda.

En otro hecho -según los quejosos-, unos niños se robaron una cajetilla de cigarros de una mesa y “echaron a correr” cuando escucharon un “no, gracias”, lo que molestó a la turista víctima del atraco porque acababa de comprar el producto.  “Es como si me hubieran robado 50 pesos”, dijo fúrica, para rematar: “Éstos son los rateros del futuro”.



El diputado se quedó con dinero de 300 jornaleros de su rancho “Agrícola de Comondú”
 

Posted junio 5, 2013 by Gerardo Zuniga Pacheco

Los abusos de “Pancho” Pelayo



Trabajadores acusan al legislador de haberse quedado con parte de sus ingresos, luego de un programa de trabajo temporal tras las heladas que causaron estragos en Comondú. “Así, como nos llegó el dinero de la Sedesol, así nos lo quitó Pancho Pelayo a través del pago de la nómina de la semana siguiente, y se cobró a lo chino”, dijo uno de los supuestos afectados a ZETA. Pelayo responde: “Eso no es cierto, la gente quiere ver qué saca nomás”
Gerardo Zúñiga Pacheco

 

Ciudad Insurgentes, Baja California Sur.- El 2 de mayo, la señora María Victoria Ibarra Uribi cobró mil 280 pesos por concepto del pago del retiro de varas y deshierbe de áreas de siembras siniestradas en diciembre pasado en el rancho “Agrícola de Comondú”, propiedad del diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Pelayo Covarrubias, localizado al norte de esta ciudad.

La jornalera agrícola recogió el dinero en la oficina 3027 de Telecomm, bajo el número de folio 02844901, y el cual provenía del Programa de Empleo Temporal (Pet) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La trabajadora fue una de las 4 mil 209 personas seleccionadas dentro de este programa federal que fueron incorporadas a labores de poda de plantas, resiembra, rehabilitación y limpieza de áreas de cultivo y mantenimiento de infraestructura básica complementaria, y el cual tuvo una temporalidad de 10 días en Comondú.

Como las bajas temperaturas de enero pasado, destruyeron entre el 50 y 70 % de las siembras en el corazón agrícola de Baja California Sur, el subsecretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Carlos Godínez de León, anunció –el 4 de abril pasado—que la Sedesol, había puesto en marcha un programa emergente encaminado a generar un ingreso que permitiera atender las necesidades básicas de alimentación de los jornaleros, a pesar de que “no resolvería en gran medida el problema del desempleo que enfrentaron familias por las heladas a principios de año”.

Según el funcionario, el programa de empleo temporal abarcaba también Mulegé y donde se había considerado una inversión total de 5.3 millones de pesos, lo que a su vez, representaba “un importante apoyo a los agricultores para el desarrollo de sus actividades de preparación para nuevos ciclos de siembra, sin generar mayores presiones a su economía afectada de manera importante por la pérdida de sus cultivos”.

El presidente de la Asociación Agrícola de Comondú, Alejandro Solís López, dijo –en aquel entonces— que la helada de cultivos tenía bajo amenaza cerca de 10 mil empleos de jornaleros agrícolas del municipio, porque al quedar congeladas las cosechas, prácticamente “no había nada que hacer en los ranchos”, salvo desmontar y esperar el nuevo ciclo agrícola y volver a cultivar.

El líder de agricultores expuso que el siniestro había provocado la pérdida de 4 mil hectáreas de garbanzo, 4 mil de maíz, 2 mil de naranja, 4 mil 600 de alfalfa, 500 de frijol, 2 mil de papa y 5 mil de tomatillo, cuyos daños ascendieron a 745 millones de pesos.

El propio alcalde Venustiano Pérez Sánchez se dijo “preocupado” porque “la afectación de cosechas iba a provocar un problema social en todas las comunidades, porque el municipio dependía en gran medida de la generación de empleos de alrededor de 10 mil jornaleros agrícolas que podrían perder su trabajo”.

Los municipios de Comondú y Mulegé fueron declarados primero zona de emergencia y posteriormente, es decir, el 24 de enero, zona de desastre, por la Secretaría de Gobernación, por lo que después de una serie de reuniones entre autoridades municipales, estatales y federales, determinaron “bajar programas y recursos para revertir el colapso de las heladas, ya que se habían dañado alrededor de 20 mil hectáreas en ambas localidades”.

 

Supuestas pérdidas

Uno de los 700 ranchos afectados en Comondú por las heladas fue el del diputado federal del PAN Francisco Pelayo Covarrubias, quien –según su dicho— perdió “más de 3 mil hectáreas que tenía sembradas de tomatillo y lo que representó una afectación económica de mínimo 4 millones de pesos”.

El legislador recordó que la Sedesol solicitó a todos “los agricultores elaborar una lista de jornaleros agrícolas que tuvieran necesidad de un empleo temporal para que no dejaran de trabajar”.

En la lista del rancho “Agrícola de Comondú” –propiedad del legislador federal– estaba la señora María Victoria Ibarra Uribi, junto con alrededor de 300 jornaleros agrícolas que se dijeron “robados por el diputado”.

“Así, como nos llegó el dinero de la Sedesol, así nos lo quito Pancho Pelayo a través del pago de la nómina de la semana siguiente, y se cobró a lo chino”, dijo textualmente.

— ¿Por qué?

“Por sus…porque él quiso, y cuando fuimos a recoger el dinero a Telecomm, nos dijeron que no fuéramos a darles un cinco a los patrones, porque era para nosotros. El trato era trabajar 10 días por el pago de Sedesol y ya lo otro era con cargo al patrón, entonces trabajamos 10 días, y posteriormente, trabajamos otra semana más, y esa última semana no nos pagaron en el rancho, y cuando preguntamos del pago de la semana, nos salieron con que ya habíamos cobrado con Sedesol anticipadamente y nomás nos tiraron con 200 pesos”.

—A ver, explíquenos más despacio. Está Usted diciendo que el diputado federal se quedó con mil 80 pesos que correspondía a cada uno de ustedes…

“Así es, el cheque que cobramos fue de mil 280 pesos, como apoyo que nos dieron para que deshierbáramos el rancho, porque solo estábamos trabajando 4 días y el resto nos descansaban, entonces la semana extra que trabajamos después de los días que laboramos en el programa de Sedesol, no la quisieron pagar porque ya habíamos cobrado, y además nos dijeron que esa semana que trabajamos de gratis era para apoyo del rancho, ¿usted cree que el rancho necesita más que nosotros?”

—Pero, no les recogieron el dinero, ¿verdad?

“No lo recogieron, pero inteligentemente dejaron que cobráramos, y luego nos los descontaron de la nómina de la semana siguiente, como quien dice, trabajamos dos semanas por los mil 280 pesos que cobramos en el programa de Sedesol y fuimos muchos afectados, “échele pluma” de mil 80 pesos por persona, y somos como 300, como 324 mil pesos que se echó a la bolsa el patrón, y a costillas de nuestro trabajo, no es justo ¿no?”

De los jornaleros agrícolas que contactaron a ZETA, uno de nombre Carlos Ibarra, expuso que “ésa era la segunda vez que el diputado Francisco Pelayo Covarrubias hacía lo mismo con dinero de programas federales”.

“Hace dos años también nos descontó, cuando recibimos dinero del programa de Sedesol por las heladas de aquel tiempo. Nos hicieron trabajar toda la semana y no nos pagaron dos días, o lo trabajamos gratis, en solidaridad supuestamente con el rancho. En aquella ocasión el pago fue de mil 180 pesos y solo nos pagaron 500 pesos”, dijo.

Los jornaleros se dijeron “explotados” por el diputado porque mientras él paga el día laborado en 130 pesos, en otros ranchos pagan hasta 200.

—Y si pagan 200 en otros lados, ¿por qué no trabajan en otro lado?

“Porque no trabajo ahorita, están a su máxima capacidad y menos ahora con la crisis que se siente en Comondú”.

Sobre este hecho, ZETA solicitó una entrevista con la delegada de Sedesol, Araceli Domínguez, pero por cuestión de agenda “no pudo establecer una fecha”, no obstante, el vocero de la institución, Abraham Flores, dijo que “la encomienda es que los beneficiarios cobren el cheque en ventanilla, pero si ya tiene el dinero, y firmaron de recibido con puño y letra, y posteriormente, algún patrón les descuenta de su nómina, creo que es un asunto de competencia de la Secretaría del Trabajo”.

El delegado de la Secretaría del Trabajo, Ernesto Álvarez Gámez, fue tajante al ser abordado por este Semanario: “Quien hizo eso es un bandido”.

Sin embargo, el funcionario dijo que desgraciadamente no se puede proceder legalmente al respecto, si oficialmente ningún trabajador ha presentado hasta el momento una queja, “pero vamos a hacer una inspección en el rancho y hablaremos con los trabajadores y si ratifican su queja entonces, podríamos proceder trátese de que se trate”.

 

La respuesta

Durante una entrevista con ZETA, el diputado federal del PAN, Francisco Pelayo Covarrubias, respondió a las acusaciones de sus trabajadores y dijo que “desgraciadamente la gente metió jiribilla en este asunto, porque querían cobrar doble la misma semana trabajada, es decir, en Sedesol y en el rancho, cuando las reglas de operación son claras”.

El legislador se desligó de cualquier irregularidad y abuso de poder porque “a nosotros ni siquiera nos entregaron el dinero, sino directamente a los jornaleros beneficiados, y quienes primero tuvieron que terminar el trabajo, y después cobrar”.

—Pero dicen que en el rancho descontaron el dinero a través de la nómina…



“Eso no es cierto, la gente quiere ver qué saca nomás y me sorprende que nomás me señalen a mí, cuando yo no soy el único agricultor en Comondú, somos más de 700. A los trabajadores les pagaron de forma directa en una oficina fuera del rancho, y ciertamente no se les pagó una semana, porque fue la que pagó Sedesol, pero querían cobrar doble sueldo, y eso no es posible, porque se supone que el programa era de ayuda para los jornaleros, pero también para los patrones, en cuanto al desvare y deshierbe de las siembras siniestradas por las heladas”.

“Así es como funcionó”, dijo y consideró que en “el tema había cierta confusión”.

El legislador subrayó que las pasadas heladas dejaron “temblando” su rancho, por lo que hace un gran esfuerzo en sostener su planta laboral permanente de 120 trabajadores que representan mucho dinero cada semana.

“Las pérdidas fueron terribles a principio de año, y sacamos toneladas y toneladas de tomate siniestrado, a punto de ser recolectado en cantidades industriales, lo que nos puso en una crítica situación”, comentó.

El legislador recordó que últimamente ha reducido el espacio de la siembra “porque cuando no es el clima son las plagas o el precio del producto que coloca a los horticultores en una situación muy crítica y difícil”.


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