PERICU
Robo de ganado en Comondú
Publicado el mayo 12, 2013| 7 comentarios
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Mayor vigilancia piden en San Juanico
También allanamiento de moradas
San Juanico, B.C.S.- El delito de Robo es uno de los delitos que padecen los habitantes de San Juanico, en el municipio de Comondú, por lo que los habitantes de esa zona, solicitan mayor vigilancia y acción penal en contra de los responsables.
Así lo dio a conocer el licenciado Gamill Arreola, quien durante el segundo día de recorrido visitó también las comunidades de La Purísima, La Poza Grande, Santo Domingo y Puerto Adolfo López Mateos.
Arreola Leal y las y los subprocuradores, atendieron en los seis poblados alrededor de 70 personas, quienes recibieron la atención y orientación sobre cada problema expuesto.
El Procurador de Justicia sostuvo que alrededor del 30 por ciento de los casos expuestos, no son competencia de la PGJE, no obstante, se tomó nota para canalizar cada caso a la autoridad correspondiente
Además del delito de Robo, se presentaron algunos casos por lesiones y allanamiento, en comunidades como La Purísima, los lugareños expusieron problema de abigeato y la necesidad de reunirse con las diversas autoridades para aclararles trámites y requisitos para la transportación y matanza de su ganado, el Procurador comprometió la presencia de elementos de investigación adscritos a la comandancia de abigeato para revisar los casos presentados.
Acudió también a Santo Domingo y Puerto Adolfo López Mateos en donde le presentaron casos sobre pensión alimenticia y fraude cometido por una empresa constructora a través de cundinas, que fue la misma problemática expuesta en Puerto San Carlos.
Los delegados de la poblaciones visitadas, además de los de Francisco Villa, Los Comondú y La Poza, agradecieron la presencia de funcionarios de la PGJE, pidieron que se repita la acción que calificaron de muy buena para resolver asuntos de seguridad procuración de justicia.
Santa Rosalía: lo mataron a golpes II
Publicado el mayo 12, 2013| 5 comentarios
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Ya fue plenamente identificado
Las investigaciones continúan
No hay detenidos al momento
¡El Parte Oficial!
Santa Rosalía, B.C.S.- La Subprocuraduria de investigaciones Especiales da a conocer que el día 11 de mayo del presente año, Agentes de Investigaciones de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la Comandancia en San Rosalía, informaron que en el hospital General de se encontraba una persona sin vida a consecuencia de lesiones recibidas.
Se constituyó en el Lugar el Agente del Ministerio Publico del Fuero Común Investigador en Turno, Policía Ministerial y peritos adscritos a la dirección de Servicios Periciales, observando en el área de descanso del hospital general una persona sin vida, informando el medico de guardia que el hoy occiso había ingresado previamente y falleciendo en el hospital, por lo anterior el Representante Social ordeno el levantamiento y traslado del cuerpo al SEMEFO de la Institución para realizar la necropsia de ley, en donde los peritos médicos legista determinaron como causas de muerte: hematoma subaracnoideo secundario a traumatismo cráneo encefálico profundo.
El hoy occiso fue identificado por sus familiares como quien en vida respondia al nombre de Irvin Osiris Abarca Meza, 36 años, originario de Santa Rosalia B.C.S.
De las Investigaciones realizadas por lo Agentes de Investigaciones de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la Comandancia contra Homicidios se advierte que el hoy occiso fue encontrado lesionado en la explanada de la marina de yates de dicha población y había sido lesionado en una riña.
El Agente del Ministerio Publico del Fuero Común Investigador Especializado en Homicidio doloso Zona Norte, se encuentra realizando las investigaciones, hasta lograr la detención del o los probables responsables de los hechos.
Colectivo Pericú cita PARTE OFICIAL DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA.
Ya vienen los juicios orales
Publicado el mayo 12, 2013| 2 comentarios
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Nuevas instalaciones en La Paz
También en Ciudad Constitución
La Paz, B.C.S.- A efecto de planear la creación de los espacios que demanda el nuevo modelo de gestión, el 9 y 10 de mayo funcionarios de algunas de las dependencias involucradas en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal supervisaron las obras en construcción en Ciudad Constitución y en La Paz.
Así lo dio a conocer el Lic. Marco Antonio Valdez, secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de justicia Penal, quien afirmó que el objetivo es brindar un servicio que prepondere la eficaz resolución de los conflictos y por ende una mejor impartición de justicia, por lo que están en construcción: salas de audiencias, unidades de atención integral, unidades de justicia alternativa, unidades de investigación y almacenes de evidencia.
Explicó que en coordinación con la Subdirección de Infraestructura de la SETEC y la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado, la Secretaría Ejecutiva de la CINSJP desarrolló una agenda de trabajo encaminada a generar un diagnóstico de la infraestructura necesaria para la implementación del NSJP, para ello el día 9 en la Capital del Estado se realizó un recorrido por las actuales instalaciones de las instituciones operadoras, Juzgados Penales, Ministerio Público y Defensoría de Oficio.
El 10 de mayo el Secretario Ejecutivo de la CINSJP, Lic. Marco Antonio Valdez Corrales, coordinó visita de supervisión de las obras en proceso en Ciudad Constitución, en la que se contó con la participación de los Licenciados Gamill Abelardo Arreola Leal y Daniel Gallo Rodríguez, Procurador General de Justicia y Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, respectivamente, así como, del equipo técnico encabezado por el Arq. César Deyta Tenchipe, Subdirector de Infraestructura de SETEC, el Ing. Abel H. Sandoval Beltrán, el Arq. José G. Collins Ramírez, Director y Subdirector de Obras Públicas del Gobierno del Estado respectivamente, así como el Lic. Luis Renato Beltrán Armenta, Coordinador de Planeación y Reorganización Institucional de la Secretaría Ejecutiva de la CINSJP.
Valdez Corrales concluyó que con motivo de los trabajos de supervisión se adoptaron trascendentes acuerdos para la adecuación y complementación de los espacios necesarios para operar de manera exitosa el NSJP en Ciudad Constitución, partido judicial en donde iniciará la vigencia del sistema el 1 de de julio de 2014, conforme a los artículos transitorios del Código Procesal Penal aprobado el pasado 2 de mayo por el Congreso del Estado.
Disminuye 20% violencia familiar
La Paz.
Redacción Tribuna de Los Cabos
La PGJE informa que en comparación al primer trimestre del 2012 con el del 2013, los delitos de violencia familiar han disminuido en un 20%,
Mediante un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que durante el primer trimestre del año 2013, el delito de violencia familiar disminuyó en un 19.70 por ciento y el de incumplimiento de las obligaciones familiares en 25.56 puntos porcentuales, en relación al mismo periodo del año anterior.
Esta información fue proporcionada por Silvia González Arreola, subprocuradora de Atención a la Mujer y el Menor, quien afirmó que de acuerdo a estadísticas de las averiguaciones previas registradas en la dependencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Baja California Sur se registra este decremento en conductas que dañan física y emocionalmente a las personas.
Reveló que en el primer trimestre del 2012 se registraron 340 denuncias por el delito violencia familiar y 273 en el mismo periodo del 2013. En lo que respecta al incumplimiento de las obligaciones familiares, en el mismo periodo se contabilizaron 133 el año pasado y 99 de enero a marzo del presente.
González Arreola afirmó que en el 2012, el delito de violencia familiar se presentó con mayor frecuencia en La Paz con 178 casos, seguido de Los Cabos con 126, Mulegé 21, Comondú 11 y el de menor índice, Loreto con 4 casos.
En el delito de incumplimiento de las obligaciones familiares, en el 2012, fue el municipio de Los Cabos que presentó mayor índice con 52 casos en tanto que La Paz registró 39, seguido de Mulegé con 17 casos, 16 casos en Comondú y 9 en Loreto.
La titular de la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y al Menor (SAMM) recordó que sus oficinas están ubicadas en avenida Virginia Peralta y Calle 1, a un lado del Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes, CITA, con el número de teléfono 16 542 50, en La Paz BCS y en las Agencias del Ministerio Público del resto de los municipios.
Buscan a asesinos de una persona en Santa Rosalía
Santa Rosalía.
Redacción Tribuna de Los Cabos
Una persona originaria de esta ciudad terminó sin vida en el hospital local, habría sido golpeado en una riña suscitada en el área de la marina.
Sobre el reporte de una persona sin vida que fue encontrada con numerosas lesiones en el área de la marina de esta localidad, la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales informó que el día 11 de mayo del presente año, agentes de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la comandancia en Santa Rosalía, informaron que en el Hospital General de esa localidad se encontraba una persona sin vida a consecuencia de lesiones recibidas.
A dicho nosocomio se trasladó un agente del Ministerio Público del fuero común investigador en turno, elementos de la Policía Ministerial y peritos adscritos a la dirección de Servicios Periciales, observando en el área de descanso del Hospital General a una persona sin vida.
El médico de guardia comunicó que el hoy occiso había ingresado previamente y falleció dentro del hospital, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley, los peritos y médicos legista determinaron como causas de muerte: hematoma subaracnoideo secundario a traumatismo craneoencefálico profundo. El sujeto habría sido golpeado brutalmente en la zona craneal lo que derivó en que se desangrara.El hoy occiso fue identificado por sus familiares como quien en vida respondía al nombre de Irvin Osiris Abarca Meza de 36 años, originario de Santa Rosalía.
Investigaciones hechas por agentes ministeriales de la Comandancia contra Homicidios advierten que el hoy occiso, tras participar en una riña fue encontrado lesionado en la explanada de la marina de yates de dicha población, la PGJE informó que su personal continúa las investigaciones hasta que logren la detención del o los probables responsables de los hechos.
‘Avisó’ que se quitaría la vida
Cabo San Lucas.
Gustavo Cruz Tribuna de Los Cabos
La persona que el pasado sábado decidió poner fin a su vida avisó a su cuñado que se suicidaría y que le encargaba mucho a sus hijos. El octavo suicidio se registró la tarde del pasado sábado 11 de mayo en la delegación de Cabo San Lucas, el fallecido decidió acabar con su vida ahorcándose en el interior de su vivienda.
Información obtenida por Tribuna confirma que una discusión con su pareja sentimental fue el detonante para que el hoy occiso decidiera acabar con su vida; aproximadamente una hora antes de ser encontrado sin vida, vía telefónica habló con su cuñado a quien presuntamente le habría dicho que le encargaba mucho a sus hijos ya que se quitaría la vida porque había tenido una discusión con su pareja sentimental.
El cuñado del hoy occiso al escuchar esto, se trasladó hasta el domicilio de la persona hoy sin vida, pero al llegar, el cuerpo ya no presentaba signos vitales.
Hijos rescatan a su padre de las garras del suicidio
La Paz.
Redacción Tribuna de Los Cabos
Familiares de un sujeto que intentó suicidarse lo rescataron antes de que lograra su objetivo; fue llevado al hospital Salvatierra.
El padre de familia que por motivos desconocidos intentó escapar por la denominada “puerta falsa”, fue encontrado en el interior de su domicilio alrededor de las 1:15 horas.
Del oportuno hallazgo se dio aviso al número de emergencias, los familiares de la persona, milagrosamente salvada, expresaron que llegaron al domicilio cuando el suicida aún estaba “colgado” de una viga del techo.
Los hijos auxiliaron a su padre que intentó acabar son su vida, pretendía ahorcarse con un cable o lazo de los que se utilizan para colgar ropa. El suicida de 36 años de edad fue atendido por paramédicos de Protección Civil, presentaba asfixia por ahorcamiento, fue trasladado al hospital Juan María de Salvatierra.
Joven casi provoca tragedia
San José del Cabo.
Gustavo Cruz Tribuna de Los Cabos
Decenas de vehículos se encontraban estacionados en el arroyo de Costa Azul
Joven conductor estuvo a punto de causar una tragedia, provocó un choque en Costa Azul que mandó dos personas al hospital, después intentó escapar. Lo que era una noche de fiesta bajo el puente del arroyo Costa Azul, ubicado entre los kilómetros 28 y 29 del tramo carretero Cabo San Lucas – San José del Cabo, estuvo a punto de convertirse en una tragedia.
El accidente se registró al filo de la una de la mañana, los primeros reportes activaron a agentes de Tránsito Municipal, elementos de la Policía Federal, socorristas de Bomberos, Cruz Roja y otras clínicas privadas.
Debajo del puente, elementos de las corporaciones de rescate encontraron a los heridos y los autos que habían sido impactados, éstos marca Honda línea Civic blanco con engomado de Onapaffa que se encontraba estacionado y es propiedad de Martín Becerra. EL otro automotor ubicado en el lugar del reporte es una camioneta pick up color rojo marca Ford línea Explorer con engomado ZMY-43-83 propiedad de Mauricio Hernández de 25 años de edad quien resultó lesionado con una probable fractura de rodilla izquierda, la otra persona lesionada, es su acompañante de nombre Adriana Montaño de 23 años de edad, quien resultó con una probable fractura de tobillo derecho, ambos fueron revisados por los paramédicos y posteriormente trasladados al IMSS.
El conductor señalado como responsable del accidente, tras el choque escapó manejando una camioneta pick up color verde marca Ford, fue ubicado en la colonia Chamizal en la zona de “El Aguajito”. La camioneta le fue confiscada siendo trasladada al corralón, el conductor de nombre José Guadalupe Jiménez Amancio de 20 años de edad, quedó a disposición de la Policía Federal.
El accidente habría ocurrido en los instantes que el joven conductor José Guadalupe, al estar debajo del puente de Costa Azul, realizó un derrape innecesario y perdió el control de su camioneta haciendo que impactara de forma lateral contra el vehículo blanco línea Civic que se “estrelló” contra la camioneta color rojo, donde estaban las dos personas que terminaron en el hospital. Policías federales serían los encargados del deslinde de responsabilidades.
Roban 5 mil pesos de un mini súper
La Paz.
Redacción Tribuna de Los Cabos
Tres sujetos que portaban un arma de fuego robaron un mini súper del cual se apoderaron de casi 5 mil pesos en efectivo.
El violento asalto se registró minutos antes de las diez de la noche, en un negocio ubicado en las céntricas calles Félix Ortega y Manuel Encinas; del ilícito se comunicó a unidades de Seguridad Pública.
Al acercarse a la zona del reporte, se percataron que el atraco fue a empleados del mini súper “La Negrita”, donde se entrevistaron con la afectada de 37 años de edad, quien dijo a los agentes que momentos antes tres sujetos llegaron al negocio, la tomaron de la mano y encerraron en el sanitario.
Mientras la mujer estaba encerrada, los sujetos tomaron todo el dinero de la caja registradora, siendo aproximadamente 4 mil 920 pesos en efectivo y un bolso de la empleada. Los delincuentes habían irrumpido el negocio portando un arma de fuego.
Cometido el atraco fueron buscados sin que las autoridades tuvieran éxito, del asalto se dio aviso a elementos de la Policía Ministerial del Estado.
Pretendía secuestrar a una adolescente
San José del Cabo.
Gustavo Cruz Tribuna de Los Cabos
El torvo sujeto lleva por nombre Ceferino Pérez Espíritu de 52 años, oriundo de Michoacán
Libidinoso sujeto intentó secuestrar a una muchacha de 12 años de edad en el predio La Ballena.
El hecho se registró cerca de las dos de la tarde, varios vecinos del predio La Ballena comunicaron a Seguridad Pública que a tres cuadras del “Palo Verde” tenían retenida a una persona que minutos antes jaloneó a una niña a quien violentamente intentó meter a una vivienda en construcción.
Los policías municipales se trasladaron a “La Ballena” en donde la madre de la menor informó que su hija rompió en llanto al narrarle lo ocurrido, refirió que al regresar caminando después de haber ido al mini súper “Carolina”, un sujeto la jaloneó y trató de meterla a una vivienda en construcción, pero la menor aún asustada logró zafarse para pedir ayuda.
La menor fue auxiliada por varios vecinos que a la llegada de los agentes entregaron al depravado sujeto, posteriormente fue llevado a la comandancia municipal a la que ingresó bajo el nombre de Ceferino Espíritu Pérez de 52 años de edad, originario de Michoacán; la madre de la adolescente dijo a los elementos municipales que acudiría ante un agente del Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente.
Amenazan de muerte a vecino de Vista Hermosa
San José del Cabo.
Gustavo Cruz Tribuna de Los Cabos
Vecino de la colonia ampliación Vista Hermosa primero es golpeado a las afueras de su domicilio, después reportó que había escuchado detonaciones producidas por un arma de fuego.
El reporte llegó a Seguridad Pública después de las diez de la noche, agentes municipales adscritos al sector policiaco número dos, recibieron la instrucción de trasladarse al negocio “Chiapas” ubicado en la colonia ampliación Vista Hermosa donde reportaban una riña entre tres personas.
Minutos después, los agentes ya en el domicilio señalado se entrevistaron con la persona afectada, de 31 años de edad; según su testimonio se encontraba dentro de su domicilio cuando escuchó que un vehículo se detuvo frente a su casa, donde salió a verificar qué se les ofrecía a los tripulantes del vehículo.
El afectado informó que el vehículo es una camioneta marca Ford línea Explorer del cual descendieron tres personas de sexo masculino y dos de ellos comenzaron a golpearlo mientras que el tercero únicamente vigilaba.
Según el testimonio del afectado, él se defendió y las tres personas optaron por retirarse del lugar no sin antes amenazar con volver, expresó que desconocía los motivos de la agresión y que no tenía problemas con nadie, también comunicó que solamente conocía de vista a los rijosos. Cuarenta minutos después, al número de emergencias llegó un reporte de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del negocio “Chiapas”, los agentes nuevamente fueron al lugar en donde el mismo afectado dijo que al estar en el interior de su domicilio, escuchó unas detonaciones que habrían sido producidas por un arma de fuego, dijo que al salir de su casa observó que un vehículo se retiraba del frente de su vivienda. El reportante no alcanzó a observar si era el mismo en el que habían ido a agredirlo momentos antes. Finalmente expresó que acudiría a interponer la denuncia formal ante un agente del Ministerio Público.
Niños provocan incendio, son entregados a sus padres
San José del Cabo.
Gustavo Cruz Tribuna de Los Cabos
Dos menores de edad son detenidos por provocar un incendio en el camino a la comunidad de Catarina, el día de ayer, junto con otro incendio en Puerto Nuevo, el fuego consume decenas de hectáreas.
Transcurridas las 13:00 horas, desde el número de emergencias se comunicó al Heroico Cuerpo de Bomberos de un incendio forestal en las inmediaciones del predio La Ballena y la colonia Puerto Nuevo.
Los primeros reportes informaban que el incendio era muy grande por lo que los socorristas decidieron enviar a tres máquinas extintoras al lugar, en donde un aproximado de 15 bomberos comenzaron a luchar contra las llamas.
Una hora después, los “apagafuegos” se encontraban luchando contra el fuego en esa zona cuando vecinos de las colonias Buenos Aires, San José Viejo y Zacatal reportaron que sobre el arroyo San José se observaba una nube de humo.
Para atender ese reporte, una máquina extintora se trasladó al lugar en donde también comenzaron las labores de combate, ahí, agentes municipales lograron la captura de dos menores de edad, que habrían iniciado el fuego, se les encontraron instrumentos como encendedores con los que iniciaron el incendio.
Los menores fueron trasladados al área de barandilla de la cárcel municipal, hasta la cual llegaron por ellos sus padres, frente a quienes, reportes extraoficiales refieren, los menores afirmaron habían comenzado la quema de pastizales.
En la zona del arroyo San José, los vulcanos lucharon contra las llamas por unas dos horas. En el incendio de Puerto Nuevo, los bomberos lucharon por más de 9 horas; hasta el cierre de la presente edición, aún realizaban acciones de ceniceo.
Ambos incendios fueron provocados, habrían consumido un área de aproximadamente 50 hectáreas.
EL SUDCALIFORNIANO
Porfirio Sarabia Pacheco
La Paz, Baja California Sur.- Rubén Othón Covarrubias Coronado, según su decir Agente del Ministerio del Fuero Común Adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de San José del Cabo, Baja California Sur, a cargo del licenciado Hugo Flores Bustos, fue denunciado ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de aquella ciudad por la ofendida Alejandra Arellano Arroyo.
Es funcionario público y pertenece al Poder Judicial y no a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, adscrito como Proyectista del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de San José del Cabo, Baja California Sur, bajo las órdenes del Juez licenciado Hugo Flores Bustos.
De acuerdo a la denuncia interpuesta en su contra cuya Averiguación Previa número SJC/134/TUR/2013, el servidor público es presunto responsable por los delitos de: Usurpación de funciones, abuso de autoridad, despojo en grado de tentativa, allanamiento de morada, robo, daños, amenazas de muerte y lo que resulte.
En denuncia de hechos la ofendida Alejandra Arellano Arroyo, refirió, en fecha 09 de febrero del año en curso, tuve que ausentarme de mi domicilio para realizar diversas compras, cuando de pronto me comunicaron que varias personas habían llegado a bordo de diversos vehículos entre estos una pick up color blanco, marca Dodge Dakota de modelo reciente y otro marca Honda Element, que de manera furtiva y con violencia, habían ingresado en mi casa rompiendo vidrios, cerraduras, candados, chapas y forzando las puertas de acceso.
Además en ese momento estaban sacando del interior de mí casa mis pertenencias y las de mí familia, mis bienes muebles y enseres domésticos.
Inmediatistamente me comuniqué con mi padre, mi esposo, mi hermana, algunos amigos y mi abogado Julio César Arreola Higuera, llegamos todos a mi domicilio.
Percatándonos que en efecto se estaba llevando a cabo un presunto desalojo de mi posesión que ejerzo sobre dicho bien raíz.
Al llegar al lugar nos percatamos que la mitad de mis pertenencias y bienes se encontraban en la calle y dentro de mi casa seis personas de sexo masculino y dos de sexo femenino.
Preguntamos alarmados qué estaba pasando abordándome un hombre - Rubén Othón Covarrubias Coronado- que preguntó quién era la suscrita y al responderle que soy la arrendataria del bien inmueble y al exhibirle mi contrato de arrendamiento me contestó de forma altanera y en presencia de todos mis acompañantes y familiares lo siguiente:
"Que él era un Agente del Ministerio Público del Fuero Común perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado y que el Juez Primero Penal de esta ciudad le había encomendado y ordenado darle cumplimiento a una orden de lanzamiento y desalojo para quitarme mi posesión y entregársela a la persona de nombre Alejandro Enrique Rojas Tirado y que mejor no opusiéramos resistencia porque llamaría a la fuerza pública para detenernos y mandarnos a prisión".
Al constatar lo anterior intervino mi abogado Julio César Arreola Higuera y en presencia de todos los que nos encontrábamos presentes le solicitó a dicha persona -Rubén Othón Covarrubias Coronado- que se identificara y explicara los pormenores de dicha diligencia de lanzamiento a lo que tal persona contestó de viva voz que se llamaba Rubén Othón Covarrubias Coronado.
Repitiéndole a mi abogado que era agente del Ministerio Público del Fuero Común y que él le estaba entregando la posesión material y jurídica por orden del Juez Primero Penal en ese momento a Alejandro Enrique Rojas Tirado y que él había autorizado a éste último y a sus acompañantes el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza para entrada a mi casa y ocuparla.
Asombrado por tal hecho, mi abogado le explicó a dicho funcionario que solamente un actuario podría llevar a cabo una diligencia de esa magnitud por lo que le solicitó mostrara su identificación oficial de la Procuraduría y exhibiera en ese acto la orden judicial de desalojo y/o lanzamiento a la que le estaba dando cumplimiento.
Además de inquirirle el por qué de la ausencia del personal policial que debe estar presente en toda diligencia de esa naturaleza.
Ante esto, quien responde al nombre de Rubén Othón Covarrubias Coronado se quedó mirando a quien dijo llamarse Alejandro Enrique Rojas Tirado, se dio la vuelta, salió de mi domicilio y se dirigió a su vehículo tipo pick up, marca Dodge Dakota de modelo reciente, cinco puertas, color blanco y vidrios polarizados con número de placas de circulación CE-90-121 del estado de Baja California Sur.
Mis acompañantes, mi abogado y yo fuimos detrás de él para que nos mostrara la orden judicial a que hizo referencia pero en lugar de esto abrió la puerta del chofer del citado vehículo y se subió diciendo, frente a todos nosotros, que regresaba en unos momentos con la orden de desalojo y lanzamiento y que traería consigo a los agentes ministeriales para darle cumplimiento a lo ordenado por el Juez Primero Penal y finalmente se retiró del lugar sin regresar.
Considero de importancia toral hacerle de su conocimiento que después de darnos a la tarea de investigar la verdadera identidad y profesión de quien dijo llamarse ser Ministerio Público y que llevó a cabo la ilegal diligencia de desalojo contra la suscrita, SIN ORDEN JUDICIAL.
Rubén Othón Covarrubias Coronado, hemos constatado que este en efecto es servidor público y que pertenece al Poder Judicial del Estado de Baja California Sur y que se encuentra actualmente adscrito como proyectista del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de Los Cabos, Baja California Sur bajo las órdenes del Juez Hugo Flores Bustos.
Acto seguido nos dirigimos de nueva cuenta al interior de mi domicilio en donde estaban rotos los vidrios de la puerta de acceso, las chapas forzadas y los candados rotos encontrándonos en su interior a las personas que respondieron llamarse en ese acto Alejandro Enrique Rojas Tirado, Martín Raúl Ruiz, Samir Aros, Alma Gómez Saguchi (quien dijo ser ahijada del procesado Narciso Agúndez Montaño ex gobernador del Estado).
El esposo de ésta que dijo llamarse Calev que labora como abogado en el gobierno municipal de Los Cabos dentro del OOMSAPAS y otra mujer que se negó a dar su nombre quienes adujeron que aunque el Ministerio Público abandonó la diligencia sin concluirla ellos ya tenían posesión y que no se iban a retirar del lugar.
Motivo por el cual mi abogado solicitó vía telefónica el apoyo y auxilio de la fuerza pública municipal y policía ministerial.
Al lugar arribó primero una patrulla de la Policía Municipal identificándose el agente que la tripulaba como comandante Daniel Ceseña Gullíns, mismo que al enterarlo de lo que estaba sucediendo y al acreditarle que la suscrita tengo posesión material y jurídica del bien raíz antes precizado.
Requirió a los que ilegalmente estaban allanando mí domicilio para que acreditaran igualmente la razón de su presencia en el lugar sin que estos le exhibieran documento alguno.
Por tal motivo dicho agente del orden procedió a tomar fotografías del lugar elaborando su respectivo parte informativo de hechos y pidiéndole a los intrusos que se retiraran del domicilio o efectuarían su detención.
Al percatarse mi abogado de que dichas personas no se retiraban del lugar volvió a llamar a la Policía Ministerial y fue entonces que todos ellos optaron por retirarse de mí domicilio.
Siendo preciso mencionar y denunciar que antes de retirarse del lugar: Alejandro Enrique Rojas Tirado, Martín Raúl Ruiz y su abogado de nombre Calev [sic] nos amenazaron siendo el primero, de nombre Alejandro quien expresamente dijo: "... si no se salen no va a quedar nada de ustedes...,".
Luego el tipo de nombre Martín dijo: ",... soy de Sinaloa y ya se la saben cómo somos los de allá así que mejor escóndanse donde no los encuentre... ".
Dicha amenaza la dirigieron hacia mí, mi familia y mi abogado Julio César Arreola Higuera.
Ejecutaron una orden de aprehensión los ministeriales, en Bahía Tortugas
Ramón Ernesto Camacho González, fue detenido en Bahía Tortugas, por agentes de la justicia, por estar relacionado con el delito de robo. (Foto: Daniel Herrera). / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
13 de mayo de 2013
Daniel Ernesto Herrera Maldonado
Mulegé, Baja California Sur.- Mediante un boletín informativo la Procuraduría General de Justicia, dio a conocer que Agentes de Investigaciones de la Policía Ministerial del Estado adscritos en la Comandancia de Bahía Tortugas Baja California Sur, ejecutaron Orden de Aprehensión, girada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Mulege, con residencia en Guerrero Negro Baja California Sur, en contra de Ramón Ernesto Camacho González, de 35 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de Robo a Lugar Cerrado, quedando internado en la Cárcel Pública Municipal de esa Población, a disposición de la citada Autoridad.
Hechos: El día 10 de Mayo del Presente Año, se presentó en esas oficinas ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en Turno, el presidente de vigilancia de una Sociedad la cooperativa de producción pesquera de esa población, con la finalidad de interponer formal denuncia por el delito de Robo a Lugar Cerrado, manifestando en relación a los Hechos, que siendo el día 21 de Abril del Presente Año, al ir llegando al local que ocupa la cooperativa antes descrita, pudo percatarse que una de las ventana corredizas, de cristal y marco de aluminio, ubicada en una de las partes posteriores del local se encontraba abierta, por lo que al ingresar a observar que había ocurrido, percatándose que habían forzado una caja fuerte color negro, sustrayendo todo el efectivo que se encontraba dentro, optando en presentarse ante el Representante Social en Turno, con la finalidad de exponer su caso; Estableciéndose en base a las Investigaciones realizadas por parte de elementos de esa Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, la probable responsabilidad de este Ilícito, de la persona que responde al nombre de Ramón Ernesto Camacho González; Derivándose de lo anterior, el presente Mandamiento Judicial en su contra.
Cayó el asaltante de Minisúper Baja 1000; el peligroso sujeto utilizaba dos nombres
La PME logró detener a este peligroso delincuente que dijo llamarse Alberto Bañuelos Cota y/o Martín Cota Castro, quien minutos antes habia cometido un robo con violencia. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
13 de mayo de 2013
Arturo R. Corona
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- Agentes de Investigaciones de la Policía Ministerial del Estado, al mando del comandante regional Edgar García, pusieron a disposición ante el agente del Ministerio Público del Fuero Comun Investigador en turno a quien dijo llamarse Alberto Bañuelos Cota y/o Martín Cota Castro, de 40 años de edad, por su probable responsabilidad en Hechos que pueden constituir un delito, consistente en robo con violencia, en agravio de la persona afectada. Remitiéndose ante la citada autoridad la cantidad de $451.00 pesos M.N., en billetes y monedas de diferentes denominaciones.
Hechos: El día 11 de mayo del año en curso, al encontrarse elementos de esa comandancia de la Policía Ministerial del Estado realizando Investigaciones en torno al delito de robo en sus diferentes modalidades, tuvieron conocimiento vía radio por parte de la central de esa comandancia, que en una negociación ubicada en las calles de Ignacio Zaragoza en la colonia Centro, se había suscitado un robo a negocio con violencia.
Al lugar del atraco arribaron de inmediato elementos de la Policía Ministerial del Estado, corroborando lo anterior, entrevistandose con la reportante, quien manifestó en relación a los hechos que instantes antes al encontrarse laborando habia ingresado al negocio una persona de sexo masculino, siendo su media filiación de complexion robusta, estatura alta, tez clara, calvo, recordando únicamente que vestia pantalon kaki, el cual se aproximó hacia su persona, despojándola de la cantidad de $450.00 pesos M.N., para posteriormente darse a la fuga vía pedestre, con rumbo al centro de esa localidad.
Por lo anterior al tenerse conocimiento de tales hechos, se procedió a la localización y ubicación de dicho sujeto, obteniendose resultados positivos y el cual coincidia plenamente con las caracteristicas proporcionadas por la parte entrevistada, lográndose su detención en una parada de taxis, donde al efectuarsele una revisión de rutina preventiva se le aseguró la cantidad antes descrita; motivo por el cual fue puesto a disposicion del agente del Ministerio Público del Fuero Comun Investigador, quien resolverá su situación jurídica.
¡Aseguran más de 200 kilos de langosta!
En varios costales se encontraba ya el producto, listo para su comercialización. Los operativos se van a intensificar, aseguró el coordinador de FONMAR en Comondú, Gonzalo Alamea. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
13 de mayo de 2013
Jesús M. López Aguirre
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- El día de ayer domingo por la mañana, Seguridad Pública municipal puso a disposición de la Comisión Nacional de Pesca aproximadamente 220 kilogramos de langosta entera, los cuales se encontraban en 6 costales a bordo de una embarcación de 25 pies de eslora de color azul despintado, con un motor de 200 HP de fuerza de la marca Yamaha, fuera de borda; la cual era remolcada por una camioneta Cheroke de color verde con calcas de ONAPPAFA, número 1399.
Dicho vehículo era tripulado por Jesús Manuel Urrea Quintero de 35 años de edad, radicado en San Carlos, asimismo lo acompañaba José Alberto Soto Osuna de 31 años de edad con residencia en Puerto San Carlos, asimismo a Efrén Rodríguez Meza de 36 años de edad, los cuales fueron detenidos y remitidos a la CONAPESCA para deslindar las responsabilidades de estas personas.
Esto dentro de las acciones que está llevando a cabo en labor conjunta autoridades de CONAPESCA, SEPESCA FONMAR, Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, PFP, PGR, Policía Ministerial y Seguridad Pública municipal, que han venido logrando disminuir el guaterismo de la región de todos los productos marinos en veda; la CONAPESCA pondrá a disposición de la Procuraduría General de la República tanto producto, detenidos y vehículo, el cual fue dejado en el corralón municipal con apoyo de FONMAR.
Decomisa Conapesca estatal, 800 kilos de productos marinos que están en veda
El Sudcaliforniano
13 de mayo de 2013
Aracely Hernández F.
La Paz, Baja California Sur.- Se asesta un fuerte golpe al "guaterismo" con importante decomiso de más de 800 kilogramos de diversos productos del mar, entre los que destaca 473.8 kilos de cola de langosta, destacó Marco Antonio Muratalla Oliva, subdelegado de Pesca, de la Conapesca.
Mencionó que las diversas cantidades de productos pesqueros, embarcaciones menores, vehículos y artes de pesca, fueron retenidos por parte de oficiales de Pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), con el apoyo de distintas corporaciones y dependencias de seguridad.
Externó que este golpe a la pesca ilegal se logró mediante diversos operativos celebrados del 3 al 8 de mayo en los municipios de La Paz y Comondú, por personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la Conapesca, con el apoyo y coordinación de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), Secretaría de Pesca del Estado (SEPESCA - FONMAR) y el sector productivo ribereño de Baja California Sur.
El subdelegado de Pesca, Muratalla Oliva, expresó que se retuvieron precautoriamente dos embarcaciones menores, tres vehículos terrestres, 77 kilogramos de camarón azul con cabeza, 473.8 kilogramos de cola de langosta (de las cuales 179 son de talla menor a la permitida), 31 kilogramos de callo de hacha redondo, 200.5 kilogramos de escama y una red de enmalle.
Además, dijo, se decomisó un equipo para buceo como son cinco pares de aletas, cinco tubos (snorkel), cinco visores y seis cinturones con pastillas de plomo y artes de pesca consistente en: diez ganchos metálicos para extraer callo de hacha, una hawaiana de tres puntas y seis cuchillos.
Afirmó que fue puesto disposición del Ministerio Público Federal una embarcación, una red de enmalle y 77 kilogramos de camarón azul con cabeza.
Muratalla Oliva subrayó que la Conapesca, con el apoyo y coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno y del sector productivo ribereño de Baja California Sur, continuará con los operativos de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal y se cumpla con el marco legal aplicable.
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Lo mataron a golpes en callejera riña
Santa Rosalía, Baja California Sur.- A consecuencia de los golpes recibidos en una riña escenificada la noche del sábado en la marina de yates de Santa Rosalía, falleció Irvin Osiris Abarca Meza minutos después de su ingreso al Hospital General de la minera comunidad.
Irvin Osiris, fue lesionado en una trifulca registrada en la explanada de la marina de yates sin que hasta el momento se haya detenido a quienes participaron en la riña y causaron las heridas que arrancaron la vida al cachanía de 36 años de edad.
Hematoma subaracnoideo secundario a traumatismo cráneo encefálico profundo fueron las causas de la muerte de Irvin Osiris, según dictaminó el médico legista de la Procuraduría, encargado de realizar la necropsia de ley.
Mientras tanto, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Homicidio doloso Zona Norte, “se encuentra realizando las investigaciones, hasta lograr la detención del o los probables responsables de los hechos”.
A navajazos lesionaron a padre e hijo
La Paz, Baja California Sur.- Hasta el padre resultó con heridas de arma blanca luego de intervenir en una riña que su hijo sostuvo, la noche del sábado con varios sujetos que ingresaron abruptamente a su domicilio ubicado en la paceña colonia Loma Obrera.
Fue Maribel Avalos, de 27 años de edad, nuera de Don Manuel Márquez de 63 y esposa de José Manuel de 39 quien al llegar a su residencia ubicada en callejón Democracia entre Colegio Militar y Héroes del 47 encontró a su cónyuge bañado en sangre, con heridas, al parecer producidas por arma blanca en el tórax, abdomen y espalda.
De igual forma, la joven se percató de que su suegro presentaba cortes en el brazo, al parecer por su intento por detener el pleito en el que José Manuel se encontraba en numérica desventaja.
Doña Maribel dio aviso a los cuerpos policiacos quienes se hicieron presentes en la escena, al igual que la unidad paramédica que trasladó a los heridos hasta el Hospital Salvatierra donde se recuperan satisfactoriamente.
Sin precisar el motivo de la agresión, los duranguenses lesionados quedaron en pasar ante el AMP para levantar la correspondiente denuncia. Mientras, los agresores de padre e hijo no pudieron ser ubicados en la zona.
Frustraron jovencitos el suicidio de su padre
La Paz, Baja California Sur.- La oportuna llegada de sus hijos, evitó que Jesús Manuel tuviera éxito en su intento por quitarse la vida colgándose de la viga del techo de su residencia ubicada en Juan Domínguez Cota entre Encinas y Navarro.
Al regresar a su casa, pasada la una de la mañana de este domingo, los jóvenes encontraron a su padre colgado de una viga del techo con un cable de tendedero. Afortunadamente, los jóvenes lograron arrebatar a su padre de las garras de la muerte, y con el oportuno auxilio de paramédicos de Protección Civil, frustrar el aparente intento suicida.
Don Jesús Manuel, de 36 años fue trasladado hasta el Hospital Salvatierra donde fue tratado de los síntomas y posible secuelas de la asfixia por ahorcamiento.
Con un cutter enfrentó a los ministeriales
Juan Luis Lucero Márquez,
La Paz, Baja California Sur.- Con una afilada hoja de X-Acto, Juan Luis Lucero Márquez mantuvo a raya, la mañana del sábado, a agentes ministeriales quienes previa andanada de insultos y oportunos recordatorios maternales, tuvieron que someter con sus avanzadas técnicas de control al rijoso sujeto.
Todo comenzó pasadas las 10 de la mañana del sábado, cuando Juan Luis, de 35 años de edad, se topó cara a cara con los agentes de la PGJE que patrullaban las calles del primer cuadro de la ciudad. En ese momento, Lucero Márquez recordó la maternal fecha a los oficiales, quienes detuvieron la marcha de su unidad y conminaron al sujeto a guardar la compostura.
Sin embargo, Juan Luis lejos de cerrar la boca, sacó de entre sus ropas un filoso Cutter o X-Acto que blandió amenazadoramente frente a los oficiales.
Los ministeriales lograron someter al rijoso, despojarlo de su hoja con mango plástico y trasladarlo ante la presencia del MP por su presunta responsabilidad en hechos que pueden constituir un delito consistente en ultrajes y violencia en contra de funcionarios e instituciones.
ZETA
Marcos Covarrubias: “Por supuesto que cometo errores”
Posted mayo 13, 2013 by ZETA Investigaciones
Gobernador reconoce que hay ayuntamientos quebrados en BCS
- En entrevista exclusiva con ZETA, el mandatario expone nóminas obesas, Estado intervendrá para evitar conflicto social
- No hay cárteles en BCS “hasta donde yo tengo entendido”
- Los ex funcionarios municipales denunciados “serán investigados por la PGR”
- Contra ex gobernador Narciso Agúndez y colaboradores “el proceso judicial continúa”
Rosario Mosso Castro
Inés García Ramos
En entrevista con ZETA, el miércoles 8 de mayo, el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, habló de los problemas de seguridad del estado, admitió la afectación del narcomenudeo, y al tiempo que negó la existencia de cárteles, destacó la importancia de las negociaciones que realiza para blindar los puertos y aeropuertos por la necesidad de reducir el número de criminales que llegan a la entidad.
Dado a la escasez de agua potable que obliga a los sudcalifornianos a abastecerse con tandeos –de un día sí, dos no, o un día sí y cuatro no– habló de la inversión en dos acueductos y la misma cantidad de presas, estas últimas detenidas por los dueños de la tierra por la cual no han recibido el pago.
De la problemática laboral y social que genera el hecho de trabajar con ayuntamientos quebrados, contrario a lo manifestado por la federación, el titular del gobierno del Estado sudcaliforniano aseguró que su administración sí colaborará con recursos en los trabajos de fondo para sanear las finanzas municipales en su entidad.
Covarrubias Villaseñor es el primer candidato del Partido Acción Nacional que alcanza la titularidad del poder ejecutivo estatal, candidatura que obtuvo después de renunciar al PRD donde reclamó no haber recibido las condiciones para contender. Ésta es la entrevista con el titular del Ejecutivo sudcaliforniano realizada por este Semanario.
—En el tema de los pendientes, Gobernador, como candidato usted habló de rezago en impartición de justicia –actualmente más de 5 mil expedientes– y se comprometió a crear un Consejo de la Judicatura que a dos años no existe.
“Fíjate que sí es un tema que tengo una gran preocupación y lo tengo claro, es cierto que no hemos logrado todavía lo del Consejo de la Judicatura porque es la cereza del pastel. Antes de empezar nuestro gobierno había una inamovilidad de los magistrados y éstos tenían prácticamente secuestrado al tribunal, con el apoyo del Congreso esta inamovilidad ha terminado y se renovaron a cuatro de los siete magistrados que se tienen.
“Actualmente el tribunal está trabajando en una reorganización y acaban de enviar una propuesta al Congreso para un reglamento nuevo y sentando las bases para que podamos entonces sí, incluir el Consejo de la Judicatura, no hubiese servido de nada crear una estructura más, teniendo problemas al interior.
“Además que hemos venidos apoyando en temas de equipamiento a esta institución y dotando de infraestructura en lugares donde jamás la habían tenido. En Comondú habían estado los juzgados del tribunal en casas rentadas durante toda la historia del Estado, actualmente se está construyendo su propio edificio, que ya va a contar con su sala de juicios orales. Contento con este tema, pero nos falta todavía por supuesto mucho por hacer.
“Apoyamos al Tribunal vía el Congreso para que le estén llegando mayores recursos vía infraestructura para que le llegue mejor equipo y tengamos mejores condiciones. Todavía en los juzgados estaban con máquinas de escribir viejas, obsoletas y la intención es que con este equipamiento que está recibiendo mejore, se está trabajando en lo que es el software para que se pueda consultar en línea como es en todos los estados de la República, que no tengan que venir desde Guerrero Negro o Los Cabos hasta La Paz para revisar sus expedientes, como sucede actualmente, es increíble pero es una realidad que duele y nadie había puesto atención.
— ¿Cuáles son sus iniciativas pendientes de presentar en el Congreso?
“El tema de súper urgencia era el de Justicia Penal Oral, que afortunadamente el Congreso ya dictaminó y votó, solo falta el último tema del Código Penal, el Procesal ya está listo, éste es el tema de peso porque en el 2016 ya deben estar operando todos los estados de la República, y aun cuando se había presentado hace un año, era de nuestra mayor urgencia.
“En puerta el tema de la Nueva Ley Electoral, en la cual el Congreso está trabajando y nosotros estaremos muy atentos que se una Ley con reglas claras que no se cargue para ningún lado, democrática y les sirva a los sudcalifornianos.
— ¿Cuáles serán los principales cambios comprometidos en esa Ley?
“No he hecho yo ninguna observación en particular, lo único que he hecho es urgir al Congreso para que nos pongamos a trabajar todos porque esto va a implicar que tengamos un proceso tranquilo, transparente, donde no se hable que esté cargado para ningún partido y menos para el gobierno. Y que se reciban propuestas incluso de la propia ciudadanía”.
—Otro pendiente de su gobierno es el tema de transparencia. Durante su gestión, Baja California Sur apenas ha pasado del lugar 32 al número 29 (2011-2012) según el Centro de Investigación y Docencia Económica. Su cuenta pública más actualizada en la página es de 2010, ¿qué le falta para avanzar en su compromiso?
“En transparencia hay distintos organismos, algunos nos han calificado hasta en tercero o quinto lugar de transparencia, el problema que tenemos es que algunas dependencias, institutos u organismos califican la transparencia global, donde va el Congreso, el Tribunal, los Ayuntamientos y obviamente esta circunstancia nos baja, el Estado en general está cumpliendo, estamos avanzando mucho.
“Lo que nos ha venido atorando en muchos de los casos son los Ayuntamientos y no los cuestiono, no es falta de voluntad, en muchos de los casos no tienen siquiera para los recursos operativos de sus nóminas y eso les imposibilita que puedan tener los medios suficientes para tener la información clara y transparente a la ciudadanía, no tiene recursos para los equipos, el personal capacitado y hacer una erogación extraordinaria les genera un sacrificio todavía mayor.
“Yo de cualquier manera tengo contemplado platicar con los presidentes municipales, con los otros dos poderes para ver de qué manera el Estado puede ayudar”.
—Sus ayuntamientos están quebrados, llevan año y medio batallando con nóminas infladas impagables, pidiendo apoyo al Estado y a la federación que ya se lo negó. ¿Qué va hacer el gobierno del Estado para resolver el problema?
“Es un tema muy complejo, yo creo que todos estamos enterados que son miles los ayuntamientos que están en condiciones precarias y todos escuchamos de parte del gobierno federal que no habría rescates, ni a ayuntamientos ni a gobiernos de los Estados.
“Estoy claro de esta decisión que tomó el gobierno federal, pero también estoy claro de que aquí en Baja California Sur todos debemos hacer un esfuerzo para que la ciudadanía sufra lo menos posible, hay gobiernos municipales que hemos venido apoyando con sus cuotas de ISSSTE, FOVISSSTE porque no las han enterado y hemos ayudado en este tema.
“En algunos ayuntamientos hemos ayudado con alumbrado público, otros incluso con la nómina, porque después de sus retenciones de Banobras, préstamos y adeudos, terminan recibiendo (de sus participaciones) 650 mil pesos a la quincena y realmente esto no les alcanza ni siquiera para resolver la nómina de sindicalizados. Nosotros hemos venido haciendo algunas aportaciones de manera solidaria a los gobiernos municipales en la medida también de nuestras posibilidades.
“En recursos para gasto corriente nadie te apoya, nosotros sí hemos venido apoyando a Loreto, Comondú, Mulegé, cuando se ha requerido, incluso en algunas ocasiones a La Paz, porque lo que entiendo es que nuestro estado no puede caer en un problema social”.
— ¿Y en la solución de fondo, Gobernador?
“Ahí sí le hemos pedido a los alcaldes que hagan una revisión profunda de sus nómina y podamos ver cómo podemos ordenar este tema, porque en efecto hay unos municipios que están sobre nominados. El problema ahí es que para hacer recorte de personal se requieren recursos para liquidación y esto se nos ha convertido en un cuello de botella.
“Que el ayuntamiento haga un esfuerzo extraordinario para captar más ingresos y ser más eficiente en su gasto”.
—Tiene ayuntamientos castigados sin recibir fondos federales porque en la anterior gestión ex funcionarios desviaron recursos. Los alcaldes presentaron sus denuncias en tiempo y forma a la Procuraduría del Estado y después de año y medio no ha habido ningún resultado.
“Fíjate que me estaba comentando el Procurador que los procedimientos estuvieron mal planteados, es decir no era en la ventanilla del Ministerio Público Estatal, debieron haberse ido al Ministerio Público Federal, precisamente porque eran fondos federales. Entonces tengo entendido que el día de ayer o antier (7 ó 6 de mayo de 2013) estos expedientes fueron enviados a la PGR y ellos tendrán que dictaminar.
“Yo estoy totalmente de acuerdo en que quien hace mal uso del recurso público obviamente tendrá que responder. La Procuraduría del estado ha enviado a la PGR y esperamos que actúe en consecuencia”. La Procuraduría se dio cuenta del error con 18 meses de retraso.
—Pero también el estado tuvo funcionarios públicos que fueron denunciados y apresados –el ex Gobernador Narciso Agúndez y colaboradores–, estamos hablando del gobierno del estado anterior. Y tampoco pasó nada.
“Bueno, nosotros hicimos lo conducente, el proceso jurídico aún no termina, se determinó vía amparo la salida de algunos, pero el proceso jurídico sigue en cursos”.
—En el tema de seguridad, Miguel Osorio Chongo se reunió con los gobernadores y les entregó una lista de delincuentes que según la federación están presentes en cada estado. ¿Qué lista recibió usted del secretario de Gobernación?
“En nuestro caso no hubo tal, la verdad es que el gobierno federal reconoce que Baja California Sur es uno de los estados más seguros del país, los delitos de alto impacto son mínimos en relación a otros estados de la República, independiente de que históricamente han sido mínimos, el 2012 fue a la baja.
“Sí tenemos algunos otros temas que se nos han venido convirtiendo en problemas, robo a casa habitación, robo común, la extorsión telefónica, que son los asuntos que traemos alebrestados. Por el tipo de gente que vivimos aquí, somos muy susceptibles a la extorsión, porque yo creo que si en Tamaulipas, Coahuila, Jalisco le hablan a alguien para extorsionar se vota de la risa con la llamada o simplemente cuelga.
“Aquí en nuestro estado, como es un problema que no se había generado, ha tomado por sorpresa a la ciudadanía y obviamente mucha gente cae en pánico, no sabe qué hacer, nosotros hemos estado con una campaña a partir de los últimos dos meses, muy constante que nos llamen, porque lo primero que les dicen es que no recurran a la autoridad y ya no saben cuál es el proceso para seguir y son presa fácil de este tema.
“Y en el robo a casa habitación hemos hecho un llamado a los alcaldes porque es muy importante el trabajo preventivo a través de las policías municipales, nos hemos estado reuniendo con ellos, en las últimas tres quincenas hemos desarrollado acciones donde en el mes de abril ya observamos tendencias a la baja. Y vamos a trabajar un poco más fuerte en lo que es la revisión de las casas de empeño, yonques, porque todo lo que se roba va a parar algún lado. Tendremos que revisar muy bien de fondos para poder saber qué está pasando ahí para poder bajar estos delitos.
—También tiene problemas serios de narcomenudeo y, por ley, la Procuraduría está a la cabeza del combate de este delito.
“Constantemente tenemos reuniones interinstitucionales entre el Ejército, la Marina, la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Procuraduría, quiero decirlo con claridad, aquí en el estado ha habido una gran coordinación de trabajo con las fuerzas federales, tenemos reuniones quincenales, voy personalmente a todas y estamos buscando estrategias para que esto vaya disminuyendo.
“Sí es complejo, lo reconozco, en la dimensión de nuestro estado, la extensión territorial y la dispersión de las comunidades, la extensión de costa, nos limita, yo creo que no hay ninguna parte en México y ninguna parte del mundo donde no se esté generando –el narcomenudeo–, lo que sí no tenemos afortunadamente son delito de alto impacto, y afortunadamente hasta donde yo tengo entendido, tampoco tenemos de los famosos Cárteles de los grandes aquí en el estado”.
— ¿Y qué pasó con el blindaje de seguridad prometido para el Estado?
“Ése es un tema que yo he puesto en la mesa en la reuniones regionales de seguridad pública. Baja California Sur, si bien es cierto tiene una gran extensión de costas, el 22 por ciento de las costas del País, mínimo debiéramos tener algo de infraestructura en los aeropuertos de La Paz, Los Cabos y Loreto; nos faltan los puertos y ese tema estamos trabajando este año. Queremos tener mejor equipamiento, que nos permita ser más eficientes, saber quién viene y quién va.
“Hicimos una pequeña prueba en Pichilingue, a partir de 2012, que nos ha arrojado excelentes resultados alrededor de 20 y tantas detenciones de gente que traían órdenes de aprehensión de otras partes y que venían muy campantes a residir aquí al estado. Entonces dimos cuenta de este asunto, lo pusimos en la mesa, lo vieron con mucho optimismo, lo estamos trabajando por una vía con Iniciativa Mérida y por otra vía con la propia federación para tratar de hacer alguna combinación de recursos que nos permita tener mejor infraestructura. Yo espero que al cierre de este año podamos tener buenas noticias en este tema”, el planteamiento es instalar este equipo de revisión de antecedentes en todos los puertos de entrada por aire y mar.
—Otro gran rezago y reclamo social es el problema del abastecimiento de agua potable, que es más grave en temporada de calor, mientras los turistas tienen agua todo el tiempo, los sudcalifornianos acceden al líquido, cada dos o cuatro días.
“Yo reconozco en don Alberto Alvarado Arámburo (gobernador priista de 1981 a 1987) la visión de que cuando el estado era pequeño pensó en un Plan Hidráulico donde se generaron las presas que actualmente tiene el estado, pero después durante 25 años (12 del PRI y 12 del PRD) no se hizo nada y nosotros lo retomamos.
Desde el año pasado traemos inversión en dos acueductos: Carrizal que da a La Paz cerca de 2 mil litros más de agua a la capital, otro acueducto en la Pacífico Norte de cerca de 100 kilómetros con una inversión de cerca de 80 millones de pesos.
“Además se invirtió en dos presas, una en Los Cabos y otra en Comondú”.
—Pero las obras están detenidas porque los dueños de la tierra reclamaron que el Estado no les ha pagado la tierra.
“Mira La Palma, ya se arregló y la Higuerilla paró hace unos días, yo espero que en corto tiempo, los posesionarios atiendan que es un tema de largo alcance, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en el corto plazo porque son obras que le habrán de dar al Estado, no solo una gran derrama en materia económica, sino certeza a futuro.
Son obras que no se ha hecho en función de una rentabilidad político o electoral, sino de verdadera necesidad y que tenían muchos años con desaladoras muy amoladas que cada cierto tiempo se estaban descomponiendo y obviamente la estaban pasando muy mal, y hemos estado apoyando a los ayuntamientos en pequeñas comunidades rurales que no tenían sistemas de agua potable y los hemos apoyado en ese sentido.
—De las críticas porque algunos de sus gobernados no lo encuentran en la oficina… o en el Estado.
“A veces me critican mucho porque no me encuentran en el despacho, lo que pasa es que me gusta ir a las colonias populosas de la capital hasta la comunidad más retirada del estado, me puedes ver en Isla Natividad, me pueden ver La Sierra y lo hago con mucho gusto, me encanta mi trabajo y creo que la verdad absoluta la tiene la gente y hay que estar cerca de ellos, de todo lo que te plantea la gente en una reunión a veces le puedes resolver uno o dos”.
— ¿Qué le responde a quienes dicen que apoya más al alcalde de Comondú (panista) que al de Loreto (priista)?
“Siempre pasa, puede caer la tentación de que se manifiesten este tipo de situaciones por el hecho de haber vivido ahí mucho tiempo, por supuesto que adoro a mi tierra Comondú, pero adoro Baja California Sur y he tratado ser parejito con todos, hay algunos que les tocan inversiones muy fuertes en materia turística como es Los Cabos, que puede significar en una sola obra lo que haya hecho en los municipios del norte, y a lo mejor esa obra no se prestaba para hacerla en otro municipio. Lo que no podemos es dejar de hacer algo por evitar que se piense que estamos tratando de beneficiar algún municipio en particular.
— ¿Cómo es su relación con el presidente Enrique Peña?
“Buena, hasta ahorita, muy respetuosa, solidaria con Baja California Sur, estoy convencido que todos los mexicanos debemos apostarle a una estrecha coordinación de los tres niveles de gobierno y lo digo con sinceridad, es poco el recurso que tenemos para resolver los problemas que hay en el país, si los gobiernos no nos coordinamos para ser más eficientes en el gasto, terminas gastando mal resolviendo menos, por eso yo voy a seguir manteniendo una estrecha relación con el gobierno federal y seguir apoyando mis gobiernos municipales porque la gente que vive aquí son sudcalifornianos, no de colores”.
—Desdeñó al PRD. ¿Se queda en el PAN?
“Claro que me quedó con el PAN, estoy muy agradecido con el partido, me abrió las puertas, me dio la oportunidad de participar y he hecho todo lo posible por que no se sientan lastimados por mi trabajo, y me siento comprometido en dar buenos resultados al partido y la ciudadanía. Éste es un estado muy chiquito, en población somos 700 mil habitantes, entonces prácticamente el 87 por ciento conocemos todos, sabemos de dónde venimos, cuál ha sido nuestra trayectoria, salvo Los Cabos donde todos los años recibe constante migración.
“Por supuesto que cometo errores, por supuesto que no todo lo que estamos haciendo es lo que yo quisiera hacer, pero ningún error ha sido por mala voluntad, con dolo, por lastimar a alguien, mucho menos lo que he dejado de hacer ha sido por omiso o porque no me importe, entiendo que hay limitaciones económicas, de tiempos, a veces políticas que no te permiten hacer lo que tu quisieras peor en la medida de tus posibilidades trabajamos.
— ¿5 años son suficientes?
“Son 4 años cinco meses los que nos están tocando a nosotros de gobierno, creo que es suficiente para un servidor”, respondió entre risas, “…porque cuando menos le estoy metiendo toda la voluntad, todos los días trabajo con mucho entusiasmo y más allá de que nos vaya a faltar lo que otros gobernadores de seis años, lo que tenemos que hacer es que esos cuatro años y medio sean productivos”.
El “JJ”, narcojúnior detenido
Posted mayo 12, 2013 by ZETA Investigaciones
Fue capturado en posesión de cristal y un rifle de asalto; está vinculado a “El Güero Layo”
El 24 de octubre del 2009, José de Jesús Vázquez ya había sido detenido como presunto responsable de un asalto a mano armada. Es hijo del administrador de Protección Civil Municipal de La Paz, José de Jesús Vázquez, e hijastro de la regidora del PRI Norma Alicia Castañeda Quintero
Investigaciones ZETA
En el mapa delictivo elaborado por autoridades federales y militares, José de Jesús Vázquez Torres “El JJ” figura como líder de una de las principales células de la organización criminal del jefe de la plaza de La Paz, Adelaido Soto Aguilar o Eduardo Salas Martínez “El Güero Layo”.
El delincuente detenido el 7 de mayo por la Policía Estatal Preventiva (PEP) forma parte de una generación de “narcojuniors”, hijos de empresarios y políticos que desde hace tiempo se han venido sumando a las filas de la delincuencia organizada.
Hijo del administrador de Protección Civil Municipal de La Paz, José de Jesús Vázquez, e hijastro de la regidora del PRI, Norma Alicia Castañeda Quintero, “El JJ”, fue capturado en posesión de 4 bolsas de plásticos que contenían 111 dosis de cristal y un rifle R-15 tipo Colt MF6, calibre 2.23 y con dos cargadores abastecidos con 30 y 27 cartuchos útiles.
Al momento de su detención, el narcojúnior traía consigo un radio con frecuencia de la policía municipal, y desde donde obtenía de primera mano –según sus confesiones— “toda la información de movimientos y operativos policiacos en la ciudad”.
Cuando fue interrogado sobre la procedencia del radio, “El JJ” explicó a sus captores que “lo había conseguido con un agente policiaco y quien junto con otros más le brindaban protección en sus actividades ilícitas”.
El delincuente no ofreció nombres, pero dijo “trabajar para la banda del Güero Layo” y “ser responsable de bajar la droga a ciertas zonas de la ciudad de La Paz” y expuso que “el arma era para resguardar la seguridad de la droga o amedrentar a quienes se negaban a pagar la compra de la droga”.
El delincuente originario de Ensenada y de 34 años de edad, iba a acompañado –al momento de su captura– de Carlos Enrique Perpuly Peña “El Conejo” y de Jennifer Jacqueline Lieras Ortega “La Perrita” y quienes circulaban a bordo de un pick up de color negro, línea Frontier, marca Nissan, modelo 2006 y placas de circulación ZNC-9245.
Los agentes de la PEP marcaron el alto, cuando circulaban en la colonia Las Garzas de la ciudad de La Paz, y quienes dentro de la unidad, traían consigo una báscula color negro, marca Tanita y modelo 1479V, tres celulares, un radio y una agenda electrónica con el nombre y dirección de sus clientes, así como un listado de agentes y comandantes de la Policía Municipal, Ministerial y hasta de la propia PEP.
La captura del narcojúnior generó un cisma al interior de la PEP, porque –de acuerdo a un parte de inteligencia federal— “la lista de contactos traía el nombre de algunos mandos de la Unidad de Operaciones, Unidad de Investigaciones y Unidad de Análisis”.
Sin exponer nombres, el parte refiere que los mandos “desde su llegada dieron línea de no parar carros de la banda de “El Güero Layo” y solo perseguir a consumidores y quienes –expone el documento— concentraron a personal altamente capacitado del grupo táctico, inteligencia y búsqueda en tareas de oficinas y sacaron a sus gentes a trabajar a la calle”.
“El JJ” y sus dos acompañantes fueron consignados en la Agencia del Ministerio Público de la Federación del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) y posteriormente puestos a disposición del Juez de la causa.
Al cierre de la edición, y según datos recabados por ZETA, el narcojúnior estaba a punto de recuperar su libertad, aunque en la PGR descartaron la posibilidad.
Un familiar de “El JJ” dijo a ZETA que el delincuente tenía tiempo que no vivía en la casa de su padre y madrastra, porque “lo corrieron cuando se dieron cuenta que andaba en malos pasos, y sobre todo cuando pretendió agredir a su padre”.
El mote del “JJ” tiene su origen en el nombre del taller de transmisiones de su familia, localizado en las calles de Jalisco y Ramírez en la ciudad de La Paz.
Los antecedentes
Pero la captura del “JJ” no es la primera de la lista en su historial delictivo. El 24 de octubre del 2009 fue detenido como presunto responsable de un asalto a mano armada en perjuicio del supermercado “Aliser” y la línea aérea de “Aero Calafia”, y quien al momento de ser capturado, tenía en su poder cocaína, mariguana y cristal.
Con 31 años entonces, el delincuente fue capturado en compañía de Enrique Sánchez Gallegos, Óscar Sánchez Torres y Engels Aguirre Moras “El Engels” en un operativo especial de la PEP en las calles de Miramar entre Mar Cálido y Mar Tropical de la colonia Miramar.
“El JJ” estaba a bordo de una camioneta línea Explorer y marca Ford con vidrios polarizados, y el cual fue detenido en una persecución vehicular por la colonia, y en cuyo interior se encontraron 26 envoltorios de cristal, 13 de cocaína y cinco paquetes de mariguana escondidos en una maleta de color negro con rojo.
Después de su detención, “El JJ” terminó por confesar que había participado como autor intelectual del asalto a mano armada del supermercado “Aliser” junto con uno de sus acompañantes –en ese momento— de nombre Enrique Sánchez Gallegos.
No solo eso. Carlos Enrique Perpuly Peña “El Conejo”, uno de los tres detenidos el pasado 7 de mayo por la PEP, también cuenta con un negro historial. Apenas el pasado 21 de marzo, había sido detenido en posesión de 32 dosis de mariguana y casi un mes después nuevamente cayó en manos de la policía.
El delincuente circulaba por las calles de Salinas Leal entre Constitución y Callejón de Acceso en la colonia Lienzo Charro, cuando fue capturado en compañía de Eduardo Loreto Vázquez y Juan Carlos Lupercio Gómez. Inexplicablemente fue liberado y hoy otra vez fue capturado.
Caen 2 menudistas en La Paz
En el marco del combate al narcotráfico, el 26 de abril el Ejército Mexicano capturó a dos integrantes de la banda de “El Güero Layo”, quienes responden a los nombres de Felipe de Jesús Íñiguez Flores y Manuel Alejandro Espinoza Ramírez.
Los detenidos estaban en posesión de 6 paquetes con un peso de 55 kilos de mariguana y dos kilos de cristal. Ellos fueron consignados en la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la PGR.
La comandancia de la Tercera Zona Militar invita a la población a denunciar de manera anónima y totalmente confidencial a los teléfonos 01 (612) 128-6193 y 01 800 7130000 o bien al correo electrónico denuncia.3zm@mail.sedena.gob.mx.
Delitos menores, castigos mínimos
A partir de junio de 2014 se aplicará otro Sistema de Justicia Penal. El objetivo es que solo el 10 por ciento de las denuncias penales se resuelvan mediante un juicio. En vez de cárcel, se buscará la conciliación entre agresor y ofendido
Gerardo Zúñiga Pacheco
El Nuevo Sistema de Justicia Penal de Baja California Sur, pretende ser público y más transparente, pero también conciliador, mediador, negociador y hasta cierto punto benévolo en algunos casos de delitos menores.
La popular frase de “más vale un buen arreglo que un mal pleito”, cobrará vigencia cuando entre en vigor del nuevo modelo diseñado para que solo el 10 por ciento de todas las denuncias penales terminen en un juicio, y el resto pueda lograr un “final feliz” a través de las figuras de acuerdo reparatorio, suspensión condicionada, procedimiento abreviado y criterio de oportunidad.
El secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en el Estado de Baja California Sur, Marcos Antonio Valdés Corrales, citó tres ejemplos en términos muy simples de cómo se habrá de impartir justicia a partir de junio de 2014 -cuando cobre vigencia el nuevo método en forma gradual- sobre algunos tipos de delitos menores, a través de salidas alternas o mecanismos de selectividad.
En el caso del delito de robo, permitirá que el imputado (llamado presunto responsable en el viejo sistema), plenamente identificado o descubierto por la Policía, tenga la oportunidad de negociar la reparación del daño y salir absuelto del problema, siempre y cuando no exista violencia de por medio.
En el caso de violencia intrafamiliar, el victimario podrá recurrir a un proceso de mediación de partes, solicitar un convenio de reparación del daño y someterse a una terapia por determinado tiempo, tratamiento psicológico o abstenerse de presentarse en el domicilio de la víctima, según el criterio que pueda aplicar el juez.
En el caso del delito de fraude y de abuso de confianza, el imputado tendrá oportunidad de restaurar el daño y firmar un acuerdo reparatorio judicializado, es decir, exigible a la fecha de su vencimiento, como si se tratara de un título de pago.
Las negociaciones entre víctima y victimario -según el modelo- deberán ser a través de la Unidad de Justicia Alternativa o Mediación (próximas a crearse), en casos que así lo permitan, y una vez firmado el arreglo ante un juez de control, el caso adquirirá la categoría de cosa juzgada.
Durante una entrevista con ZETA, la diputada y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso local, Gisela Páez Martínez, expuso que el nuevo modelo está cimentado en la reforma a los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 22, aprobada el 15 de marzo de 2013 por la XIII Legislatura, los cuales abordan derechos humanos, garantía de audiencia, mandamiento de la autoridad que debe ser fundado y motivado, protección de datos personales, detención en flagrancia y atención de controversias.
Asimismo, estableció que el nuevo Código Procesal Penal del Estado -aprobado el 2 de mayo por el Congreso local- es la columna vertebral del proceso de transformación del Nuevo Sistema Judicial de corte oral, acusatorio y adversarial, el cual busca respetar los derechos de la víctima y del imputado, partiendo del principio de la “presunción de inocencia” y la participación directa de jueces en salas de audiencia orales.
La legisladora consideró que el nuevo sistema prácticamente está rompiendo con algunos paradigmas, donde desaparece la figura del arraigo y el Agente del Ministerio Público, pierde su calidad de fedatario público y es colocado en igualdad de circunstancias que la defensa del imputado.
Bajo este nuevo esquema judicial, cualquier particular podrá ejercitar la acción penal cuando sea víctima u ofendido en los siguientes delitos que permite el Nuevo Código Procesal Penal del Estado:
1. Revelación de secretos.
2. Violación de comunicaciones privadas.
3. Allanamiento de morada.
4. Lesiones que tarden en sanar hasta 15 días.
5. Robo simple, siempre y cuando no medie la violencia y el monto del hurto no sea mayor a mil salarios mínimos vigentes en el estado.
6. Abuso de confianza o fraude, cuyo monto no sea mayor a cinco mil salarios mínimos vigentes en el estado.
7. Daño a la propiedad.
El nuevo modelo dejará atrás la formalidad, y en la carpeta de investigación (conocida como averiguación previa en el sistema actual) ya no es necesario el rigoroso proceso de sellar, foliar y recabar firmas de los testigos de cargo o de asistencia, porque ahora el Agente del Ministerio Público no genera pruebas, sino investiga y tendrá que ir recabado elementos comprobatorios a través de una unidad de investigación integrada por agentes de la Policía Ministerial y personal de servicios periciales para poder acreditar el delito, y entonces sí, solicitar una vinculación de proceso y exhibir las pruebas al imputado y otorgar el derecho de contravenir; es decir, presentar elementos de descargo de cada una de las pruebas recabadas por la fiscalía.
Según el nuevo modelo, si el imputado admite la responsabilidad o culpabilidad, tiene cuatro caminos o figuras jurídicas a las que podrá recurrir:
1. Solicitar un acuerdo reparatorio, es decir, un arreglo entre el imputado por una falta o delito y la víctima, el cual pone fin al proceso penal.
2. Solicitar una suspensión condicionada, es decir, someterse a las condiciones del juez que deberán ser cumplidas al pie de la letra.
3. Solicitar un procedimiento abreviado, es decir, aceptar la instrucción, enjuiciamiento y falla de la causa por una falta o delito cometido en el que existe la posibilidad de que el imputado logre una suspensión a prueba o suspensión provisional en su proceso, e incluso salir absuelto.
4. Solicitar un criterio de oportunidad, es decir, colaborar en una investigación, siempre y cuando el imputado tenga datos o información fidedigna sobre un delito de alto impacto, como puede ser una privación ilegal de la libertad, secuestro o asesinato, donde se puede negociar parcialmente, no ejercer acción penal, como en cualquier caso, lo que de cierta manera es benévolo. Este último apartado solo es aplicable en delitos menores.
No obstante, en caso de no haber un “buen arreglo” entre víctima y victimario, es decir, de no haberse dado las condiciones para la reparación del daño porque el imputado no terminó por aceptar los hechos, entonces el caso pasará a un sistema de audiencias que terminará en juicio oral.
La primera -según el nuevo sistema- es la audiencia inicial, que comienza con el control de detención en caso de que haya flagrancia, lo cual queda sujeto a control judicial; y la segunda es la audiencia intermedia, que no es otra cosa que la etapa de preparación rumbo al juicio oral, donde se reciben todas las pruebas que van a ser materia del juicio, y se elaboran los acuerdos probatorios; es decir, la depuración de pruebas, y una vez terminada la etapa, se turna al tribunal de juicio oral, cuyo caso revisan tres jueces que conforman el órgano colegiado, quienes emitirán una sentencia final.
La organización
El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que sentó la base para la creación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal en México.
La piedra angular de ese nuevo modelo fue que se respeten los derechos del ofendido o víctima y del imputado, partiendo del principio de la presunción de inocencia, lo cual fortalece el debido proceso y pleno respeto a los derechos humanos de aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal.
A grandes rasgos, el nuevo modelo se basa en un sistema acusatorio-adversarial, donde un órgano colegiado integrado por tres jueces, emitirá una resolución de manera imparcial frente a las partes en conflicto jurídico en un proceso de audiencias orales, públicas y contradictorias.
Actualmente, en base a datos recabados por ZETA, siete estados de la República establecieron este nuevo sistema, tres de los cuales -Estado de México, Chihuahua y Oaxaca- operan al 100%.
El Estado de Baja California Sur es el octavo de la lista, y se tiene previsto poner a prueba el nuevo modelo el 1 de julio de 2014 en Comondú, seguido de La Paz (1 de febrero de 2015), después Loreto y Mulegé (enero 2016) y finalmente Los Cabos (junio 2016).
Durante una entrevista con ZETA, el secretario ejecutivo del NSJP, Marcos Antonio Valdés Corrales, expuso que la decisión de arrancar en Comondú como laboratorio de este nuevo sistema, es por el perfil de registrar una incidencia media en la comisión de delitos, según estipula el modelo de planeación.
De acuerdo a estadísticas de incidencia delictiva, el 50.8% de los delitos se cometieron en La Paz, seguido del 35.6% en Los Cabos, y el 5.8% aparece en Comondú; abajo Mulegé, con el 4.7%, y al final, Loreto, con 1.9%.
Valdés Corrales apuntó que el nuevo modelo entró “un poco tarde”, pues el 8 de enero pasado, apenas se publicó el decreto para estructurar el órgano implementador del nuevo modelo judicial, el cual tiene la titánica tarea de coordinar el trabajo técnico con las instituciones operadoras, en este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado, Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Defensoría de Oficio, principalmente.
El órgano técnico está conformado por 12 personas, y comprende las siguientes áreas:
- Secretario Ejecutivo.
- Coordinación de Normatividad.
- Coordinación de Capacitación.
- Coordinación de Reorganización Institucional
- Coordinación de Difusión.
- Coordinación de Tecnologías de Información y Computación.
- Coordinación de Infraestructura.
Sin embargo, la toma de decisiones recae sobre un órgano colegiado integrado por los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Actualmente -y según el funcionario- los integrantes son:
- Por el Poder Judicial, el presidente magistrado Daniel Gallo Rodríguez y el magistrado Ignacio Bello Sosa.
- Por el Poder Legislativo, los diputados del PAN y del PRI, Gisela Páez Martínez y Omar Zavala Agúndez, presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Seguridad, respectivamente.
- Por el Poder Ejecutivo, el procurador Gamill Arreola Leal, y parte de la defensoría de oficio.
El responsable del nuevo sistema dijo que actualmente la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Instrumentación del Sistema de Justicia Penal del Gobierno de México, conocida por sus siglas como SETEC, realiza una estimación del costo de la reforma, sobre todo en los ejes de mayor impacto económico, como son infraestructura y equipamiento, donde se trabaja en la fase de proyección.
El funcionario señaló que también se está elaborando el plan maestro para la construcción de la infraestructura; si bien es cierto que en el municipio de Comondú, se encuentran dos obras en proceso de edificación -una de la Procuraduría y otra del Tribunal, éstas deberán ser adecuadas al nuevo modelo y se están contemplando bodegas de evidencias, almacenes de videos, salas de juicio de control y salas de juicio oral, con un espacio relativamente amplio para el órgano colegiado, prensa y público en general, en virtud de que las audiencias serán de carácter público.
No obstante, anticipó a ZETA que recientemente el Gobierno Federal aprobó un presupuesto de financiamiento de 1 millón 176 mil 863 pesos y 80 centavos para tareas de comunicación y posicionamiento del NSJP, con el objetivo de que la sociedad sepa los beneficios y ventajas del nuevo sistema, en comparación con el actual modelo de justicia en el estado.
Para este ejercicio fue aprobado un techo financiero de 8 millones 820 mil pesos, provenientes del SETEC y del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), de los cuales de arranque, se destinarán 3 millones 570 mil pesos para impartir cursos en tres especialidades en el Sistema Penal Acusatorio, dirigido a operadores del sistema, como agentes del Ministerio Público, defensores, jueces y operadores auxiliares como policías, custodios, abogados, estudiantes y periodistas.
Los otros 5 millones 250 mil pesos se habrán de destinar a la capacitación de peritos, policías investigadores y mediadores, conocidos también como facilitadores de la justicia alternativa.
El nuevo modelo
El titular del NSJP, Marco Antonio Valdés Corrales, reconoció que con la puesta en marcha del nuevo modelo -y en el proceso de transición- llegará el momento en que van a co-existir los dos sistemas de justicia, es decir, como será gradualmente, no se entrará de lleno al nuevo modelo y se olvidará el viejo, en virtud de que se tendrán que sacar los asuntos iniciados o en trámite, donde conservadoramente se estima un periodo de 10 años.
Desde su punto de vista, el nuevo sistema concede muchas ventajas porque “privilegia la transparencia y reparación de daños -a diferencia del actual sistema-, y si alguien sale ganando, es la ciudadanía, sea víctima o imputado”, a pesar de que el Estado tendrá una exigencia mucho más alta desde capacitación, hasta equipamiento e infraestructura.
Agregó que la sociedad habla de los juicios orales como si eso fuera el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la cual es solo “una parte del nuevo modelo”, que entre otras cosas, contempla la modificación de la Ley Orgánica de la PGJE, la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado; así como la reforma a la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de Atención a Víctimas y la Ley de Bienes Asegurados, lo que estará entrando en un segundo paquete junto con un Nuevo Código Penal.
Desde el punto de vista de la Asociación de Abogados de Los Cabos, el NSJP es un “sistema muy bonito”, y “esperemos que así vaya a ser en la práctica”.
En el lapso de dos años, los litigantes se han estado preparando y han traído ocho cursos sobre el nuevo modelo de justicia impartidos por expositores incluso de Estados Unidos, donde destacan abogados de oficio, fiscales, investigadores privados y jueces de la Corte de San Diego, California.
El presidente de la organización, Armando Serrano Marín, externó su preocupación porque “la reina de las pruebas” de este nuevo modelo va a ser la “prueba pericial”, y el Estado actualmente presenta muchas carencias en esa materia.
“Nos preocupa que el día de mañana, puedan salir absueltos los imputados porque la PGJE no va a estar preparada en equipamiento”, señaló.
El abogado desconoce hasta donde el personal de la Procuraduría y del Tribunal de Justicia pueda estarse preparando, porque “su participación en nuestros cursos ha sido muy limitada por falta de dinero, y hemos traído a expositores con experiencia y exitosos en la Unión Americana”.
Sin embargo, reconoció que actualmente se están diseñando “cursos que en breve también se implementarán, y estoy seguro que si todos nos ponemos las pilas, el sistema no tiene por qué fracasar”.
Loreto castigado
Posted mayo 12, 2013 by ZETA Investigaciones
Retraso de hasta 15 quincenas para empleados municipales
Desvíos de recursos en las administraciones anteriores privan al municipio de 30 millones de pesos anuales distribuidos en 12 programas de deporte, vivienda, rescate de espacios públicos, empleo temporal y más. El Ayuntamiento abona las deudas contraídas, pero se queda sin liquidez para el pago de nómina
Rosario Mosso Castro
Inés García Ramos
Instrucciones claras en más de un establecimiento de Loreto; no otorgar crédito a empleados municipales, hasta nuevo aviso; desde la pequeña tienda de abarrotes hasta Banco Azteca, quienes trabajan en el VII Ayuntamiento deben pagar en efectivo y abandonar la esperanza de recibir algún préstamo bancario; idea difícil de asimilar cuando el pago por su trabajo tiene un retraso de hasta 15 quincenas.
El 7 por ciento de la población de Loreto depende de la nómina del Ayuntamiento, la cual requiere del 91 por ciento del presupuesto de egresos para pagarse en un 50 por ciento. Las cuentas no cuadran, en una administración con capacidad para 400 trabajadores, laboran 786 y el número drena las arcas municipales.
Jorge Avilés Pérez recibió a 996 trabajadores cuando empezó su periodo como presidente municipal. Tras el retiro voluntario de poco más de 200 de empleados de confianza y eventuales, no cuenta con recursos suficientes para pagar puntualmente la nómina quincenal, menos para liquidar a aquellos de los que necesita prescindir.
“No tenemos la capacidad económica para cubrir puntualmente sus salarios. Hemos insistido con los legisladores y el gobierno federal en que el único esquema es reducir la partida de servicios personales”, explica el alcalde.
Hasta que el dinero no llegue al municipio y para percibir ingresos con los cuales subsistir, gran parte de los empleados municipales han tomado segundos empleos durante la tarde en rancherías, en el pueblo pueblo u otras localidades, también se auto emplean desde su hogar y hasta un policía bolea zapatos.
“Mi esposa trabajaba como comisionada en las escuelas, ella sí se arregló con el Ayuntamiento para que le pagaran lo que debían del año pasado y firmó su renuncia”, comenta un loretano frente al sitio de taxis del Centro Histórico.
Sin embargo, la mayoría de los empleados de confianza y eventuales se resisten al despido, aunque tardío, prefieren su cheque quincenal acompañado de las compensaciones y bonos del trabajo gubernamental.
El presidente municipal asevera que hay empleados con tres plazas gubernamentales. Pone un ejemplo: “la municipal, la del Sistema de Educación Pública y la del gobierno estatal”. O si no, hay familias completas: padres y descendientes trabajando en el Ayuntamiento.
Quien iniciara como director de egresos en el primer Ayuntamiento de Loreto, Avilés Pérez recuerda con nostalgia los años de bonanza en la administración pública. En tiempos más recientes, 2005, la nómina creció 300 por ciento. “Cuando debimos haber aprovechado el ingreso adicional, lo utilizamos para contratar más personal”, agrega.
Quincena tras quincena, Loreto debe pagar 3.5 millones de pesos a sus empleados, apenas cubre el 50 por ciento. El trasfondo del problema no se encuentra solamente en la carencia de recursos o la baja recaudación municipal, sino en el pago de los adeudos desde hace nueve años y en los castigos de programas federales para el financiamiento de obra pública.
Largas deudas se vuelven castigos
De acuerdo al presidente municipal, Jorge Avilés Pérez, las participaciones federales percibidas deberían ser suficientes para pagar la nómina, “si no fuera por el endeudamiento que nos quita 5.5 millones de los 7.5 que recibimos mensuales”, afirma.
Entre créditos por pagar a Banobras, descuentos por no pagos puntuales a las retenciones de trabajadores como ISSSTE, FOVISSTE y otros seguros, en algunas quincenas, la administración municipal recibe entre 750 y 950 mil pesos. Otros ajustes, le han permitido al presidente municipal, reducir las compensaciones entre un 50 y 70 por ciento para 350 empleados de confianza; de 1.9 millones de pesos quincenales para ese grupo, ahora se destinan 1.2 millones.
“No ha sido que el presidente no les quiera pagar, tampoco que los funcionarios o el presidente no tengamos la capacidad. Ya hemos presentado soluciones a los gobiernos estatal y federal para destinar mayores recursos a imagen urbana, electrificación y seguridad pública”, afirma el presidente municipal.
Y es que las retenciones automáticas tomadas de las participaciones federales están destinadas a cubrir aquello que administraciones anteriores no hicieron o simplemente, desviaron.
Son 30 millones de pesos los que el municipio podría utilizar de distintas dependencias federales como la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para proyectos locales.
Así, doce programas para impulsar el deporte, la vivienda, el rescate de espacios públicos y dotar de oportunidades de empleo temporal a los loretanos se encuentran bloqueados hasta que la actual administración local reponga el recurso destinado en los anteriores Ayuntamientos, pero desviados.
El actuar de ex funcionarios municipales continúa lacerando a la comunidad no solamente en el endeudamiento de 186 millones de pesos heredados al VII Ayuntamiento, sino también en la negativa de las instituciones federales hasta que los recursos sean repuestos.
A pesar de las ocho demandas presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), las cuales suman el desvío de recursos federales por 20 millones de pesos destinados a obras, pero desviado a cuentas de gasto corriente, las investigaciones aún no arrojan resultados.
Incluso, el gobernador de la entidad, Marcos Covarrubias Villaseñor, manifestó que tras un año y medio de haber recibido las demandas, la PGJE determinó que el caso, por involucrar recursos federales, es competencia de la Procuraduría General de la República (PGR).
La recomendación del gobierno estatal se centra en mejorar la capacidad del municipio para “que capten más ingresos y hagan más eficiente su gasto”. De esta forma, si la Secretaría de Finanzas aporta lo necesario para la liquidación de la nómina, el municipio también realizará un esfuerzo extraordinario para asegurar que el problema no se repita.
Mientras tanto, el alcalde priista consiguió la autorización del Comité de Obra e Infraestructura del Estado para que el recurso destinado a obras este 2013 sea etiquetado para finiquito, retiro voluntario y pagos pendientes de sueldo.
Consciente de que esta solución no es permanente y a pesar de asegurar no contar con la capacidad de endeudamiento, Jorge Avilés Pérez espera obtener un crédito de 25 millones de pesos a través del Congreso local o el gobierno estatal.
La cantidad sería suficiente para realizar los pagos de sueldo y las liquidaciones para reducir la nómina a 400 empleados, lo cual significaría un ahorro quincenal de un millón de pesos y el crédito se pagaría, en su totalidad, en 2015.
Aquí se trabaja con magia
En sus dos primeros años, la administración municipal ha logrado abonar 50 millones de pesos a las deudas. En general, el municipio debe 170 millones de pesos, entre proveedores, los pagos a terceros y los créditos solicitados.
Con tantas deudas a pagar más el pago de las nóminas quincenales, queda poco recurso para otros gastos. “Ningún gobierno municipal actual en Baja California Sur tiene capacidad para realizar obra, su obligación es dar servicios de agua, electrificación, recolección de basura, seguridad pública y mejorar la imagen urbana”, considera Avilés Pérez.
En la recaudación local se ha enfrentado a otro problema. El primero fue el ajuste de los precios del servicio de agua potable. De 45 pesos como cuota mensual fija, esta administración trabajó en una revaluación de costos. Así, una familia con un consumo de entre 40 y 60 metros cúbicos al mes, debe pagar la nueva cuota fija de 120 pesos.
De exceder el límite de consumo, se cobran seis pesos por metro cúbico adicional. Una medida muy poco popular, pero necesaria a decir del alcalde, que inició con un incremento paulatino de 10 pesos mensuales. De los ocho mil usuarios en su ciudad, solamente el 20 por ciento cumplía y cumple con su pago de agua.
“Hemos notado que la gente ha reducido el uso del agua, como nunca hemos tenido escasez del agua, es común que la desperdicie”, observa. La molestia en los habitantes de Loreto por el incremento del agua es notoria y es uno de los principales reclamos a la administración local.
Nombrado Pueblo Mágico en junio de 2012, Loreto solicitó 50 millones de pesos para realizar la electrificación subterránea necesaria y pavimentación del Centro Histórico, “no hemos recibido fondos de infraestructura como Pueblo Mágico, pero estamos listos con proyectos de inversión”, afirmó.
Luego, bromea “ya lo llamábamos Loreto Mágico, por lo que hacemos con lo que tenemos”, comenta el primer edil y suelta una risa. El chiste se ha vuelto común, un grupo de ciudadanos en el Centro de la Ciudad, llaman a su ciudad mágica por la habilidad de sus habitantes de subsistir sin recibir salarios en siete meses.
El presidente municipal comparte sus esfuerzos por obtener recursos, se ha acercado a empresarios para que adelanten los impuestos correspondientes a 2014, incluso los de 2015. Sobre lo que hará cuando ya no le queden años para pedir por adelantado las participaciones, prefiere no responder.
La obra pública programada para este año oscila en los 24 millones de pesos. Los proyectos: mejoramiento de imagen urbana de cinco avenidas del Centro Histórico, inversión de 2.8 millones de pesos para el Auditorio Municipal, de ahí, se pagará un millón a CONADE para levantar el castigo de dos años y solicitar, nuevamente, recursos.
El resto del dinero se destinará para la construcción de la Casa de Cultura, una planta de tratamiento de agua, renovación del panteón municipal, la realización de un parque público y obras de drenaje.
La reconstrucción del malecón es otra obra casi terminada. La inversión entre los tres niveles de gobierno asciende a 70 millones de pesos, lo faltante son detalles mínimos, comenta el presidente municipal, a excepción del alumbrado público con un costo de cinco millones de pesos.
Ante la urgencia del pago de nómina, la búsqueda de recursos debe esperar. Los loretanos, perciben una administración municipal despreocupada e indiferente a la necesidad de sus trabajadores.
Solamente los 194 trabajadores de base, 30 bomberos y 120 policías reciben su salario al corriente, afirma el primer edil. El senador, también priista, Ricardo Barroso pone como ejemplo a las edecanes y los trabajadores municipales que durante 10 horas atendieron la comitiva de senadores, diputados, alcaldes y empresarios en el recorrido del 7 de mayo.
“Pudieran estar manifestándose y quejándose, pero no, aquí están puestas, trabajando porque lo que padecen es la irresponsabilidad del Ayuntamiento pasado y que los alcaldes no pueden hacer nada ahora”, comenta, mientras en la mesa contigua del restaurante, un grupo de mujeres prueban su comida, tras la partida de los invitados de honor.
“Ya le decimos el Obama porque el día de su informe, llenó la plaza de sus policías, así cómo le va a decir algo la gente, a nosotros no nos explica por qué no hay dinero, dice que ya les ha pagado a sus empleados, pero éste es un pueblo chiquito y conocemos de quienes no han recibido nada”, finaliza enojado un transeúnte, mientras se aleja de la Casa de Gobierno.
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