RESUMEN DE NOTICIAS DEL 29 DE ENERO DEL 2013

PENINSULAR DIGITAL

Siguen trabajando ministeriales que dispararon contra El Guapo


Los agentes ministeriales que irrumpieron en la casa de El Guapo tratando de hacer cumplir una orden de presentación, se encuentran bajo proceso y desempeñando de manera normal sus labores portando armas de fuego.
La Paz, Baja California Sur.- Los agentes ministeriales que dispararon contra “El Guapo” continúan trabajando para el estado, “porque son situaciones diferentes en lo que es el procedimiento, que ya dependerá que lo resuelva el juez, a su situación laboral dentro y parte de la institución (sic)”, explicó Gamil Abelardo Arreola Leal, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Óscar Antonio Jacinto Lucero, alias “El Guapo”, de 26 años de edad, recibió tres disparos la mañana del 17 enero mientras se encontraba en su vivienda, ubicada en la colonia Antonio Navarro Rubio. Leoncio Armando Ruiz Higuera, Augusto Monserrat Murillo Coronado, Renato Pacheco Sánchez y Hugo Alfonso Torreóntegui Fuentes, los agentes ministeriales que irrumpieron en su casa tratando de hacer cumplir una orden de presentación, se encuentran bajo proceso y desempeñando de manera normal sus labores portando armas de fuego.

A pesar de que Arreola Leal confirmó que los agentes “están sujetos a un procedimiento, a un proceso penal, dado que, de acuerdo al criterio de la procuraduría, la actuación que se hizo no fue de acuerdo a los lineamientos y a la normatividad para efecto de llevar a cabo el operativo”, es decir, que la PGJE reprueba el hecho, la dependencia mantiene trabajando a los policías ministerial sin importar la afectación psicológica y las consecuencias que dispararle a otra persona tienen.

Ante esta observación, el procurador respondió: “está siguiéndose el procedimiento administrativo, pero hasta el momento no ha habido ninguna suspensión […] aquí hay que ver la situación de las lesiones y el daño que se pudo haber ocasionado y se está viendo esa situación”.


Acusado de violación, encierran a Yahir


César Yahir Ramírez Torres.
La Paz, Baja California Sur.- Desde este fin de semana, César Yahir Ramírez Torres es un recluso más del Centro de Reinserción paceño, desde donde enfrentará un proceso por su presunta responsabilidad en el delito de violación.

Al paceño de 22 años de edad, domiciliado en la ampliación Vista Hermosa, los agentes ministeriales le ejecutaron una orden de aprehensión obsequiada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, por la presunta autoría del sexual delito.


Ya anda libre el inspector de alcoholes acusado de fraude


José Alemán Arcos.
Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Tanto Domingo Figueroa como un grupo de diez personas más, continúan esperando que se les haga justicia y que el estafador José Alemán Arcos, quien ya recuperó su libertad, les regrese lo que con engaños les robó, pues, aunque fue detenido, pagó fianza y se ríe de la justicia.

Este fue el descubrimiento que hicieron en el área de Contraloría Municipal, que un grupo de vecinos de asentamientos irregulares denunciaron, y que provocó el cese de algunos empleados de la actual administración pública.

El parte oficial, emitido por la comandancia de la Policía Ministerial del estado, con sede en Cabo San Lucas, confirmó que, por mandamiento, judiciales ejecutaron orden de aprehensión y detención, girada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en Cabo San Lucas B.C.S., en contra de la persona de nombre : JOSÉ ALEMÁN ARCOS Y/O J. JESÚS ALEMÁN ARCOS, de 51 años de edad, originario de San Marcos, Guerrero, el cual dijo tener como ocupación trabajador del H. Ayuntamiento de Los Cabos, con domicilio en la colonia Mesa Colorada, II Etapa, en Cabo San Lucas.

Dicho sujeto, añade el comunicado, fue detenido a mediados del año pasado por ser probable responsable del delito de fraude, quedando interno en la cárcel pública de Cabo San Lucas B.C.S., a disposición del Juez de la causa que lo reclama.

En los hechos, se denunció que el día 25 de abril del 2012, se presentó ante la Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en turno, la persona afectada, para interponer denuncia en contra del C. José Alemán Arcos y/o J. Jesús Alemán Arcos, inspector de alcoholes del H. Ayuntamiento de Los Cabos B.C.S., manifestando que el probable responsable había llegado a su negocio ofreciéndole en venta un permiso para la venta de alcohol, en la cantidad de $135.000.00, ciento treinta y cinco mil pesos, por lo que accedió al trato, pagándole dicha cantidad en diferentes pagos, por lo que esta persona le entrego copia de un título con otro nombre, manifestándole que no se preocupara, que él cambiaría el nombre, poniéndolo a nombre del comprador, retirándose esta persona, por lo que el denunciante fue engañado por el probable responsable, al hacerle creer que el permiso de venta de alcoholes saldría a su nombre, obteniendo un lucro indebido.

Aunado a lo anterior, Domingo Figueroa y un grupo de 10 personas denunciaron que, aprovechándose de su puesto como inspector de Asentamientos Humanos, portando ropa oficial y demás documentos, les prometió asignarles terrenos en colonias como la Leonardo Gastelum, pidiéndoles entre 5 mil y 10 mil pesos como anticipo a cada uno de ellos, lo que nunca les regresó ni tampoco asigno los terrenos.

Ante lo anterior, interpusieron la denuncia correspondiente, y ahora que dicho sujeto recuperó su libertad, porque su familia pagó fianza, nadie les dice quién les reparará el daño, por lo que están exigiendo a la autoridad competente haga justicia y que dicho sujeto no se siga riendo de ellos.

Contraloría Municipal comprobó que Alemán Arcos no sólo hacia negocio con el puesto que desempeñaba, sino que disponía de tierras sin tenerlas, cobrando grandes cantidades de dinero, por lo que antes de su detención había sido cesado de dicho puesto.

Por su parte, José Ortiz Amado, vecino, primero de la invasión Cactus y ahora reubicado en la quinta etapa de la colonia Leonardo Gastélum, aprovechó una gira del gobernador Marcos Covarrubias y del presidente municipal de Los Cabos, para exponer su enojo, ante lo que, como persona necesitada de un pedazo de tierra para vivir, tuvo que soportar.

De entrada, les planteó que, aprovechándose de su puesto, José Alemán Arcos, empleado sindicalizado con más de diez años de servicio en diferentes áreas, y que en ese tiempo se desempeñaba como empleado de Asentamientos Humanos, distribuía los predios a quienes se le antojaba, además de hacer cuantiosos cobros por “apresurar los trámites”.

En ese mismo sentido, Alemán Arcos, negociaba espacios como esquinas o lotes que también eran canjeables, por módicas cantidades entre 3 mil y 5 mil pesos, situación que fue denunciada ante las autoridades en un acto público realizado en la mencionada colonia. Luego se supo que había sido el propio ingeniero Daniel Muñoz (también ex funcionario delegacional), quien enviaba a José Alemán a realizar dichos cobros.

Pero no fue la denuncia de la gente lo que hizo que Alemán Arcos fuera llamado a “cuentas” por Contraloría Municipal, la gota que derramó el vaso fue la acusación y correspondiente denuncia de Domingo Figueroa, a quien no sólo le cobró por predios que nunca le entregó, sino que, además, le vendió una licencia de alcoholes que tampoco era de su propiedad.


Se lanzó a las ruedas de un tráiler

Santa Rosalía, Baja California Sur.- En calidad de desconocido quedó en la morgue el cuerpo de un varón de entre 25 a 35 años de edad, quien, según testigos, se lanzó a las ruedas de un tráiler que la tarde del domingo circulaba por la carretera transpeninsular a la altura del kilómetro 0 + 500 del tramo carretero Santa Rosalía – San Ignacio.

Los mismos testigos señalaron a las autoridades que el occiso “se había aventado a los neumáticos traseros de un camión, tipo tráiler, con cabina de color gris y caja color blanca”, que circulaba de norte a sur, y tal parece que el conductor de la pesada unidad no se percató de lo sucedido, pues continuó su marcha.

El cuerpo del varón de aproximadamente 1.68 metros de estatura aproximadamente, tez morena, complexión regular, cabello color negro, sin bigote ni barba, mentón oval, labios medianos, vestido con playera color roja desgastada, pantalón de mezclilla color verde y sandalias de baqueta, color café, presenta como seña particular con un tatuaje de una mujer en el hombro derecho.

El cuerpo del aún desconocido fue trasladado al anfiteatro de la PGJE donde se le practicó la necropsia de ley que arrojó como causas de muerte traumatismo craneoencefálico severo secundario a anemia aguda en hemotórax.

Las investigaciones correspondientes al caso continúan para llegar a la plena identificación del hoy occiso, quedando pendiente el peritaje oficial a cargo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.


Dejaron olvidada una Magnum 357 en el hotel

La Paz, Baja California Sur.- Acostumbrados a encontrar efectos personales que los huéspedes olvidan, personal de limpieza del paceño Hotel Oasis, no espero que esta vez, se tratase de un revólver 357 Magnum con cachas ergonómicas y 5 cartuchos útiles.

Además, personal del referido motel ubicado en bulevar Olachea y Biosca encontró junto al arma, dos pares de guantes negros y dos pasamontañas.

Inmediatamente, el gerente del hostal dio aviso del hallazgo al C4, haciéndose presentes, a las 4 y 20 de la tarde de domingo, elementos polimunicipales a quienes la encargada de vigilancia, Marisela Ortíz facilitó el acceso al cuarto donde aún se encontraba el poderoso revólver.

Aún no se ha dado a conocer el nombre del huésped ni si la 357 se encuentra relacionada con algún acto ilícito.



“No debe inquietar” la desaparición de la SSP


Armando Martínez Vega, señala que “los nuevos esquemas de trabajo en materia de seguridad no deben generar inquietud”.
La Paz, Baja California Sur.- Frente a la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), integrándose a la Secretaría de Gobierno, el secretario general del gobierno del estado, Armando Martínez Vega, señala que “los nuevos esquemas de trabajo en materia de seguridad no deben generar inquietud”.

El funcionario sólo adelantó que el Gobierno del Estado trabaja en los cambios que se propondrán para la Ley Orgánica de la Secretaría de Gobierno actuando con la jerarquía de la SSP.

Martínez Vega informó que en tanto se realizan los ajustes legales y se conocen las nuevas disposiciones federales, se procederá al nombramiento de un encargado de despacho en la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que sus actividades no se vean interrumpidas o alteradas. Precisó que también que se está a la espera de los nuevos lineamientos que surgirán de la reestructuración que se ha hecho a nivel nacional, por lo cual, “en los próximos días” acudirá a la Ciudad de México a sostener reuniones de trabajo en la materia.



EL SUDCALIFORNIANO

Encuentran a una persona sin vida; al parecer se cayó de un barranco
El Sudcaliforniano
29 de enero de 2013

Francisco Juárez A.



Ciudad Constitución, Baja California Sur.- Hasta la lejana comunidad de San Juanico se trasladó ayer personal de la PGJE con destacamento en Ciudad Insurgentes, ya que se había encontrado a una persona sin vida, la cual hace tres días había sido reportada como extraviada en la delegación municipal de Puerto Adolfo López Mateos.

Se trata de quien en vida respondía al nombre de Bladimir Geovanni Murillo Murillo, de 35 años de edad, originario de San Juanico, quien al parecer sufría de problemas de ansiedad y esquizofrenia, y tenía tres días que no lo encontraban sus familiares.

Desafortunadamente, ayer a eso de las 14:15 horas, se recibió una llamada telefónica del agente de Seguridad Pública de nombre Carlos Sánchez, destacamentado en esta comunidad, sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona de barrancos de aquella zona, coincidiendo con esta persona los datos que se dieron sobre el extraviado.

Esta persona media 1.80 de estatura, pelo negro ralo, ojos claros aceitunados, tez trigueña, y quien según la información presentaba problemas de salud, por lo que se presume que este salió el pasado sábado de su hogar, sin rumbo fijo, y pudo haber sufrido algún percance que propició que cayera al hondo barranco.

El licenciado Rubén Montes Barajas, agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, acudió junto con los elementos de Servicios Periciales, y médico forense para determinar con más claridad que fue lo que realmente causó la muerte de este hombre, quien sería trasladado a San Juanico y probablemente a esta ciudad para realizar la necropsia de ley, finalizó la información.


Pierde la vida, al impactar su auto con otro
El Sudcaliforniano
29 de enero de 2013

Daniel Ernesto Herrera Maldonado



Mulegé, Baja California Sur.- Mediante un boletín informativo, la Procuraduría General de Justicia informó que, recientemente el personal adscrito a la Comandancia de Guerrero Negro, dio a conocer que siendo las 22:30 horas del día 26 de enero del año en curso, tuvieron conocimiento vía telefónica por parte del médico de guardia de la Clínica número 05 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a las 20:00 horas, habían ingresado al Área de Urgencias, dos personas del sexo masculino, lesionadas por accidente automovilístico tipo choque entre vehículos, registrado este sobre la carretera transpeninsular en las inmediaciones de la Población del Rosarito, Baja California, perdiendo la vida una persona, momentos después de su ingreso al nosocomio.

Motivos por los cuales se trasladaron al hospital, elementos de la Policía Ministerial, en compañía del agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador y personal de Servicios Periciales, autoridades que al llegar al area de urgencias, se percataron que sobre una camilla metalica se encontraba el cuerpo de una persona del sexo masculino, sin vida, siendo identificado por medio de una credencial del Instituto Federal Electoral, la cual cuenta con fotografia al margen y coincide plenamente con la media filiación del hoy occiso, quien en vida respondía al nombre de César Faustino Gamboa Garcia; dando fe ministerial el representante social, ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo a la funeraria habilitada como anfiteatro, de nombre "Sagrado Corazón de Jesús" en esa población, para la práctica de la necropsia de ley.

Por lo anterior, al continuarse con las investigaciones correspondientes al caso, en torno al estado de salud de la persona que de igual manera resultó lesionada a causa del accidente, entrevistándose con el médico de guardia, quien informó que la persona lesionada responde al nombre de David Camperos de la Cruz, quien presentó a su ingreso Dx.- Traumatismo craneoencefalico severo, traumatismo abdominal cerrado, fractura femur izquierdo, fractura de costilla toraxica y policontundido, lesiones que por su naturaleza tardan más de 15 días en sanar y ponen en peligro la vida, diagnóstico que fue ofrecido por el médico de urgencias, quien agregó que el hoy lesionado sería intervenido quirurgicamente, quedando pendientes las causas de muerte de la persona hoy occisa.


Deja robo de cableado, pérdidas millonarias al OOMSAPALC

El robo de cableado y arrancadores en el Pozo 2 del Acueducto II ha afectado en las últimas horas el abasto de agua potable a algunos sectores del puerto de Cabo San Lucas. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
29 de enero de 2013

Christian Zarazua



Los Cabos, Baja California Sur.- El robo de cableado y arrancadores en el Pozo 2 del Acueducto II ha afectado en las últimas horas el abasto de agua potable a algunos sectores del puerto de Cabo San Lucas y partes altas de San José del Cabo, reconoció el Director de Operación y Mantenimiento del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, Ramón Rubio Apodaca, y destacó que el departamento jurídico ya prepara las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para que realicen las investigaciones y sancionen a los responsables.

Rubio Apodaca señaló que durante el fin de semana, delincuentes no identificados robaron cientos de metros de cable y arrancadores del pozo 2 del Acueducto 2 que surte del vital líquido a las colonias de San José del Cabo y Cabo San Lucas. Aunque se procede a la reposición de los mismos se ha dejado de abastecer más de 100 litros por segundo a las familias cabeñas.

Para los delincuentes las ganancias son mínimas en comparación con las afectaciones que ocasionan a la infraestructura del OOMSAPASLC, dijo por su parte el Director General del OOMSAPASL, José Manuel Curiel Castro quien ha instruido a los encargados del área jurídica a que le den puntual seguimiento a las denuncias y se puedan resarcir los daños a los sistemas de agua potable y alcantarillado.

De acuerdo a los archivos de la Dirección de Operación y Mantenimiento del OOMSAPASLC, en los últimos meses la delincuencia ha cometido robo de cableado y arrancadores a los pozos 2,3,6, 7 y 9 del Acueducto II; pozo 4 del Acueducto I; pila de almacenamiento de la colonia 8 de Octubre de San José del Cabo; pila de almacenamiento de la Supe Manzana 10 de San José del Cabo; cárcamo de rebombeo de El Zacatal; caja de transición de la cabecera municipal; cárcamo del Twin Dolphin; cárcamo Hojazen; cárcamo bordo de Cabo San Lucas, cárcamo de Lagunitas y cárcamo colonia Matamoros.

Asimismo, han sufrido robo de cableado las plantas de emergencia general, desaparición de cercos perimetrales y protecciones, robo de tapas de alcantarillado y agua potable. Entre los objetos que más roban al OOMSAPASLC destacan cable de cobre, arrancadores, bases de medición, conexiones a motores eléctricos, sistemas de tierra, entre otras herramientas.

Tales ilícitos representan grandes pérdidas económicas al organismo, pero sobre todo afectaciones a las familias cabeñas, pues en muchas de las ocasiones el robo de cable, arrancadores y otros utensilios por parte de los delincuentes dan como resultado derrames de aguas negras, fugas de agua potable y disminución de la capacidad de los pozos para extraer y enviar el agua a las familias del municipio.


OCTAVO DÍA

Remoción de juez de caso NAM obedeció a sorteo
Presidente de Tribunal Superior de Justicia del Estado (TJSE), aclaró la situación.

Por Carlos Ibarra@Cachobanzi28 / Enero / 2013 - 15:40
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Daniel Gallo Rodríguez, presidente de Tribunal Superior de Justicia del Estado (TJSE) de Baja California Sur, no atribuye la remoción del juez encargado, en su momento, de llevar el caso del ex gobernador, Narciso Agúndez Montaño a una justa política.

“Es una rotación normal, ahora mismo hay cambios y rotaciones, en el caso de jueces y secretario de acuerdo para evitar vicios con abogados; es normal”, argumentó el funcionario.

Sergio Sánchez Navarro, cuando estuvo frente al Juzgado Segundo de lo Penal, determinó una fianza por 30 mil pesos, lo que permitió la salida del ex mandatario estatal y provocando el enojo del abogado del estado, Gamill Arreola Leal. Extrañamente, a los días de la sentencia, Sánchez Navarro interpuso un recurso de amparo a su favor.

Gallo Rodríguez que desde el 7 de enero, día que iniciaron labores, se efectuó la medida con cinco jueces, reiterando la necesidad de llevar a cabo el sorteo para una mayor transparencia en la labor del poder judicial de la entidad.

Quien quedó en lugar del depuesto juez es Eulogio Verdugo Perpully, conocido por lelvar el caso de Daniel Sánchez, presunto homicida del joven Jonathan Hernández Ascencio y acusado que podría quedar libre en los próximos días.

En una ocasión, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) calificaría “de irrisorio, ridículo y sin fundamento jurídico, la caución fijada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal a favor de Narciso Agúndez Montaño y Alfredo Porras Domínguez”.

Reiteró su postura al mencionar que no se protegerá a ningún funcionario judicial que actúe contra los principios básicos de “rectitud, honorabilidad de imparcialidad”.

En otro tema, aprovechó para hablar de la reciente modernización anunciada por el ejecutivo estatal, Marcos Covarrubias Villaseñor, asegurando que la plataforma digital presentada, ayudará a lograr una eficiencia en el rezago de expedientes, significando el 30 por ciento de asuntos nuevos, anualmente.

“El sistema moderno utilizando, aparte de servir a abogados o ciudadanos, hace rendimiento mayor por cada trabajador”, indicó.



Disminuye esperanza de encontrar a náufragos con vida
Las acciones ya han cumplido el plazo establecido por la Secretaría de Marina (Semar) por lo que ahora se va a pasar a una búsqueda esporádica con voluntarios

Por Rodrigo Rebolledo@yonderer28 / Enero / 2013 - 10:25
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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Secretario de General de Gobierno, Armando Martínez confirmó que, en torno a las acciones de búsqueda de dos personas desaparecidas en altamar a principios de este mes, las acciones ya han cumplido el plazo establecido por la Secretaría de Marina (Semar) por lo que ahora se va a pasar a una búsqueda esporádica con voluntarios.

Luego de que la embarcación en la que dos personas se reportaran como extraviada, el pasado 4 de enero, las autoridades civiles y militares así como familiares de Eduardo Calderón Lucero y Loreto Lucero Castro quienes conjuntaron esfuerzos para dar con la ubicación de estas personas, bajarán de intensidad la búsqueda confirmó el funcionario estatal entrevistado esta mañana.

Dijo que los esfuerzos para localizar a los dos pescadores que salieron a la captura de tiburón los primeros días de este año se realizaron con la ayuda de una flota coordinada, por una fragata de la Semar e inclusive la inspección aérea.

Sin embargo, dado que ningún esfuerzo ha fructificado, las autoridades han terminado con la búsqueda.

El día de hoy los pescadores tienen más de 20 días extraviados en el Mar de Cortés.

El funcionario dijo que, pese a todos los esfuerzos lo único que pudieron localizar es el punto de una cimbra, parte de las artes de pesca de los extraviados.

Pese a que las familias de los pescadores aún no pierden la esperanza de encontrarlos, las autoridades no pudieron manifestar mayor optimismo.

“Vamos a estar pendientes con búsquedas esporádicas a través de voluntarios, el pasado viernes tuvimos una de las últimas reuniones de evaluación, los resultados no fueron los esperados, desgraciadamente no encontramos nada, hicimos todo lo que pudimos en ésta búsqueda” expresó.



Aparatoso accidente en la madrugada del lunes
Se llevó un poste de Telmex y se incrustó en un comercio.

Por Carlos Ibarra@Cachobanzi28 / Enero / 2013 - 13:49
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los elementos idóneos de la fórmula perfecta para un desastre son simples: exceso de velocidad, falta de precaución y desconocimiento las mínimas reglas dictadas por una educación vial adecuada; en este caso todo lo anterior dieron como resultado un aparatoso accidente en la capital de La Paz.

Realizando un rondín por la ciudad, Octavo Día pudo corroborar un casi fatal accidente que hizo temblar a ciudadanos y nos pone a pensar sobre la necesidad de reforzar con los trabajos de educación e la sociedad, en esta materia.

A las 01:30 de la mañana, nos llegó un reporte sobre un incidente, un tanto inusual. Un pick up Cheyene, último modelo, color negro se estrelló contra un comercio establecido. El conductor viajaba entre las calles Abasolo y Sonora cuando no pudo controlar su automóvil y derribó un poste de telefonía, la unidad continuó avanzando estrellándose contra un comercio ubicado a un costado del negocio conocido como Parrilla Norteña.

El vehículo de Omar Sergio Salgado Sotelo, de 58 años, quedó seriamente dañado. En una evaluación rápida se cree que tendrá que pagar más de 70 mil pesos.

Este accidente se suma a los 13 ocurridos durante la tarde del 27 y la madrugada del 28 de enero, exhibiendo la problemática y el repunte de este tipo de sucesos en la capital del estado.

La Dirección de Tránsito Municipal de La Paz, recomienda no conducir si se ingiere bebidas alcohólicas, usar cinturón de seguridad y silla para infantes en caso de requerirla, respetar señalamientos de tránsito y en caso de salir a carretera, revisar mecánicamente el vehículo.



PERICU

Falla agua potable por el robo de cableado
Posted on enero 28, 2013 | 9 comentarios
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Ocasiona derrame de aguas negras, fugas de agua potable y disminución en la producción de los pozos de los Acueducto I y II
San José del Cabo, B.C.S.- El robo de cableado y arrancadores en el Pozo 2 del Acueducto II ha afectado en las últimas horas el abasto de agua potable a algunos sectores del puerto de Cabo San Lucas y partes altas de San José del Cabo, reconoció el Director de Operación y Mantenimiento del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, Ramón Rubio Apodaca, y destacó que el departamento jurídico ya prepara las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para que realicen las investigaciones y sancionen a los responsables.

Rubio Apodaca señaló que durante el fin de semana delincuentes no identificados robaron cientos de metros de cable y arrancadores del pozo 2 del Acueducto 2 que surte del vital líquido a las colonias de San José del Cabo y Cabo San Lucas. Aunque se procede a la reposición de los mismos se ha dejado de abastecer más de 100 litros por segundo a las familias cabeñas.

Para los delincuentes las ganancias son mínimas en comparación con las afectaciones que ocasionan a la infraestructura del OOMSAPASLC, dijo por su parte el Director General del OOMSAPASL José Manuel Curiel Castro quien ha instruido a los encargados del área jurídica a que le den puntual seguimiento a las denuncias y se puedan resarcir los daños a los sistemas de agua potable y alcantarillado.

De acuerdo a los archivos de la Dirección de Operación y Mantenimiento del OOMSAPASLC, en los últimos meses la delincuencia ha cometido robo de cableado y arrancadores a los pozos 2,3,6, 7 y 9 del Acueducto II; pozo 4 del Acueducto I; pila de almacenamiento de la colonia 8 de Octubre de San José del Cabo; pila de almacenamiento de la Supe Manzana 10 de San José del Cabo; cárcamo de rebombeo de El Zacatal; caja de transición de la cabecera municipal; cárcamo del Twin Dolphin; cárcamo Hojazen; cárcamo bordo de Cabo San Lucas, cárcamo de Lagunitas y cárcamo colonia Matamoros.

Asimismo han sufrido robo de cableado las plantas de emergencia general, desaparición de cercos perimetrales y protecciones, robo de tapas de alcantarillado y agua potable. Entre los objetos que más roban al OOMSAPASLC destacan cable de cobre, arrancadores, bases de medición, conexiones a motores eléctricos, sistemas de tierra, entre otras herramientas.

Tales ilícitos representan grandes perdidas económicas al organismo, pero sobre todo afectaciones a las familias cabeñas, pues en muchas de las ocasiones el robo de cable, arrancadores y otros utensilios por parte de los delincuentes dan como resultado derrames de aguas negras, fugas de agua potable y disminución de la capacidad de los pozos para extraer y enviar el agua a las familias del municipio.


Lamentable fallecimiento de un joven
Posted on enero 28, 2013 | Deja un comentario
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Su auto cayó a barranco de 40 metros
Las causas ya se investigan
La Paz, B.C.S.- Autoridades policiacas fueron alertadas ayer domingo muy temprano, sobre lo que parece ser un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 26 de la carretera que conduce a la población de San Juan de la Costa, donde estaban reportando como saldo fatal a una persona de aspecto joven sin vida.

Al trasladarse al sitio, corroboraron que efectivamente fuera de la carretera y al fondo de una barranca de aproximadamente 40 metros de profundidad, estaba un automóvil Chevrolet, línea Malibu MAXX, color azul marino, con placas de circulación 993-PMY8 (ver foto).

Lo más lamentable es que en el asiento del conductor, se encontraba el cuerpo sin vida de un joven que fue identificado como Ricardo Plateros Solano, de 27 años de edad, quien contaba un reporte de desaparición del sábado 26 de enero hecho por sus familiares.

Las causas del fallecimiento fueron traumatismo craneoencefálico severo y traumatismo toráxico abdominal con perforación visceral.

La Procuraduría de Justicia ha iniciado la investigación de los hechos.


Murió atropellado por un trailer
Posted on enero 28, 2013 | 3 comentarios
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Los hechos al norte de Santa Rosalía
El chofer de pesada unidad ni cuenta se dio
El fallecido está en calidad de desconocido
Santa Rosalía, B.C.S.- A las tres de la tarde de ayer, un trailer atropelló a una personal del sexo masculino en el kilómetro 0+500 del tramo de ésta ciudad hacia San Ignacio en la carretera federal.

La persona murió en el sitio y al momento permanece en calidad de desconocida y de los hechos sólo existe el testimonio de un testigo que menciona que el ahora fallecido se arrojó a las llantas traseras de la pesada unidad.

La media filiación del occiso, de acuerdo a la Procuraduría de Justicia es que se trata de una persona del sexo masculino, de 25 a 32 años de edad, 1.68 metros de estatura aproximadamente, tez morena, complexión regular, cabello color negro, sin bigote ni barba, mentón oval, labios medianos, vistiendo playera color roja (desgastada), pantalón de mezclilla, color verde (desgastada) y sandalias de baqueta, color café, contando como seña particular con un tatuaje de una imagen de una mujer en el hombro derecho.

El testigo de nombre “Leonardo”, relató a las autoridades que momentos antes había observado cuando la persona hoy occisa se había aventado a los neumáticos traseros de un camión, tipo tráiler, con cabina de color gris y caja color blanca, el cual circulaba de norte a sur, siguiendo su marcha el conductor de la mencionada unidad de carga, quien al parecer no se percató del incidente.


ZETA


Plantíos eran de “El Javier”





Posted enero 28, 2013 by ZETA Baja California Sur

La Sierra de la Laguna ahora utilizada por el narcomenudista para sembrar droga

Los sembradíos que fueron destruidos por el Ejército el 13 de enero estaban en una cañada de 15 metros del lado oeste de la Sierra de la Laguna y colindantes a los ranchos “El Encino” y “Los Potreros”. No hubo detenidos

Investigaciones ZETA

Todos Santos, Baja California Sur.- Los nueve plantíos de mariguana encontrados y destruidos el 13 de enero por el Ejército Mexicano de la Tercera Zona Militar eran del jefe de la plaza de narcomenudeo de San José del Cabo, Javier López Rivera, Javier Acosta López o Javier Munguía “El Javier” o “El Javi”.

Los primeros reportes del Grupo de Coordinación, establecieron que los sembradíos estaban en una cañada de 15 metros del lado oeste de la Sierra de la Laguna y colindantes a los ranchos “El Encino” y “Los Potreros”, localizados entre las comunidades de El Pescadero y Todos Santos en el municipio de La Paz.

Datos recabados por Investigaciones ZETA expusieron que los plantíos no eran muy visibles, pues estaban en una zona de difícil acceso y repleta de peñascos y piedras donde únicamente se podía llegar a pie tras un par de horas de camino.

Sin embargo, los militares dieron con el sitio desde el aire. Primero hicieron un sobrevuelo aéreo por la zona, ya que –según vecinos del lugar— reportaron la presencia constante de personas armadas a bordo de camionetas de lujo y de las llamadas 4×4.

Los soldados estaban tratando de ubicar el camino de terracería y ver hasta el punto donde llegaba y donde podrían estarse reuniendo los tripulantes de las camionetas, cuando desde el aire repentinamente detectaron primero un sembradío cerca de rancho “El Encino” y metros más adelante otros ocho muy cercanos al Rancho “Los Potreros”.

Los plantíos –según relató uno de los operadores del sobrevuelo— “estaban separados unos de otros en extensiones que iban de mil a 2 mil 800 metros cuadrados y en total encontramos 15 mil 450 metros de mariguana”.

Los militares –y ya con las coordinadas de la zona– entonces prepararon un operativo terrestre e iniciaron la incursión en esa parte de la Sierra de la Laguna, la cual es la única cadena montañosa del estado que cuenta con un bosque de pinos y encinos y una selva y oficialmente declarada como “Reserva de la Biósfera” o “Área Natural Protegida”.

Entre pinos y otras especies de árboles, los soldados encontraron plantas de mariguana de entre 40 y 1.60 metros de altura. No hallaron a nadie resguardando los sembradíos.

Lo que sí ubicaron fueron huellas de zapatos y decenas de accesorios como mangueras y cubetas con los que constantemente se regaban las plantas, así como una choza mal hecha que servía de guarida de los sembradores.

Según un integrante del Grupo de Coordinación, los nueve sembradíos fueron cultivados en una superficie de casi 1.5 hectáreas, y cuya droga tiene un valor estimado en el mercado negro de 15 millones de pesos, lo que –desde su punto de vista—“es un duro golpe al narcotráfico”.

No obstante, se dijo preocupado por el hallazgo de los nueve plantíos de mariguana en la cadena montañosa, porque eso indica –expresó— que “los narcos están comenzando a utilizar la Sierra de la Laguna, como un punto para sembrar, regar y cuidar los cultivos de drogas”.

“Eso definitivamente está prendiendo los focos rojos, ya que el crimen organizado en estados como Sinaloa, Durango y Chihuahua, utiliza tradicionalmente la sierra para operar y sembrar mariguana y amapola y producir drogas sintéticas”, comentó a ZETA.

— ¿Qué podría suceder?

“Lo que puede pasar es que al rato puedan agarrar la sierra como una de sus guaridas, como sucede en Sinaloa, por ejemplo, y eso es grave, porque luego van a apoderarse de la zona y al rato nadie va poder entrar y salir del lugar, máxime si estamos hablando del caso de la Sierra de la Laguna, la cual cada año es visitada por los habitantes y turistas por ser una reserva ecológica”.

Desde su punto de vista, tanto militares como cuerpos de seguridad, tendrán que revisar con lupa el caso de los sembradíos y replantear una estrategia para evitar que en un futuro la zona pueda convertirse en un refugio del crimen organizado.

— ¿Cómo llegan a la conclusión de que los plantíos eran de “El Javier”?, se le preguntó a un integrante del Grupo de Coordinación.

“Porque las características de las unidades que han visto por esa zona corresponden a las utilizadas por integrantes de la organización criminal de ‘Los Javieres’, las cuales estamos tratando de localizar”.

Las disputas en Vizcaíno

Desde el 2010, las disputas por el control de la distribución y venta de droga en el Valle del Vizcaíno, Guerrero Negro y Villa Alberto Alvarado, Baja California Sur, van de menos a más.

La pugna entre los principales grupos criminales de ese corredor poblacional al norte del estado encabezados por Juan Beltrán Beltrán “El Indio” y Alberto Echeverría Valdés “El Luisillo”, detonó con la ejecución del narcomenudista Adrián Villavicencio Arce, asesinado a balazos el 17 de abril del 2010, cuando celebraba una fiesta de cumpleaños acompañado de su familia en la calle Valentín Gómez Farías de la colonia Magisterial de la población de El Vizcaíno.

En aquella ocasión, y según datos del Grupo de Coordinación, “El Indio” y “El Luisillo”, planearon el crimen de quien consideraban su principal enemigo en el negocio del narcomenudeo.

Los asesinos materiales del narcomenudista, y en base a testigo fueron “El Luisillo” y José Guadalupe Beltrán Beltrán “El Lupillo” –hermano de “El Indio”–, quienes se habrían llegado a bordo de un vehículo color gris con azul tipo pick up, marca Ford y modelo 1998.

Los dos descendieron de la unidad automotriz y solicitaron hablar con el narcomenudista Adrián Villavicencio Arce. Cuando salió de la fiesta y ya de frente, comenzaron a reclamarle algo y fue entonces –según testigos— que se lió a golpes con “El Luisillo”. No obstante, cuando se vio en desventaja intentó correr adentro de la casa, pero fue alcanzado por las balas y cayó muerto unos metros más adelante.

En la investigación del caso, unos y otros se culparon, y muerto el narcomenudista Adrián Villavicencio Arce, surgió la pugna entre “El Luisillo” y “El Indio” por el control del narcomenudeo que derivó en la ejecución de José Guadalupe Beltrán Beltrán “El Lupillo”, hermano de este último.

Según la esposa del delincuente asesinado de nombre Rosalía Camacho Villavicencio, la madrugada del 13 de noviembre del 2013, estaban dormidos en su casa de Rancho “El Vergel” en la comunidad de Jesús María, cuando tres sujetos encapuchados entraron a su vivienda y gritando “te vas a morir”, comenzaron a disparar en su contra hasta que cayó muerto.

Como pudo, la mujer de 19 años y cargando a su bebé de siete meses, salió corriendo de la vivienda y pidió auxilio hasta que llegó la policía.

Hoy por hoy, y cuatro meses después, el narcomenudista Juan Beltrán Beltrán “El Indio” de 58 años fue ejecutado la tarde del pasado 14 de enero, cuando estaba estacionado afuera del negocio denominado “Electrónica Amador” en la comunidad de El Vizcaíno.

En el último episodio de esta guerra sorda, el delincuente fue ejecutado por un grupo de sicarios con rifles de asalto AK-47, de los llamados Cuernos de Chivo, y aunque –según testigos— el crimen fue perpetrado por pistoleros a cargo del narcomenudista Alberto Echeverría Valdés “El Luisillo”, al cierre de esta edición, no había sido detenido, tal como sucedió con los otros dos crímenes, lo que indica el grado de corrupción e impunidad que se está viviendo en esa población agrícola.


Decomisos militares

Posted enero 28, 2013 by ZETA Baja California Sur

Durante los primeros 23 días de enero, personal de la Tercera Zona Militar, destacamentado en Baja California Sur, había decomisado 850 gramos de marihuana y 450 gramos de la droga conocida como cristal. Asimismo, tres pistas clandestinas han sido destruidas, se detuvo a dos personas, se decomisaron tres armas largas con tres cargadores y un vehículo.



Pugnas destapan corrupción





Posted enero 28, 2013 by ZETA Baja California Sur

La ruptura de una sociedad mercantil exhibe a funcionarios

Denuncia penal evidencia red de corrupción en DIF, SEP y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Proveedores facturaban millonarias ventas a nombre de Clara Lizeth González Romero y Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V., responsables de surtir de productos alimenticios a la casa cuna, albergues rurales, guarderías, Casa del Estudiante de La Paz, Hospital Psiquiátrico, DIF comunitarios y hasta al Hospital General “Juan María de Salvatierra”

Gerardo Zúñiga Pacheco/Alejandro Acuña

Una denuncia penal presentaba el 12 de septiembre de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), bajo el número de averiguación previa LPZ/SPB/402/2012, puso en evidencia una red de corrupción dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Los integrantes fueron plenamente identificados con nombres, apellidos, cargos, fechas, cantidades, testimonios, documentos y todas las piezas clave de lo que resultó ser una estructura de favores, recomendaciones y encubrimiento que actualmente y al cierre de esta edición, estaba produciendo dinero ilícito a los presuntos implicados.

Los señalados son, por el DIF:

- Martín González Fiol, director general.

- Rosa E. Solorio Ramírez, coordinadora administrativa, quien se jacta de una supuesta amistad con la esposa del gobernador, María Helena Hernández de Covarrubias.

- Carlos Roberto Avilés Contreras, jefe del Departamento de Recursos Financieros y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por la SEP:

- Sonia Murillo Manríquez, directora de Administración y Finanzas.

- Consuelo Peñaloza, jefa del Departamento de Recursos Financieros.

- Heidi Estrada Martínez, directora de Casa del Estudiante.

Por la Secretaría de Salud:

- Luis Humberto Araiza López, ex director administrativo.

- Víctor García, jefe del Departamento de Pagos.

- Julio César Buenrostro de Dios, titular de la Unidad de Contraloría Interna.

- Carlos Arriola Isaís, director general del Hospital General “Juan María de Salvatierra”.

- Víctor Manuel Nolasco Cota, director administrativo de ese nosocomio.

- Manuel Alejandro Cota Crespo, jefe del Departamento de Pagos del hospital.

Las evidencias de esta red de corrupción brotaron al estallar una pugna entre socios de una compañía por el cobro de cheques y pagos que terminó por develar que “habían sido favorecidos con la asignación directa de cuando menos siete contratos por funcionarios de primer, segundo y tercer nivel, aprovechando que la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Baja California Sur, no los obligaba a licitar porque el monto de compra en una sola exhibición, no rebasaba el tope de los 504 mil pesos que establece como máximo el Artículo 26 Fracción III de la citada Ley”.

Los proveedores facturaban sus millonarias ventas a nombre de Clara Lizeth González Romero, y bajo el nombre comercial Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V., responsables de surtir de productos alimenticios como carne, pollo, pescado, cafetería, carnes frías, despensas, cigarros y frutas y verduras, a la casa cuna, albergues rurales, guarderías, Casa del Estudiante de La Paz, hospital psiquiátrico, centros comunitarios DIF y hasta al Hospital General “Juan María de Salvatierra”.

El dinero de la venta de todos estos productos se concentraba -según la denuncia penal- en la cuenta fiscal número 0679861339 del barco Banorte, que aparece a nombre de Clara Lizeth González Romero.

La mecánica de estas operaciones era muy sencilla. Aprovechando su investidura, el ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, conseguía los contratos de compraventa y enviaba a los cuatro socios de la compañía a cerrar los tratos de manera directa.

La que figuraba como propietaria de la empresa, Clara Lizeth González Romero y su esposo, Luis Josefat Gastélum Vázquez, eran los encargados de almacenar y surtir todos los pedidos a las dependencias estatales.

Por su parte, los otros dos socios, Javier Camacho Lizárraga y Maura Georgina Pantoja Pérez, resultaron ser cuñado y concuña de Aurelio Ortiz Zambrano, además de responsables de administrar y facturar todo lo que se vendía.

La contabilidad de estas operaciones era manejada por Carlos Mayoral, contador del negocio particular de quien, hasta el 16 de noviembre de 2012, fungiera como subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico del gobierno del panista Marcos Covarrubias Villaseñor.

Datos recabados por ZETA exponen que el proveedor de todas estas instituciones de gobierno no reunía siquiera los requisitos principales requeridos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, como tener un local comercial u oficina legamente establecido, una licencia comercial expedida por el Ayuntamiento local y una razón social afuera del establecimiento.

El negocio prácticamente operaba desde la penumbra, pues su domicilio fiscal de la calle del Río número 115, Colonia La Fuente de la ciudad de La Paz, resultó ser una vivienda particular que servía únicamente como centro de almacenaje y repartición de productos alimenticios.

No obstante, durante una entrevista con ZETA, Luis Josefat Gastélum Vázquez, uno de los socios, declaró que la compañía era propiedad de su esposa y todos los demás “éramos empleados, pues cuando comenzamos, decidimos asignarnos un sueldo que cobrábamos cada quince días”.

Los únicos socios que manejaban tarjeta de la cuenta bancaria eran González Romero y Maura Georgina Pantoja Pérez, esta última controlaba y firmaba los cheques que expedía la compañía.

Gastélum Vázquez y su esposa, Clara Lizeth, hablaron de todo con este Semanario, de la operación del negocio, la asignación directa de los contratos y las pugnas que terminaron en una denuncia penal en contra de sus ex socios, donde aparecen involucrados la mayoría de los servidores públicos señalados.

— ¿La empresa otorgó un porcentaje de dinero de sus ventas a todos los funcionarios relacionados para que los favoreciera con los contratos? ¿Cuántos les pagaban?

“No te sabría decir, salvo que a mí me habló directamente el señor Aurelio Ortiz Zambrano, cuando era mi amigo, y me invito a registrar una empresa porque expresamente me dijo, ‘íbamos a ser proveedores directos del gobierno y había oportunidad de hacer negocio’; y yo le digo que sí, y la empresa se registró a nombre de mi esposa. No sé si él haya acordado algo con ellos de manera directa o si les pagaba o no, pero de que se notaba el interés desde que empezamos, sí, porque entrando en operaciones el gobierno de Marcos Covarrubias, inmediatamente nos asignaron los contratos”.

El comienzo

A espaldas del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, el ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, se coludió con funcionarios de primer, segundo y tercer nivel para sacar raja económica en la asignación de contratos y obtener dinero de manera ilícita.

La empresa fue creada ex profeso -y así lo reconoció quien figura como propietaria, Clara Lizeth González Romero-, pues de la nada fue registrada el 25 de abril de 2011, es decir, diez días después de la toma de protesta del gobernador, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de registro federal de contribuyente GORC791111MU0, porque se había planeado favorecerla con los contratos de manera directa y sin entrar a ninguna licitación.

La compañía nació a sugerencia del propio ex funcionario, cuando llamó telefónicamente a quien fuera su amigo, Luis Josefat Gastélum Vázquez, y le recomendó registrarla para empezar hacer negocio en el cuatrienio del Partido Acción Nacional (PAN).

— ¿Cómo conoces a Aurelio Ortiz Zambrano, cómo te contacta? ¿Participaste en la campaña del gobernador Covarrubias?, pregunta ZETA al esposo de González Romero.

“Bueno, yo no participé en la campaña del gobernador. De hecho, no lo conozco en persona. A mí me llama un día por teléfono el señor Aurelio, porque su esposa Janeth, es muy amiga de mi familia, y nos dice que va a tener un buen cargo dentro del gobierno y me invita a organizar un negocio, porque nos dice que quiere que seamos proveedores directos. Yo hablo con mi esposa y decidimos que se haga el trámite de un registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sea ella quien figure como dueña; y entonces así empezamos a trabajar”.

La asignación de los contratos -relata el joven- era un sueño que los involucrados parecían estar viviendo, pues de la nada comenzaron a llamarles de varios lados y a requerirles de productos alimenticios, por lo que decidieron cerrar el trato de compraventa de la casa que servía como almacén y lugar de residencia.

Gastélum Vázquez recibió una llamada telefónica del ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, y solicitó integrara en el “equipo de trabajo” a su cuñado y concuña para que administraran el negocio, porque para entonces tenían una pesada carga de trabajo y no podían con todo.

— ¿Aceptaron?

“Sí, aceptamos porque finalmente el negocio estaba a nombre de mi esposa y teníamos todos los contratos firmados, y el trato es que ellos serían empleados y recibirían un sueldo, como el que estábamos cobrando nosotros para concentrar las ganancias en la cuenta bancaria y poder tener fondos para responder rápidamente en las requisiciones de los pedidos del gobierno”.

De acuerdo con documentos que obran en poder de ZETA, el negocio de proveer productos alimenticios era bastante lucrativo, pues aunque aparentemente la mayoría de las compras eran pequeñas -entre los dos, tres, cinco y hasta seis mil pesos-, al término de mes la venta neta alcanzaba los 200 mil pesos.

Las cuentas

Para tener una idea más clara, en base únicamente a un estado de cuenta emitido el 10 de septiembre de 2012, la subdirección administrativa del Hospital General “Juan María de Salvatierra” pagó las siguientes facturas y cantidades a Clara Lizeth González Romero por concepto de productos alimenticios:

- El 7 de febrero pagó 13 mil 824 pesos, amparados en las facturas 776, 777, 779 y 780.

- El 21 de marzo pagó 9 mil 856 pesos (facturas 792, 793 y 794).

- El 3 de abril pagó 13 mil 502 pesos (facturas 786, 787, 788, 789 y 780).

- El 11 y 23 de abril pagó 15 mil 232 pesos (facturas 866, 867, 868, 868, 792, 793 y 794).

- El 25 de mayo pagó 4 mil 800 pesos (facturas 968 y 1165).

- El 18 y 26 de junio pagó 9 mil 908 pesos (facturas 969, 970, 1164 y 1166).

- El 5 y 12 de julio pagó 10 mil 112 pesos (facturas 1165, 1185 y 1187).

- El 1 y 13 de agosto pagó 6 mil 016 pesos (facturas 1188 y 1254).

En total, 90 mil 356 pesos fueron liquidados únicamente en una de las siete instituciones con las que tiene contrato el proveedor, quien dicho sea de paso y en base a los consecutivos de los folios de las facturas, es evidente que solo se dedica a vender sus productos al gobierno y no tiene otros clientes, porque como dijo el joven Luis Josefat Gastélum Vázquez, “el negocio está en venderle al gobierno de Marcos Covarrubias”.

La mayor parte de estos pagos salen del llamado fondo revolvente de cada institución, a excepción de Casa del Estudiante de La Paz y el Hospital Psiquiátrico, cuyas cuentas son pagadas en parte por la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y Secretaría de Finanzas.

Por ello, y en base a la relación de documentos en trámites de la Dirección de Administración y Finanzas de la SEP, bajo el folio R080016 de fecha 1 de agosto de 2012, algunos pagos no salen instantáneamente y tardan en ser liquidados, como los 169 mil 346 pesos y 88 centavos en lista de espera para ser pagados a Clara Lizeth González Romero, que forman parte de los entre 4 y 5 millones que el gobierno estatal adeuda a este proveedor.



La pugna

Cuando todo parecía “miel sobre hojuelas”, el 8 de agosto de 2012, la proveedora Clara Lizeth González Romero fue notificada y citada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No sabía de qué se trataba, pues según la denuncia penal, el contador de Aurelio Ortiz Zambrano llevaba toda la contabilidad en orden, y aunque estaba segura, decidió ir y se encontró con que se habían omitido las siguientes declaraciones fiscales.

Del año 2011:

- 7 declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

- 7 declaraciones del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

- 8 declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- 9 declaraciones de operaciones con terceros (DIOT)

- Declaración anual.

Del año 2012:

- 7 declaraciones del ISR.

- 7 declaraciones del IETU.

- 7 declaraciones del IVA.

- 7 declaraciones de operaciones con terceros (DIOT).

Contrariada y levemente asustada -describe-, Clara salió de la SHCP y lo primero que hizo fue llamar al contador Carlos Mayoral, y posteriormente, al ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano.

“Así es como comienzan los problemas, porque en eso no habíamos quedado. Los primeros dos meses hicieron todo correctamente, y luego me encuentro con esa sorpresa, obviamente reaccioné y no solo fui a Hacienda, también me puse a investigar y solicité estados de cuenta a todas las dependencias que estamos surtiendo, y en ese recorrido, me entero de que el cuñado y la concuña de Aurelio, ya se nos habían adelantado y habían solicitado que de hoy en adelante todos los tratos eran con ellos, y piden que no se nos pague nada a nosotros”, expresó la que figura como dueña de la empresa Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V.

La mujer entregó un escrito como representante legal de la compañía y una serie de documentos que acreditan jurídicamente su personalidad, solicitando que los pagos no sean entregados a los familiares del funcionario estatal, Javier Camacho Lizárraga y Maura Georgina Pantoja Pérez.

Asimismo, pide un estado de cuenta a cada uno de sus clientes, pero solo la subdirección de administración del hospital “Juan María de Salvatierra” y la Dirección de Administración de Finanzas de la SEP, determinan entregarle el informe solicitado por escrito.

Cómo se coludieron

El resto de los servidores públicos se colude con los parientes de Aurelio Ortiz Zambrano, y la disputa comienza por un botín de entre 4 y 5 millones de pesos.

Durante una entrevista con ZETA, Clara Lizeth González Romero expuso que ella comenzó a sospechar de los malos manejos desde que los familiares del funcionario “decían que no salían pagos, y el único dinero que supuestamente salía, era al que le dábamos vuelta para surtir los pedidos”.

El esposo de Clara dijo que todo era muy sospechoso porque el cuñado del funcionario, Francisco Camacho Lizárraga, repentinamente se compró una camioneta Hummer. “Yo me quedé pensando y dije, algo está pasando, porque supuestamente no salen pagos, pero sí trae una camioneta del año. Entonces, fuimos al banco y lo primero que me encuentro es un cheque expedido a nombre de Aurelio Ortiz Zambrano”, comentó.

El documento número 273 fue expedido el 24 de abril de 2012 por 35 mil pesos a favor del ex funcionario; fue cuando reclamaron porque estaban dándole dinero.

La respuesta vino del propio Aurelio Ortiz Zambrano, quien negó a ZETA recibir parte de las ganancias de las operaciones ilícitas, además de que el cheque recibido fue por la venta de esa camioneta.

— ¿Usted recibió algún pago o cheque de ese negocio a nombre de Clara Lizeth González Romero?

“Mire, yo, recibí, y creo que no es uno, sino tres cheques que recibí del señor Javier Camacho Lizárraga por un vehículo de mi propiedad que le vendí en 2011, obviamente, ese vehículo estaba declarado en mi declaración patrimonial, y en su momento, cuando se hizo la enajenación también, ¿no? Me hicieron varios pagos a cuenta de ese vehículo y finalmente están pasados por mi cuenta, declaró.

Pero esa es solo la punta del iceberg de una serie de irregularidades cometidas durante la administración de la compañía proveedora. “Nos estaban robando”, acusó Luis Gastélum.

Como administradores, se apoderaron de los contratos firmados con instituciones de gobierno y tenían bajo su control los documentos de lo que se surtía y lo que se cobraba, así como las cuentas pendientes por cobrar; información privilegiada que se negaron a entregar a sus socios, cuando fueron encarados y comenzó la disputa.

El problema llegó a las instancias judiciales, donde actualmente se ventila el caso, bajo el número de averiguación previa LPZ/SPB/402/2012.

La representante legal de Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V., Clara Lizeth González Romero, señaló a sus ex socios Javier Camacho Lizárraga y Maura Georgina Pantoja Pérez por el delito de peculado, toda vez -y según pruebas documentales- que cobraron sin su consentimiento decenas de cheques productos de sus ventas, coludidos con funcionarios e incluso falsificando su firma, utilizando una supuesta carta poder firmada por ella y presuntamente certificada por el Notario Público Número 13, Carlos Arámburo Romero.

En el documento, donde aparecen la firma y los sellos de la notoria, se certificaba que Clara Lizeth González Romero y Maura Georgina Pantoja Pérez se habían presentado a solicitar un poder notarial a favor de la segunda “por propio derecho”.

El supuesto poder notarial, fechado el 19 de julio de 2012, resultó ser falso. El propio notario, Carlos Arámburo Romero, negó el 18 de enero de 2013 “haber certificado un poder notarial a favor de Maura Georgina Pantoja Pérez y/o Javier Camacho Lizárraga, y otorgado por Clara Lizeth González Romero”.

En el escrito, bajo el folio 002/NOT13/2013, el notario expuso que hizo una búsqueda en los protocolos notariales a su cargo y no encontró ningún poder otorgado a favor de los familiares del ex funcionario.

De hecho, en una breve entrevista con ZETA, dijo que procedería legalmente en contra de los presuntos responsables de este hecho, toda vez que no había tenido nada que ver con ese asunto.

Tanto Javier Camacho Lizárraga como Maura Georgina Pantoja Pérez, utilizaron el supuesto poder notarial para cobrar todo el dinero y dejar prácticamente en la calle a sus ex socios, quienes definieron, “se cegaron por la ambición de poder y dinero”.

En la querella, las víctimas acusan directamente del delito de incumplimiento de un deber legal a los siguientes funcionarios del gobierno de Marcos Covarrubias:

- Rosa E. Solorio Ramírez, coordinadora administrativa de DIF Estatal.

- Carlos Roberto Avilés Contreras, jefe del Departamento de Recursos Financieros de DIF Estatal.

Indebidamente y en común acuerdo con los familiares de Aurelio Ortiz Zambrano, los servidores públicos entregaron los pagos a quienes no estaban autorizados para su cobro, a pesar de haber sido notificados en tiempo y forma.

Otros implicados



Según la denuncia, están implicados Víctor Manuel Nolasco Cota, director administrativo del Hospital General; Víctor García, jefe del Departamento de Pagos; Luis Humberto Araiza López, ex director administrativo y Heidi Estrada Martínez, directora de la Casa del Estudiante.

No obstante, el abogado defensor de la pareja, Carlos Arturo Mayoral Vázquez, prepara dos denuncias penales más en contra de esta red de corrupción de servidores públicos por el delito de peculado impropio, pues una vez surgida la pugna entre socios, sacaron a unos y pusieron a otros de proveedores, como si se tratara de un negocio particular y sin haber lanzado una licitación.

Cínicamente y sin cuidar las formas, los contratos pasaron de la pareja de Clara Lizeth González Romero y Luis Josefat Gastélum, a Maura Georgina Pantoja Pérez y Javier Camacho Lizárraga, a fin de beneficiarlos con dinero del erario público, aunque estos últimos no tienen siquiera una oficina formal, licencia comercial expedida por el Ayuntamiento local, o una razón social.

Peor aún, les dieron oportunidad de reemplazar las facturas de sus anteriores socios, a fin de que los pagos comenzaran a salir a un nombre, a pesar de que el producto había sido comprado con dinero de la anterior sociedad mercantil.

Los nuevos proveedores de la casa cuna, albergues rurales, guarderías, Casa del Estudiante de La Paz, Hospital Psiquiátrico, DIF comunitarios y hasta el Hospital General “Juan María de Salvatierra”, actualmente operan desde la casa de la suegra del encargado de la Secretaría de Economía, Aurelio Ortiz Zambrano, localizada en Calle Cuauhtémoc entre Félix Ortega y Marcelo Rubio Ruiz, en La Paz; como si no hubiera otros negocios legalmente establecidos y con capacidad financiera de proveer de productos al Gobierno del Estado.

El abogado de la pareja anticipó que también se prepara una denuncia penal en contra de servidores públicos por el delito de asociación delictuosa, derivado de que esta red de corrupción está operando para sustraer ilícitamente recursos públicos para beneficiar a ciertas personas con las que tienen asuntos de negocio y de amistad.


La contraparte





Posted enero 28, 2013 by ZETA Baja California Sur

Sobre estos hechos, el principal acusado, Aurelio Ortiz Zambrano, aceptó conocer al joven Luis Josefat Gastélum Vázquez y reconoció el parentesco familiar con Javier Camacho Lizárraga, hermano de su esposa Janeth.

Sin embargo, negó las imputaciones y dijo “no tener el alcance de poder mover influencias o tener injerencias sobre la decisión de las compras en el Gobierno del Estado”.

“Creo que es una imputación infundada, porque en lo que a mí respecta, es imposible que un funcionario de segundo nivel, como es una subsecretaria, pueda tener injerencia en operaciones de compraventa. Yo lo veo como un pleito entre particulares y donde quieren involucrar a funcionarios y ex funcionarios, como es mi caso”, explicó.

El ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico rechazó que la contabilidad de la empresa Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V. se haya llevado en su negocio particular y a través de su contador Carlos Mayoral. “Es una situación exagerada, no hay manera de comprobar eso, y sería prudente que el acusador pruebe eso, ¿no?”, retó.

— ¿Usted intervino en alguna ocasión para que no salieran pagos a favor de Clara Lizeth González Romero?, se le cuestionó.

“No tengo ningún comentario al respecto. La labor y el contacto de todos los funcionarios del DIF, cuando yo estaba en la administración estatal, fue meramente de trabajo. No hay ningún contrato o convenio donde haya tenido algo, donde yo haya podido intervenir e influir. Y ciertamente por lo pequeño de la comunidad conozco a algunos proveedores, pero de eso a que pueda influir para que le den un contrato, le quiten o le pongan un pago, eso es imposible”.

Sobre las acusaciones, el titular de la Unidad de Contraloría Interna, Julio César Buenrostro de Dios, expuso: “Actualmente están desarrollando y llevando a cabo un proceso sobre este problema con el proveedor”.

El funcionario fue señalado de haber dado la orden de “fregar” todo tipo de pagos a favor de Clara Lizeth González Romero, porque se puso del lado de otros socios.

— ¿En qué se basó para ordenar la detención de los pagos?

“No, con todo respeto, contraloría no ha emitido una orden de no pago, la orden es lo que dice la Ley para esclarecer la queja que ella misma puso, y una vez esclarecido y basado en la información que ella misma aporte, daremos un dictamen, pero no tenemos la información todavía”.

— Las personas se quejan de que no quieren pagarle por la disputa con sus ex socios y que los funcionarios se están coludiendo con una de las partes…

“La información que le hemos solicitado versa en ese sentido, cual es la información a la que ella se refiere, yo en contraloría estoy haciendo mi investigación, pero yo necesito la información de los elementos que ella me tiene que aportar, se los pedí hace dos meses y no ha llegado”.

En tanto, la coordinadora administrativa del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Rosa E. Solorio Ramírez, prácticamente le “aventó” el problema a la Secretaría de Finanzas: “Lo único que hacemos aquí es el trámite administrativo, y de aquí se va a la Secretaría de Finanzas, que emite contra-recibos, cheques y pagos”.

— Los afectados dicen que Usted ordenó que los cheques fueran entregados reiteradamente a Javier Camacho y Maura Georgina Pantoja, a pesar de que estaban a nombre de Clara Lizeth González Romero. ¿Por qué se hace esto?

“Bueno, mira, yo no tendría la facultad de hacer eso porque la Secretaría de Finanzas tiene sus propios lineamientos y la verdad desconozco eso, porque ellos para pagar un cheque tienen que traer una carta poder de por medio”.

— ¿Sabía Usted que ya se interpuso una denuncia penal en su contra justamente por ese hecho de ordenar la retención de pagos? ¿Qué nos puede decir al respecto?

“No tenía conocimiento, pero hasta ahorita al momento que te estoy dando la entrevista, no se me ha notificado nada por parte de alguna autoridad, pero en dado caso de que sucediera, tendría que responder lo pertinente”.

— ¿Podría decirnos si ahorita y en este momento, Javier Camacho Lizárraga y su esposa aparecen como proveedores del DIF?

“Sí, aparecen como proveedores, de hecho la señora Maura Georgina Pantoja Pérez…”.

— ¿Tienen los datos de la licitación, o de qué manera deciden entregarles el contrato?

“No, mira, ellos lo que nos venden son cosas que la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, te permite no licitar, y la mayoría de lo que venden son productos alimentarios perecederos, en específico”.

ZETA solicitó una entrevista con otros presuntos implicados, pero algunos rechazaron la petición y otros más dijeron que llamarían; sin embargo, al cierre de esta edición simplemente no se reportaron.


TRIBUNA

Trabajan en integración de Seguridad Pública a la Secretaría General

Redacción


El Gobierno del Estado trabaja en los cambios que se propondrán para la Ley Orgánica y con base en ello, procederá a la integración de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría General de Gobierno y responder así a una estrategia nacional en materia de seguridad pública que tiene como propósito garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, dio a conocer Armando Martínez Vega.
Precisó que también se está a la espera de los nuevos lineamientos que surgirán de la reestructuración que se han hecho a nivel nacional, para lo cual en los próximos días acudirá a la ciudad de México a sostener reuniones de trabajo con este fin.
Martínez Vega destacó que en tanto se realizan los ajustes legales y se conocen las nuevas disposiciones federales, se procederá al nombramiento de un encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que sus actividades diarias no se vean interrumpidas o alteradas.
El Secretario General de Gobierno precisó que se coincide con la propuesta hecha por el Gobierno federal, pues siempre habrá solidaridad con aquellas acciones que estén encaminadas a garantizar la seguridad de las familias y con el manejo y aplicación de recursos más eficiente y con elementos más preparados.
Insistió en que los nuevos esquemas de trabajo en materia de seguridad no deben generar inquietud, pues todo lo que se está haciendo es precisamente para fortalecer la seguridad, tomando en cuenta las aportaciones de los ciudadanos para que estas modificaciones respondan al compromiso de un mejor resultado en este tema.


Violencia familiar e incertidumbre por un futuro mejor, preocupación de niños y jóvenes en BCS
San José del Cabo.
Leticia Hernández Vera
La vocal ejecutiva del IFE en el estado, Marina Garmendia, reveló que la encuesta infantil y juvenil realizada el año pasado arrojó esos focos rojos, por lo que el 31 de enero habrá reunión de trabajo con instituciones que trabajan a favor de la niñez para analizar la consulta y delinear estrategias y así garantizar una vida mejor a niños y adolescentes

La violencia familiar y el temor de no alcanzar un futuro mejor son dos de los focos rojos que arrojó la encuesta infantil y juvenil que realizó el año pasado el Instituto Federal Electoral en Baja California Sur, reveló la vocal ejecutiva del IFE en la entidad, Marina Garmendia.
Entrevistada durante su visita a esta ciudad, dijo que ya sostuvo una primera reunión con instituciones públicas y de la sociedad civil para comentar los resultados que se obtuvieron, ya que se presentaron algunos porcentajes preocupantes.
“Como sabemos los niños son víctimas de violencia en las escuelas, en el entorno familiar que se vuelve agresivo a diferencia de lo que pasaba en otros años, a pesar de no ser un porcentaje muy alto en el estado pues no llega al 10 por ciento, sin embargo las instituciones debemos estar conscientes de qué es lo que ocurre y buscar resolver la problemática”, sostuvo Marina Garmendia.
Comentó que el 31 de enero se tendrá la segunda reunión con directivos de instituciones en Los Cabos que trabajan a favor de la niñez y juventud para platicar y tener un plan de acción común para hacer mejor el trabajo y lograr una vida mejor para los niños y adolescentes.
El otro foco rojo que afecta a los niños y jóvenes se derivó de la coincidencia en las respuestas a la pregunta de cómo perciben su vida actualmente y su futuro. Un porcentaje significativo, más del 30 por ciento de los niños y jóvenes expresaron que no van a terminar sus estudios, que no tendrán un buen trabajo y que no vivirán en un entorno mejor al de ahora.
Esta imagen del futuro que tienen los niños actualmente, a muchos pareció preocupante y hay que trabajar en ese sentido, todos los involucrados en asuntos de la niñez y la juventud en Baja California Sur, donde Los Cabos tendrá una importante participación en la reunión del 31 de enero a realizarse en la ciudad capital.


Vive familia Viacrucis por extorsión telefónica
San José del Cabo.
Gustavo Cruz Onofre
Los delincuentes hablaban de una infante secuestrada y amenazaban con matarla
Autoridades “investigarán”

Una familia más, víctima de extorsión telefónica, argumentaron tenían a su hija secuestrada; los delincuentes les arrebatan 5 mil pesos.
El martirio para la familia que desde hace años radica en la cabecera municipal, surgió cerca de las 13:30 horas, el testimonio de la madre afectada es el siguiente, “me marcaron de un número desconocido, la persona que me habló fue una niña con voz casi idéntica a la de mi hija, ella me dijo que la tenían secuestrada, que unos hombres la tenían amarrada, con los ojos vendados y le apuntaban con una pistola a la cabeza, que me arreglara con ellos, suplicaba que no la dejara”
La mujer agregó que tras este primer encuentro telefónico, al otro lado de la línea se escuchó una voz masculina, “después me pasó con un ‘fulano’ quien me dijo que negociáramos la vida de la niña y que le fuera a depositar dinero, deposité tres mil pesos, después me dijo que necesitaba más dinero, entonces tuve que depositar dos mil pesos más, siendo un total de cinco mil pesos, quiso más, así seguiría, por fortuna minutos después me di cuenta que la niña estaba en la casa”.
La mujer aún consternada, relató que la llamada telefónica se prolongó por unos 90 minutos y los extorsionadores obligaron a la mujer a que en ningún momento soltara el aparato telefónico. La mujer que recibió la llamada fue víctima del miedo y la incertidumbre, tuvo que pedir dos préstamos para poder hacer los depósitos a la cuenta número 1009534394 de la empresa Coppel a nombre de Víctor Manuel Hernández López.
De estos hechos los denunciantes ya levantaron una averiguación previa en la Subprocuraduría de San José del Cabo, misma que quedó registrada como SJC/14/PAT-AA/2013.
Sobre el actuar de las autoridades investigadoras, mencionaron que en las oficinas de la PGJE les dijeron que ya tenían conocimiento de más denuncias de ese tipo, “me dijeron que iban a checar, nada más, pero no me dijeron si iban a llamar, nada, haber si hacen algo porque está canija la situación, no tanto por el dinero, sino por el susto que se lleva uno; los agentes no me comentaron si iban a hacer algo o cómo me iban a avisar”.
Después del trago amargo, la madre de familia con 5 mil pesos que ahora tiene que pagar, expresó, “que se muevan las autoridades, tenemos temor, que hagan algo, hay muchas denuncias y no están haciendo nada; los delincuentes siguen adelante, que haya castigo; a las personas recomiendo que no entren en pánico que primero verifiquen o se pongan en contacto con sus familiares, lo peor es que fingen ser tus familiares, uno cree, tuve que dejar el trabajo, endeudarme, correr a depositar el dinero y mi hija estaba con bien”.


Aventurado conductor termina en un arroyo
San José del Cabo.
Gustavo Cruz Onofre


Conductor que logra evadir a las autoridades deja volcado un vehículo sedán en el cauce del arroyo San José.
El reporte de la presunta volcadura llegó a Seguridad Pública alrededor de las cuatro de la mañana, agentes de Peritaje y Vialidad fueron requeridos en las inmediaciones del bulevar Centenario y puente Bicentenario que une el centro de San José con el poblado La Playa.
Minutos más tarde en el sitio del incidente, los agentes encontraron el vehículo abandonado marca Toyota línea Corolla color blanco y con placas de circulación 940-PMU-7.
Información extraoficial indica que el conductor manejaba por el antiguo camino de terracería que lleva a San José y no se percató que se dirigía justo a la zona del arroyo San José en donde finalmente el eje frontal del pequeño vehículo quedó atrapado.
Los peritos en turno solicitaron una grúa para trasladar el vehículo al corralón; las probables causas del accidente serían que el conductor manejó a una velocidad inmoderada y sin precaución.


Sujeto ‘se aventó’ a los neumáticos de un pesado tráiler en Santa Rosalía
Santa Rosalía.
Redacción
Sería el cuarto suicidio registrado durante el año en BCS

El impactante hecho se registró en el transcurso de la tarde sobre la Transpeninsular en el tramo Santa Rosalía – San Ignacio, el occiso se habría aventado a las llantas de un pesado tráiler, el incidente le quitó la vida.
La tragedia ocurrió cerca de las tres de la tarde en el kilómetro 0 más 500 del tramo carretero Santa Rosalía – San Ignacio, el testimonio de un testigo presencial del lamentable suceso indicaría que el fallecido, instantes antes se había aventado hacia los neumáticos traseros de un tráiler con cabina color gris y caja color blanco, el cual circulaba con dirección de Norte a Sur, el conductor del tráiler continuó su camino ya que al parecer no se percató del suceso.
A partir de ese momento y con el único testimonio, agentes ministeriales comenzaron las pesquisas de lo sucedido, sobre la carretera Transpeninsular en el kilómetro antes citado, encontraron el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, siendo su media filiación de 25 a 32 años de edad y de 1.68 metros de estatura aproximadamente, tez morena, complexión regular, cabello negro, sin bigote ni barba, mentón oval, labios medianos; vestía playera color rojo (desgastada) y pantalón de mezclilla color verde (desgastado), llevaba sandalias color café, el cuerpo contaba como seña particular un tatuaje con la silueta de una mujer en el hombro derecho.
Hasta el cierre de la presente edición, autoridades de la Procuraduría desconocían la identidad del sujeto; las causas de muerte fueron traumatismo craneoencefálico severo secundario a anemia aguda en hemotórax.