RESUMEN DE NOTICIAS DEL MARTES 06 DE MARZO DEL 2012

TRIBUNA

06 de marzo de 2012

Dictan auto de formal prisión contra Antonio Alcántar López

La Paz. Manuel Espinoza

Ninguno de los comparecientes acreditó mediante testimonio, origen y destino final del libro por el cual se pagarían 820 mil pesos, mediante una factura que fue duplicada, según obra en autos Antes del vencimiento del plazo constitucional ampliado, que se concluyó ayer a las 08:30 horas, la titular del Juzgado Tercero Penal, Rosario del Carmen Palacios Montaño, decretó auto de formal prisión contra Francisco Antonio Alcántar López, con lo que se inicia de manera oficial su proceso por los delitos de peculado y falsificación de documentos en su modalidad de uso de documentos falsos, delito el primero por el cual no tiene derecho a la libertad bajo fianza, lo que significa que habrá de permanecer en prisión hasta la sentencia definitiva, o en su caso que durante el proceso, la defensa logre que se reclasifique el hecho delictivo. Como lo informó en su momento Grupo Editorial Tribuna, el pasado 28 de febrero elementos de la Policía Ministerial del Estado, ejecutaron una orden de aprehensión contra Francisco Antonio Alcántar López, titular de Comunicación Social del Gobierno del Estado durante el periodo 2005-2011, encabezado por Narciso Agúndez Montaño. La Procuraduría General de Justicia, confirmó que su captura fue en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por la titular del Juzgado Tercero Penal, ante la presunción de hechos constitutivos de delito, consistente en peculado y falsificación de documentos en su modalidad de uso de documento falso en agravio de la administración pública del Gobierno del Estado. Dicha investigación inició con la visita que dio a la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría General del Estado, por considerar que en el expediente administrativo CGE/073/11 existen hechos probablemente constitutivos de delito, donde se responsabiliza a Alcántar López del desvío de 820 mil pesos que le fueron entregados en dos tiempos mediante cheques por la cantidad de 410 mil pesos cada uno, bajo la modalidad de gastos a comprobar estos recursos públicos debieron destinarse para la producción y empastado del libro conmemorativo de la administración 2005-2011 “Acciones de Hoy para Sudcalifornia de Mañana”. Al ser presentado para su declaración preparatoria, el ahora indiciado se apegó a las prerrogativas del artículo 20 constitucional, negándose a declarar, solicitando su defensa la ampliación del plazo para la presentación de pruebas a su favor, sin embargo, los comparecientes que acudieron ante la mesa tres del Juzgado Tercero, coincidieron por separado, que ignoraban el origen y destino final, así como la distribución y a cargo de quién estuvo, del libro antes citado y por el cual se habrían pagado los 820 mil pesos, cantidad que se describe en una factura al parecer apócrifa, según consta en autos del proceso 93/2012, y donde se asienta que el documento original es por el orden de los mil 650 pesos. Con el auto de formal prisión decretada en contra de Francisco Antonio Alcántar López, se da inicio formal al proceso penal instruido en su contra y por tratarse de un delito catalogado como grave por el artículo 148 fracción XXV en el Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad y en relación al artículo 154 fracción II del Código Penal vigente, no tiene el beneficio de libertad bajo fianza.   Capacitan a personal de la PGJE sobre uso de celulares en investigación La Paz. Redacción Peritos de Servicios Periciales reciben curso en línea por parte de Susten Inc, con sede en San Francisco, California, EU   Capacitación en línea para extraer  información de cualquier índole de dispositivos celulares con fines de investigación Forense recibieron el fin de semana peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Así lo dio a conocer el químico Mario Alberto Camalich, director de Servicios Periciales de la institución, quien  afirmó que la capacitación en línea fue impartida por Marco Revolorio, jefe de Entrenamiento y Capacitación de la compañía Susteen  Inc. con sede en San Francisco CA. USA. Camalich Rosas afirmó que los funcionarios recibieron con anterioridad  capacitación en  la materia el verano pasado, al igual que miembros del gobierno americano y la Fuerza Armada estadounidense. En esta ocasión los peritos actualizaron sus conocimientos  auxiliados por computadora y vía Internet.; método que permite capacitar en la cantidad y calidad requerida con grandes beneficios en costos al integrar la experiencia de los mejores expertos en un curso interactivo por computadora.

Confirma Procuraduría muerte de cuatro personas en accidente

La Paz. Manuel Espinoza

Viajaban a bordo de una vagoneta Ford Explorer de color azul, desplazándose de Norte a Sur, cuando el conductor perdió el control y sobrevino la tragedia Como lo adelantó ayer Grupo Editorial Tribuna, cuatro personas perdieron la vida la tarde del pasado domingo, al volcar el vehículo en que viajaban, cuando se desplazaban sobre la carretera Transpeninsular “Benito Juárez”. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), confirmó de manera oficial la tragedia. José Guadalupe Pérez León, Laura Patricia Mercado San Javier, Mayra y Camila Jacqueline, de 22, 36, 16 y 3 años, son los nombres y edades de las personas fallecidas, cuyos cuerpos sin vida quedaron al interior y exterior de la unidad en que viajaban. De acuerdo con la información de la dependencia estatal, fue a las 18:00 horas del domingo cuando a través de la Comandancia de Homicidios de la Policía Ministerial, se tuvo conocimiento de un accidente vehicular tipo salida de camino y volcadura a la altura del kilómetro 51 de la carretera Transpeninsular, en su tramo La Paz a Ciudad Constitución, resultando sin vida dos personas adultas y dos menores, acudiendo al lugar los agentes acompañando al Ministerio Público, médico legista y personal de Servicios Periciales. En el lugar se encontró a diez metros del lado izquierdo de la carretera, una vagoneta Ford Explorer de color azul marino, placas GRG-5607 del estado de Guanajuato y sobre la ventanilla trasera del lado derecho, se ubicó el cuerpo sin vida de una mujer que fue identificada como quien en vida llevara el nombre de Laura Patricia Mercado San Javier, de 36 años de edad, originaria de Ciudad Constitución, con domicilio en la colonia Miramar de la ciudad de La Paz; asimismo, a un costado de la camioneta se ubicó el segundo cuerpo sin vida, siendo de una menor de nombre Mayra Flores de 16 años de edad y vecina de la colonia Cardones, en esta ciudad capital; a once metros del vehículo yacía el tercer cuerpo, siendo de una persona del sexo masculino que fue identificado como José Guadalupe Pérez León, jornalero de 22 años de edad, con domicilio en el ejido Conquista Agraria y finalmente, el cuarto cuerpo de otra menor de nombre Camila Jacqueline, de apenas tres años de edad. Fue José Belén Pérez León, quien proporcionó la información para identificar los tres primeros cuerpos, señalando ser el esposo de la mujer, padre de la infante y hermano del conductor, mientras que la identificación de la adolescente de nombre Mayra, fue proporcionada por quien dijo ser el papá, Hermilo Flores López. De acuerdo con el reporte del Servicio Médico Forense, las causas del deceso de las dos primeras personas, fue traumatismo toraco abdominal severo, con perforación visceral, de las otras dos, traumatismo craneoencefálico severo. En base al peritaje de la Policía Federal, el vehículo Ford Explorer se desplazaba de Norte a Sur (con dirección a La Paz), conducida por José Guadalupe Pérez León, quien era acompañado por la mujer y las dos menores, siendo al llegar a la altura del kilómetro antes mencionado, perdió el control del volante por la inmoderada velocidad, saliéndose del camino para terminar volcado, con los resultados antes descritos.   Intensifican búsqueda de náufragos en todos los medios La Paz. Redacción Por cielo, aire, mar y tierra, fuerzas institucionales rastrean la zona donde desaparecieron los pescadores, entre ellos un funcionario del Gobierno del norteño estado de Baja California  Hasta el momento, solo una prenda de ropa presuntamente que pertenece a uno de los desaparecidos, es lo que se ha encontrado durante la búsqueda de las cinco personas desaparecidas en el mar, cuando a bordo de una lancha se dirigían de Punta Eugenia, BCS, a Isla de Cedros en Baja California para participar en una reunión cooperativista. Como se sabe, fueron siete los pescadores, entre ellos un funcionario del Gobierno del Estado Norte, así como un piloto y una mujer, naufragaron la tarde del pasado martes, cuando el viento y fuertes marejadas volcaron la embarcación en la que se dirigían al encuentro de trabajo; sólo dos de ellos fueron rescatados al día siguiente y desde entonces los demás continúan en calidad de desaparecidos. Los Gobiernos de Baja California, Baja California, Sonora y ahora Sinaloa, de manera conjunta han anunciado que seguirá la búsqueda poniendo en ello todos los medios posibles al alcance de más de 150 elementos de corporaciones interinstitucionales, que peinan la zona con unidades aéreas, acuáticas y terrestres, ante una mejor condición del clima. El Gobierno de Baja California, se mantiene al tanto del seguimiento del operativo encabezado por la Armada de México; ayer lunes, el titular de la Secretaría de Pesca de esa entidad, sostuvo reuniones por separado con el comandante de la II Región Naval, vicealmirante Víctor Francisco Uribe Arévalo, así como con el capitán de Puerto Heriberto Santos Salinas. Fernández Ruiz comentó que se tiene suficiente turbosina para mantener la búsqueda con un helicóptero del Gobierno del Estado de Sonora, además de un Turbo Commander, un avión caza y otro helicóptero de la Armada. La coordinación estrecha se tiene también con el gobierno de Baja California Sur, a través del secretario de Pesca y Acuacultura, Fernando García Romero, quien ha tenido un papel importante en la zona del rescate. La prioridad, es encontrar a las cinco personas extraviadas, entre las que se encuentra el director de Pesca Juan Nemesio Murillo Murillo, así como directivos y otros socios de la organización Pescadores Nacionales de Abulón (PNA). La Secretaría de Marina ha informado que “en cumplimiento a las atribuciones que la ley le confiere, personal adscrito a la Segunda Región Naval con sede en Ensenada, continúa en la búsqueda y rescate”. Recordó que la operación inició 29 de febrero, cuando se recibió un reporte en la Estación Naval de Isla Cedros, por parte de la Cooperativa Pescadores Nacionales de Abulón. Luego de recibir el aviso de inmediato  zarparon dos Patrullas Oceánicas, una Patrulla Interceptora y un avión Turbo Commander, con el fin de localizar a cinco de los tripulantes que aún se encuentran desaparecidos. Desde el sábado pasado la operación fue reforzada con un avión perteneciente a la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur y un helicóptero de la Cuarta Región Naval con sede en  Guaymas, Sonora. Se integraron también una fuerza total de dos patrullas oceánicas, dos patrullas interceptoras, dos aviones, un helicóptero, tres vehículos y elementos de Infantería de Marina desplegados en tierra. Los patrullajes se realizan desde Punta Eugenia hasta Punta Abreojos, Baja California Sur,  haciendo un total de más de 150 elementos navales presentes en la zona de la búsqueda. A esa fuerza de tarea se agregaron este lunes más de 50 embarcaciones de diferentes organizaciones pesqueras con equipos de buceo, además de la aeronave particular contratada por la PNA.   Orden de aprehensión contra herrero por abuso de confianza La Paz. Manuel Espinoza Personal de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Comandancia de Mandamientos Judiciales, ejecutaron una orden de aprehensión girada por el titular del Juzgado Primero de Primera Instancia, contra un herrero de nombre Héctor Flores, de 38 años de edad. El detenido, con domicilio en la colonia Ayuntamiento, figura como presunto responsable del delito de abuso de confianza, según hechos que obran dentro del proceso penal de fecha 24 de febrero del presente año, el cual se deriva de la denuncia interpuesta el 28 de abril del 2011, por la persona afectada que acudió ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, para reportar los hechos. El afectado narró ante el Fiscal que solicitó los servicios de Héctor Flores para la fabricación de dos puertas de herrería que tendrían un costo de 20 mil pesos, pagando un anticipo del 50%, pero transcurrió el tiempo y el herrero no entregó el trabajo, por lo que fue a buscarlo para saber qué había pasado, recibiendo como respuesta que no había hecho las puertas porque no tenía dinero, lo que originó la orden de aprehensión referida.   Riña entre lavacarros deja un lesionado La Paz Manuel Espinoza El afectado fue ingresado al Hospital Salvatierra presentando lesión que pone en riesgo su vida   Una discusión al calor de la copa surgida entre lavacarros, dejó una persona gravemente lesionada al resultar con una herida en el muslo izquierdo cuya naturaleza es considerada de las que tardan en sanar más de quince días y sí ponen en riesgo la vida; elementos de la Policía Ministerial detuvieron al presunto responsable que ya se encuentra a disposición de las autoridades. Según señala la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la tarde del pasado domingo se tuvo conocimiento a través de la Comandancia de Homicidios de la Policía Ministerial, que se había suscitado una riña en las inmediaciones de una gasolinera ubicada sobre Colosio y Forjadores, donde resultara una persona herida que ya era trasladada al Hospital General Juan María de Salvatierra, hasta donde acudieron los agentes para investigar, siendo informados que el paciente de nombre Raúl Marín, alias “El Chilango”, de 40 años de edad, presentaba una lesión producida por arma punzocortante, por debajo de la fosa renal izquierda que penetró en el peritoneo. El propio afectado narró a los agentes que como a las 15:30 horas de ese día, se encontraba en las inmediaciones de una institución bancaria ubicada por Colosio y Forjadores, con la finalidad de invitar a ingerir bebidas embriagantes a un lavacarros y que al calor de las copas iniciaron una discusión que los llevó a enfrentarse a golpes, tomando él una botella con la cual agredió a su rival en el rostro, pero este tomó del suelo un trozo de fierro con el cual le provocó las heridas en la pierna para luego huir con rumbo a la gasolinera, agregando que su agresor vestía pantalón color blanco y camisa azul. Minutos después, sobre el bulevar Forjares y calle Miraflores, en el fraccionamiento Bellavista, los agentes interceptaron al presunto responsable que dijo llamarse Francisco Peraza Cortez, de 60 años de edad, originario del estado de Sinaloa, quien al ser cuestionado sobre los hechos, aceptó haber lesionado a una persona que sólo conoce con el apodo de “El Chilango”, motivo por el cual fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, para el deslinde de responsabilidades.   Confirmado por Tribunal Superior de Justicia auto de formal prisión contra Antonio Alcántar La Paz. Redacción La resolución en estricto apego a Derecho conforme a lo previsto y sancionado por los artículos 154 Fracción II  y 193 último párrafo en relación con el artículo 24 fracción primera y 35 fracción segunda, del Código Penal del Estado de Baja California Sur, en concordancia  con el artículo 148 fracción XXV del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado El Tribunal Superior de Justicia del Estado, informa que la mañana del lunes cinco de marzo del 2012,  a las siete de la mañana se decretó auto de formal prisión en contra de Francisco Antonio Alcántar López, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de peculado y falsificación de documentos en su modalidad de uso de documento falso en agravio de la administración pública del Gobierno del Estado. Esta decisión jurídica  fue ejecutada en estricto apego a Derecho conforme a lo previsto y sancionado por los artículos 154 fracción II  y 193 último párrafo en relación con el artículo 24 fracción primera y 35 fracción segunda, del Código Penal del Estado de Baja California Sur, en concordancia  con el artículo 148 fracción XXV del Código de Procedimientos Penales vigente en el estado.   El ahora procesado tendrá el derecho para interponer el recurso de apelación en el término de tres días, en caso de que sea inconforme con el auto de formal prisión o en su caso tendrá la oportunidad de acudir al juicio de amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito en Turno en esta ciudad de La Paz, Baja California Sur. El delito de peculado esta previsto y sancionado en el artículo 154 fracción segunda del Código Penal vigente en la entidad que a la letra dice: “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, Municipios, organismos descentralizados, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración o por otra causa, se impondrán las siguientes sanciones: Asimismo, “cuando el monto exceda mil veces el salario mínimo la prisión será de seis a quince años, multa de 100 a 300 veces el salario inhabilitación de tres a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o función pública y destitución en su caso”. Artículo 193 indica que se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa hasta por cien días de salario a quien, para obtener un beneficio para sí o para otro o causar un perjuicio y sin autorización de la persona interesada. Último párrafo cita la misma sanción se impondrá al que, a sabiendas, haga uso de un documento falso, a menos que se utilice como medio para la comisión del delito de fraude, ya que en este caso su utilización quedará subsumida en la forma agravada de este último ilícito. El  delito de peculado es considerado como grave, por lo que el procesado  Francisco Antonio Alcántar López, no alcanza el beneficio de la libertad provisional bajo caución, por lo que tendrá que enfrentar  el proceso recluido en el Centro de Reinserción Social  (Cereso) de la ciudad de La Paz. Con la resolución dictada en esta fecha así como con la tramitación del proceso que se inicia, se actuará  con estricto apego a derecho, sin que en los juicios y procesos que se siguen ante el Poder Judicial del Estado, se acepten presiones o consignas de cualquier naturaleza, teniendo los jueces y magistrados plena autonomía para el dictado de sus resoluciones, las que se realizan en base a las declaraciones y pruebas allegadas por las partes a los procedimientos y con atenta observancia de lo que establecen los ordenamientos penales del estado.

Protagonistas de riña tras las rejas de la cárcel pública

La Paz. Manuel Espinoza

Elotero y albañil se liaron a golpes por viejas rencillas, resultando uno de ellos con herida producida por arma blanca, en la pierna derecha Un vendedor de elotes y un trabajador de la obra, resultaron con lesiones que ameritaron su traslado a un centro médico para que fueran atendidos, pero luego que se les dio de alta, quedaron tras las rejas de la cárcel pública municipal, al ser ambos los protagonistas de la riña donde fueron de igual manera, los afectados. Una llamada a través del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4), recibida a las 19:30 horas, alertó a elementos de Seguridad Pública Municipal, de una riña entre dos personas del sexo masculino en las inmediaciones de las calles Palo Adán y Gilito Arreola, de la colonia Mezquitito, hasta donde se trasladaron de inmediato los elementos de la patrulla SP-33. Los oficiales se entrevistaron primero con quien dijo llamarse Eduardo Camacho Navarro, albañil de 25 años de edad, observando que éste sangraba abundantemente de la pierna derecha, señalando el afectado que había sido lesionado con un cuchillo en el muslo, por un vendedor de elotes con el que se había enfrentado en riña y que tras la agresión, el presunto responsable se ocultó en un terreno baldío. A bordo de una unidad paramédica, el herido fue trasladado al Hospital General Juan María de Salvatierra, donde fue atendido de su lesión, siendo diagnosticado con herida de cinco centímetros de profundidad, mientras que los agentes buscaban al sospechoso, mismo que fue localizado oculto entre unos arbustos, siendo detenido identificándose como Valentín Avendaño Martínez de 44 años de edad, quien también fue llevado a un centro médico donde se le diagnosticó  inflamación en brazo y antebrazo derecho y equimosis en pierna izquierda, así como bíceps femoral. Tras ser dados de alta, ambos sujetos fueron conducidos a la cárcel pública municipal de la Comandancia Legaspy, donde se registró mediante boletas 8928 y 8929, quedando a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Intenta quitarse la vida ingiriendo raticida

La Paz. Manuel Espinoza

Una vecina solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia, acudiendo una ambulancia de la Cruz Roja para trasladar al frustrado suicida al hospital Por motivos que se ignora, residente de la colonia Miramar en esta ciudad capital, intentó quitarse la vida ingiriendo un veneno conocido como raticida, siendo gracias a la oportuna llamada de una mujer, que los cuerpos de emergencias llegaron a tiempo para trasladarlo a un centro médico donde se le realizó un lavado gastrointestinal para salvarle la vida. Fue a las 20:25 horas del pasado domingo cuando a través del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4), se alertó a los cuerpos de seguridad y de emergencia, que una persona intentaba quitarse la vida, estando en esos momentos en un domicilio de la colonia Miramar, hasta donde se trasladaron elementos de la patrulla SP-93, de Seguridad Pública Municipal. Los oficiales se entrevistaron con la reportante, una mujer de 30 años de edad, quien señaló a un individuo recostado sobre un sofá cama, agregando que momentos antes dicha persona ingirió el veneno conocido como “raticida”, el cual vertió al interior de una botella con cerveza de las llamadas caguamas. En esos momentos llegó una ambulancia de la Cruz Roja cuyos elementos procedieron a la valoración del suicida que fue identificado con el nombre de Ismael de 23 años de edad, siendo llevado de inmediato al Hospital General Juan María de Salvatierra donde fue atendido, reportándose fuera de peligro luego que se le realizó el lavado gástrico. La reportante informó a los agentes que ella le había dado alojamiento a dicha persona, pero que desconocía los motivos por los que intentó suicidarse ingiriendo la bebida embriagante con el mortal polvo para mata ratas.

Participa SSPE en festival del Día de la Familia celebrado el pasado domingo

La Paz. Redacción

De esta manera, se promueven valores y la participación ciudadana en materia de prevención del delito Con la finalidad de brindar a la ciudadanía información sobre medidas de seguridad y prevención, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del área de prevención del delito con participación ciudadana, participó en el festival del Día de la Familia, celebrado en el Malecón costero de esta ciudad. Donde se les brindó tanto a padres de familia, como a niños y jóvenes, información sobre el trabajo que realiza esta Secretaría Estatal en materia de prevención del delito, donde a través de videos y pláticas, se informó sobre la importancia de llevar una vida sana, libre de adicciones, como las drogas y el alcohol y la importancia de rescatar los valores familiares como el respeto. En ese sentido el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, señaló que es con este tipo de actividades, como se logrará vincular a la sociedad, con el trabajo que realizan las dependencias de seguridad y conocer más sobre la labor de los elementos policíacos. En el marco de este festival, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), ofreció una plática sobre la importancia de hacer buen uso del número emergencias 066, así como del prefijo de denuncia anónima ciudadana 089. Cabe destacar que durante la realización de dicho evento se contó con la presencia del gobernador, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, quien fue testigo del material preventivo que se utiliza como parte de la campaña de prevención ¡Bájale!, enmarcado en el gran programa estatal Valor Sudcaliforniano, promovido por el Gobierno estatal a través del SEDIF.

Dicta Juez federal formal prisión a detenido por portación de arma

La Paz. Redacción

A través del agente del Ministerio Público de la Federación de su delegación estatal en Baja California Sur, de la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo del Juez Primero de Distrito, el auto de formal prisión contra una persona, como probable responsable del delito violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.  Dentro de la causa penal 28/2012 explica que policías ministeriales detuvieron a dicho individuo en una colonia de la capital del estado, en poder de una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, un cargador y dos cartuchos útiles.  Lo asegurado quedó a disposición del Fiscal de la Federación, quien inició la averiguación previa PGR/BCS/LP-III/211/2011, y una vez integrados los elementos probatorios del delito, hizo la consignación ante el Juez de la causa. El detenido está recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Paz, donde enfrentará su proceso penal.

EL SUDCALIFORNIANO

Se queda Antonio Alcántar en prisión

Los testigos y documentos que presentó la defensa de Francisco Antonio Alcántar López no acreditaron su inocencia. / El Sudcaliforniano

El Sudcaliforniano

6 de marzo de 2012

Porfirio Sarabia P.



La Paz, Baja California Sur.- Francisco Antonio Alcántar López, exvocero de Narciso Agúndez Montaño, exgobernador del estado en la administración pasada, se quedó en la cárcel al dictársele auto de formal procesamiento por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado y falsificación de documentos por la cantidad de 820 mil pesos en agravio del estado de Baja California Sur.

La licenciada Rosario del Carmen Palacios Montaño, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia del ramo penal, a las 7:00 horas de ayer, al no encontrar elementos suficientes que lo excluyera de tales responsabilidades penales, resolvió en su contra auto de formal prisión.

Cabe resaltar que del último delito, Alcántar López, pudo haber incurrido en defraudación fiscal en agravio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el hecho de haber alterado facturas de un monto menor a mayor, por lo que las empresas o personas afectadas podrían fincarle responsabilidades denunciándolo ante el agente del Ministerio Público de la Federación de la Delegación de la PGR en la entidad.

El ahora procesado, originario de Guaymas, Sonora, fue aprehendido la mañana del día 28 de febrero de 2012 por elementos de la Policía Ministerial del Estado e internado en el CERESO local por los citados delitos.

Podría alcanzar una penalidad de 7 a 20 años de prisión. Sin embargo, la defensa podría apelar el auto de formal prisión decretada por la Juez.

E inclusive, de no verse favorecido por el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuenta con el recurso de amparo y será el Juez de Distrito la autoridad que resolvería su situación jurídica.

Con la resolución dictada en contra de Francisco Antonio Alcántar López, ahora procesado, el Tribunal Superior de Justicia a través de la Dirección de Comunicación Social, aclara que se actuó y se actuará con estricto apego a derecho, sin que en los juicios y procesos que se siguen ante el Poder Judicial del Estado, se acepten presiones o consignas de cualquier naturaleza.

Teniendo los jueces y magistrados plena autonomía para el dictado de sus resoluciones, las que se realizan con base en las declaraciones y pruebas allegadas por las partes a los procedimientos y con atenta observancia de lo que establecen los ordenamientos penales del estado.

Se reiteró que esta decisión jurídica fue ejecutada en estricto apego a derecho conforme a lo previsto y sancionado por los artículos 154 fracción II y 193 último párrafo en relación con el artículo 24 fracción primera y 35 fracción segunda, del Código Penal del Estado de Baja California Sur, en concordancia con el artículo 148 fracción XXV del Código de Procedimientos Penales vigente en el estado.

El delito de peculado está previsto y sancionado en el artículo 154 fracción segunda del Código Penal vigente en la entidad que a la letra dice: "Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al estado, municipios, organismos descentralizados, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración o por otra causa, se impondrán las siguientes sanciones:

II.- Cuando el monto exceda mil veces el salario mínimo la prisión será de seis a quince años, multa de 100 a 300 veces el salario inhabilitación de 3 a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo o función pública y destitución en su caso".

Artículo 193.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa hasta por cien días de salario a quien, para obtener un beneficio para sí o para otro o causar un perjuicio y sin autorización de la persona interesada.

Último párrafo.- La misma sanción se impondrá al que, a sabiendas, haga uso de un documento falso, a menos que se utilice como medio para la comisión del delito de fraude, ya que en este caso su utilización quedara subsumida en la forma agravada de este último ilícito.

El delito de peculado es considerado como grave, por lo que el procesado Francisco Antonio Alcántar López, no alcanza el beneficio de la libertad provisional bajo caución, por lo que tendrá que enfrentar el proceso recluido en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

Por su parte el licenciado Gamill Arreola Leal, procurador general de Justicia del estado informó, que la juez tercero de Primera Instancia del ramo penal del Partido Judicial de La Paz, BCS, encontró elementos suficientes aportados por el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos cometidos por Servidores Públicos, para acreditar los delitos antes mencionados.

Por otra parte, los elementos de prueba que fueron aportados por la defensa del hoy procesado, resultaron insuficientes para acreditar los extremos que se pretendió y, por consiguiente, no aptos para que el defendido obtuviera su libertad.

Indicó que dicha investigación inició con la vista que dio a la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría General del Estado, por considerar que en el expediente administrativo CGE/073/11 existen hechos probablemente constitutivos de delito.

A Alcántar López se le imputa el desvío de 820 mil pesos que le fueron entregados en dos tiempos mediante cheques por la cantidad de 410 mil pesos cada uno, bajo la modalidad de gastos a comprobar.

Estos recursos públicos debieron destinarse para la producción y empastado del libro conmemorativo de la administración 2005-2011 "Acciones de Hoy para Sudcalifornia de Mañana".

Con el auto de formal prisión decretada en contra de Francisco Antonio Alcántar López, se da inicio formal al proceso penal instruido en su contra y por tratarse de un delito catalogado como grave por el artículo 148 fracción XXV en el Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad y en relación al artículo 154 Fracción II del Código Penal vigente en la entidad, no tiene el beneficio de libertad bajo fianza, es decir permanecerá en el CERESO durante el tiempo que dure el proceso hasta la sentencia.

PENINSULAR DIGITAL

Formal prisión para Antonio Alcántar

Sentada la presunta culpabilidad de Alcántar por los delitos cometidos, esperará sentencia, la cual de acuerdo con el Código Penal del estado va de uno a cinco años de prisión y multa hasta por cien días de salario mínimo vigente.

Primero en el orden del día la juez III de lo penal emitió antes de las 7 am  auto de formal prisión para el exdirector de comunicación social de la pasada administración, Antonio Alcantar López por el delito de peculado.

El exfuncionario deberá enfrentar su proceso penal tras los barrotes del centro de readaptación social toda vez que por la cantidad del monto total de recursos públicos desviados que se le imputan, le fue imposible a sus representantes solicitar la libertad bajo fianza.

El auto fue emitido por la juez Rosario del Carmen Palacios Montaño a las siete de la mañana sin la presencia de los medios de comunicación.

La juez se retiro de la sala número 3 del juzgado donde se sigue este proceso sin hacer declaraciones.

Sentada la presunta culpabilidad de Alcántar por los delitos cometidos, esperará sentencia, la cual de acuerdo con el Código Penal del estado va de uno a cinco años de prisión y multa hasta por cien días de salario mínimo vigente.

Asimismo, la Contraloría estatal ya fijó multas administrativas y financieras contra Alcántar López por más de 2 millones pesos.

Los abogados del exfuncionario cuentan con un periodo de seis meses para el desahogo de pruebas luego de los cuales el juzgado tiene 3 más para fijar la sentencia del indiciado.

Quiere el gobernador usar como “caja chica” a la UABCS denuncia Diputado

El diputado Hernández Pérez calificó este asunto como delicado, toda vez que, mientras son recursos públicos, da a suponer que la universidad va a ser “la caja chica del gobernador para los candidatos a diputados federales”, expresó.

Sin mayor fundamento que la violación a la ley de la misma universidad y a las órdenes de reinstalación de la corte para el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el gobernador está sosteniendo al funcionario para poder usar a la institución como “caja chica” en las elecciones federales, dijo el diputado federal, David Hernández, luego de presentar, en la Cámara de Diputados, un punto de acuerdo para que el poder legislativo obligue al Gobierno del Estado de Baja California Sur a acatar la sentencia en favor de Carlos Jesús Villavicencio Garayzar  y sea reivindicada la autonomía universitaria.

El punto de acuerdo solicita a la SEP suspenda los recursos federales que se le asignan a la UABCS pues, considera que se está cometiendo un delito al no cumplir con las instrucciones de los tribunales federales y las derogaciones a la ley universitaria que el Congreso Local realizó recientemente.

Hernández Pérez aseguró que esta ilegalidad subsiste porque se pretende desviar recursos y destinarlos a las campañas políticas en la entidad: “Como el rector legalmente puesto no se prestó a ese tipo de situaciones, es por lo que el gobernador no hace la sustitución, de manera totalmente ilegal”, dijo Hernández Pérez en declaraciones luego de entregar el punto de acuerdo para su revisión en comisiones.

“Aquí, lo grave, es que la Secretaría de Educación está entregando los recursos a una persona que no tiene ningún fundamento jurídico para estar gastando los recursos de la universidad. Aquí, lo que estamos solicitando, es que la SEP suspenda los recursos que se están dando a la universidad porque se están ejerciendo de forma ilegal, y presionar al gobierno a que acate las órdenes judiciales para que sea reinstalado el rector Carlos Villavicencio”, dijo.

El diputado Hernández Pérez calificó este asunto como delicado, toda vez que, mientras son recursos públicos, da a suponer que la universidad va a ser “la caja chica del gobernador para los candidatos a diputados federales”, expresó.

Además de la suspensión de recursos para “quien se ostenta como rector”, el diputado Hernández Pérez, dijo que “hay un desacato a los tribunales  y eso pudiera atraer las consecuencia de un juicio político contra el gobernador, por el incumplimiento de la orden judicial”, aseveró.

“El gobernador y la SEP deben entender que, quien tiene que ejercer los recursos de la universidad, es el rector que ganó un juicio y, aunque no es el rector que quiere el gobernador, sí es el rector que legalmente debe estar ejerciendo los recursos de la universidad.

El punto de acuerdo como fue publicado en la gaceta parlamentaria.

Que no se aceptarán presiones o consignas en el proceso de Antonio Alcántar

El ahora procesado tendrá el derecho para interponer el recurso de apelación en el término de tres días, en caso de que sea inconforme con el Auto de Formal Prisión o en su caso tendrá la oportunidad de acudir al juicio de amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad de La Paz, Baja California Sur.

El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, informa que la mañana del lunes 5 de marzo del 2012,  a las 7 de la mañana se decretó Auto de Formal Prisión en contra de Francisco Antonio Alcántar López, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Peculado y Falsificación de Documentos en su modalidad de uso de documento falso en agravio de la Administración Pública del Gobierno del Estado.

Esta decisión jurídica  fue ejecutada en estricto apego a derecho conforme a lo Previsto y Sancionado por los Artículos 154 Fracción II  y 193 último párrafo en relación con el Artículo 24 Fracción Primera y 35 Fracción Segunda, del Código Penal del Estado de Baja California Sur, en concordancia  con el Artículo 148 Fracción XXV del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.

El ahora procesado tendrá el derecho para interponer el recurso de apelación en el término de tres días, en caso de que sea inconforme con el Auto de Formal Prisión o en su caso tendrá la oportunidad de acudir al juicio de amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad de La Paz, Baja California Sur.

El delito de Peculado está previsto y sancionado en el Artículo 154 Fracción segunda del Código Penal Vigente en la Entidad que a la letra dice: “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, Municipios, Organismos Descentralizados, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración o por otra causa, se impondrán las siguientes sanciones:

 II.- Cuando el monto exceda mil veces el salario mínimo la prisión será de seis a quince años, multa de 100 a 300 veces el salario inhabilitación de 3 a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo o función pública y destitución en su caso”.

 Artículo 193.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa hasta por cien días de salario a quien, para obtener un beneficio para sí o para otro o causar un perjuicio y sin autorización de la persona interesada. 

 Último párrafo.- la misma sanción se impondrá al que, a sabiendas, haga uso de un documento falso, a menos que se utilice como medio para la comisión del delito de fraude, ya que en este caso su utilización quedara subsumida en la forma agravada de este ultimo ilícito.

 El  delito de peculado es considerado como grave, por lo que el procesado  Francisco Antonio Alcántar López, no alcanza el beneficio de la libertad provisional bajo caución, por lo que tendrá que enfrentar  el proceso recluído en el Centro de Reinserción Social  de la ciudad de La Paz.

 Con la resolución dictada en esta fecha así como con la tramitación del proceso que se inicia, se actuará  con estricto apego a derecho, sin que en los juicios y procesos que se siguen ante el Poder Judicial del Estado, se acepten presiones o consignas de cualquier naturaleza, teniendo los Jueces y Magistrados plena autonomía para el dictado de sus resoluciones, las que se realizan en base a las declaraciones y pruebas allegadas por las partes a los procedimientos y con atenta observancia de lo que establecen los ordenamientos penales del Estado.

PERICU

La formal prisión a Antonio Alcántar

Posted on marzo 5, 2012 | 27 comentarios

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¡El parte oficial!

Última aparición pública de Antonio Alcántar, en evento donde Narciso Agúndez se afilió al PVEM. (Foto Martín Valtierra).

La Paz, B.C.S.- La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que la mañana de este lunes la juez tercera de Primera Instancia del Ramo Penal  de esta ciudad decretó  Auto de Formal Prisión en contra de Francisco Antonio Alcántar López, por su probable responsabilidad en la comisión de  los delitos de Peculado y Falsificación de Documentos en su modalidad de Uso de Documento Falso en Agravio de la Administración Pública del Gobierno del Estado.

La juez Tercera de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de La Paz encontró elementos suficientes aportados por el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos cometidos por Servidores Públicos para acreditar los delitos antes mencionados, por otra parte, los elementos de prueba que fueron aportados por la defensa del hoy procesado, resultaron insuficientes para acreditar los extremos que se pretendió, y por consiguiente, no aptos para que el defendido obtuviera su libertad.

Dicha investigación inició con la vista que dio a la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría General del Estado, por considerar que en el expediente administrativo CGE/073/11 existen hechos probablemente constitutivos de delito.

A Alcántar López se le imputa el desvío de 820 mil pesos que le fueron entregados en dos tiempos mediante cheques por la cantidad de 410 mil pesos cada uno, bajo la modalidad de gastos a comprobar estos recursos públicos debieron destinarse para la producción y empastado del libro conmemorativo de la administración 2005- 2011 ¨Acciones de Hoy para Sudcalifornia de Mañana¨.

Con el auto de formal prisión decretada en contra de Francisco Antonio Alcántar López se da inicio formal al proceso penal instruido en su contra y por tratarse de un delito catalogado como grave `por el artículo 148 Fracción XXV en el Código de Procedimientos Penales Vigente en la entidad y en relación al artículo 154 Fracción II del Código Penal vigente en la entidad, no tiene el beneficio de libertad bajo fianza.

ZETA

Van por más agundistas

by EDICION 1979 on MARZO 4, 2012

 

En la lista siguen Narciso Agúndez, Alfredo Porras y Juan Garibaldo Romero Aguilar

Por lo pronto, Antonio Alcántar, ex director de Comunicación Social de la administración del ex gobernador del PRD, no salió  libre bajo fianza tras ser detenido por la PGJE, y podría alcanzar de 1 a 5 años de prisión por los delitos de peculado y falsificación de documentos. La Contraloría General del Estado y la PGJE lo acusan de disponer indebidamente de 820 mil pesos en febrero de 2011.

Gerardo Zúñiga Pacheco

La Paz, Baja California Sur. Después de la captura de ex director de Comunicación Social, Antonio Alcántar López, otros agundistas están en la lista negra y a punto de ser llamados a rendir cuentas.

Se trata  del propio ex gobernador de extracción perredista, Narciso Agúndez Montaño, y de quienes fueran su secretario general de gobierno y oficial mayor,  Alfredo Porras Domínguez y Juan Garibaldo Romero Aguilar, respectivamente, después que el 6 de diciembre, la Contraloría General del Estado diera vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre los expedientes de los tres ex funcionarios, quienes enfrentaron un proceso administrativo por la venta irregular de siete bienes inmuebles del exclusivo fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas.

A cargo de Maritza Muñoz Vargas, el resolutivo de la Contraloría General del Estado derivó en una multa y la inhabilitación por seis años de ambos ex funcionarios del sexenio pasado, castigados administrativamente de la siguiente manera:

1. Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador; inhabilitación para el desempeño de algún cargo o comisión en el servicio público por un lapso de seis años, y una sanción económica de 27 millones 973 mil 800 pesos.

2. Alfredo Porras Domínguez, ex secretario general; inhabilitación para el desempeño de algún cargo o comisión en el servicio público por un tiempo de seis años, y sanción económica de 13 millones 986 mil 900 pesos.

3. Juan Garibaldo Romero Aguilar, ex oficial mayor; inhabilitación para el desempeño de algún cargo o comisión en el servicio público por seis años, y sanción económica de 13 millones 986 mil 900 pesos.

Una vez finalizada la investigación, el veredicto de la Contraloría General del Estado fue tomado y se desprendió la posible comisión de un hecho delictuoso, por lo que se remitió una copia del expediente administrativo CGE/065/2011 a la PGJE, a fin de que deslindara responsabilidades legales.

Desde entonces y a la fecha, ya pasaron dos meses, tiempo en el que se han estado integrando los expedientes en contra de los ex funcionarios agundistas, y que de un momento a otro, podrían ser llamados a rendir cuentas ante la justicia.

La captura de Antonio Alcántar marca un precedente en el estado, al ser el primer funcionario del anterior gobierno que actualmente está encarcelado, tras haberse enriquecido ilícitamente y desviar recursos públicos para su beneficio personal, con el aval del ex gobernador.

La detención de Luis Armando Díaz, Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza y Guillermo Jáuregui Moreno, ex secretario general, ex oficial mayor y ex secretario de Planeación Urbana e Infraestructura, respectivamente, terminó con su liberación y el pago de una ridícula fianza de sólo 18 mil pesos, luego de ser acusados del delito de incumplimiento de un deber legal en su paso como servidores públicos.

Sin embargo, el caso de Alcántar es totalmente diferente, pues está acusado de peculado y falsificación de documentos, delitos considerados como graves y sin derecho a fianza.

El juez Tercero de lo Penal, María del Rosario Palacios Montaño, resolverá la situación jurídica el próximo 4 de marzo, luego de que la defensa solicitó formalmente una ampliación al término constitucional, a fin de presentar testigos de descargo  y la declaración por escrito del inculpado.

Datos recabados por ZETA exponen que este proceso penal es el primero que habrá de enfrentar, pues existen varios casos en investigación que podrían derivar en más cargos en su contra.

En el caso de Narciso Agúndez, Alfredo Porras y Juan Garibaldo, las acusaciones también son consideradas como delitos graves, y aunque todos están amparados al momento, la suspensión provisional o definitiva no surte efecto.

Los cargos imputados en su contra por la PGJE son: abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, peculado, falsedad de funcionarios públicos y coparticipación en conductas ilícitas de funcionarios públicos, todos ellos de carácter grave y dentro de la averiguación previa LPZ/079/SPB/2011.

El propio titular de la PGJE, Gamill Arriola Leal, declaró en conferencia de prensa -dos semanas antes de la captura de Alcántar- que las investigaciones en contra de ex funcionarios agundistas continuaban, y hasta adelantó: “Habrá noticias muy pronto sobre lo que se ha manejado, y entrarán al escenario nuevos protagonistas”.

Apenas tres días después de la captura, el ex vocero de Agúndez habría celebrado su cumpleaños número 41 -el 25 de febrero-, para ahora convertirse en el preso número 774, en espera de la resolución del juez.

Las acusaciones

La captura de Alcántar López derivó de su negativa de reintegrar 820 mil pesos que habría recibido en febrero del año pasado –a finales del anterior sexenio- en dos cheques por concepto de la reproducción y emplastados de dos mil libros conmemorativos de la administración 2005-2011.

El ex funcionario recibió el dinero de la partida gastos por comprobar, sin embargo, pretendió justificar el gasto a través de dos facturas apócrifas -cuando ya estaba muy presionado- y se descubrió que sólo imprimió una decena de ejemplares que dejó como prueba de la existencia de los libros que, a su dicho, “regaló a toda la sociedad como legado del sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño”.

El caso fue detectado en una revisión contable de la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, y entregado a la Dirección Jurídica del organismo descentralizado, quien remitió el expediente de Antonio Alcántar López, registrado bajo el número CGE/073/2011; llegó a manos de la contralora Maritza Muñoz Vargas, y ésta, a su vez dio vista del caso a la PGJE, abriendo ésta una investigación para librar orden de aprehensión en contra del ex funcionario.

En el oficio CGE/1404/2011, la Contraloría General del Estado da cuenta de los posibles delitos cometidos por el ex vocero, ya que -según explica- “no proporcionó documentación comprobatoria en la modalidad de gastos por comprobar, o se reintegró el saldo que el deudor tiene con el gobierno del estado, y se da vista para que inicie el procedimiento al que haya lugar”.

Entre las pruebas que obran en el expediente en manos del juez Tercero de lo Penal, María del Rosario Palacios Montaño, figuran:

1. El estado de cuenta del adeudo de Antonio Alcántar López, certificado y firmado por José Ricardo González García y Reginaldo Meza Miranda, director de Contabilidad y director de Egresos de la Secretaría de Finanzas de gobierno del estado.

2.  Copia certificada de los cheques 3042 y 8818, con fecha del 18 y 28 de febrero de 2011, y que amparan la cantidad -cada uno- de 410 mil pesos a nombre de Francisco Antonio Alcántar López, los cuales fueron debidamente cobrados por el indiciado para supuestamente pagar el anticipo y liquidación total del trabajo de reimpresión y empastado de los dos mil ejemplares.

3. Copia certificada de la recepción de los cheques de anticipo y liquidación, donde aparece el visto bueno de Reginaldo Meza Miranda y de José Antonio Ramírez Gómez, director de Egresos y secretario de Finanzas del gobierno estatal, respectivamente.

4. Copia certificada de oficios enviados entre el director de Contabilidad, José Ricardo González García, y el director de Recursos Humanos, Javier Bustos Alvarado, donde exponen el origen del adeudo y la baja de Antonio Alcántar como servidor público a partir del 15 de marzo de 2011.

5. Copia certificada de la notificación -bajo el oficio CGE/20/1047/2011- del adeudo al ex director de Comunicación Social con fecha del 22 de junio del 2011 por el C. Luis Gordillo Arámburo en su calidad de notificador de la dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, quien se constituyó en la residencia de Alcántar y le hizo saber todo lo relacionado al adeudo y el cual le otorgó un plazo máximo de cinco días para que entregara la documentación comprobatoria de la reimpresión y empastado de los libros, o en su defecto, reintegrara los 820 mil pesos a favor de la secretaría de Finanzas del gobierno estatal.

Datos recabados por ZETA refieren que la última fecha de corte que se hizo del adeudo del ex funcionario data del 9 de junio de 2011, por parte de la Dirección de Contabilidad y en el que, sacando cuentas, dieron un plazo de tres meses para entregar los comprobantes o reintegrar el dinero, y siempre hizo caso omiso a los requerimientos oficiales, a pesar de las advertencias de que se haría acreedor de sanciones por desacatar la orden de una autoridad competente.

Lo anterior quedó registrado en cinco fojas de copias simples entregadas a todas las áreas involucradas en el caso, en las que aparecen las firmas de enterado del ex director de Comunicación Social y del notificador de la Contraloría.

La comparecencia

Diez horas después de haber sido detenido por agentes de la Policía Ministerial del estado, Antonio Alcántar López fue presentado a rendir su declaración preparatoria en el Juzgado Tercero del Ramo Penal.

Fuertemente custodiado y vestido de color amarillo y esposado de las manos, el ex vocero fue sacado por cuatro custodios del Centro de Reinserción Social de La Paz -donde quedó recluido- y trasladado con el juzgador entre empujones de fotógrafos y camarógrafos que captaban el momento.

A diferencia del pasado, Alcántar lucía totalmente desencajado y hasta descolorido, sonriendo en muchas de las ocasiones por los nervios y la incertidumbre de lo que pasaría en su caso.

El ex funcionario parecía no entender lo que estaba sucediendo, lo cual fue evidente cuando en un par de ocasiones, tiró un envase que le entregaron para que bebiera agua. Se agarraba las manos y clavaba su mirada en el techo, piso y paredes.

No fueron pocos los periodistas locales que le dieron una soberana recordada de madre, luego de haber sido burlados y humillados por el ex funcionario, cuando ejercía el poder a plenitud.

“Te llegó tu hora, Toñito”, le decían, e incluso le recordaron lo que se vislumbra desde hoy: “Aquí veremos a Narciso Agúndez, la rata mayor del sexenio, y estará como en este momento estás tú”.

En la comparecencia, el ex vocero del ex gobernador fue notificado por el secretario de Acuerdos del Juzgado de que se le acusaba de los delitos de peculado y falsificación de documentos, por cuya gravedad de las imputaciones –se le anticipó desde un principio- no tendría derecho a fianza para gozar de su libertad, lo que rápida y notoriamente desanimó al ex funcionario.

No obstante, Alcántar nombró como sus defensores a cuatro abogados: Jorge Nazaret Loaiza Peña, José Rubén Rangel González, Érick Giovanni Murillo Carrillo y Jordano Hamburgo Amador, quienes forman parte del despacho encabezado por Loaiza, localizado en Calle Veracruz número 1395, entre Melitón Albañez y Álvarez Rico, Colonia Infonavit Las Garzas de  La Paz.

Lo primero que recomendaron los abogados al indiciado, fue acogerse al Artículo 20 Constitucional y negarse a declarar, hasta hacerlo por escrito en un término de 72 horas, además de solicitar copia del expediente. No obstante y en su derecho, el agente del Ministerio Público del Fuero Común hizo un cuestionamiento al detenido:

“Que diga si reconoce en contenido y firma el documento dirigido a José Ricardo González García, director de Contabilidad,  el cual fue agregado a la foja 26 de autos, a efecto de que si el indiciado está en actitud de responder, responda, y solicito sea puesto a la vista el documento antes señalado”.

La petición desató la molestia de los abogados defensores, quienes se desvivían moviendo maliciosamente la cabeza ante el indiciado, en señal de que no respondiera, lo que generó una queja del agente de Ministerio Público del Fuero Común.

En el Juzgado Tercero del Ramo Penal, un cuñado del ex vocero, de nombre Alfredo Pérez Robinson “El Robinson”, hermano de la esposa de Alcántar, tomaba fotografías a todos los reporteros, e incluso lanzó amenazas primero contra de personal de Canal 10, y posteriormente al periodista Edmundo Lizardi.

Los únicos amigos y familiares del ex director de Comunicación Social, eran Adán Mendoza García, Alfredo Pérez Robinson y Leobardo Alcántar López, este último desempeñó el cargo de administrador de su hermano cuando se malversó el dinero.

Las penas

Independientemente del castigo que le espera en materia penal, y que -según la PGJE- podría ser de 3 a 8 años de prisión, la Contraloría General del Estado se adelantó y emitió un comunicado de prensa para anunciar el deslinde de responsabilidades administrativas en contra de Antonio Alcántar López, que son las siguientes:

1. Inhabilitación por un periodo de tres años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.

2. Sanción económica de 2 millones 050 mil pesos por las faltas administrativas cometidas por el ex director de Comunicación Social del gobierno del estado.

El resolutivo de la Contraloría General del Estado deriva del expediente CGE/073/2011, en el que se expone que el ex funcionario no proporcionó comprobación documental o reintegró recursos por el orden de 820 mil pesos al vencerse el plazo legal después de haber sido notificado del adeudo.

En el comunicado, la contralora General del Estado explica que, una vez concluidas las investigaciones, se desprendió la posible comisión de un hecho delictuoso, por lo que se remitió una copia del expediente administrativo a la PGJE, a fin de que deslindara responsabilidades legales.

“La Contraloría detectó irregularidades administrativas tipificadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur, por lo que resolvió inhabilitar y sancionar al ex funcionario”, citó Maritza Muñoz Vargas.

Los delitos cometidos por el ex director de Comunicación Social son considerados graves y, por tal motivo, no alcanzan fianza. En el caso de peculado, la Ley contempla de 6 a 15 años de prisión, cuando el monto de lo sustraído exceda mil veces el salario mínimo, y como pena administrativa contempla una multa de 100 a 300 veces el salario, así como una inhabilitación de tres a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público en contra de aquellos que, para uso propio o ajeno, distraigan de su objeto dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al estado, municipios, organismos descentralizados o aun particular, si por razón de su cargo, los hubiera recibido en administración o por otra causa.

Por la modalidad en que se comete el delito de peculado, el responsable no tiene derecho a gozar del beneficio de la libertad bajo caución, e incluso no surte efecto la suspensión provisional o definitiva en caso de existir amparo.

En cuanto al delito de falsificación de documentos en su modalidad de uso de documento falso, éste es tipificado en el Artículo 193 último párrafo, en relación con el 24 fracción primera y 35 fracción segunda del Código Penal vigente en el estado, y contempla una pena de uno a cinco años de prisión y multa de cien días de salario mínimo vigente.

Las reacciones

Después de confirmarse la captura de Antonio Alcántar López, las reacciones de los círculos políticos del estado no se hicieron esperar.

El primero en desligarse del ex funcionario fue precisamente el Partido de la Revolución Democrática. La líder Rosa Delia Cota Montaño se curó en salud y dijo que Alcántar no estaba afiliado al “Sol Azteca”, pese a haber pertenecido a una administración perredista como la que encabezó el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, por lo que -explicó- “no fijaría ninguna postura: ni a favor ni en contra”.

La dirigente perredista solicitó a la PGJE actuar conforme a derecho después de dar a conocer la lista de sus posibles candidatos a diputados federales y senadores. Cuando reporteros de la fuente preguntaron su opinión sobre el caso de Arturo de la Rosa Escalante, actual candidato a diputado federal del Segundo Distrito por el PAN, y quien hasta hace poco era miembro activo del PRD, dijo desconocer la situación del aspirante.

Sin embargo, los que sí hablaron del tema fueron los del Partido Revolucionario Institucional, quienes advirtieron que la administración del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, estaba siendo bastante selectiva en materia de justicia, ya que habían detenido a Antonio Alcántar López, y por otro lado, se había archivado la denuncia penal en contra de De la Rosa Escalante, acusado -según el PRI- de un desvío de 8 millones de pesos, cuando estuvo como presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado.

Para el partido tricolor, la captura de Alcántar es un recurso mediático y electorero que está utilizando el gobierno panista para simular un Estado de Derecho al que todos los sudcalifornianos aspiran. Por su parte, Agapito Duarte Hernández, líder del PRI en la entidad, dijo que faltan más ex funcionarios que tienen que explicar lo que realmente sucedió en el pasado sexenio, como es el caso de José Antonio Ramírez Gómez, secretario de Finanzas de Narciso Agúndez Montaño, y de Marcos Covarrubias Villaseñor.

Agregó que tal es la incongruencia del gobernador en turno que, dicho sea de paso, la denuncia presentada en contra del perredista Arturo de la Rosa Escalante, ex secretario privado de Marcos Covarrubias, fue presentada en 2011 por la bancada del PAN, y ahora los blanquiazules son quienes lo protegen.

— ¿Quiere decir que la culpa de Arturo de la Rosa se acaba ahora que es candidato del Partido Acción Nacional?, se le preguntó a Duarte Hernández.

“En lugar de tender una cortina de humo con el peculado de 820 mil pesos, el gobierno estatal debe explicar la grave crisis financiera con desvíos millonarios que han sido heredados por el anterior gobierno, del cual José Antonio Ramírez Gómez fue secretario de Finanzas, y hoy, repite en el cargo”.

Para finalizar, el priista afirmó que la sociedad espera explicaciones del PAN, sobre todo por los sonados casos de corrupción, entre los que no sólo Antonio Alcántar López y Arturo de la Rosa Escalante aparecen en la escena, sino otros ex funcionarios y funcionarios del actual régimen que se despacharon con la “cuchara grande”.

Datos personales del indiciado

Nombre: Francisco Antonio Alcántar López

Fecha de Nacimiento: 25 de Febrero de 1971

Edad: 41 años

Empleo u oficio: comerciante

Nombre comercial de su negocio: Baja Mármol

Razón social: Comercializadora Mar de Cortés, S.A. de C.V.

Ingresos mensuales: de 15 a 20 mil pesos

Casado: Luz de Monserrat Pérez Robinson

Originario: Guaymas, Sonora

Domicilio Particular: Calle Tiburón. Col. Fidepaz

Estudios: Carrera profesional trunca

Padres: Antonio Alcántar García y María Monserrat López Granadillas

Fuente: Investigaciones ZETA

El pleitazo de Rafael Muñoz, “El Mano Negra”

by EDICION 1979 on MARZO 4, 2012

Denuncia contra el gobernador y el procurador de BCS por propiedad en Bahía Concepción

El conflicto entre el norteamericano Mark J. Burbey y el empresario Muñoz Martínez por terrenos culminó en un intento de tomar la propiedad por la fuerza, utilizando personas armadas. La PGJE tomó cartas en el asunto. El resultado fue una denuncia interpuesta por “El Mano Negra” contra el procurador Gamill Arreola Leal, al igual que Marcos Covarrubias Villaseñor, por el delito de abuso de autoridad. Muñoz Martínez señala que Burbey tiene vínculos con la delincuencia organizada.

Investigaciones ZETA

Acusaciones mutuas, oficios, sospechas, denuncias penales y hasta amenazas de muerte se habían acumulado en un creciente conflicto entre el extranjero Mark J. Burbey y el empresario Rafael Muñoz Martínez, alias “El Mano Negra”, por la disputa de una costosa propiedad en Bahía Concepción, hasta que este último, después de haber perdido un litigio, pretendió tomar el inmueble de forma violenta, utilizando gente armada.

El ríspido escenario registrado el 4 de febrero, mismo que ameritó la intervención y protesta del representante del Consulado de Estados Unidos en Mulegé, Jim Christopher en virtud de la agresión a su compatriota –donde se pretendió recuperar a como diera lugar la posesión de la propiedad que el empresario de origen tijuanense, tuvo bajo su control en casi todo el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño– prácticamente obligó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a actuar cinco días después, es decir el 9 de febrero, por lo que detuvo y arraigó a los agresores, quienes son los siguientes:

1.- Mario Alán Pérez Rivera, de 36 años de edad, originario del Distrito Federal y con domicilio en Ecatepec, Estado de México.

2.- Juan Bañuelos Durán, de 40 años de edad, de Ciudad Constitución.

3.- Roberto Miranda Gómez de 37 años de edad, de La Paz.

4.- Oswaldo Aréchiga Pérez, de 44 años, oriundo de La Paz.

5.- Roberto Aréchiga Pérez, de 35 años de edad, procedente de La Paz.

6.-  María Elizabeth Espinoza Montaño de 51 años, originaria de Tijuana.

Pero la intervención de la PGJE, justificada con el hecho de que salieron a relucir armas de fuego, e incluso porque se amenazó a turistas que estaban dentro de la propiedad con una extensión de 396 hectáreas, no fue del agrado de “El Mano Negra” –acostumbrado a la impunidad y complicidad que tuvo en el pasado–, por lo que el 10 de febrero viajó a la ciudad de México e interpuso una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Procurador General de Justicia del Estado, Gamill Arreola Leal, y del gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor por el delito de abuso de autoridad.

En la denuncia se dijo víctima de la Policía Ministerial y de los mandos de la PGJE por haber irrumpido de manera violenta en el que señaló era su hotel, y tras someter y golpear a sus trabajadores –explicó– fueron detenidos y acusados de robo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego.

El 19 de febrero, el empresario tijuanense del ramo mueblero, ratificó la querella en contra de las autoridades sudcalifornianas y hasta fue a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y le puso un agregado: Los acuso de estar relacionados con Olivia Higuera Amador, alias “La Vaquera”, esposa del norteamericano y propietario del terreno en disputa, de quien dijo tenía vínculos con el Cártel del Pacífico.

El comienzo

La primera vez que se escuchó el nombre de Rafael Muñoz Martínez en Baja California Sur fue a finales del sexenio del ex gobernador Leonel Cota Montaño y a principios del de Narciso Agúndez Montaño.

En una página de internet, y de la nada, apareció un anuncio sobre la venta de mil 200 hectáreas de un “fabuloso” terreno con 5 kilómetros de playa, exclusivo e ideal para residencias turísticas. El comercial agregaba una oferta: “El terreno tiene un valor catastral de 62.30 dólares por metro cuadrado, pero remato en 6 dólares cada metro cuadrado del terreno”.

Cuando los interesados contactaron al vendedor, se supo que se trataba del empresario tijuanense, quien ostentaba documentos emitidos desde el 7 de agosto de 1992 por el Registro Agrario Nacional (RAN).

Los pocos pobladores de Bahía Concepción, ubicada a sólo 97 kilómetros al noroeste de Loreto, siguiendo la carretera federal Uno o la carretera Transpeninsular, pero perteneciente al municipio de Mulegé, comenzaron a observar que algunos lotes, terrenos y fincas, estaban siendo cercados inusitadamente. Todos pensaban que se trataba de los nuevos dueños del lugar, porque –en aquel entonces— el Grupo Carso había presentado un proyecto para construir un complejo turístico náutico sobre Bahía Concepción, el cual incluiría villas, hoteles, restaurantes y otros atractivos dirigidos a personas de alto poder adquisitivo.

Sin embargo, no fue así; la colocación de cercos se extendió hasta los accesos de playas, lo que ameritó una investigación e intervención de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente a cargo –en ese entonces— de Maritza Muñoz Vargas. Durante un recorrido por la zona descubrieron que estaban cercados los accesos de la Playa Armenta y Bahía Concepción con cercos y alambres de púas.

La delegada de la PROFEPA requirió a los concesionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en eso se dio cuenta que en el caso de Bahía Concepción estaba concesionada a favor de Olivia Higuera Aguilar, sin embargo la empresaria no había colocado los cercos. Estaban en el proceso de investigación, cuando repentinamente apareció el empresario Rafael Muñoz Martínez, quien reclamando el lugar como de su propiedad, y acompañado de un grupo de personas, se apoderaron del predio de Higuera, destruyendo la caseta de vigilancia del predio “La Armenta”, propiedad de la empresa Yates y Turismo.

En el intercambio de información entre PROFEPA y el RAN se confirmó que la propietaria de los terrenos de Bahía Concepción era Olivia Higuera Aguilar y su esposo Mark J. Burbey, por lo que de ser necesario –dijeron– podrían facilitar la documentación necesaria como elementos de prueba  a las denuncias penales que se habían interpuesto en contra de Rafael Muñoz Martínez y de otro empresario de nombre Juan Ernesto Corona, quienes habían consumado el despojo de la propiedad y estaban vendiendo los terrenos a particulares, y quienes nunca fueron requeridos porque –según le explicó en su momento, Fernando González Rubio, ex titular de la PGJE, a la afectada— “había órdenes desde arriba de no intervenir”.

El propio delegado del RAN, Alberto Orozco Moreno, en aquel entonces expuso públicamente que aunque el asunto de no era de su competencia, ya que “era un problema entre particulares”, la institución daría fe del carácter de posesionaria a Olivia Higuera Aguilar, por ser la legal propietaria.

“La Vaquera” –como también se le conoce— fue despojada de su terreno, donde tenía un hotel, un restaurante y una tienda, localizado en Bahía Concepción en una playa conocida como Buenaventura, por lo que a petición de la afectada, y ya en el proceso del litigio, el Registro Agrario Nacional (RAN) investigó el titulo de Rafael Muñoz Martínez y descubrió que los papeles que exhibía sobre la propiedad de terreno, eran de un predio del estado de Veracruz, por lo que finalmente y después de un  largo proceso, acreditó que los títulos eran apócrifos, y sólo así logró recuperar su propiedad cuando el empresario tijuanense ya tenía tratos con un particular para vender el predio en 17 millones de dólares.

El licenciado Andrés Islas Soria, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 48, fue el responsable de ejecutar la sentencia de desalojo dictada en contra de Rafael Muñoz Martínez, y regresó de manera formal a Olivia Higuera Aguilar los tres predios que habían sido invadidos en la playa de Buenaventura de Bahía Concepción, Baja California Sur.

El pleito

Pero la decisión del Tribunal Unitario Agrario –y máxima autoridad en la materia— no dejó satisfecho a Rafael Muñoz Martínez, alias “El Mano Negra”, por lo que el 9 de febrero intentó perpetrar, a como diera lugar, un nuevo golpe y apoderarse otra vez de los tres terrenos de Olivia Higuera Amador.

17 millones de dólares como valor comercial de los predios, y con un cliente en puerta, permitieron que el empresario tijuanense enviara a seis de sus hombres de confianza a recuperar la propiedad, dos de los cuales iban armados con pistolas y escopetas e hicieron disparos al aire cuando llegaron a la propiedad, aprovechando la obscuridad de la noche.

Ya sin Narciso Agúndez Montaño en el poder de Baja California Sur, los invasores se metieron y amedrentaron a los dueños, Olivia Higuera Aguilar y su esposo Mark J. Burbey, y a un grupo de turistas que estaban hospedados en el hotel, por lo que durante cinco días se quedaron dentro del predio, hasta que llegó la Policía Ministerial del Estado y los detuvo.

Datos recabados por ZETA expusieron que durante la detención los invasores opusieron férrea resistencia al grado que agredieron a golpes a algunos agentes policiacos, aunque al final fueron sometidos y detenidos, y posteriormente, arraigados por la Procuraduría General de Justicia de Estado.

Lo primero que hizo Rafael Muñoz Martínez, es ventilar el caso públicamente y se dijo víctima de un abuso de autoridad.

El empresario acusó a Aloy Aguilar Yee y Félix Murillo, Agente del Ministerio Público del Fuero Común y Comandante de la Policía Ministerial, respectivamente, de haber detenido a sus trabajadores con lujo de violencia y sin contar con una orden de cateo ni de aprehensión, cuando se metieron y los detuvieron dentro de la playa de Buenaventura.

En una conferencia de prensa, Eduardo García Barraza, abogado y representante de “El Mano Negra”, anticipó que interpondrían una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables de los hechos, toda vez –dijo— que Rafael Muñoz Martínez es el legítimo propietario del predio y del Hotel Buenaventura.

“Los trabajadores no han cometido ningún delito porque estaban trabajando en un terreno propiedad del patrón, y si el trabajador Mario Alán Pérez Rivera tenía en su poder un arma de fuego calibre .380, es porque custodiaba el inmueble y el arma cuenta con el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional”, expuso el abogado.

El 10 de febrero –un día después de los hechos— Rafael Muñoz Martínez, viajó a la ciudad de México y presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Procurador General de Justicia del Estado, Gamill Arreola Leal, y del gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor por el delito de abuso de autoridad.

Nueve días después, es decir el 19 de febrero, el empresario tijuanense se presentó a ratificar la querella formal y –amplió en su denuncia— los supuestos vínculos del gobernador y del procurador con Olivia Higuera Aguilar y su esposo Mark J. Burbey, de quienes dijo tenían “nexos con el Cártel del Pacífico”.

Y fue más allá. En su denuncia penal, Muñoz expuso que “La Vaquera” y su esposo comandaban descargas marítimas de droga en el municipio de Mulegé, lo que ya había notificado a autoridades locales, lo que “había resultado contraproducente, ya que los encargados de cuidar el orden y procurar la justicia, se habían puesto en su contra, ya que son vigilantes del buen desempeño en el negocio del Cártel del Pacífico en el estado.

“Nosotros hemos cooperado con todas las agencias de inteligencia mexicanas en combate a la droga que tiene el señor presidente, lo único que esperamos, que si bien no nos protegen, si bien no nos ayudan, que no sean las autoridades las que nos ataquen, nosotros podemos defendernos de los delincuentes, pero no podemos contra las autoridades corruptas”, afirmó textualmente.

A nombre del sector hotelero, “El Mano Negra” solicitó la renuncia de Gamill Arreola Leal, después de continuos actos de amenaza y violencia que sus subordinados –señaló– han realizado en contra de otros empresarios para persuadirlos de guardar silencio, aunque no dio nombres.

El empresario dijo que llegaría hasta las últimas consecuencias porque la persecución llegó a tal grado que sus subordinados se introdujeron a su hotel en la Playa Buenaventura, y sacaron a la fuerza, y sin órdenes de cateo o aprehensión a María Elizabeth Espinoza Montaño, administradora del hotel, y al jefe de seguridad, Mario Alán Pérez Rivera, a fin de arraigarlos y fabricarles delitos “inexistentes”.

Datos recabados por este Semanario dejaron en evidencia que “El Mano Negra” ha presentado hasta hoy catorce denuncias en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en contra de Olivia Higuera Aguilar alias “La Vaquera” y de su esposo,  Mark J. Burbey, sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, ninguna ha procedido por falta de elementos, aunque el empresario ha persistido y puesto más denuncias en la Secretaría de Marina (SEMAR) y en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), PGR y Secretaría de Seguridad Pública Federal, sobre las supuestas anomalías y ha dado datos de supuestos desembarques de droga, procedentes de Centro y Sudamérica, incluso en un escrito, el propio Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se ha comprometido a investigar los hechos.

Las reacciones

Sobre las acusaciones, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor dijo no estar enterado de alguna denuncia en su contra, por lo que “no podría dar una opinión al respecto”.

El que sí habló del tema fue el titular de la PGJE, Gamill Arreola Leal, quien negó que en la institución se realice la investigación de delitos fuera del marco legal y de manera parcial para favorecer o dañar intereses de particulares o de grupo.

El abogado del estado dijo que desde el mes de abril del 2011 en la impartición de justicia se brinda la protección y garantías que consagra la Constitución General de la República, el Código Penal y Procedimientos Penales en el Estado, sin distinción alguna, dando certeza jurídica a las propiedades e inversiones en el Estado.

Afirmó que por esta determinación de procurar justicia de manera eficiente y eficaz, pueden verse afectados intereses de particulares que en otras administraciones pudieran haber recibido trato especial, y “las posibles reacciones de quienes se sientan afectados no influirán en la invariable decisión de aplicar la Ley sin distingos, de ninguna índole, y en coordinación con las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para garantizar la tranquilidad que ha distinguido a Baja California Sur, en el ámbito nacional e internacional”.

Por su parte, Olivia Higuera Aguilar dijo ser una ciudadana común y corriente que se preocupa por sacar adelante su negocio con un restaurante y la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Bahía Concepción.

Durante una entrevista con ZETA comentó que todo tiene su origen en la disputa legal por un predio con Rafael Muñoz Martínez, quien, usando un título de propiedad apócrifo, pretendió despojarla de su propiedad.

— ¿Las acusaciones en contra del gobernador y del procurador en la PGR en la ciudad de México, podrían ser también producto de la actuación que hubo en la detención de los invasores de su propiedad?, se le preguntó.

“Claro que sí, porque yo y mi esposo ganamos tres juicios de tres propiedades, entre las que se encuentra el Hotel Buenaventura en el Tribunal Unitario Agrario, y se ejecutó la sentencia a nuestro favor y se me pidió lo que en el juicio había ganado y así lo hicimos, sin embargo, el 5 de febrero irrumpieron en mi domicilio varias personas enviadas por él, armados y tirando balazos, y se metieron a robar a mi casa y me quemaron todo, documentos importantes, ropa y todo”.

Explicó que por este motivo fue a interponer una querella el mismo día y hasta el día 9 detuvieron a los agresores y les confiscaron las armas.

“A raíz de eso, el señor Rafael Muñoz Martínez, se ha dedicado a denostar al procurador y al gobernador y acusarlos en la PGR, y todo porque se quiere quedar con la propiedad a fuerzas e incluso con un hotel del Ejido La Purísima que construyeron unos italianos y que al sentirse intimidados por él, traspasaron la sociedad, y resulta que el señor, apareció con otro documento apócrifo de esa propiedad, pero ése es otro juicio que no es de mi incumbencia”, dijo.

“La Vaquera” comentó que desde la llegada de “El Mano Negra” –quien gozó de total impunidad en el sexenio de Narciso Agúndez— los más de 340 socios del Ejido La Purísima se han sentido amenazados por el empresario, el cual ha creado un clima de incertidumbre e inseguridad que está afectado la inversión y el turismo de la zona.

MILENIO

Dictan formal prisión al ex funcionario de Baja California

ESTADOS • 5 MARZO 2012 - 2:35PM — MARGARITA ROJAS

Antonio Alcántara López es acusado del desvío de 820 mil pesos durante la administración del gobernador Narciso Agúndez Montaño.

La Paz  • Dictan auto de prisión a Antonio Alcántara López, ex director de Comunicación Social en sexenio de Narciso Agúndez Montaño, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Luego de los términos ampliados que había solicitado desde su captura para presentar testigos a su favor, hoy a las 7 de la mañana después de una larga diligencia que inició ayer a las once de la mañana, le fue notificado auto de formal prisión a Antonio Alcántar López .

La Juez María del Rosario Palacios Montaño remite toda la documentación para que se anexada al expediente administrativo CGE/073/11 del procesado.

Cabe recordar que el 29 de febrero el ex director de Comunicación Social Antonio Alcántara López fue detenido y se le acusa por el desvío de 820 mil pesos que le fueron entregados en dos tiempos mediante cheques por la cantidad de 410 mil pesos cada uno, bajo la modalidad de gastos a comprobar estos recursos públicos debieron destinarse para la producción y empastado del libro conmemorativo de la administración 2005- 2011 “Acciones de Hoy para Sudcalifornia de Mañana”, el cual nunca fue producido.

EL UNIVERSAL

Hallan sólo un suéter de náufragos de BC

BÚSQUEDA. Una de las patrullas océanicas de la Semar que participa en las acciones para encontrar a los náufragos(Foto: EFE )

Lunes 05 de marzo de 2012Julieta Martínez Corresponsal | El Universal
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TIJUANA. Un suéter es lo único que se ha localizado en cinco días de búsqueda de cinco pescadores que se encuentran desaparecidos en aguas del Pacífico desde que su embarcación se volcó debido al mal tiempo y a una falla en el motor.

Al parecer es una prenda que vestía Ricardo Castro Villafuerte, uno de los náufragos, informó un vocero de la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

Entre las víctimas se encuentra el director de la Secretaría de Pesca, Juan Nemesio Murillo Murillo, quien junto con otras seis personas salió de Punta Eugenia, Baja California Sur, rumbo a Isla de Cedros, Baja California, donde participarían en una reunión de la Sociedad Cooperativa Pescadores Nacionales de Abulón.

La tarde del martes 28 de febrero, la embarcación de 15 metros de eslora inició el recorrido junto con otras naves, pero zozobró con sus siete ocupantes que fueron arrastrados por el mar, excepto dos que fueron rescatados al día siguiente y relataron los pormenores del accidente.

Desde entonces inició la búsqueda coordinada por la Armada de México y con apoyo de pescadores, el gobierno del estado y familiares de los náufragos.

El sábado se sumaron tres helicópteros más a los esfuerzos de búsqueda, pero no pudieron salir debido al mal tiempo que prevalece en el área, ubicada a 800 metros al sur de esta frontera.