Casi cae ‘El Chapo’ en Los Cabos, revela la
Siedo
Un trabajo exclusivo de la agencia de noticias AP, dio a
conocer que el líder del cártel de Sinaloa estuvo a punto de ser capturado en
una mansión en la costera de Los Cabos, hace tres semanas, un día después que
Hillary Clinton estuvo en ese centro turístico
Al igual que Osama
bin Laden, el hombre a quien Estados Unidos califica como el
jefe más poderoso del narcotráfico al parecer se oculta a simple vista.
La Policía
Federal estuvo cerca de capturar a Joaquín "El Chapo"
Guzmán en una mansión costera de Los Cabos hace
tres semanas, un día después que la secretaria de Estado norteamericana Hillary
Clinton se reunió con decenas de cancilleres en la misma ciudad
turística.
José Cuitláhuac Salinas,
subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada (Siedo),
confirmó el domingo que estuvieron a punto de capturarlo a fines de febrero, en
un esfuerzo del gobierno por arrestar a uno de los principales fugitivos del
mundo desde que escapó de la cárcel en un camión de lavandería en 2001.
"Sabemos que estuvo ahí" , dijo Salinas a The Associated Press.
El incidente refuerza la
impresión de que las autoridades están cerrando el cerco sobre Guzmán, y que el
gobierno del presidente Felipe Calderón está empeñado en atraparlo antes de que
concluya su sexenio de gobierno en diciembre.
Dos hombres y dos
mujeres que estaban en la casa donde se cree estuvo Guzmán fueron detenidos y
están a disposición de la unidad que combate la delincuencia organizada, dijo
Salinas. No reveló los nombres, pero dijo que por lo menos uno de los hombres
había sido piloto de Guzmán. La Policía Federal también halló armas en la casa,
agregó el subprocurador.
La incursión fue
conducida por las autoridades mexicanas. Salinas no dijo si la Agencia
Antidrogas de Estados Unidos (DEA) tuvo alguna participación en esta acción. La
DEA remitió toda consulta periodística al gobierno mexicano.
Desde su fuga de la
prisión, Guzmán, de 54 años, se ha catapultado como el narcotraficante más
poderoso del mundo, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El cártel de Sinaloa, de
Guzmán, controla el narcotráfico casi en la mitad del país. Gran parte del
resto está en manos del cártel de los Zetas.
Las autoridades
policiales estadounidenses afirman que ningún otro cartel tiene las redes
internacionales de distribución de cocaína con que cuenta el de Sinaloa, que
también está introduciendo metanfetaminas en México y Centroamérica. Guzmán
aparece anualmente en la lista de la revista Forbes entre los multimillonarios
del mundo.
Se ofrecen 7 millones de
dólares como recompensa por su captura en México y Estados Unidos, y equipos
policiales de ambos países están dedicados a capturarlo.Según versiones, Guzmán
se oculta en la zona montañosa remota de su estado natal de Sinaloa. A veces se
dijo que estuvo en otros sitios, incluso en Argentina durante un tiempo.
El presidente
guatemalteco Otto Pérez Molina dijo tener informes de que Guzmán estuvo
recientemente en su país.
Un cable diplomático
estadounidense difundido por WikiLeaks atribuyó al secretario de Defensa
mexicano, general Guillermo Galván Galván, haber dicho que Guzmán se desplaza
frecuentemente entre 10 y 15 sitios para evitar ser arrestado, y que tiene un
equipo de seguridad de hasta 300 hombres.
Al igual que en otras ocasiones en el pasado, su
escape a último momento despierta sospechas de que hubiese sido alertado
EL SUDCALIFORNIANO
12 de marzo de 2012
¡Denuncian
abusos de policías ministeriales!
Este es uno
de los domicilios ubicados en San Juanico, a donde los agentes estatales,
portando armas largas y encapuchados, se metieron, sin contar con orden de
cateo. / El Sudcaliforniano
El
Sudcaliforniano
12 de marzo
de 2012
Ciudad
Constitución, Baja California Sur.- El grupo de policías enmascarados
trascendió que era encabezado por Guillermo Zamudio; el pasado viernes
alrededor de la tres de la tarde arribaron a San Juanico, a bordo de tres
vehículos sin placas de circulación, una camioneta de color gris, tipo panel,
un automóvil gris, de la línea Sentra, y una camioneta pick up, ram, cuatro
puertas, de color blanco.
En San Juanico cometieron una serie de atropellos, al realizar tres cateos sin contar con orden de un juez, y además con lujo de violencia se introdujeron a un domicilio, donde estaban hospedados diez médicos samaritanos y sus familias, que ese día habían arribado procedentes de Santa Bárbara y San Diego, EE.UU., para brindar consultas gratuitas a vecinos de la comunidad de San Juanico y Cadejé.
Fue una pesadilla la que vivieron esa tarde los familiares de los médicos samaritanos, entre estos el reconocido médico cirujano dentista, John Grube, amigo personal del presidente de EE.UU, Barak Obama, los cuales una vez que se fueron los agentes encapuchados y portando armas largas, al día siguiente a muy temprana hora decidieron marcharse, y comentaron que no regresarían durante un buen tiempo, ya que habían confirmado que eran ciertas las recomendaciones que estaban brindando las autoridades norteamericanas sobre el clima de inseguridad que viven varios estados de México.
También esa tarde del pasado viernes los prepotentes agentes estatales levantaron a la orilla de la playa a conocidos empresarios norteamericanos que radican desde hace más de 15 años en San Juanico, a quienes los tuvieron tirados sobre el suelo, boca abajo, y encañonados durante más de 30 minutos, sin motivo alguno.
Una señora que trabaja como empleada de limpieza para un empresario norteamericano, de quien se omite su nombre por temor a represalias, también fue llevada junto con sus dos hijas, una menor de nueve años, que aún no se repone de la pesadilla, al ver que golpeaban al esposo de su hermana embarazada, se gravó hasta las iniciales del arma que portaba un agente, las letras F.N.D.
En Ciudad Constitución, durante la noche del sábado, también varios conductores que circulaban sobre el Bulevar Olachea de manera violenta fueron bajados de sus unidades, y lo más lamentable es que las autoridades locales no estaban enteradas de la presencia y de los atropellos que estaban cometiendo el grupo de agentes estatales.
En campaña el ahora gobernador del estado, Marcos Covarrubias, aseguraba que este tipo de operativos en su gobierno no iban a tener cabida, y tal parece que los altos mandos de la Policía siguen cometiendo abusos y violando los derechos humanos, afectando a personas inocentes.
En San Juanico cometieron una serie de atropellos, al realizar tres cateos sin contar con orden de un juez, y además con lujo de violencia se introdujeron a un domicilio, donde estaban hospedados diez médicos samaritanos y sus familias, que ese día habían arribado procedentes de Santa Bárbara y San Diego, EE.UU., para brindar consultas gratuitas a vecinos de la comunidad de San Juanico y Cadejé.
Fue una pesadilla la que vivieron esa tarde los familiares de los médicos samaritanos, entre estos el reconocido médico cirujano dentista, John Grube, amigo personal del presidente de EE.UU, Barak Obama, los cuales una vez que se fueron los agentes encapuchados y portando armas largas, al día siguiente a muy temprana hora decidieron marcharse, y comentaron que no regresarían durante un buen tiempo, ya que habían confirmado que eran ciertas las recomendaciones que estaban brindando las autoridades norteamericanas sobre el clima de inseguridad que viven varios estados de México.
También esa tarde del pasado viernes los prepotentes agentes estatales levantaron a la orilla de la playa a conocidos empresarios norteamericanos que radican desde hace más de 15 años en San Juanico, a quienes los tuvieron tirados sobre el suelo, boca abajo, y encañonados durante más de 30 minutos, sin motivo alguno.
Una señora que trabaja como empleada de limpieza para un empresario norteamericano, de quien se omite su nombre por temor a represalias, también fue llevada junto con sus dos hijas, una menor de nueve años, que aún no se repone de la pesadilla, al ver que golpeaban al esposo de su hermana embarazada, se gravó hasta las iniciales del arma que portaba un agente, las letras F.N.D.
En Ciudad Constitución, durante la noche del sábado, también varios conductores que circulaban sobre el Bulevar Olachea de manera violenta fueron bajados de sus unidades, y lo más lamentable es que las autoridades locales no estaban enteradas de la presencia y de los atropellos que estaban cometiendo el grupo de agentes estatales.
En campaña el ahora gobernador del estado, Marcos Covarrubias, aseguraba que este tipo de operativos en su gobierno no iban a tener cabida, y tal parece que los altos mandos de la Policía siguen cometiendo abusos y violando los derechos humanos, afectando a personas inocentes.
TRIBUNA
Cholos asesinan a puñaladas a joven
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Cabo San Lucas.
Gustavo Cruz Onofre |
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Joven originario del estado de Guerrero que en su pecho tenía un
tatuaje de la Mara Salvatrucha pierde la vida en el hospital general, tras
ser agredido por varios cholos, recibió puñaladas y pedradas en diversas
partes del cuerpo, los agresores siguen libres.
Cerca de las once de la noche, a la Dirección Seguridad Pública Municipal y Cruz Roja llegó una desesperada llamada en la cual les informaron que en el patio exterior de un domicilio ubicado en la colonia Tierra y Libertad como referencia cerca del arroyo, una persona se encontraba gravemente herida. Tras pocos minutos de espera a la invasión llegaron paramédicos de Cruz Roja encontrando a un joven lesionado que presentaba una fuerte herida sangrante en la parte del abdomen, otra en la espalda y una más en el cráneo. Informes extraoficiales indican que el herido fue atacado por varios cholos que con saña y violencia lo hirieron con piedras y navajas. El sujeto tenía un tatuaje de la Mara Salvatrucha en la zona del pecho, era originario del estado de Guerrero, de 22 años de edad, en vida respondía al nombre de Ciro Oropeza Bautista. Antes de su muerte recibió los primeros auxilios siendo trasladado al hospital general, en donde después perdió la vida. Los cholos agresores escaparon, sobre el crimen fueron notificadas autoridades de la PGJE. |
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Cholos quieren apoderarse de CSL
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Cabo
San Lucas.
Redacción |
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22 detenidos en la zona de El Médano, solo tres son
mayores de edad, se les decomisaron varias armas blancas, dicen ser de la
banda “Los Sureños”. Durante el pasado fin de semana, la Dgsptm informó que
desplegó un operativo en la zona de playa de este puerto. En el que
lograron capturar a 22 sujetos.
Los aprehendidos son señalados de causar daños y molestias a turistas en la zona de playa El Médano en la bahía sanluqueña. Los más de 20 detenidos fueron controlados y trasladados a la cárcel local para ser presentados ante las autoridades competentes, dijeron pertenecer a una banda de cholos denominada “Los Sureños Malillas”. La corporación dijo que el aseguramiento de los cholos se hizo sin alarmar a los bañistas, 19 eran menores de edad y solo tres de ellos adultos. Cuando fueron detenidos, los maleantes traían entre sus pertenencias armas punzocortantes, navajas y varias botellas de vidrio quebradas que usaban para delinquir.
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Falla mecánica causa salida de camino 2 lesionados
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San José del Cabo.
Gustavo Cruz Onofre |
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Una salida de camino provocada por una falla
mecánica deja a dos personas lesionadas, una de ellas un menor de edad.
El accidente ocurrió cerca de las tres de la tarde en la carretera Transpeninsular las corporaciones de rescatistas, Bomberos y Cruz Roja, recibieron el reporte de una salida de camino con personas lesionadas cerca de la glorieta de Fonatur. En respuesta al reporte al sitio se dirigieron Bomberos en la unidad M-66 y paramédicos en la unidad BCS-187. Al llegar al punto encontraron el auto en cuestiónsiendo uno color guinda marca Volkswagen línea Jetta modelo 1999 con matrícula 124-PMU-8 conducido por Jesús Correa. El conductor no sufrió heridos aunque su acompañante Yadira Sierra sí requirió ser trasladada al IMSS, en el vehículo también viajaba un menor de edad que habría resultado lesionado. La salida de camino ocurrió cerca del kilómetro 30 cuando el coche se dirigía a Cabo San Lucas, según la versión del conductor, cuando él manejaba se le apagó el coche perdiendo el control del volante saliendo del camino impactando la parte inferior del auto contra una banqueta. El auto quedó varado, del accidente tuvieron conocimiento elementos de la Policía Federal que llegaron al sitio en la unidad 13233. |
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Tiraba basura en vía pública, fue detenido
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San José del Cabo.
Gustavo Cruz Onofre |
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Detienen a sujeto que fue observado en flagrancia
cuando tiraba basura cerca de una zona de arroyo.
Cerca de las dos de la tarde, elementos municipales realizaban recorridos de vigilancia cerca del poblado de San Vicente cuando observaron a un sujeto de sexo masculino que sin vergüenza alguna tiraba grandes cantidades de basura en el arroyo. El vehículo en el que el inculpado traía basura era una camioneta marca Ford línea Ranger modelo 1999 con placas de circulación ZMX-51-50, el sujeto dejaba en el arroyo bolsas color negro que en su mayoría contenían carrizo. Por esa acción el sujeto fue detenido y llevado al área de barandilla en donde fue identificado como Baudillo Peña Pérez de 35 años de edad con domicilio en Vista Hermosa, quedó a disposición de Juez Calificador. |
PENINSULAR DIGITAL
Encuentran
el cuerpo de uno de los náufragos de Bahía Tortugas
Alrededor
del mediodía del sábado, miembros de la cooperativa Buzos y Pescadores, en el
campo pesquero El Rincón volvieron a la orilla con una inusual carga: el cuerpo
inerte de Juan Carlos Ojeda, uno de los náufragos que se perdieron días atrás
en aguas sudcalifornianas.
El
cadáver de Juan Carlos Ojeda, de 57 años fue localizado a 8 millas náuticas de
Puerto Nuevo BCS por Rodolfo Romero y Aníbal Mendoza, capitán y marino de la
Buzos y Pescadores 10 quienes dieron aviso a las autoridades ministeriales.
El
cuerpo fue identificado plenamente por Manuel Dueñas Tamayo de 49 años de
edad, originario de Guaymas Sonora, de ocupación pescador y con domicilio conocido
en Isla de Cedros B.C.S,. quien manifestó que el hoy occiso era su compadre.
El
Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y trasladado del
cuerpo hasta el SEMEFO de Guerrero Negro B.C.S, donde se
practica la necropsia de ley, quedando pendientes las causas de su muerte.
El
Gobierno del Estado de Baja California Sur se ha mantenido atento a las labores
de búsqueda y rescate efectuados por las autoridades civiles y militares de los
diferentes niveles de gobierno y los integrantes del sector pesquero.
Visita funcionario
acusado por peculado las instalaciones del Gobierno del Estatal
Acompañado de su
representante legal, así como de la Juez III de distrito Rosario del Carmen
Palacios Montaño y del Agente del Ministerio Público Mario Alonso Zazueta
Obeso; Jáuregui Moreno visitó las oficinas del Palacio de Gobierno, donde
alguna vez despachó como titular de la Secretaría de Planeación Urbana e
Infraestructura.
Ex secretario de Obras
Públicas acompañó a sus representantes, MP y Juez Penal, a que recabaran
evidencia en oficinas de gobierno
Debido a que el proceso que la Procuraduría General de
Justicia del Estado sigue en contra de Guillermo Jáuregui Moreno por diversas
faltas, tanto el viernes pasado como el día de hoy, el ex funcionario y sus
representantes se encuentran realizando diligencias acompañados de las
autoridades.
Guillermo Jáuregui Moreno fue presentado ante la Juez
III de lo Penal luego de que, por “el incumplimiento de un deber penal”, el ex
funcionario fuese fichado y puesto en libertad luego de pagar una fianza de
varios miles de pesos.
Esta detención se dio debido a la reticencia de
Jáuregui Moreno a declarar en torno al proceso que se sigue a Narciso Agúndez
Montaño y a otros funcionarios de la administración 2005-2011 por el delito de
malversación de fondos, en torno a un contrato de compraventa de terrenos
en una lujosa zona residencial del municipio de Los Cabos.
Se trata de una averiguación previa que involucra el
quebranto a las finanzas públicas por 52 millones de pesos en los que, aunque
todavía no se ha involucrado a Jáuregui Moreno, éste si se encuentra obligado a
declarar y presentarse a todos los requerimientos que indique la
autoridad.
Acompañado de su representante legal, de la Juez
III de distrito Rosario del Carmen Palacios Montaño —quien solamente aseveró a
los medios de comunicación que se encontraban en el inmueble realizando “una
diligencia judicial— así como el Agente del Ministerio Público Mario Alonso
Zazueta Obeso; Jáuregui Moreno visitó las oficinas del Palacio de Gobierno,
donde alguna vez despachó como titular de la Secretaría de Planeación Urbana e
Infraestructura.
Tanto la Juez como el MP que acompañaron a Jáuregui
Moreno, son los mismos que siguen los procedimientos contra Antonio Alcántar,
director de Comunicación Social durante el mandato de Narciso Agúndez Montaño,
actualmente preso por una averiguación en torno al desfalco de más de 800 mil
pesos por la publicación de un libro llamado “Acciones de hoy para la
sudcalifornia de Mañana”.
Intentó agarrar a cintarazos a los ministeriales
Primero
agredió a los ministeriales utilizando su afilada lengua, pero al ver que el
léxico no hacía mella en los agentes del orden, optó por arrojarles piedras que
apenas abollaron la unidad oficial, tras lo cual Germán López Hernández se
desprendió de su cinturón y avanzó decidido a azotar a los policías, lo que no
consiguió.
Germán,
un jornalero guerrerense de 32 años domiciliado en el Rancho Agrícola San
Enrique, en el poblado Melitón Albañez, B.C.S. no pudo hacer gran daño a los
agentes estatales con los que se topó el sábado por la tarde cuando
coincidieron al circular por el bulevar Forjadores y Colima.
Tan
sólo la presencia de la unidad policiaca provocó en Germán que su temperamento
de tierra caliente saliera a flote, primeramente con palabras obscenas, después
con su técnica lapidatoria para culminar con su fallido intento de propinar una
cueriza a los ministeriales.
El
jornalero guerrerense fue pronto reducido y trasladado a las oficinas de la
policía ministerial del estado, donde fue puesto a disposición ante el Agente
del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en Turno.
Se registra Vázquez Mota como
candidata. Covarrubias y Tano a su lado
Los que si no se movieron pese al
sol a plomo que cayó toda la mañana sobre los albiazules de Baja California Sur
fueron el presidente de Acción Nacional en sudcalifornia, Herminio Corral, el
candidato Elías Gutiérrez, el alcalde comundeño Venustiano Pérez —a quien todo
mundo envidió su sombrero— y, desde luego, Marcos Covarrubias Villaseñor.
Ayer se registraron Josefina Vázquez Mota y
Andrés Manuel López Obrador como candidatos a la presidencia de la república y,
desde luego, Marcos Covarrubias Villaseñor acudió con su sonrisa a llenar el
estadio Azul en la capital del país, donde se dio el primer acto masivo de la
candidata panista rumbo a los comicios de julio próximo.
En el evento se tomaron una foto Elías Gutiérrez, ex
director de Vivienda del Gobierno Estatal y el alcalde Venustiano Pérez, en la
que aparece un graderío de fondo que lucía ya atiborrado momentos antes del
mediodía, cuando la Vázquez Mota hiciera presencia en el estadio de los
cementeros.
Al pronunciar su discurso, la ex diputada federal dijo
estar agradecida con la presencia de gobernadores como Marcos Covarrubias, que
la acompañaron y a quienes llamó a “luchar por la libertad y contra cualquier
práctica autoritaria”.
“Es tiempo de unidad y trabajo y regresar a las
convicciones de de Acción Nacional”, dijo ante miles de panistas.
Aunque temprano en la mañana, el estadio de futbol
donde se llevó a cabo el evento lució lleno, debido a un error de logística,
esta reunión masiva para celebrar el registro de la candidatura de Vázquez
Mota, fue duramente criticado debido a que las gradas del Estadio Azul lucieron
vacías durante el discurso de la candidata.
De acuerdo con versiones oficiales, esto se debió a
que los acarreados al evento debían regresar a sus vehículos de transporte
antes del mediodía.
Los que si no se movieron pese al sol a plomo que cayó
toda la mañana sobre los albiazules de Baja California Sur fueron el presidente
de Acción Nacional en sudcalifornia, Herminio Corral, el candidato Elías
Gutiérrez, el alcalde comundeño Venustiano Pérez —a quien todo mundo envidió su
sombrero— y, desde luego, Marcos Covarrubias Villaseñor.
El tema “Partido Alone
Nacional” fue tema en Twitter esa misma noche
ZETA
Antonio Alcántar: El único culpable
by ZETA on MARZO 11, 2012
Ninguno de
los 10 testigos abogó por el ex funcionario de Agúndez Montaño
Luego de recibir el auto de
formal prisión por los probables delitos de peculado y falsificación de
documentos, quien fuera el director de Comunicación Social en el gobierno de
Narciso Agúndez podría enfrentar una condena de hasta 15 años.
Gerardo
Zúñiga Pacheco/Alejandro Acuña Rivera
La Paz, Baja
California Sur.- Durante todo el sexenio del ex gobernador del PRD Narciso
Agúndez Montaño, amigos, periodistas, parientes, cómplices, políticos,
comerciantes y hasta funcionarios públicos fueron beneficiarios directos de las
influencias que ostentaba el otrora poderoso ex director de Comunicación
Social, Antonio Alcántar López.
Aunque era
un servidor público de tercer nivel, la cercanía con el ex gobernante
perredista lo convirtió en pieza clave para acceder a jugosos convenios y
negocios que iban desde la asignación de contratos de obras y servicios,
préstamos, concesiones, hasta inversiones, cuando se trataba de abrir un
negocio.
Hombre
completamente feliz –como se definía— al final del sexenio del último gobernador
del PRD, la suerte le sonreía hasta el 28 de febrero cuando sorpresivamente fue
capturado por agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Baja California Sur.
El
comunicador, encarcelado, carga con el estigma de haber sido uno de los
principales ex colaboradores del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y de la
larga lista de amigos, socios, periodistas y políticos que durante seis años lo
asediaron, alabaron y hasta públicamente se jactaban de tener una relación
directa y muy estrecha con “El Toño”, hoy lo han dejado prácticamente solo.
Dentro del
término constitucional, y ampliado a solicitud de su defensa hasta en 148
horas, ex colaboradores, amigos y hasta socios fueron citados a declarar como
testigos de cargo a favor del ex jefe de prensa en la causa penal número
023/2012, donde se le imputan los delitos de Peculado y Falsificación de
Documentos en la Modalidad de Uso de Documento Falso.
Sin embargo, ninguno de los citados, incluido su socio
de la compañía “Baja Mármol”, Adán Mendoza García, abogó a su favor. Los más de
10 testigos –que según el expediente que obra en manos de ZETA– comparecieron del 29 de febrero
al 4 de marzo pasado, todos cayeron en contradicciones y hasta no supieron qué
responder, cuando fueron cuestionados sobre la reproducción y empastado del
libro conmemorativo de la administración 2005-2011 titulado “Acciones de Hoy
para Sudcalifornia de Mañana”.
La mayoría
coincidió en que supieron de la distribución del libro, pero nadie se enteró
del nombre del autor, ejemplares impresos y lugar de fabricación e impresión,
lo que a consideración de la Juez Tercero del Ramo Penal, Rosario del Carmen
Palacios Montaño –y así quedó asentado en el expediente– “no adquirió valor
probatorio a favor del procesado”; y por lo tanto, el 5 de marzo resolvió lo
siguiente:
1.- Siendo
las 7 horas del 5 de marzo del 2012, se dicta auto de formal prisión en contra
de Francisco Antonio Alcántar López por su probable responsabilidad penal en la
comisión de los delitos de peculado y falsificación de documentos en su
modalidad de uso de documento falso.
2.-
Notifíquese personalmente a las partes el contenido de la presente resolución,
haciéndole saber el derecho y término que la Ley le concede de tres días para
interponer el recurso de apelación en caso de inconformidad.
3.- Se
decreta la apertura del periodo de instrucción de conformidad con el 375 y 376
del Código de Procedimientos Penales vigente en el estado.
4.- Remítase
copia certificada de la presente resolución constitucional.
5.-
Infórmese de la presente resolución al Instituto Federal Electoral para los
efectos legales correspondientes.
6.- Mediante
atento oficio, solicítese al director general de prevención y readaptación
social, se sirva informar a este juzgado si en la dependencia existen
registrados antecedentes penales a nombre del procesado.
Los
testigos
De todos los
testigos que comparecieron previamente a la resolución del juzgador, la
intervención más relevante fue la de los responsables de supuestamente haber
expedido la factura por concepto de la reproducción y empastado del citado
libro.
Datos en el
expediente exponen que se trata de J. Jesús Moya Rubio y Maricela Barrera
Montaño, ambos pareja y copropietarios de la empresa “Impresora Californiana”,
quienes en sus testimoniales negaron haber elaborado la factura a favor de la
Secretaría de Finanzas por concepto de la elaboración de la obra, y en su
comparecencia exhibieron la factura 3032 expedida a favor de Nancy L. Hevia
Aguiar, Notaria Pública No. 13, por concepto de 750 formas tamaño oficio
impresas en papel ledger blanco a una tinta y reverso con folio ordinario color
rojo del 46, 501 al 47, 250 por la cantidad de mil 665 pesos.
El 30 de
mayo del 2011, y presionado por la contraloría general del estado, el ex
director de Comunicación Social, Antonio Alcántar, había entregado la factura
bajo el mismo número de folio, y supuestamente, expedida por esa compañía, lo
que en la comparecencia –según quedó asentado en el expediente– fue
evidenciado, y donde se probó plenamente que se trataba de un comprobante
fiscal falso.
El gerente y
el administrador de la imprenta, con registro fiscal desde 1999, dijeron
desconocer a Antonio Alcántar López y recordaron que un par de años atrás
habían elaborado un trabajo de impresión al gobierno del estado y facturaron a
nombre de la Secretaría de Finanzas.
“No recuerdo
muy bien cuánto tiempo hace, pero si se facturó a la Secretaría de Finanzas fue
algunos años atrás y esa factura no se expidió a favor del gobierno, porque no
corresponde al tiempo ni al trabajo que se hizo. Yo la elaboré aclarando que
fue expedida a favor de Nancy L. Hevia Aguiar, ya que la otra no sé quién la
elaboro y por qué”, expuso Maricela Barrera Montaño, quien dijo ser la
propietaria del negocio, pero su esposo era el responsable del manejo de la
empresa, ya que expuso “yo trabajo como secretaria de la Notaría Pública No. 13”.
La
mujer recordó que los primeros días de junio recibió en su domicilio particular
la visita de personal de la Contraloría General del Estado, quien solicitó
verificar la factura 3032, y en aquella ocasión –recordó– sacó los consecutivos
3031, 3032 y 3033, y fue cuando se dio cuenta que habían falsificado uno de sus
comprobantes fiscales.
Las pruebas
que terminaron por hundir al ex vocero de Narciso Agúndez Montaño son las dos
pólizas de cheque que amparan la cantidad de 410 mil pesos cada una y firmadas
por Alcántar, cuando recogió los cheques 3042 y 8828 de fecha 18 y 28 de
febrero del 2011, expedidos por los bancos Santander, S.A. y Banco Mexicano del
Norte, S.A.
En el
expediente aparece una declaración testimonial de José Antonio Ramírez Gómez y
Reginaldo Meza Miranda, el secretario de Finanzas y el director de egresos,
quienes reconocieron haber firmado la autorización de la entrega de cheques y
expusieron que el dinero estaba destinado para la producción y empastado de dos
mil libros conmemorativos de la administración 2005 y 2011 titulada “Acciones
de Hoy para Sudcalifornia de Mañana”.
Con estas
pruebas en contra, los abogados de Antonio Alcántar, encabezados por el ex
precandidato a diputado del PRD Jova Murillo, pretendieron librar de cualquier
culpabilidad al ex funcionario, y salieron a la defensa en una errónea
estrategia, basada en la presentación de testigos de cargo, la mayoría de los
cuales, cayeron en contradicciones, y hasta dijeron desconocer el numero del
tiraje, el nombre de la obra, autor y empresa que produjo los ejemplares, lo
que no abonó en nada a favor del ex vocero. Por el contrario, empeoró su
situación jurídica hasta que se emitió el auto de formal prisión.
En la
presentación de testigos, según los datos que obran en el expediente, ni el
empleado de Alcántar que figura como socio de la compañía “Baja Mármol”, de
nombre Adán Mendoza García, supo qué decir. A la pregunta de que diga el
testigo si tiene conocimiento de cuántas unidades se mandaron a hacer del libro
“Acciones de Hoy para Sudcalifornia de Mañana”, respondió: “Desconozco”.
De todos los
testigos presentados por la defensa sólo uno dio detalles del libro y de la
forma en que supuestamente se repartió. Se trata de Ramón Cota Amador, quien
–en su declaración— dijo que le constaba que antes de terminar la
administración supo que el ex vocero había entregado un compendio de libros en
una reunión en la sala de gobernadores. El testigo que dijo desempeñarse –en
aquel tiempo– como auxiliar del secretario privado del gobernador, César
Uzcanga González, declaró que “miró muy apresurado al señor Alcántar por el
término del sexenio, por lo que el quince de marzo, lo vio entregando libros,
uno de ellos a un servidor y a la gente común, y posteriormente de ese día lo
hizo en una comida de despedida a todos los funcionarios públicos que habían
gobernado. Ya después lo hizo en Bahía Asunción, San Juanico, Los Cabos y
Ciudad Constitución y en todo el estado y me consta que eran bastantes libros”.
Pero mas
allá de los testimonios, y de sus dichos, lo que dejó intrigado a la Juez
Tercero de lo Penal, Rosario del Carmen Palacios Montaño fue la inesperada
presentación de otra factura por la impresión y empastado del libro
conmemorativo.
A punto de
vencer el término constitucional para el ofrecimiento de pruebas a favor de
Antonio Alcántar López, la defensa del inculpado presentó otro comprobante
fiscal: la factura 5098 expedida por la compañía “Enciso Impresores”, misma que
–según se puede leer en el expediente— buscaba reemplazar la factura
falsificada.
El
razonamiento que la propia Juez Tercero del Ramo Penal, Rosario del Carmen
Palacios Montaño, dio a ese documento fue el siguiente, y el cual aparece
transcrito en el expediente.
“Esto no es
óbice para determinar una conexión entre dichos ejemplares con las facturas
3032 expedida por Impresora Californiana y factura 5098 emitido por Enciso
Impresos, ya que cuando un notario público dio fe de la existencia de un
ejemplar que tuvo a la vista, adquiere valor probatorio, pero no dio fe
notarial de que el ejemplar que tuvo enfrente, apareciera dentro del mismo de
los datos de los impresores y editores; y al ser dichas facturas los medios
presentados por el inculpado para acreditar el haber destinado el recurso que
le fue dado por parte del erario público, este medio de prueba no favorece
acreditar esta circunstancia por el activo del delito. Por lo cual se puede
concluir con suficiente certeza jurídica que el libro fue datado por el Notario
Público, adolece de los mismos requisitos de Ley, que los libros presentados
por la defensa y el testigo, los cuales fueron materia de la inspección
judicial”.
En ninguna
parte del expediente aparece la declaración del inculpado, por lo que –a decir
de trabajadores del juzgado tercero del ramo penal— Antonio Alcántar, hasta el
cierre de esta edición, no había rendido su declaración.
— ¿Qué sigue ahora?, preguntaron reporteros de este Semanario al Presidente del
Tribunal de Justicia del estado de Baja California Sur, Daniel Gallo Rodríguez.
“Bueno,
inicia el proceso formal, según marcan los artículos 375 y 376 del Código de
Procedimiento Penales, y donde se establece que el juzgador deberá admitir y
desahogar los medios de prueba que legalmente le ofrezcan las partes. El código
es claro y establece que cuando exista un auto de formal prisión, y el delito
tenga señalada una pena máxima que exceda de 2 años de prisión, la instrucción,
deberá terminarse en un término no mayor a seis meses”.
Sin embargo,
la Procuraduría General de Justicia del Estado estableció que el delito de
peculado contempla una pena de 6 a 15 años de prisión y el delito de
falsificación de documentos en su modalidad de uso señala de 1 a 5 años de
prisión, los cuales tendrán que ser valorados por el juzgador, quien será el
responsable de emitir la sentencia correspondiente.
Denuncias
penales contra ex alcaldes
Por mandato del Congreso de BCS
tendrán que rendir cuentas
José Manuel Murillo Peralta, Yuan Yee
Cunningham y Joel Villegas Ibarra tendrán que comprobar el paradero de millones
de pesos que gastaron del erario público, porque no entregaron documentación
comprobatoria. Según el diputado Ernesto Ibarra Montoya, presidente de la
Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, dicha omisión los
convierte en sospechosos de malversación de fondos.
Gerardo Zúñiga
Tras la captura y el encarcelamiento
del ex director de Comunicación Social del gobierno del estado de Baja
California Sur, Antonio Alcántar López, y casi dos meses después de haber
vencido el plazo para que los ex alcaldes de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz,
así como el ex director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, José Antonio Agúndez
Montaño, solventaran todas las irregularidades detectadas sobre los ejercicios
fiscales del 2010 y parte del 2011, tres son los ex ediles perredistas
sentados en el banquillo de los acusados.
Se trata de José Manuel Murillo
Peralta, Yuan Yee Cunningham y Joel Villegas Ibarra, quienes, en las próximas
semanas, tendrán que rendir cuentas sobre el paradero de millones de pesos que
gastaron del erario público, porque –como el caso del ex vocero de Narciso
Agúndez Montaño— no entregaron la documentación comprobatoria, lo que, a decir
del diputado Ernesto Ibarra Montoya, presidente de la Comisión de Vigilancia del
Órgano de Fiscalización Superior, los convierte en sospechosos de haber
malversado fondos.
De hecho, la primera denuncia penal ya
fue presentada el 1 de marzo por el Presidente del Órgano de Fiscalización
Superior, Julio César López Márquez, en la Agencia del Ministerio Público
Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.
Por mandato de la Comisión de
Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, integrada por los diputados
Ernesto Ibarra Montoya, Sergio Barrón Pinto y Guadalupe Olay Davis, el titular
del órgano, presentó tres denuncias penales. Son las siguientes:
1.- La primera quedó registrada bajo
el número de Averiguación Previa LPZ/025/SPB/2012 e interpuesta en contra de
quien resulte responsable en la administración del ex alcalde José Manuel
Murillo Peralta, por no haber solventado un total de 123 observaciones, de las
cuales 100 corresponden a auditoría financiera y 23 a auditoría de obra
pública, y de las cuales, nunca se tuvo respuesta sobre las observaciones
fincadas. El órgano de fiscalización entregó el resultado de la auditoría y
pruebas documentales sobre la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2010 que
prueban que no se entregaron comprobantes de gastos por el orden de 52 millones
218 mil 637 pesos con 88 centavos.
2.- La segunda quedó registrada bajo
el número de Averiguación Previa LPZ/026/SPB/2012 e interpuesta en contra del
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Mulegé (OOMSAPAM) encabezado en su momento por Alejandro Colorado Betanzos, por
no haber solventado 175 observaciones de la cuenta pública 2010 por un monto de
9 millones 162 mil 681 pesos con 5 centavos.
3.- La tercera y última quedó
registrada bajo el número de Averiguación Previa LPZ/027/SPB/2012 e interpuesta
en contra del Ayuntamiento de Mulegé, por presentar retraso en la comprobación
de la cuenta pública correspondiente de junio a diciembre del ejercicio fiscal
2010.
Las tres denuncias presentadas en
contra de la pasada administración, son el primer paso –y en virtud de que el
alcalde Guillermo Santillán Meza, incumplió su promesa de llamar a rendición de
cuentas a su antecesor– para fincar responsabilidades en contra de aquellos ex
servidores públicos que se enriquecieron ilícitamente y abusaron del poder.
Durante una entrevista con ZETA, el
presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior,
Ernesto Ibarra Montoya, dijo que el caso del Ayuntamiento de Mulegé es el
primero de la lista, porque “en los próximos días quedarán radicadas las
denuncias penales de Loreto y Comondú, porque son las administraciones que
presentan el mayor número de irregularidades y estamos sentado un precedente de
algo que nunca se había hecho, sobre todo porque provienen del Órgano de
Fiscalización Superior”.
Las incongruencias
Pero al mismo tiempo que las denuncias
e investigaciones avanzan en contra de los ex alcaldes de los municipios del
norte del estado, José Antonio Agúndez Montaño, el alcalde de Los Cabos, ha tenido
la valiosa oportunidad de solventar la mayoría de las irregularidades dejadas a
su paso por la Dirección del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos.
— ¿Lo están protegiendo?, se
le preguntó al diputado Ernesto Ibarra Montoya.
“El último encuentro que tuve con el
titular del Órgano de Fiscalización Superior, fue informado de que Tony Agúndez
había presentado la documentación de todas las observaciones que en su momento
se hicieron, y ahorita están checando una y otra, y viendo, si se aceptan los
documentos presentados o no”.
—O sea que así se quedó…
“De todos es sabido que el tiempo ya
se venció, ¿verdad? Que fue el año pasado, pero hemos sido conscientes, porque
son muchas observaciones, y hablar de observaciones, mucha gente se espanta
porque se hablaba de 994 millones que estaban observados, sin embargo, quiero
comentar que a veces tiene que ver una firma, una factura que no se entregó a
tiempo o detallitos de cualquier índole que representan una observación y una
cantidad”.
Datos recabados por ZETA expusieron que el Órgano de
Fiscalización Superior presentó un pliego de 188 observaciones a José Antonio
Agúndez Montaño, sobre el ejercicio fiscal 2010, cuando se desempeñaba como
director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, de las cuales 148 corresponden a una
auditoría financiera y 40 a una auditoría de obra pública, de las cuales
únicamente había solventado 42 y estaban pendientes 146 que amparaban un
importe de 994 millones 429 mil 213 pesos con 10 centavos.
Sin embargo, el hoy alcalde de Los
Cabos, nunca fue requerido formalmente por ser hermano Narciso Agúndez Montaño,
en aquel entonces gobernador. Entre las irregularidades detectadas a Tony
Agúndez, están las siguientes:
1.- Inexistencia de un control de
distribución de vales de gasolina.
2.- Copias fotostáticas de facturas,
como comprobantes de gastos provisionales.
3.- Diferencias en conciliaciones
bancarias.
4.- Obras públicas en proceso después
de un año de ejecución y sin ser registradas como activo.
5.- Gastos por comprobar y sin soporte
documental.
6.- Realización de obras sin
licitación previa, violentando los artículos 28 y 43 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios.
7.- Pagos de obras ejecutadas sin
presentar fianzas de garantía para el cumplimiento del contrato.
8.- 40 observaciones sin solventar
sobre obras públicas ejercidas en los ejercicios fiscales del 2007, 2008, 2009
y 2010.
Loreto y Comondú
Pero a diferencia de Los Cabos, y con
montos y tiempos mucho más cortos, el Órgano de Fiscalización Superior prepara
la presentación de denuncias penales en contra de los ex alcaldes de Loreto y
Comondú, Yuan Yee Cunningham y Joel Villegas Ibarra, por no haber solventado
millones de pesos gastados sin comprobación en el ejercicio fiscal del 2010.
En el caso de Loreto, y según el
informe del Órgano de Fiscalización Superior, hubo 113 observaciones, de las
cuales 111 no habían sido solventadas al cierre de esta edición, y las cuales
representan un monto de 19 millones 854 mil 725 pesos con 75 centavos.
Del total 110 corresponden a auditoría
financiera y sólo 3 a auditoría de obra pública.
Sin embargo, no sólo se detectaron
irregularidades en el ayuntamiento loretano, sino también en el Organismo
Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, y donde, según
el órgano fiscalizador, hubo 35 observaciones por un monto de 5 millones 107
mil 688 pesos.
En el caso de Comondú, el ayuntamiento
de Joel Villegas Ibarra no pudo comprobar 194 millones 940 mil 14 pesos con 84
centavos, correspondientes a 131 observaciones, de las cuales 80
correspondieron a auditoría financiera y 51 a auditoría de obra pública.
Como en Loreto, en Comondú también hay
observaciones: son 76 no solventadas por el Organismo Operador Municipal del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y amparan un monto de 32 millones 045
mil pesos.
En la entrevista con el presidente de
la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, Ernesto Ibarra
Montoya, también llamado “El Diputado de Hierro”, explicó que el tiempo fatal
otorgado a los ex alcaldes y ex directivos de agua potable ya venció, aun
cuando fue enviado un ultimátum de respuesta como última oportunidad que se les
había otorgado.
Pero el legislador dijo que “ya no
respondieron, y por lo tanto, tendrán que atenerse a los consecuencias”.
“El único que respondió todos los
requerimientos es José Antonio Agúndez, el actual alcalde de Los Cabos, pero
esto no significa que las observaciones solventadas estén aprobadas por el
órgano, ya que tienen que cumplir ciertos requisitos, por eso entraron en un
proceso de revisión, y en todo caso, si no se aprueba la documentación, tendrá
que ponerse una denuncia penal por parte del órgano de fiscalización”, comentó
el diputado.
El legislador del PAN dijo que siempre
se ha manejado con legalidad y transparencia, por lo que dijo que no se tienen
compromisos políticos ni partidistas o de amiguismos, como en el pasado.
“Lo único que estamos haciendo es
aterrizar ese cambio que prometimos, y darle credibilidad al trabajo del órgano
fiscalizador, porque fue creado para cumplir una función y un trabajo y por lo
tanto debe de manejarse con transparencia y basado en la Ley, porque todo aquel
que hizo mal uso del dinero público o se enriqueció de la noche a la mañana,
tendrá que atenerse a las consecuencias”.
El diputado añadió que el caso de
Antonio Alcántar López está sentando un precedente de lo que le sucederá a todo
aquel servidor público que haya hecho mal uso del dinero del pueblo. “Se
comprobó el delito y ahorita está en la cárcel, como seguramente deberán estar
todos aquellos servidores que se enriquecieron y abusaron del poder,
aprovechando que tenían un jefe como Narciso Agúndez”.
Finalmente, “El Diputado de Hierro”
comentó que todavía falta el caso de los 14 millones de pesos, y los cuales,
deben revisar la Contraloría y Procuraduría y castigar ejemplar y enérgicamente
a este ex servidor público y otros del anterior sexenio, como una medida de
escarmiento para que ningún funcionario de la actual administración del PAN y
de las alcaldías del PRI, PAN y PRD, se atreva a utilizar y malversar –como en
el pasado— el dinero del pueblo y el cual debe de ser ejercido y aplicado a
donde está destinado.
—Ahora que se detuvo, y se le dictó el auto de formal prisión a Antonio
Alcántar López, repentinamente, se amparó el yerno cómodo del ex gobernador,
Freddy Erubey Martínez Rivera. ¿Qué está pasando?
“Bueno, lo que está pasando es una
fiebre de miedo de aquellos que se despacharon con la cuchara grande y están
viendo que ya comenzó aplicarse la Ley. Yo creo que cuando alguien no debe no
teme y yo creo que si alguien se ampara es porque tiene cola que le pisen. Si
nos vamos al Ayuntamiento de Los Cabos, veremos que hay varios que están
amparados. ¿A qué le tienen miedo?, porque cacería de brujas no hay, y si ellos
cometieron algún delito, tienen que pagar, así de sencillo”.
Muñetón
se lava las manos
“Auto-liquidaciones son responsabilidad de anteriores consejeros
electorales”, afirma el nuevo presidente del IEE
De acuerdo al nuevo presidente del
Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur, Jesús Alberto Muñetón
Galaviz, la decisión de la jugosa liquidación pagada a la anterior presidenta,
Ana Ruth García Grande y a los dos consejeros electorales, Martín Florencio
Aguilar Aguilar y José Luis Gracia Vidal, derivó de una propuesta del Consejo
de Administración, misma que fue llevada a discusión y sujeta a aprobación en
el seno del Consejo General del organismo electoral.
García Grande elaboró la propuesta del
pago de liquidación llamado técnicamente Haber
por Retiro, la entregó a la Comisión de
Administración que ella encabezaba y, con el voto de dos consejeros -que junto
con ella, ya se iban-, autorizaron una liquidación de 1.9 millones de pesos,
repartiendo un millón de pesos para la anterior presidenta y 450 mil pesos para
uno de los dos consejeros electorales.
En entrevista con ZETA, Muñetón
prácticamente se lavó las manos y dijo que los anteriores consejeros fueron los
responsables de hacer el cálculo de su propia liquidación.
El nuevo presidente del IEE
textualmente citó: “La anterior presidenta propuso a la Comisión de
Administración que ella encabezaba, determinar la cantidad del pago Haber por Retiro, porque prácticamente estaba
terminando su encargo. En esa reunión de la comisión, se aclaró que el resolver
sobre el monto del pago, implicaba modificar una disposición normativa, en
cuanto a cómo se calcularía ese pago o liquidación. Por tal motivo, la propia
comisión de administración que la anterior presidenta encabezó, tomó la
decisión de llevarlo al Consejo General, donde la entonces presidente planteó,
y así lo aprobaron los anteriores consejeros electorales, el otorgamiento de
tres meses de salario como parte del cálculo, más un mes de salario por cada
año de servicio prestado a la institución”.
En la entrevista también se refirió a
su plan de trabajo, las multas a los partidos políticos que rebasaron los topes
de campaña en el pasado proceso electoral, y al pleito entre el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y la compañía AP
Publicidad.
A continuación, la entrevista íntegra
realizada por ZETA a
Jesús Alberto Muñetón Galaviz.
— ¿Cómo recibe el Instituto Estatal Electoral?
“Estamos haciendo ahorita una
verificación de toda la información y datos entregados por la anterior
administración, relacionados a recursos administrativos, humanos e inventario,
y todo lo estamos revisando para poder determinar cómo recibimos y lo que
tenemos en la institución”.
— ¿Podría describirnos su plan de
trabajo?
“A diferencia del pasado, estamos
planteando junto con los nuevos consejeros electorales un plan estratégico para
el ciclo 2012-2018, entre otras cosas estamos considerando algunas estrategias
que se irán implementando con el paso del tiempo, pero de entrada, vamos a
hacer una evaluación de nuestras capacidades y entraremos en una etapa de
modernización en la institución; porque tenemos retos muy importantes, y uno de
ellos es el 2015, relacionado a la etapa de empate de las elecciones federales
y estatales, y estamos previendo tener instrumentos y mecanismos viables y
eficientes que permitan a ciudadanos y partidos, tener información oportuna
sobre decisiones relacionadas a temas electorales”.
— En el pasado proceso electoral, algunos partidos fueron acreedores a
multas por haber rebasado el tope de campaña. ¿Cómo van los procesos legales?
“Todos los casos son asuntos juzgados,
la Comisión de Fiscalización el año pasado emitió dictámenes que conoció el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral sobre los proyectos de
resoluciones, y determinó sanciones a la mayoría de partidos políticos por las
irregularidades u observaciones no solventadas, respecto de informes de egresos
en las etapas de precampaña y campaña del periodo pasado”.
— ¿Cómo están siendo pagadas las multas?
“Ya se están haciendo las retenciones
correspondientes a cada partido, conforme lo ordena la Ley Electoral del
Estado, nosotros estamos facultados para hacer retenciones mensuales de esas
multas sobre las prerrogativas que les corresponden por Ley a cada partido,
según hayan pactado partidos y la Comisión de Administración”.
— En los últimos días ha sido evidente el cobro de adeudos de campaña del
pasado proceso electoral, concretamente de la compañía AP Publicidadcontra el Partido de la Revolución Democrática. ¿Ya han investigado lo
que realmente está pasado? ¿Cómo y cuándo Ustedes intervienen en un asunto de
este tipo, o de plano, no tienen facultades?
“Es muy
sencillo, para que nosotros podamos intervenir, debería de haber ya una
denuncia o queja a petición de la empresa de publicidad o del propio partido,
denunciando estas irregularidades. Nosotros creemos, y por la etapa que vemos,
es un asunto meramente mercantil en tanto la compañía requiere un pago, y por
lo tanto, existen los medios legales y jurídicos en materia de legislación
civil. Por lo tanto, el asunto tiene que ver con la presentación de pruebas en
las que una parte acredite que se debe ese recurso, y la otra se defienda o
acredite que existió la relación mercantil entre ambas partes”.
— Entonces, ¿no hay facultades?
“Nosotros,
lo que pudiéramos verificar en un momento dado, y derivado de esa denuncia,
sería ver si esa publicidad contratada está reportada dentro del informe o no,
aun y cuando el asunto haya causado estado o se haya cerrado el periodo de
revisión de los gastos de campaña. Y bueno, la Comisión de Fiscalización es la
que dictaminaría si procede o no una revisión más a fondo sobre esta
situación”.
— ¿Cómo va el proceso del empate de las elecciones federales y estatales
para el año 2015?
“Bueno, en el 2015 tendremos por
primera vez elecciones concurrentes, que son las que hemos visto en otras
entidades de México. Primeramente se tiene que celebrar un convenio de
colaboración con el Instituto Federal Electoral, y en el documento se
establecen muchas condiciones y reglas, entre las cuales ambas instituciones se
ponen de acuerdo sobre qué tipo de casillas van a instalar hasta el dedo que se
va a utilizar para marcar al elector entre una y otra instancia. Lo que estamos
haciendo en este momento es dar seguimiento al proceso electoral del 2012 para
poder estar en condiciones de analizar los escenarios que se hayan dado, y las
elecciones concurrentes que se van a celebrar este año en distintas entidades
del país; y posteriormente, ser consultores del Poder Legislativo sobre las
modificaciones de la Ley para la elección del 2015 y evitar lagunas en esta
materia”.
— Poco se ha hablado sobre el tema de la liquidación de los anteriores
consejeros electorales; dos liquidaciones de casi medio millón de pesos cada
una y una del millón es un tema que llama la atención, sobre todo por las
precarias condiciones económicas que prevalecen no sólo en el Instituto Estatal
Electoral, sino en la mayoría del país. Denos una explicación sobre este tema…
“Bien, terminaron su encargo tres
consejeros electorales, entre ellos la consejera presidenta. El reglamento
interior contempla una figura, que aunque no la define plenamente, se refiere
al término Haber
por Retiro. Bajo ese
término, la anterior presidenta propuso a la Comisión de Administración que
ella encabezaba, determinar la cantidad del pago Haber por Retiro, porque prácticamente estaban
terminando su encargo.
“En esa reunión de la comisión, se
aclaró que el resolver sobre el monto del pago, implicaba modificar una
disposición normativa, en cuanto a cómo se calcularía ese pago o liquidación.
Por tal motivo, la propia comisión de administración que la anterior presidenta
encabezó, tomó la decisión de llevarlo al Consejo General, y donde la entonces
presidente planteó, y así lo aprobaron los anteriores consejeros electorales
(todos salieron al mismo tiempo), el otorgamiento de tres meses de salario como
parte del cálculo, más un mes de salario por cada año de servicio prestado a la
institución.
“En el caso de Ana Ruth García Grande,
tenía 14 años y algunos meses en el Instituto, por lo que agarró un equivalente
a un millón de pesos, y en el caso de los consejeros electorales Martín
Florencio Aguilar Aguilar y José Luis Gracia Vidal, tenían seis años en el
cargo y alcanzaron a cobrar 450 mil pesos cada uno; todo derivado del cálculo
que hicieron los propios consejeros, y quienes determinaron auto-otorgarse la
liquidación que en total ascendió a 1.9 millones de pesos”.
LA JORNADA
Continúa
desaparecido el director de pesca del gobierno de BC
Encuentran cadáver de uno de los cinco náufragos del Mar de Cortés
Raymundo León
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 12 de marzo de 2012, p. 34
Lunes 12 de marzo de 2012, p. 34
La Paz, BCS,
11 de marzo. Una de las cinco personas que naufragaron el 28 de febrero en el
océano Pacífico –junto con dos que fueron rescatadas– fue encontrada muerta a
ocho millas náuticas de Puerto Nuevo, Baja California Sur, informó la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
La dependencia explicó que peritos de criminalística
se trasladaron al campo pesquero El Rincón, en la delegación de Bahía Tortugas,
municipio de Mulegé, donde identificaron el cadáver de Juan Carlos Ojeda, de 57
años de edad, originario de la Isla de Cedros, Baja California. El cuerpo fue
examinado a bordo de una embarcación de la Cooperativa Buzos y Pescadores,
cuyos tripulantes, Rodolfo Moreno y Aníbal Mendoza, recuperaron el cadáver.
El cuerpo fue identificado por Manuel Dueñas Tamayo,
de 49 años de edad, originario de Guaymas, Sonora, quien dijo que Ojeda era su
compadre.
Autoridades ministeriales locales ordenaron llevar el
cadáver al Servicio Médico Forense de Guerrero Negro, Baja California Sur.
Entre los náufragos que siguen desaparecidos está el
director de Pesca del gobierno de Baja California, Nemesio Murillo, además de
Ricardo Castro Villafuente, José Luis Castro Cervera, y Ramona Castro Villegas,
esposa de Ojeda Núñez. El grupo viajaba en la lancha Mako II de Punta Eugenia a Isla
de Cedros, para una reunión de trabajo de la Sociedad Cooperativa de Pesca de
Abulón.
(Con información de Antonio Heras, corresponsal)
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