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EL SUDCALIFORNIANO
03 de octubre de 2011
Evaluán a MP, PME y peritos
El Sudcaliforniano
3 de octubre de 2011
La Paz, Baja California Sur.- Agentes del Ministerio Público, Policías Ministeriales y Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado -46- activos, son sometidos a evaluación en habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial.
Como parte del cumplimiento al convenio de coordinación celebrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado con la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, la cual inicia hoy en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur.
De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la evaluación del desempeño con periodicidad de los integrantes de las instituciones, con el objetivo que se rijan por los principios de Legalidad, Objetividad, Eficiencia, Profesionalismo, Honradez y Respeto a los Derechos Humanos en el cumplimiento de su deber.
El área de comunicación social de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló que a estas evaluaciones serán sometidos 11 agentes del Ministerio Publico, 23 agentes de Investigación de la Policía Ministerial y 12 peritos, quienes deberán aprobar los procesos de evaluación del desempeño como requisito de permanencia en sus cargos.
Se considera que dichas evaluaciones servirán para detectar fortalezas y debilidades e impulsar la realización de cursos y capacitaciones para el personal de las tres áreas que integran la Procuraduría General de Justicia del Estado que son : Ministerios Públicos, Policía Ministerial y Servicios Periciales.
Las evaluaciones se efectuarán durante los días 3 y 4 de octubre de 2011 en la Casa Amarilla, de Ciudad Constitución.
En el 5 en la ciudad de Loreto, B.C.S., en lugar por confirmar y el 6 y 7 en las instalaciones del COBACH en Santa Rosalía, Baja California Sur.
Se estableció que la capacitación del personal será permanente, para garantizar el adecuado desempeño de sus funciones como servidores públicos, la semana pasada, fueron evaluados con el mismo objetivo 64 elementos de la zona sur de la entidad.
Como parte del cumplimiento al convenio de coordinación celebrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado con la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, la cual inicia hoy en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur.
De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la evaluación del desempeño con periodicidad de los integrantes de las instituciones, con el objetivo que se rijan por los principios de Legalidad, Objetividad, Eficiencia, Profesionalismo, Honradez y Respeto a los Derechos Humanos en el cumplimiento de su deber.
El área de comunicación social de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló que a estas evaluaciones serán sometidos 11 agentes del Ministerio Publico, 23 agentes de Investigación de la Policía Ministerial y 12 peritos, quienes deberán aprobar los procesos de evaluación del desempeño como requisito de permanencia en sus cargos.
Se considera que dichas evaluaciones servirán para detectar fortalezas y debilidades e impulsar la realización de cursos y capacitaciones para el personal de las tres áreas que integran la Procuraduría General de Justicia del Estado que son : Ministerios Públicos, Policía Ministerial y Servicios Periciales.
Las evaluaciones se efectuarán durante los días 3 y 4 de octubre de 2011 en la Casa Amarilla, de Ciudad Constitución.
En el 5 en la ciudad de Loreto, B.C.S., en lugar por confirmar y el 6 y 7 en las instalaciones del COBACH en Santa Rosalía, Baja California Sur.
Se estableció que la capacitación del personal será permanente, para garantizar el adecuado desempeño de sus funciones como servidores públicos, la semana pasada, fueron evaluados con el mismo objetivo 64 elementos de la zona sur de la entidad.
Detienen a español por homicidio culposo
El Sudcaliforniano
3 de octubre de 2011
La Paz, Baja California Sur.- Por causas desconocidas hasta el momento en un accidente automovilístico tipo atropellamiento murió la persona identificad con el nombre de Agustín Pablo Pascual, de 32 años de edad.
Para la investigación correspondiente fue detenido Félix Toquero Alonso, de 32 años de edad, de ocupación Ingeniero, originario de España.
El accidente automovilístico ocurrió a las 20:45 horas del día 30 de septiembre de 2011, en el kilómetro 28 + 53 del tramo carretero San Josè del Cabo-Cabo San Lucas, Baja California Sur, quedando pendiente el peritaje oficial correspondiente por parte de la Policía Federal Preventiva.
El presunto responsable fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, por parte de la Policía Ministerial del Estado.
Al lugar de los hechos se trasladó el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en turno, Policía Ministerial del Estado así como personal de la Subdirección de Servicios Periciales.
Corroborando lo anterior, teniendo a la vista sobre el carril de alta velocidad y con dirección al norte, un vehículo de la marca Dodge, línea Durango, tipo Vagoneta, modelo 2010, color rojo, con placas de circulación número 8472-AVB, con número de serie 1D4HB58248F117981.
A un costado del mismo, se pudo apreciar el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, tendido sobre la cinta asfáltica, vistiendo playera color azul marino, pantalón color beige, calcetines color grises y calzado color negro, portando en su espalda una mochila color rojo.
Siendo identificado por medio de una credencial del Instituto Federal Electoral (I.F.E.), la cual cuenta con fotografía al margen y coincide con la media filiación del hoy occiso, quien en vida respondía al nombre de Agustín Pablo Pascual, de 32 años de edad aproximadamente, con domicilio en Avenida de la Juventud, s/n, en la colonia El Arenal, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Dando fe ministerial el representante social, ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la Subprocuraduría, para la práctica de la necropsia de Ley.
Siendo las causas de su muerte: Traumatismo severo cerrado de tórax, dictamen del médico legista en turno.
Teniendo conocimiento un suboficial y capitán de la Policía Federal Preventiva cuyo nombre no fue oculto por la Policía Ministerial del Estado.
Manifestó en relación a los hechos, que al tratar de cruzar la cinta asfáltica, Agustín Pablo Pascual (occiso), por el Kilómetro 28+53 del tramo carretero antes mencionado, a la altura del puente denominado Costa Azul.
Intempestivamente fue arrollado por un vehículo de la marca Dodge, línea Durango, tipo Vagoneta, modelo 2010, color rojo, con placas de circulación número 8472-AVB, con número de serie 1D4HB58248F117981, el cual era conducido al momento del accidente, por Félix Toquero Alonso, de 32 años de edad, originario del país de España, con domicilio en el Residencial Villa del Tezal, número 89, en Cabo San Lucas, BCS., de ocupación ingeniero de la construcción.
Suscitándose de esta manera dicho accidente con los resultados antes descritos, quedando a cargo de elementos de esa corporación el conductor del vehículo, para posteriormente ser puesto a disposición ante la autoridad competente.
Quedando pendiente el peritaje oficial correspondiente, rendido por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva.
Para la investigación correspondiente fue detenido Félix Toquero Alonso, de 32 años de edad, de ocupación Ingeniero, originario de España.
El accidente automovilístico ocurrió a las 20:45 horas del día 30 de septiembre de 2011, en el kilómetro 28 + 53 del tramo carretero San Josè del Cabo-Cabo San Lucas, Baja California Sur, quedando pendiente el peritaje oficial correspondiente por parte de la Policía Federal Preventiva.
El presunto responsable fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, por parte de la Policía Ministerial del Estado.
Al lugar de los hechos se trasladó el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en turno, Policía Ministerial del Estado así como personal de la Subdirección de Servicios Periciales.
Corroborando lo anterior, teniendo a la vista sobre el carril de alta velocidad y con dirección al norte, un vehículo de la marca Dodge, línea Durango, tipo Vagoneta, modelo 2010, color rojo, con placas de circulación número 8472-AVB, con número de serie 1D4HB58248F117981.
A un costado del mismo, se pudo apreciar el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, tendido sobre la cinta asfáltica, vistiendo playera color azul marino, pantalón color beige, calcetines color grises y calzado color negro, portando en su espalda una mochila color rojo.
Siendo identificado por medio de una credencial del Instituto Federal Electoral (I.F.E.), la cual cuenta con fotografía al margen y coincide con la media filiación del hoy occiso, quien en vida respondía al nombre de Agustín Pablo Pascual, de 32 años de edad aproximadamente, con domicilio en Avenida de la Juventud, s/n, en la colonia El Arenal, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Dando fe ministerial el representante social, ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la Subprocuraduría, para la práctica de la necropsia de Ley.
Siendo las causas de su muerte: Traumatismo severo cerrado de tórax, dictamen del médico legista en turno.
Teniendo conocimiento un suboficial y capitán de la Policía Federal Preventiva cuyo nombre no fue oculto por la Policía Ministerial del Estado.
Manifestó en relación a los hechos, que al tratar de cruzar la cinta asfáltica, Agustín Pablo Pascual (occiso), por el Kilómetro 28+53 del tramo carretero antes mencionado, a la altura del puente denominado Costa Azul.
Intempestivamente fue arrollado por un vehículo de la marca Dodge, línea Durango, tipo Vagoneta, modelo 2010, color rojo, con placas de circulación número 8472-AVB, con número de serie 1D4HB58248F117981, el cual era conducido al momento del accidente, por Félix Toquero Alonso, de 32 años de edad, originario del país de España, con domicilio en el Residencial Villa del Tezal, número 89, en Cabo San Lucas, BCS., de ocupación ingeniero de la construcción.
Suscitándose de esta manera dicho accidente con los resultados antes descritos, quedando a cargo de elementos de esa corporación el conductor del vehículo, para posteriormente ser puesto a disposición ante la autoridad competente.
Quedando pendiente el peritaje oficial correspondiente, rendido por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva.
Se quedó con 50 mp de una cundina
El Sudcaliforniano
3 de octubre de 2011
La Paz, Baja California Sur.- Por haberse quedado con la cantidad de $50,000.00 pesos de una cundina que realizó. Marìa Luisa Flores Martínez, de 56 años de edad, fue aprehendida por elementos de la Policía Ministerial del Estado destacamentados en San José del Cabo, Baja California Sur, ejecutando orden de aprehensión en su contra girada por el juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Partido Judicial de los Cabos.
La mujer está relacionada como probable responsable en la comisión del delito de fraude específico, quedando a disposición del Juez de la causa en la cárcel pública de la colonia Los Cangrejos en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Siendo el día 25 de Mayo del 2010 se presentó ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador la denunciante para interponer denuncia en contra de la persona de nombre María Luisa Flores Martínez por el delito de Fraude específico.
Manifestando al respecto que siendo el día 15 de febrero del 2009, entró a una cundina con María Luisa Flores Martínez, por la cantidad de $50,000 mil pesos (cincuenta mil pesos).
Dando la cantidad de $2,500 pesos quincenalmente en 20 quincenas, también entró su esposo, su hijo, sus hermanos y una vecina, encargándose ella de recabar todas las quincenas de estas personas para poder darle el dinero a María Luisa Flores Martínez.
Es el caso, que al tocarle un número a ella le manifestó que mejor les diera todo el dinero junto en el mes de noviembre que terminaba la cundina ya que tenían planes de ir a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa de vacaciones.
No recibiendo ninguna respuesta de dicha persona, siendo la responsable de los hechos María Luisa Flores Martínez, originaria de Puerto Vallarta Jalisco, de ocupación comerciante y con domicilio en la calles de Agustín Torres Pico entre Eduardo Rodríguez y Margarito Sandez de la colonia Zacatal.
La mujer está relacionada como probable responsable en la comisión del delito de fraude específico, quedando a disposición del Juez de la causa en la cárcel pública de la colonia Los Cangrejos en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Siendo el día 25 de Mayo del 2010 se presentó ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador la denunciante para interponer denuncia en contra de la persona de nombre María Luisa Flores Martínez por el delito de Fraude específico.
Manifestando al respecto que siendo el día 15 de febrero del 2009, entró a una cundina con María Luisa Flores Martínez, por la cantidad de $50,000 mil pesos (cincuenta mil pesos).
Dando la cantidad de $2,500 pesos quincenalmente en 20 quincenas, también entró su esposo, su hijo, sus hermanos y una vecina, encargándose ella de recabar todas las quincenas de estas personas para poder darle el dinero a María Luisa Flores Martínez.
Es el caso, que al tocarle un número a ella le manifestó que mejor les diera todo el dinero junto en el mes de noviembre que terminaba la cundina ya que tenían planes de ir a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa de vacaciones.
No recibiendo ninguna respuesta de dicha persona, siendo la responsable de los hechos María Luisa Flores Martínez, originaria de Puerto Vallarta Jalisco, de ocupación comerciante y con domicilio en la calles de Agustín Torres Pico entre Eduardo Rodríguez y Margarito Sandez de la colonia Zacatal.
Auto de formal prisión a Bernabé A. López Tlache
El Sudcaliforniano
3 de octubre de 2011
Porfirio Sarabia Pacheco
La Paz, Baja California Sur.- El Juez Segundo de Primera Instancia del ramo penal de esta ciudad, dictó auto de formal procesamiento contra Bernabé Alejandro López Tlache, de 43 años de edad, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa.
Figura como persona agraviada Jorge Roberto Reynoso Monteverde, quien resultó lesionado de un balazo en el cuerpo, hechos ocurridos a finales del mes de agosto del año en curso.
El ahora procesado el día 30 del citado mes fue objeto de medida cautelar de arraigo por 30 días por su presunta responsabilidad por dicho delito.
El pasado 29 de septiembre de 2011 rindió su declaración preparatoria ante la citada autoridad, apegándose al artículo 20 Constitucional, es decir, no declaró.
El día Uno de octubre de 2011 el Juez de la causa dictó auto de formal prisión, quedando internado en el Centro de Reinserción Social -CERESO- sin derecho a obtener su libertad bajo caución, toda vez que el Código de Procedimientos Penales tipifica este delito como grave.
La Paz, Baja California Sur.- El Juez Segundo de Primera Instancia del ramo penal de esta ciudad, dictó auto de formal procesamiento contra Bernabé Alejandro López Tlache, de 43 años de edad, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa.
Figura como persona agraviada Jorge Roberto Reynoso Monteverde, quien resultó lesionado de un balazo en el cuerpo, hechos ocurridos a finales del mes de agosto del año en curso.
El ahora procesado el día 30 del citado mes fue objeto de medida cautelar de arraigo por 30 días por su presunta responsabilidad por dicho delito.
El pasado 29 de septiembre de 2011 rindió su declaración preparatoria ante la citada autoridad, apegándose al artículo 20 Constitucional, es decir, no declaró.
El día Uno de octubre de 2011 el Juez de la causa dictó auto de formal prisión, quedando internado en el Centro de Reinserción Social -CERESO- sin derecho a obtener su libertad bajo caución, toda vez que el Código de Procedimientos Penales tipifica este delito como grave.
Ingresan al CERESO a defraudador
Sergio Tomás Ortega Chaidez, de 39 años de edad, técnico en electrónica ingresó a la cárcel pública de Cabo San Lucas, B.C.S. / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
3 de octubre de 2011
Porfirio Sarabia Pacheco
La Paz, Baja California Sur.- Por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, personal de la Policía Ministerial del Estado de guardia adscrito a la Comandancia de Mandamientos Judiciales, con sede en Cabo San Lucas, Baja California Sur, ejecutó orden de aprehensión contra Sergio Tomás Ortega Chaidez, de 39 años de edad, de ocupación técnico en electrónica.
El juez de Primera Instancia del Ramo Penal de aquella ciudad ordenó su aprehensión declaró el licenciado Aarón Olachea Junior.
Ortega Chaidez, originario de esta ciudad capital, con domicilio en la calle Playa San Cristóbal, Manzana número 04, Lote número 14, en la colonia Pablo L. Martínez, quedó internado en la cárcel pública municipal de esa ciudad a disposición del Juez licenciado Francisco Efrén Cabrera Trillas.
De acuerdo a la causa penal número 103/2011 que se instruye en el citado juzgado y de la denuncia penal interpuesta ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en turno en fecha29 de abril de 2011 por la persona afectada.
Manifestó en relación a los hechos, ser propietaria de un bien inmueble ubicado en la colonia Pablo L. Martínez, en la ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, el cual refiere actualmente se encuentra en litigio mediante un juicio civil.
Sergio Tomás Ortega Chaidez, en algún momento acordó con la hoy denunciante para explotar el bien inmueble, dándole un giro comercial, pero a la hora de intentar la persona afectada de recuperar su predio, tuvo dificultades con el presunto responsable.
Percatándose que recientemente esta persona, sin derecho alguno, se había estado beneficiando económicamente con dicho inmueble, rentándolo a una tercera persona y lucrando así a su favor de forma indebida.
Optando por presentarse ante el representante social en turno, con la finalidad de exponer su caso; Derivándose de lo anterior, la orden de aprehensión en su contra.
La Paz, Baja California Sur.- Por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, personal de la Policía Ministerial del Estado de guardia adscrito a la Comandancia de Mandamientos Judiciales, con sede en Cabo San Lucas, Baja California Sur, ejecutó orden de aprehensión contra Sergio Tomás Ortega Chaidez, de 39 años de edad, de ocupación técnico en electrónica.
El juez de Primera Instancia del Ramo Penal de aquella ciudad ordenó su aprehensión declaró el licenciado Aarón Olachea Junior.
Ortega Chaidez, originario de esta ciudad capital, con domicilio en la calle Playa San Cristóbal, Manzana número 04, Lote número 14, en la colonia Pablo L. Martínez, quedó internado en la cárcel pública municipal de esa ciudad a disposición del Juez licenciado Francisco Efrén Cabrera Trillas.
De acuerdo a la causa penal número 103/2011 que se instruye en el citado juzgado y de la denuncia penal interpuesta ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en turno en fecha29 de abril de 2011 por la persona afectada.
Manifestó en relación a los hechos, ser propietaria de un bien inmueble ubicado en la colonia Pablo L. Martínez, en la ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, el cual refiere actualmente se encuentra en litigio mediante un juicio civil.
Sergio Tomás Ortega Chaidez, en algún momento acordó con la hoy denunciante para explotar el bien inmueble, dándole un giro comercial, pero a la hora de intentar la persona afectada de recuperar su predio, tuvo dificultades con el presunto responsable.
Percatándose que recientemente esta persona, sin derecho alguno, se había estado beneficiando económicamente con dicho inmueble, rentándolo a una tercera persona y lucrando así a su favor de forma indebida.
Optando por presentarse ante el representante social en turno, con la finalidad de exponer su caso; Derivándose de lo anterior, la orden de aprehensión en su contra.
Crisis de credibilidad en el TSJE
El Sudcaliforniano
3 de octubre de 2011
Porfrio Sarabia Pacheco
La Paz, Baja California Sur.- Ante la crisis de credibilidad y funcionalidad que acusa la Administración de Justicia en el Estado, es imperativo y urgente, que el gobernador de la entidad en el ejercicio de la facultad que le otorga a su investidura la fracción VII del artículo 79 Constitucional, proceda a la brevedad posible, a solicitar al Congreso del Estado, la destitución de los magistrados judiciales: Humberto Montiel Padilla y Rafael Siqueiros Flores, dada su manifiesta falta de probidad.
Atendiendo a su denuncia, el Congreso del Estado, ejerciendo la facultad que le consagra la fracción XXI del artículo 64 Constitucional, de manera sumaria, deberá resolver soberana y discrecionalmente respecto a la remoción de los referidos magistrados judiciales.
Entendiendo la probidad como rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad y honradez en el obrar.
Dijo que los recientes acontecimientos nos permiten comprobar la falta de probidad de los magistrados Humberto Montiel Padilla y Rafael Siqueiros Flores, quienes concluyeron el periodo de encargo público que les marca la Constitución estatal y, en lugar de retirarse con dignidad, se aferran a la ubre estatal, al togado y las canonjías que conlleva el cargo, para sostenerse en la nómina pública.
Expuso que tanto Montiel como Siqueiros, han recurrido a los tribunales federales, invocando a favor de sus particulares y poco éticos intereses, los vacíos y contradicciones que nuestra legislación estatal adolece.
Esto -dijo-, se traduce en una manifiesta falta de probidad. Es vergonzosa y vergonzante la manera en que éste par de malos servidores públicos utilizan las flaquezas de la estructura legal que regula su designación, para perpetuarse en el poder.
Es incuestionable que la crisis por la que pasa la administración pública estatal, derivada de la corrupción e incompetencia de quienes detentan la titularidad del encargo público, en un área tan delicada como la administración de justicia, ha llevado a la ciudadanía en general a sentir una enorme desconfianza por quienes enfrentan la tarea de resolver en la tribuna judicial aspectos tan importantes como la libertad y el patrimonio de quienes acuden en demanda de justicia.
De ahí que sea necesario, como valor fundamental que quien pretenda ejercer el encargo de magistrado judicial, nos demuestre ante todo, honestidad.
Entendemos que la honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa, lo que se dice, y lo que se hace.
Para ser honesto -apuntó Rubio Ruiz-, es importante ser sincero con uno mismo, fiel a la promesa hecha con las personas con quienes convivimos o tratamos.
Tener un comportamiento adecuado, correcto, justo y al margen de intereses mezquinos. La honestidad garantiza confianza, seguridad, responsabilidad, confidencia, lealtad y en una palabra, integridad.
Esta exigencia de honestidad debe quedar manifiesta desde el momento en que se hace la selección de candidatos a magistrados y debe sostenerse a lo largo del encargo.
Señaló el profesionalista, que vemos con indignación cómo éste par de malos servidores públicos, sin romper la ley, pero retorciendo su interpretación y, sobre todo, aprovechando en su exclusivo privilegio, pretenden perpetuarse en el poder.
Esto es: en lugar de cumplir la ley, en lugar de ser probos y actuando en consecuencia con el espíritu de la ley, de manera deshonesta, tuercen el sentido de la ley y, hacen actos de malabarismo jurídico, que sin ser ilegales.
Si resultan deshonestos, al ir contra el espíritu de la ley, cuya intención al marcar el máximo temporal de duración en el puesto, es evitar que se contamine la administración de justicia con la presencia prolongada e indeterminada de magistrados en el encargo.
Ya bastante daño ha hecho el tener una vitalicia en el cargo, para ahora sumarle al entretejido de corruptelas, estos dos empeñosos pretensos perpetuables.
Así, cuando un servidor público, no viola la ley, pero si trastoca el espíritu de la ley. No es ilícito lo que hace, pero si es deshonesto.
El mensaje subliminal es muy claro: "Yo puedo burlarme de la ley, sin que me atrapen".
Eso es deshonesto y, si son deshonestos en este postulado, evidentemente serán deshonestos al momento de administrar justicia.
Quien es deshonesto en lo poco, es deshonesto en lo mucho y, la práctica de retorcer el sentido de la ley y jugar con sus límites, en beneficio propio, tal y como hacen estos vivales, no se limitará a sostenerse en el encargo. Con el tiempo su deshonestidad se verá traducida en rapiña.
Por todo lo expuesto y fundado, es urgente que el gobernador del Estado, en el ejercicio de sus facultades, promueva ante el Congreso del Estado, la destitución de Siqueiros y Montiel, por su manifiesta falta de probidad.
A la instancia del ejecutivo, el legislativo deberá conformar una comisión investigadora, y de corroborar lo que ante todos nos resulta evidente, ejerciendo su soberana facultad, decretar la destitución de Siqueiros, Montiel por su evidente falta de probidad.
La decisión en tal sentido, asumida por el Congreso, sería inatacable. Ya es tiempo de limpiar la casa, puntualizó Arturo Rubio Ruiz.
La Paz, Baja California Sur.- Ante la crisis de credibilidad y funcionalidad que acusa la Administración de Justicia en el Estado, es imperativo y urgente, que el gobernador de la entidad en el ejercicio de la facultad que le otorga a su investidura la fracción VII del artículo 79 Constitucional, proceda a la brevedad posible, a solicitar al Congreso del Estado, la destitución de los magistrados judiciales: Humberto Montiel Padilla y Rafael Siqueiros Flores, dada su manifiesta falta de probidad.
Atendiendo a su denuncia, el Congreso del Estado, ejerciendo la facultad que le consagra la fracción XXI del artículo 64 Constitucional, de manera sumaria, deberá resolver soberana y discrecionalmente respecto a la remoción de los referidos magistrados judiciales.
Entendiendo la probidad como rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad y honradez en el obrar.
Dijo que los recientes acontecimientos nos permiten comprobar la falta de probidad de los magistrados Humberto Montiel Padilla y Rafael Siqueiros Flores, quienes concluyeron el periodo de encargo público que les marca la Constitución estatal y, en lugar de retirarse con dignidad, se aferran a la ubre estatal, al togado y las canonjías que conlleva el cargo, para sostenerse en la nómina pública.
Expuso que tanto Montiel como Siqueiros, han recurrido a los tribunales federales, invocando a favor de sus particulares y poco éticos intereses, los vacíos y contradicciones que nuestra legislación estatal adolece.
Esto -dijo-, se traduce en una manifiesta falta de probidad. Es vergonzosa y vergonzante la manera en que éste par de malos servidores públicos utilizan las flaquezas de la estructura legal que regula su designación, para perpetuarse en el poder.
Es incuestionable que la crisis por la que pasa la administración pública estatal, derivada de la corrupción e incompetencia de quienes detentan la titularidad del encargo público, en un área tan delicada como la administración de justicia, ha llevado a la ciudadanía en general a sentir una enorme desconfianza por quienes enfrentan la tarea de resolver en la tribuna judicial aspectos tan importantes como la libertad y el patrimonio de quienes acuden en demanda de justicia.
De ahí que sea necesario, como valor fundamental que quien pretenda ejercer el encargo de magistrado judicial, nos demuestre ante todo, honestidad.
Entendemos que la honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa, lo que se dice, y lo que se hace.
Para ser honesto -apuntó Rubio Ruiz-, es importante ser sincero con uno mismo, fiel a la promesa hecha con las personas con quienes convivimos o tratamos.
Tener un comportamiento adecuado, correcto, justo y al margen de intereses mezquinos. La honestidad garantiza confianza, seguridad, responsabilidad, confidencia, lealtad y en una palabra, integridad.
Esta exigencia de honestidad debe quedar manifiesta desde el momento en que se hace la selección de candidatos a magistrados y debe sostenerse a lo largo del encargo.
Señaló el profesionalista, que vemos con indignación cómo éste par de malos servidores públicos, sin romper la ley, pero retorciendo su interpretación y, sobre todo, aprovechando en su exclusivo privilegio, pretenden perpetuarse en el poder.
Esto es: en lugar de cumplir la ley, en lugar de ser probos y actuando en consecuencia con el espíritu de la ley, de manera deshonesta, tuercen el sentido de la ley y, hacen actos de malabarismo jurídico, que sin ser ilegales.
Si resultan deshonestos, al ir contra el espíritu de la ley, cuya intención al marcar el máximo temporal de duración en el puesto, es evitar que se contamine la administración de justicia con la presencia prolongada e indeterminada de magistrados en el encargo.
Ya bastante daño ha hecho el tener una vitalicia en el cargo, para ahora sumarle al entretejido de corruptelas, estos dos empeñosos pretensos perpetuables.
Así, cuando un servidor público, no viola la ley, pero si trastoca el espíritu de la ley. No es ilícito lo que hace, pero si es deshonesto.
El mensaje subliminal es muy claro: "Yo puedo burlarme de la ley, sin que me atrapen".
Eso es deshonesto y, si son deshonestos en este postulado, evidentemente serán deshonestos al momento de administrar justicia.
Quien es deshonesto en lo poco, es deshonesto en lo mucho y, la práctica de retorcer el sentido de la ley y jugar con sus límites, en beneficio propio, tal y como hacen estos vivales, no se limitará a sostenerse en el encargo. Con el tiempo su deshonestidad se verá traducida en rapiña.
Por todo lo expuesto y fundado, es urgente que el gobernador del Estado, en el ejercicio de sus facultades, promueva ante el Congreso del Estado, la destitución de Siqueiros y Montiel, por su manifiesta falta de probidad.
A la instancia del ejecutivo, el legislativo deberá conformar una comisión investigadora, y de corroborar lo que ante todos nos resulta evidente, ejerciendo su soberana facultad, decretar la destitución de Siqueiros, Montiel por su evidente falta de probidad.
La decisión en tal sentido, asumida por el Congreso, sería inatacable. Ya es tiempo de limpiar la casa, puntualizó Arturo Rubio Ruiz.
TRIBUNA
Evalúan a funcionarios de la Procuraduría zona Norte
En total, 46 elementos activos desde ministerios públicos, policías ministeriales y peritos de Comondú, Loreto y Mulegé, sujetos a su permanencia de acuerdo a resultados
Como parte del cumplimiento al convenio de coordinación celebrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, hoy se inicia en la evaluación en habilidades, destrezas y conocimiento de la función policial y de de-sempeño para 46 elementos en activos de la dependencia, en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, informó su titular Gamill Arreola Leal.
Afirmó que de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la evaluación del desempeño con periodicidad de los integrantes de las instituciones, con el objetivo que se rijan por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de su deber
El funcionario sostuvo que a estas evaluaciones serán sometidos once agentes del Ministerio Público, 23 agentes de Investigación de la Policía Ministerial y 12 peritos, quienes deberán aprobar los procesos de evaluación del desempeño como requisito de permanencia en sus cargos.
Así mismo, consideró que dichas evaluaciones servirán para detectar fortalezas y debilidades e impulsar la realización de cursos y capacitaciones para el personal de las tres áreas que integran la Procuraduría, como lo son Ministerios Públicos, Policía Ministerial y Servicios Periciales.
Las evaluaciones se efectuarán lunes y martes en la Casa Amarilla de Ciudad Constitución, el cinco de octubre en Loreto en lugar por confirmar y el 6 y 7 en las instalaciones del Cobach en Santa Rosalía.
Arreola Leal reiteró que la capacitación del personal será permanente para garantizar el adecuado desempeño de sus funciones como servidores públicos y agregó que la semana recién concluida, fueron evaluados con el mismo objetivo 64 elementos de la zona Sur de la entidad.
Orden de aprehensión contra técnico por rentar propiedad ajena
Cabo San Lucas.
Manuel Espinoza
Manuel Espinoza
Sujeto de 39 años de edad ingresó a la cárcel pública de Cabo San Lucas, a disposición del Juzgado Primero Penal
Elementos de la Policía Ministerial del Cabo San Lucas, ejecutaron orden de aprehensión contra un técnico en electrónica, por figurar como presunto responsable del delito de fraude específico, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El detenido fue identificado como Sergio Tomás Ortega de 39 años de edad, originario de Mazatlán, Sinaloa, con domicilio en el lote 14 de la manzana 4, sobre calle Playa San Cristóbal en la colonia Pablo L. Martínez, en San José del Cabo, mismo que se encuentra relacionado con el proceso penal de fecha 29 de septiembre del presente año, quedando en la cárcel pública de Cabo San Lucas.
Fue el pasado 29 de abril del 2011, cuando ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, se presentó la persona afectada para denunciar el delito de fraude cometido en su contra por Sergio Tomás Ortega, manifestando que había realizado un acuerdo con esta persona, para que rentara una propiedad que tiene en la colonia Pablo L. Martínez, donde el ahora detenido puso un establecimiento comercial.
Sin embargo, cuando la persona afectada intentó recuperar su predio, tuvo dificultades con la otra persona quien había rentado parte del predio obteniendo un lucro sin conocimiento de la denunciante, motivo por el cual se le giró la orden de aprehensión.
Asaltan violentamente a ciudadano cerca del Palacio Municipal de La Paz
La Paz.
Manuel Espinoza
Manuel Espinoza
Tres sujetos lo despojaron de dinero y teléfono celular, pero la policía detuvo a dos, huyendo extrañamente el que llevaba el dinero
En los primeros minutos de ayer, un ciudadano fue asaltado de manera violenta por tres sujetos que lo interceptaron cuando caminaba cerca del edificio del Ayuntamiento, quienes le quitaron dinero y un celular, afortunadamente pasaba por el lugar una patrulla de la Policía Municipal, cuyos ocupantes auxiliaron al afectado y lograron la captura de dos de los sospechosos recuperando el teléfono celular, pues coincidentemente, la persona que logró huir se llevó el efectivo.
La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, informó que siendo las 00:40 horas de ayer, se recibió a través del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4), una llamada de alerta por un asalto violento que se acababa de registrar por avenida Los Deportistas y bulevar Colosio, acudiendo al lugar una patrulla con varios agentes que se entrevistaron con el afectado.
La persona del sexo masculino dijo haber sido interceptado por tres sujetos que lo agredieron físicamente para luego despojarlo de su teléfono celular marca Sony Ericsson y mil 600 pesos en efectivo, para luego los delincuentes darse a la fuga corriendo sobre el bulevar Colosio, hacia la avenida Forjadores.
Al ‘peinar’ la zona, los agentes ubicaron en las calles de San Juan de los Planes y Todos Santos, del fraccionamiento Bellavista, a dos personas con características similares a las reportadas, siendo detenidas y llevadas ante el afectado que los reconoció como quienes momentos antes lo habían asaltado, lográndose la recuperación del teléfono celular, sin embargo, no ocurrió lo mismo con el dinero, pues según los detenidos, el cómplice que huyó lo llevaba consigo.
Los detenidos dijeron llamarse José Gerardo y Raúl Alfredo, de 20 y 17 años de edad, respectivamente, el primero originario del Distrito Federal y el segundo de esta ciudad capital, ambos con domicilio en la colonia 8 de Octubre, quedando a disposición de la superioridad a la espera de ser turnados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, pues la persona afectada aseguró que levantaría denuncia penal por los hechos ocurridos.
Urge reforzar medidas preventivas en seguridad pública: ciudadanos
San José del Cabo.
Gustavo Cruz Onofre
Gustavo Cruz Onofre
Residentes de la cabecera municipal señalaron que en las colonias en donde radican, constantes han sido los robos a casa habitación, mencionaron que urge la búsqueda de recursos para conseguir más patrullas y los policías realicen recorridos de vigilancia.
En días anteriores, habitantes de la colonia Magisterial acudieron a Tribuna para denunciar que en su colonia constantes han sido los robos que se han registrado en los últimos meses, los habitantes indican que en muchas colonias han observado la falta de rondines preventivos por parte de la Policía Municipal, además los ciudadanos indican que se deben buscar los recursos para un mayor número de patrullas.
Los habitantes de la colonia Magisterial evidenciaron el ineficaz trabajo de la Policía Municipal y de la PGJE, denunciando cerca de 15 asaltos a casa habitación en menos de dos meses. Ante estas declaraciones, este medio informativo cuestionó a algunos ciudadanos de la cabecera municipal sobre este tema.
La respuesta de los ciudadanos confirmó que en diversas colonias de la demarcación constantes han sido los robos, indicaron que sin duda hacen falta más patrullas para que los uniformados puedan realizar recorridos preventivos de vigilancia y que los efectivos de la Policía Municipal sean fieles a su uniforme. Estas son las opiniones:
Héctor Castillo
En la zona Norte no se ve la falta de Seguridad Pública, en Santiago, en el área cercana a la sierra hay mucha tranquilidad
En la zona Norte no se ve la falta de Seguridad Pública, en Santiago, en el área cercana a la sierra hay mucha tranquilidad
Luis Martínez, empleado.
En lo personal, vivimos en el centro, todo está bien, por ser un destino turístico se deben reforzar algunas colonias, sabemos que acá estamos por el turismo, sería una buena idea.
En lo personal, vivimos en el centro, todo está bien, por ser un destino turístico se deben reforzar algunas colonias, sabemos que acá estamos por el turismo, sería una buena idea.
Mario Drew, maestro.
Donde vivo yo está tranquilo, en otras partes habrá delincuencia, vivo en Villas de Cortez, todo el tiempo ha hecho falta que se refuercen las medidas de seguridad pública.
Donde vivo yo está tranquilo, en otras partes habrá delincuencia, vivo en Villas de Cortez, todo el tiempo ha hecho falta que se refuercen las medidas de seguridad pública.
Óscar Iván, empleado.
En Santa Rosa yo no he sido víctima de asaltos pero sí creo que se ha visto la delincuencia, por el destino y la cabecera municipal se deben reforzar las medidas de seguridad.
En Santa Rosa yo no he sido víctima de asaltos pero sí creo que se ha visto la delincuencia, por el destino y la cabecera municipal se deben reforzar las medidas de seguridad.
Sergio Cota,
En Colinas Plus es muy tranquilo, sí se ven las patrullas, aunque últimamente si hemos sido testigos de robos a casa habitación con los vecinos en pleno día, entonces sí es cierto que hay pocas patrullas, hay muchas casas solas, claro que se debe reforzar la vigilancia
En Colinas Plus es muy tranquilo, sí se ven las patrullas, aunque últimamente si hemos sido testigos de robos a casa habitación con los vecinos en pleno día, entonces sí es cierto que hay pocas patrullas, hay muchas casas solas, claro que se debe reforzar la vigilancia
Omar Montaño, estudiante.
Hacen falta unidades para combatir la delincuencia, faltan muchas cosas en el Gobierno, en San José Viejo roban en muchas casas, hay muchos malandros, sobre todo por la colindancia con el predio “La Ballena”, faltan unidades y que los policías sean fieles.
Hacen falta unidades para combatir la delincuencia, faltan muchas cosas en el Gobierno, en San José Viejo roban en muchas casas, hay muchos malandros, sobre todo por la colindancia con el predio “La Ballena”, faltan unidades y que los policías sean fieles.
Jorge Pánuco, maestro.
He escuchado de los asaltos, los residentes salen a trabajar, regresan y ya no encuentran sus pertenencias; en materia de seguridad pública la prevención es muy importante, en Villas de Cortez hay muchas casas abandonadas porque los dueños no lograron pagar las mensualidades, ahí se junta el vandalismo, hay drogadicción.
He escuchado de los asaltos, los residentes salen a trabajar, regresan y ya no encuentran sus pertenencias; en materia de seguridad pública la prevención es muy importante, en Villas de Cortez hay muchas casas abandonadas porque los dueños no lograron pagar las mensualidades, ahí se junta el vandalismo, hay drogadicción.
Localizan autoridades tres autos robados; el mes pasado se recuperaron más de 50
La Paz.
Manuel Espinoza
Manuel Espinoza
Una de las unidades fue hallada sobre la brecha conocida como Las Torres, y le habían quitado llantas, estéreo y acumulador; también acuden los agentes para atender incendio de un vehículo
Seguridad Pública Estatal y Municipal, lograron la recuperación de cinco vehículos con reporte de robo, uno de ellos en la colonia El Dorado, otro por la Lázaro Cárdenas y otro más en la brecha Las Torres; también acuden para atender el reporte de un incendio de vehículo.
De acuerdo con la información proporcionada por Seguridad Pública Municipal, un automóvil Honda Civic de color guinda, modelo 1991, placas 898-PMN-1, propiedad de Apolonia Torres, fue localizado abandonado en las calles de Bronce, entre Oro y Cobre en la colonia El Dorado. Asimismo, un Nissan Tsuru de color blanco, modelo 1988, fue ubicado en las mismas condiciones por la calle Josefa Ortíz de Domínguez y Norte.
Un tercer vehículo fue encontrado sobre la brecha conocida como Las Torres, tratándose de un automóvil Honda Civic de color gris, modelo 1988, placas 562-PMW-3, el cual fue localizado por los ocupantes de la patrulla SP-80, quienes al revisar los archivos se percataron que la unidad todavía no contaba con reporte de robo.
Sin embargo, fue ubicada su propietaria de nombre Berenice, estudiante de 23 años de edad, quien acudió al lugar para hacerse cargo de su vehículo al que le habían quitado las cuatro llantas, el autoestéreo, acumulador y otros accesorios.
Finalmente, se informa que siendo las 04:45 horas de ayer, se reportó el incendio de un vehículo en las calles de Mar Mediterráneo y Mangle, en la colonia Esperanza, tratándose de un pick-up Toyota de color azul, placas ZNC-9887, acudiendo los bomberos para sofocar el siniestro que dejó pérdidas materiales totales, manifestando el propietario que desconocía las causas que originaron el fuego en su unidad.
Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública informó que en recorridos por colonias de esta ciudad capital, elementos adscritos a la Unidad de Reacción Inmediata, lograron la recuperación de dos vehículos con reporte de robo, uno de ellos en las inmediaciones de las calles Sonora y callejón de Ugarte de la colonia Benito Juárez, donde tuvieron a la vista un vehículo de la marca Nissan línea Áltima, color gris, modelo 1995, con placas de circulación 470-PMR-4, el cual se encontraba en calidad de abandono, mismo que había sido robado el pasado 30 de septiembre.
En una segunda acción, policías estatales lograron la recuperación de un vehículo de la marca Honda Accord, modelo 1993, color verde obscuro, sin placas de circulación, mismo que se encontraba por las calles Santos Degollado entre Emiliano Zapata y Callejón Juan de Ugarte, de la colonia Vicente Guerrero y tuvieron a la vista el citado vehículo, mismo que momentos antes había sido reportado como robado al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).
Beben más las mujeres que los hombres en BCS
La Paz
Agencia Reforma
Agencia Reforma
Diariamente las mujeres consumen más alcohol que los hombres en Baja California Sur, según reveló una encuesta nacional sobre adicciones del sector salud.
La Secretaría de Salud de dicha entidad informó que se encontró que alarmantemente el consumo diario de alcohol en mujeres sudcalifornianas está por encima de la media nacional.
Además crece de manera pronunciada en cuanto al consumo alto, para convertirse en consumo consuetudinario y dependiente.
La Secretaría de Salud destaca que los datos más recientes y reveladores son los de la Encuesta Nacional sobre Adicciones del 2008, donde se tomó una muestra estatal de mil 584 viviendas. A nivel nacional se encuestaron habitantes de 50 mil 688 viviendas.
De acuerdo con el estudio, el consumo de alcohol diario en hombres de Baja California Sur es de 0.5 por ciento, por debajo del promedio nacional, en tanto que en mujeres es de 0.7 por ciento, por encima del promedio nacional.
Los datos también revelan que el abuso/dependencia del alcohol en mujeres es del 2.1 por ciento, mayor que el promedio nacional y que este abuso es proporcional en los cinco municipios Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos.
Helena Castro Terrazas, directora del Programa Estatal de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, manifestó que actualmente se atiende a alrededor de mil personas con cursos y talleres y se les da atención múltiple contra las adicciones.
“En los cinco municipios de Baja California Sur es prioritaria la atención a este problema de consumo” indicó Castro.
La prevención requiere de mayores esfuerzos, con atención especial a la población infantil.
En cuanto al consumo de tabaco, en Baja California Sur al 2008 había cerca de 85 mil fumadores, lo que constituye un 24.6 por ciento de fumadores activos, esto es un porcentaje por arriba de la media nacional.
La edad en que los sudcalifornianos empezaron a fumar es en promedio 17 años.
Existe también un 59.6 por ciento de la población, esto es alrededor de 207 mil personas, que nunca han fumado, sin embargo en un 55 por ciento afirman estar expuestas al humo del tabaco.
Navajean a vecino que estaba frente a su domicilio en La Paz
La Paz.
Manuel Espinoza
Manuel Espinoza
Con herida en el tórax, el afectado fue llevado a la clínica del Seguro Social donde quedó internado
Con herida de tres centímetros en el tórax lado izquierdo, resultó vecino de la colonia Solidaridad, tras ser agredido por un desconocido que tras el ataque se dio a la fuga, acudiendo al lugar una ambulancia para trasladar al afectado a la clínica del Seguro Social.
El herido de nombre Misael Miranda Maldonado, de 26 años de edad, presentó una herida producida por arma punzocortante en el lado izquierdo del tórax, lesión que de no atenderse a tiempo, puede tardar en sanar más de quince días y sí pone en riesgo la vida, afortunadamente fue atendido y se reporta estable.
Los hechos se registraron a las 05:40 horas de ayer, cuando el ahora lesionado se encontraba sentado fuera de su domicilio de la colonia antes mencionada, hasta donde llegó una persona del sexo masculino, quien sin mediar palabra se le fue encima y tras lanzarle varios golpes con las manos, sacó de entre sus ropas una navaja con la cual provocó la herida al afectado.
Fue a través del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4), como se alertó de los hechos a las autoridades, acudiendo al lugar la unidad oficial SP-37, y una ambulancia de Protección Civil, cuyos paramédicos tras la valoración primaria del afectado, lo trasladaron al centro médico donde quedaría bajo observación.
Asaltan minisúper Vista Cerralvo y se llevan botín de 720 pesos
La Paz.
Manuel Espinoza
Manuel Espinoza
Dos tipos armados con pistolas tipo escuadras amagaron a propietaria y empleado, escapando por la parte trasera del negocio, sin ser detenidos por las autoridades
Al grito de “esto es un asalto”, propietaria y empleado del minisúper Vista Cerralvo, fueron amenazados por dos individuos armados con pistolas tipo escuadra al parecer nueve milímetros y tras inmovilizarlos, huyeron del lugar llevándose un botín de 720 pesos.
Los hechos ocurrieron a las 10:30 horas del pasado sábado, en dicho negocio ubicado a un costado de la carretera federal La Paz a San Pedro, específicamente a la altura de la colonia Ayuntamiento, hasta donde acudieron varias patrullas con elementos de la Policía Municipal, Ministerial y Estatal Preventiva, quienes se entrevistaron con los afectados.
La dueña del lugar de nombre Sandra Luz, manifestó a las autoridades que estando tras el mostrador de la tienda, llegaron dos sujetos, ambos con pantalón de mezclilla color azul, uno robusto con camisa del mismo color y cubierto la cara con pasamontañas, el otro más delgado de camisa gris, con un pañuelo en la cara, quienes le apuntaron con las armas a ella y su trabador de nombre Jeremías, ordenándoles fueran al fondo de la tienda.
Luego de tomar el dinero que había en la caja registradora, salieron por la parte posterior del negocio para luego brincar la barda dándose a la fuga con rumbo desconocido por lo que no fueron detenidos.
El director operativo de Seguridad Pública, David Castro, informó que los ladrones no se habían llevado nada, que se trató de un intento de asalto, lo que se contradice con lo expresado por la propietaria del negocio y cuya versión obra en el parte informativo rendido ante la superioridad, por los agentes que atendieron el reporte.
Tres personas lesionadas tras ser atropelladas
La Paz.
Manuel Espinoza
Manuel Espinoza
Una mujer de 60 años y dos niños de dos y cuatro años de edad fueron canalizados a centros médicos de la ciudad capital donde fueron atendidos de sus lesiones
Una persona adulta y dos infantes ingresaron a centros médicos de la ciudad, presentando diferentes lesiones resultado de accidentes de tránsito tipo atropellamiento, quedando dos de ellos bajo cuidados médicos a la espera de exámenes de gabinete para establecer un diagnóstico más acertado sobre su estado de salud.
Uno de los percances ocurrió en el cruce de las calles Isabel La Católica e Ignacio Allende, participando una vagoneta Lincoln Aviator modelo 2003, color blanca perla, placas 764-PMW-9, manejada por Ricardo Aguilar Valdivia, de 37 años de edad, mientras que la persona atropellada resultó ser Alma Consuelo Osuna Cota, de 60 años de edad, quien fue trasladad por la Cruz Roja Mexicana a la clínica del Issste, donde fue diagnosticada por dolor en rodilla derecha, edemas, probable esguince cervical, excoriaciones en cara interna y rodilla derecha, por lo que quedó internada.
Y por la calle Artículo 115, entre Calixto y Salmón, colonia Diana Laura, una vagoneta Isuzu Rodeo modelo 1992 de color azul, placas 338-PMX-2, manejada por Julio César Albáñez Sepúlveda, atropelló al menor Francisco Javier de cuatro años de edad, el cual fue canalizado al Hospital General Juan María de Salvatierra, no informándose la naturaleza de sus lesiones, sólo que quedó bajo observación médica.
Finalmente, se supo que en las calles de Villa Leticia, entre Villa Nahomi y Villa Natalia, en el fraccionamiento Villas del Encanto, la menor de nombre Valeria, de dos años de edad, resultó lesionada, tras ser atropellada por un vehículo Volkswagen, el cual era conducido por su abuelo. La infante al parecer jugaba en la parte trasera de la unidad, por lo que el conductor no se percató y ocurrió el percance. En este caso, tampoco se informó de la gravedad de las lesiones.
Conductores ebrios provocan choques; saldo 7 heridos
La Paz.
Manuel Espinoza
Manuel Espinoza
Los afectados fueron trasladados a la clínica del Seguro Social donde algunos quedaron internados bajo observación médica, a la espera de ser sometidos a estudios de gabinete
A la clínica del Seguro Social ingresaron siete personas lesionadas, producto de dos aparatosos accidentes de tránsito tipo choque, ocurridos uno sobre la carretera a Pichilingue y otro más, en el cruce de los bulevares Forjadores y 5 de Febrero, detalló en su información, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
Fue a las 23:00 horas del pasado sábado cuando se tuvo conocimiento de un accidente en Forjadores y 5 de Febrero, donde los dos conductores participantes no respetaron la luz roja del semáforo además de encontrarse en estado de ebriedad. El primer vehículo fue un automóvil Ford modelo 1990 de color blanco, placas CZL-2225, conducido por Mario Alberto Martínez, resultando lesionado, por lo que fue llevado a la clínica del Seguro Social quedó internado bajo pronósticos reservado de lesiones.
La segunda unidad fue una vagoneta Isuzu modelo 1995 color rojo, placas 310-PMR-5, manejada por José Marino Rodríguez, de 21 años de edad, mismo que también resultara lesionado, presentando herida cortante de diez centímetros en región frontal lado izquierdo, asimismo, sus acompañantes, Karen Nayeli Núñez Ceseña de 19 años de edad, que fue llevada al Hospital General Juan María de Salvatierra de donde fue dada de alta tras su valoración, Edelmira Mendoza, de 23 años que fue canalizada a la clínica del Issste.
De igual forma, el menor Jesús Alejandro Rodríguez, de 17 años de edad, atendido en el Seguro Social, estos casos, las lesiones no fueron de peligro y se les dio de alta minutos después.
Antes, a la altura del kilómetro 7.5 de la carretera La Paz a Pichilingue, un automóvil Toyota Celica de color gris, modelo 1995, placas 537-PMX-5, conducido por Arturo Díaz Bonilla de 32 años de edad, se impactó contra varias palmeras de ornato y un señalamiento vial, resultando lesionado junto con su acompañante de nombre Juan Ángel Cota de 19 años de edad, siendo trasladado el segundo, a la clínica del Seguro Social donde quedó internado.
Fue a las 23:00 horas del pasado sábado cuando se tuvo conocimiento de un accidente en Forjadores y 5 de Febrero, donde los dos conductores participantes no respetaron la luz roja del semáforo además de encontrarse en estado de ebriedad. El primer vehículo fue un automóvil Ford modelo 1990 de color blanco, placas CZL-2225, conducido por Mario Alberto Martínez, resultando lesionado, por lo que fue llevado a la clínica del Seguro Social quedó internado bajo pronósticos reservado de lesiones.
La segunda unidad fue una vagoneta Isuzu modelo 1995 color rojo, placas 310-PMR-5, manejada por José Marino Rodríguez, de 21 años de edad, mismo que también resultara lesionado, presentando herida cortante de diez centímetros en región frontal lado izquierdo, asimismo, sus acompañantes, Karen Nayeli Núñez Ceseña de 19 años de edad, que fue llevada al Hospital General Juan María de Salvatierra de donde fue dada de alta tras su valoración, Edelmira Mendoza, de 23 años que fue canalizada a la clínica del Issste.
De igual forma, el menor Jesús Alejandro Rodríguez, de 17 años de edad, atendido en el Seguro Social, estos casos, las lesiones no fueron de peligro y se les dio de alta minutos después.
Antes, a la altura del kilómetro 7.5 de la carretera La Paz a Pichilingue, un automóvil Toyota Celica de color gris, modelo 1995, placas 537-PMX-5, conducido por Arturo Díaz Bonilla de 32 años de edad, se impactó contra varias palmeras de ornato y un señalamiento vial, resultando lesionado junto con su acompañante de nombre Juan Ángel Cota de 19 años de edad, siendo trasladado el segundo, a la clínica del Seguro Social donde quedó internado.
Admite Elizárraras que su marido trabaja como su asistente
La Paz.
Elvira Vargas
Elvira Vargas
Tras argumentar que lo hace por “seguridad”, afirmó la legisladora del PRI que también es sindicado del Ayuntamiento de Mulegé
La diputada de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sandra Luz Elizárraras, admitió que su esposo quien a la vez tiene una plaza en el Ayuntamiento de Mulegé, forma parte de la nómina del Congreso del Estado al fungir como su asistente.
Cuestionada sobre reacciones que generó una nota sobre posibles prácticas de nepotismo que aún no han sido confirmadas en el Congreso del Estado, debido a la falta de información en ese sentido y con el que se atenta contra la tan pregonada transparencia de la XIII Legislatura, la legisladora aceptó que se encuentra en esta situación.
Y coincidió con la diputada Edith Aguilar Villavicencio de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al manifestar que como representantes de Mulegé tienen que recorrer largas distancias varias veces por semana para atender la agenda legislativa, “de manera que se ven en la necesidad de tener gente de confianza como en este caso es su marido”.
“Como somos foráneas y nos la vivimos casi dos días en carretera, debemos tener personas que nos brinden seguridad. Y sí es real, mi esposo trabaja también para el Ayuntamiento”, dijo.
Sobre las acusaciones que se hicieron llegar a la redacción de este periódico respecto a que su esposo no devengaba su sueldo en alguno de sus dos trabajos sostuvo que lo hace con permiso de sus jefes.
PENINSULAR DIGITAL
Al 100% el Centro de Control y Confianza estatal. “Sólo necesita la certificación federal”
Tras afirmar que mandos municipales y del estado serán evaluados de forma local en este centro de control y confianza, el titular de la SSPE Alvaro de La Peña señaló que dicho centro se encuentra en proceso de alineación con los estándares federales para este tipo de exámenes.
El Centro de Estatal de Confianza se encuentra al 100% de su capacidad para trabajar, y en los próximos meses podrá evaluar a todos los miembros de las corporaciones del estado, pero aún se encuentra en proceso de ser certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Álvaro de la Peña.
Tras afirmar que mandos municipales y del estado serán evaluados de forma local en este centro de control y confianza, el titular de la SSPE señaló que dicho centro se encuentra en proceso de alineación con los estándares federales para este tipo de exámenes.
Aclaró que este centro no es nuevo, sino que se trabaja en terminar de equipar el que fue construido antes en las instalaciones de la SSPE.
Inmueble que tuvo una inversión de 26 millones de pesos en el sexenio pasado para construcción y equipamiento aun requería de un extra para poder certificarse ante el SNSP.
“Estuvimos trabajando en la compra de nueva tecnología” dijo de la Peña quien aseguró que ya se encuentra trabajando al cien por ciento “esta totalmente terminado y trabajando con toda la eficiencia para tener la capacidad de evaluar a todos los policías del estado”.
Los mandos municipales serán evaluados por este centro de control y confianza pero ni entonces ni ahora que fueron elaborados por agencias en el centro de la república dijo, su secretaría no cuenta con resultados de mandos policiales de los municipios.
“Quien tiene acceso a estos resultados y quien puede tomar decisiones ejecutivas en torno a lo que le recomiendan estas agencias es el jefe superior inmediato, el presidente municipal, a quien le toca tomar la decisión ejecutiva en este caso” afirmó.
ZETA
Puro Valor Sudcaliforniano
María Helena Hernández de Covarrubias desde el DIF
En compañía de Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional y del gobernador Marcos Covarrubias, la primera dama del estado presentó un programa para combatir el deterioro social de Baja California Sur.
Alejandro Acuña
Ante el severo deterioro y descomposición social que se vive en Baja California Sur, dadas las condiciones de crecimiento desmedido, así como la pérdida de los valores humanos, se presentó el programa Valor Sudcaliforniano, que busca fortalecer la unión y comunicación familiar, teniendo como eje central una coordinación entre niveles de gobierno, organizaciones y sectores religiosos, para mitigar de forma certera los problemas que más agravan el núcleo de la familia; como son la violencia, el suicidio, el alto índice de accidentes por consumo de alcohol, drogadicción, alcoholismo y obesidad infantil, entre otros.
La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Margarita Zavala de Calderón, visitó Baja California Sur para tomar protesta a María Helena Hernández de Covarrubias, titular de DIF Estatal, ante la presencia de su esposo, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor.
En ese marco, ZETA entrevistó a la primera dama de Baja California Sur.
— ¿Cómo nace la idea del programa Valor Sudcaliforniano?
“Surge a raíz tanto de que Marcos Covarrubias, como una servidora, somos padres de familia, y vemos con mucha importancia el que cada quien nos hagamos responsables de lo que es más importante en nuestra sociedad, que es nuestra familia. Como padres de familia tenemos que actuar y no dejarle las cosas al gobierno, llámese federal, estatal o municipal; si bien es cierto ahorita tenemos un cargo, lo tiene mi marido, yo estoy como voluntaria, en cuatro años va a dejar de ser gobernador, pero padre de familia lo seguirá siendo siempre.
“Nos quejamos de la descomposición social y qué hacemos para no llegar a tal, a tanta descomposición, ¿qué hacemos para revertir estos índices que nos asustan en México? Qué hacemos para decir ya es un ‘hasta aquí’”.
— ¿Considera que la pérdida de valores genera los focos rojos de esa descomposición social?
“Principalmente, y por eso se denomina Valor Sudcaliforniano, porque se han olvidado los valores, no decimos en ningún momento que se han perdido, yo creo que la pérdida sí sería algo muy lamentable, se han olvidado, nos hemos olvidado nosotros los padres de familia de fomentarlos en nuestros hijos, de con el ejemplo educarlos. Nos hemos olvidado del respeto al mayor, el respeto a lo ajeno, el respeto de la persona que vive frente a mi casa. Bien lo decía la señora Margarita el día que estuvo en nuestro arranque: ‘Yo tengo un tambor, está en mi recámara, pero porque tengo ganas de tocarlo a las dos de la mañana, eso no me da derecho; tengo que respetar el entorno en el que estoy’”.
— ¿Cuál es el diagnóstico de la descomposición que Ustedes tienen en Baja California Sur?
“Por la cantidad de habitantes es preocupante, 40 mil niños, entre niños y niñas obesos, y aparte de que están obesos están desnutridos, eso es muy preocupante porque daña su salud, daña a los padres de familia, la economía. Estamos hablando que se ve la diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades que antes no tenían los niños, y ahorita los tenemos que combatir con medicamentos. La medicina preventiva siempre va a ser la más económica, la más barata. En suicidio estamos entre los tres primeros lugares en el país, principalmente en Cabo San Lucas, estamos hablando también de la violencia intrafamiliar, cada vez es más común, debido a la pérdida de valores lo vemos como normal que se le golpee a un niño, a una mujer o a un adulto mayor. He recorrido los tres asilos de ancianos que tenemos en el estado, y curiosamente hay abuelitos que tienen familia, pero están abandonados, están solos y eso es triste, eso es violencia”.
— ¿Hicieron algún estudio previo para la ejecución de Valor Sudcaliforniano?
“Este programa no nace así porque se nos antojó, previo a esto se han hecho estudios, se siguen haciendo y se seguirán haciendo estudios en la marcha, estamos hablando que nuestro estado es muy largo, es muy extenso, es ancho y también tenemos comunidades con distintas problemáticas. Hablando de Valle del Vizcaíno, tenemos migrantes ahí, tenemos niños trabajadores del campo, no es lo mismo que un problema de alcoholismo de drogadicción que tenemos en Cabo San Lucas, tenemos que estar trabajando de distintas formas en todo lo largo y ancho del estado; y sí, sí se siguen haciendo estudios”.
— ¿Algunos casos que le hayan sorprendido? ¿Conoce Usted el caso del joven que acribilló a su padre defendiendo a su madre y hoy está en la cárcel?
“Si puedo contestar como María Helena, te voy a ser muy sincera. Estábamos en una plática con mi esposo, con Marcos y él me decía, ‘¿ya te diste cuenta la noticia, qué grave, qué feo el muchacho lo que hizo?’. Yo le decía ‘sí, ya me enteré y lo lamento muchísimo, pero yo a quien culparía en este momento es a la madre, ¿por qué expuso a un hijo de 14 años a vivir no sabemos qué cosas, que él se vio obligado a defenderla?’. Yo creo que ahí la obligación es de una madre a defender a nuestros hijos, no de los hijos a defender a nuestros padres’”.
— ¿Qué otro caso le ha llamado la atención?
“Ahora, por ejemplo, soy madre de dos adolescentes, el embarazo en madres adolescentes sí asusta, sí alarma, si de cada 10, 4 se embarazaran antes de los 20 años, yo creo que tenemos que poner sumo cuidado en ese rubro, tenemos que tener mucho cuidado en darles las armas a nuestras hijas, a nuestros hijos, de qué es la prevención, de cuáles son los métodos anticonceptivos y también enseñarles que tienen que esperarse a vivir su vida en el momento adecuado. Yo les manejo mis hijas, ‘no te estoy diciendo que esté mal, nada más te digo que no estás en edad’, ¿por qué no podemos enseñarles que es malo, que es pecado? Tenemos que enseñarles que todo a su tiempo”.
— ¿Tienen Ustedes conocimiento o algún registro de si en algún otro estado se está realizando un programa similar a Valor Sudcaliforniano, o son los pioneros en este trabajo? De ser así, ¿pretenden Ustedes que el programa sobrepase niveles y fronteras?
“Como gobierno te puedo decir que no, estamos trabajando en ello desde el día que entramos en la administración, como gobierno somos los que sacamos Valor Sudcaliforniano, y es el único que lo está llevando a cabo, aquí nos estamos enfrentando, o nos pudiéramos enfrentar, que por miedo a las críticas a ser señalados no queramos actuar. Lo ha dicho mi marido, lo he dicho yo, tenemos que actuar como padres, tener la responsabilidad, no tenerle miedo a nuestros hijos.
“Muchas veces si te enfrentas en una plática de amigos y expones tu punto de vista, eres criticado, ahora imagínate siendo gobierno, pero aquí no se trata de pedirle permiso a nadie, se trata de actuar y concientizar que tenemos que caminar juntos de la mano, y cada quien tomar la responsabilidad de lo que nos pertenece, en este caso nuestras familias”.
— ¿Cómo funciona el programa, con quiénes se van a coordinar para el desarrollo del mismo?
“Se está haciendo un esfuerzo con el gobierno federal, todas las dependencias tienen programas que apoyan al bienestar en general, apoyo gobierno federal, estatal, municipales a las asociaciones civiles, a las distintas iglesias o religiones. Estamos tratado de conjugar todo con centros de integración juvenil, vamos a trabajar todos juntos hacia lo mismo, vamos a trabajar menos desgastados y más pronto”.
— Por último, ¿cuál es su expectativa?
“La expectativa es no esperar que llegue un programa a la puerta de mi casa, cada quien debe tomar la responsabilidad, cada madre de familia va a trabajar en el valor sudcaliforniano; si se encarga de tener una buena alimentación para sus niños, no podemos olvidar que tenemos aquí en el estado el burrito de machaca y el café delicioso, no lo vamos a quitar, hay que aprender a saber balancearlo. Tenemos que aprender eso para dárselo a nuestros hijos, ¡no estamos pretendiendo quitar la tortilla de harina, es deliciosa!, aparte es algo que todo mundo tiene en su casa. Cada quien tiene que tomar en cuenta que podemos hacerlo desde nuestra trinchera”.
Trifulca por tierras
Se enfrentan residentes de La Playita y guardias de Erco
La disputa por la posesión de tierras desembocó en un pleitazo el 23 de septiembre en San José del Cabo, luego de que la gente hiciera justicia por su propia mano y recuperara por la fuerza predios invadidos por agentes de la empresa privada Erco, al servicio de Eduardo Sánchez Navarro, presidente del Grupo Questro y principal accionista del desarrollo “Puerto Los Cabos”.
Gerardo Zúñiga Pacheco
La Playita, Baja California Sur.- De plano las disputas por la posesión de la tierra pasaron de la agencia del ministerio público y juzgados a la corretiza, los descontones, los trancazos, las patadas y las pedradas.
La negligencia y el tortuguismo de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del Estado son los culpables en gran parte de que un grupo de pobladores hicieran justicia por su propia mano y recuperaran por la fuerza algunos terrenos que dicen les pertenecen, y de los cuales fueron despojados desde principios de septiembre por un grupo de trabajadores de una empresa de seguridad privada de nombre “Grupo Erco” en la comunidad de La Playita en San José del Cabo.
El 23 de septiembre la paciencia se les agotó a estos pobladores, desesperados porque esta región se ha convertido en tierra de nadie, en la que, tanto particulares como connotados empresarios, promueven invasiones para apoderarse de costosos terrenos a la orilla de la playa que después de fraccionarlos y urbanizarlos, venden en millones de dólares a extranjeros.
La investigación que ZETA presentó en su edición 1956 daba cuenta de cómo policías privados habían despojado a los pobladores de esta comunidad de algunos terrenos que están en medio de un litigio, los cuales estaban resguardados. Sin embargo, las propiedades fueron allanadas por los guardias de seguridad que, sin ningún mandato judicial, tomaron posesión de los inmuebles y hasta colocaron cercos por órdenes del empresario Eduardo Sánchez Navarro, presidente del Grupo Questro y principal accionista del desarrollo “Puerto Los Cabos”.
Este hecho desencadenó la ira de los afectados, que terminaron por ir hasta los predios y sacar a punta de golpes a las guardias blancas que tuvieron que replegarse, luego de verse rebasados en capacidad numérica, y sin que autoridad alguna diera fe de lo que estaba ocurriendo en ese momento.
La Policía Estatal Preventiva y la Policía Ministerial brillaron por su ausencia. Únicamente, la Policía Municipal de Los Cabos estuvo presente, como mudo testigo de los hechos violentos, ya que no pudo intervenir, cuando los pobladores correteaban y se agarraban a golpes con los guardias de seguridad dentro del terreno.
Los habitantes de esta comunidad también derribaron los cercos colocados por los guardias de la compañía “Grupo Erco” estrellando, una y otra vez, sus autos sobre postes de metal y alambres de púas hasta tumbarlos uno a uno.
“Es el primer aviso, cabrones”, dijo la gente a los policías privados que terminaron por subir a las unidades de la compañía de seguridad y marcharse del sitio.
Cabe destacar que en esta trifulca no hubo heridos de gravedad, sólo lesiones leves producidas y daños materiales en algunos vehículos.
El comienzo del pleito
Ésta es la primera vez en la historia que un grupo de sudcalifornianos toman justicia por su propia mano. Durante la trifulca –que ZETA atestiguó– los habitantes dijeron estar “hasta la madre” de las invasiones y de los despojos de los que muchos han sido objeto por parte del proyecto de desarrollo “Puerto Los Cabos” que, aprovechando 5 fideicomisos integrados por el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), está incurriendo en abusos y acaparando terrenos que claramente establecen algunas cláusulas de los contratos, “son propiedad de los pobladores y de ejidatarios, poseedores de parcelas y granjas, algunos de los cuales, tienen viviendo en la región desde 1965”.
De antemano, el desarrollador Eduardo Sánchez Navarro estaba plenamente enterado de que el polígono se dividía en 2 fracciones identificadas como A y B, y que eran resultado de la exclusión de diversas superficies ocupadas por terceros, según el plano 670-770, denominado “Megaproyecto Puerto Los Cabos Poligonales Envolventes”, cuya escritura está afectada de nulidad, esto derivado de que se llevó a cabo de modo unilateral, es decir, no se tomaron en consideración a las personas afectadas. Según abogados consultados por el Semanario, esto es gravísimo porque desde ahí ha partido toda la serie de irregularidades y abusos de poder en las que ha incurrido “Puerto Los Cabos” en cuanto al despojo de propiedades de ejidatarios de la comunidad de La Playita.
Lo anterior quedó asentado en la escritura número 36 mil 974, con fecha del 13 de septiembre de 1993, identificada como “Contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio y Garantía”, celebrado entre Puerto Los Cabos y Fonatur, así como con Nacional Financiera, esta última en su carácter de fiduciaria, aunque originalmente era Banco Invex, S.A. de C.V.
En el párrafo 11 la escritura establece textualmente: “Asimismo, es del conocimiento de Puerto Los Cabos, la situación que guarda el predio, en relación con el poblado de La Playa, así como de algunos terceros que ocupan actualmente diversas porciones de terrenos conocidas como granjas y huertas”.
En la cláusula 4 de este contrato, tanto Puerto Los Cabos como Fonatur manifestaron conocer el predio, y las ocupaciones desde 1965, por lo que Fonatur se obliga a responder por el saneamiento para el caso de evicción en los términos de Ley, respecto del inmueble que ha afectado al presente fideicomiso, obligándose a sacar al fiduciario en paz y salvo de cualquier problema que se relacione con dichos inmuebles, derivado de hechos o actos anteriores a la firma de este contrato.
Es decir, según el contrato Puerto Los Cabos –llámese Banco Invex o Grupo Questro–, carece de personalidad e interés jurídico para poder recuperar los terrenos que están siendo reclamados con el pretexto del fideicomiso 192, sin conceder que las denuncias o juicios debieron ser promovidos por Fonatur y no por “Puerto Los Cabos”.
Obviamente todos estos abusos tienen una finalidad: no liquidar a todos los pobladores que están siendo despojados de sus propiedades, aprovechándose de la ignorancia y escudándose con un fideicomiso que, de origen, es nulo y cuyo hecho ya quedó asentado en la denuncia penal por el delito de despojo, registrada bajo la averiguación previa SJC-95TUR-2010 interpuesta por la Familia Arípez en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
A raíz de los hechos violentos, el titular de la PGJE, Gamill Arreola Leal, dijo que la institución fue creada para representar los intereses de la sociedad y trabajar con responsabilidad, apegados a leyes y reglamentos, lo cual era una exigencia del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor.
Por tal motivo invitó a las partes afectadas a presentar una querella formal para iniciar las investigaciones en contra de guardias de seguridad privada y del empresario responsable de los despojos, ya que dijo que hasta el 28 de septiembre no existía ninguna denuncia penal en el caso de La Playita.
El abogado del estado dijo que la única denuncia que se había presentado en contra de policías privados era la del caso de “Cabo Hills”. Reconoció que la institución en este momento está siendo cuestionada por la dilación en los procesos penales y falta de atención de calidad; sin embargo pidió confianza a la ciudadanía de que se estará haciendo el mejor de los esfuerzos para resolver los casos de víctimas de algún delito.
El proyecto
Datos recabados por este Semanario expusieron que el plan maestro elaborado por EDSA –empresa con sede en Fort Lauderdale, Florida— contempló en el proyecto turístico integral de “Puerto Los Cabos”, con cerca de 769 hectáreas de terreno que son administradas bajo los siguientes fideicomisos:
1.- El número 192 de 187 hectáreas manejado por Puerto Los Cabos y Fonatur.
2.- El número 193 de 193 hectáreas manejado por Puerto Los Cabos y Fifonafe.
3.- El número 498 de 230 hectáreas manejado por Puerto Los Cabos y Ejido San José del Cabo.
4.- El número 283 de 133 hectáreas manejado por Puerto Los Cabos y Fifonafe.
5.- El último de un Fondo de Inversión Privada de 26 hectáreas.
El proyecto elaborado por la compañía EDSA, firma reconocida mundialmente en la planeación de desarrollos turísticos, contemplaba los siguientes elementos dentro del desarrollo:
Una marina de clase mundial para 500 embarcaciones, 2 campos de golf de 18 hoyos, cada uno, de categoría internacional; 4 lotes hoteleros con frente de playa, terrenos residenciales, 2 clubes de playa privados, un club de playa público, un museo, y un parque turístico ecológico.
Todo este proyecto se diseñó y fue dado a conocer oficialmente el 29 de noviembre de 1991 –26 años después de que llegaran los primeros pobladores a la región–, cuando Grupo Mar y Fonatur constituyeron una compañía denominada Puerto Los Cabos, S.A. de C.V., orientada a desarrollar proyectos turísticos y cuyas acciones quedaron distribuidas de la siguiente manera: el 51 por ciento para Grupo Mar y el 49 por ciento para Fonatur.
En 1993 Puerto Los Cabos integró como socio del mega proyecto a Fifonafe destinándolo en la parte central del polígono 8 –a 3 kilómetros al este de San José del Cabo–, y donde el Comité Técnico de inversión de fondos del fideicomiso, en la sesión del comité SC-422 de fecha 4 de agosto de 1993, autorizó suscribir el contrato de fideicomiso traslativo de dominio, por el cual, se convinieron las siguientes aportaciones:
1.- 192 hectáreas de Fifonafe.
2.- 187 hectáreas de Fonatur.
El proyecto turístico integral se localiza a 1.5 kilómetros al este de San José del Cabo y a sólo 20 minutos del aeropuerto internacional. Posee 5 kilómetros de frente de playa, y es ahí donde se está terminando de construir la segunda marina de Los Cabos.
Los campos de golf del desarrollo fueron diseñados por los golfistas Greg Norman y Jack Nicklaus, y pueden ser vistos desde 228 lotes que integran 3 conjuntos residenciales: Fundadores, La Noria y El Altillo. En la parte de la marina hay dos zonas de lotes y condominios conocidos como Las Ánimas y Villas del Tamaral. En el 2009 se constituyó un fideicomiso entre Puerto Los Cabos y Trinity para la construcción del Hotel “Four Seasons”, que representó el primer desarrollo hotelero de los cuatro contemplados dentro del proyecto.
Los daños
En contraste, el desarrollo no solamente está provocando una plusvalía para la zona, también ha causado algunos daños colaterales por el crecimiento que registra el lugar.
Por citar un ejemplo está el grave problema de desabasto de agua. Y es que la compañía “Puerto Los Cabos” prácticamente es propietario del recurso vital que se distribuye y consume entre los aproximadamente 3 mil 500 habitantes, porque son los que controlan las llaves de paso que en este caso deberían recaer en el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS).
Incluso el consorcio es el que decide a quién autoriza o no el derecho de paso para las compañías telefónicas y televisoras por cable que buscan ofrecer sus servicios en la comunidad, lo que evidentemente expone un cacicazgo que se ha acumulado a favor del cabecilla del proyecto, Eduardo Sánchez Navarro, y donde, a decir de los propios pobladores, no cabe la opinión o decisión de ninguna autoridad ni de los tres niveles de gobierno, salvo que tenga el visto bueno del empresario, integrante del llamado “Grupo de Los Cabos”.
No sólo eso. El desarrollador construyó la marina sobre una parte de la única reserva ecológica, reconocida y declarada a nivel estatal conocida como “El Estero de San José del Cabo”, mismo que irremediablemente se habrá de salinizar, a pesar de ser el único proveedor de agua dulce en la zona, según declaró el coordinador de la Campaña de Océanos de Greenpeace México, Alejandro Olivera.
Y es que –a decir del ecologista— para poder construir la marina se realizaron excavaciones de más de un kilómetro de longitud en perpendicular a la costa y de 6.5 metros de profundidad que se conectó y se llenó con agua del mar, lo cual fue a parar al estero de agua dulce, que es considerado un humedal, cuyo daño está tipificado como delito en el Código Penal Federal.
Asimismo, el desarrollo tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, y cuyos desechos se van directamente al estero.
Quizá por algunos de estos abusos, el 8 de diciembre de 2009 el pleno de la Cámara de Senadores tuvo que intervenir en contra de “Grupo Questro” porque, aprovechándose de tener el dominio del frente de playa específicamente en el desarrollo de ‘El Dorado’, cerró el acceso a los pobladores y comenzó a ofrecer en su portal de internet la venta de playas dentro de este proyecto que es considerado por la firma empresarial como “el más exitoso en todo el destino y el parte aguas en la historia de Los Cabos”.
La propuesta presentada e impulsada por el senador del PRD, Alfonso Sánchez Anaya, llegó hasta la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En su exposición el legislador argumentó que este caso representaba una violación a la Ley de Bienes Nacionales que establece que la zona federal marítimo terrestre estará constituida por la faja de 20 metros de ancho en tierra firme, transitable y continua por la costa. En este caso únicamente se había dejado un margen de 5 metros con 20 centímetros.
Los fideicomisos
En los 6 años de la administración de Vicente Fox Quezada, John McCarthy, ex director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), vendió 15 millones 128 mil 823 metros cuadrados de zonas costeras y creó fideicomisos para administrar bienes que fueron arrebatados ilegalmente en su mayoría a ejidatarios de Cancún, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Bahía de Huatulco, Oaxaca; Litibú, Nayarit; Loreto y San José del Cabo, Baja California Sur.
Todo esto originó una serie de denuncias penales en contra del ex director de Fonatur, John McCarthy, quien en el caso de Baja California Sur fue señalado por la venta ilegal de 255 hectáreas de terreno, pertenecientes a la familia Castro Montaño, de Cabo Pulmo, y por daños al patrimonio del proyecto “Cabo Cortés”, cuyo caso recayó en manos del Juzgado Cuarto de lo Penal y quien libró una orden de aprehensión en contra del ex funcionario.
Datos recabados por ZETA, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expusieron que Fonatur vendió en el periodo de John McCarthy cerca de 512 mil 26 metros de terrenos de su propiedad y por cuya venta obtuvo ingresos por el orden de 300 millones 799 mil 740 pesos.
Asimismo, hizo transacciones con 2 millones 176 mil 330 metros que salieron a la venta a través de fideicomisos y por lo cual obtuvo ingresos por 17 millones 878 mil 158 dólares.
Las estimaciones contempladas en la transacción de estos terrenos fue a razón de 8 dólares el metro cuadrado en una zona en la que el costo de la tierra alcanza entre los 800 y mil 200 dólares por metro cuadrado.
Por esta situación, Alejandro Olivera, coordinador de la Campaña de Océanos de Greenpeace México, consideró que es indignante que Fonatur haya malbaratado las principales zonas costeras y haya creado fideicomisos bastante cuestionables con los compradores, quienes se convirtieron automáticamente en socios. Por ende sus proyectos turísticos fueron respaldados con recursos públicos, como sucedió en el caso del empresario Eduardo Sánchez Navarro.
“Es un esquema donde los únicos favorecidos fueron los empresarios del ramo turístico, y las grandes constructoras, porque pagaron una miseria por los terrenos, y encima de todo fue devuelta incluso incrementada a través de la conformación de Centros Integralmente Planeados”, dijo.
La respuesta
Sobre el pleito del pasado 23 de septiembre, ZETA solicitó una entrevista con el empresario Eduardo Sánchez Navarro para que expusiera su versión sobre las acusaciones de los pobladores de La Playita. La asistente del presidente de “Grupo Questro”, Diana Quiroga, dijo que respondería al llamado, mismo que no llegó al cierre de esta edición.
Empero, el 28 de septiembre, en una carta, Víctor Alejandro Espejel Reyes, fijó una postura a nombre de “Puerto Los Cabos” en lo relacionado con las denuncias de invasión y despojo.
En el caso de la Familia Arípez (Francisco Arípez Navarro) dijo que es poseedora de mil 454.35 metros cuadrados de las casi 6 hectáreas que reclama como de su propiedad, las cuales quedaron excluidas de la aportación hecha por Fonatur en el fideicomiso 192.
El representante dijo que existe una resolución de un Agente del Ministerio Público que fue ratificada por el Juzgado Primero de Distrito que reconoció finalmente que el fideicomiso era propietario de la demás tierra que reclama la Familia Arípez, lo que permitió que en octubre del 2010, se levantara el aseguramiento del predio y quedara plenamente acreditada la propiedad entregada a favor del fideicomiso 192.
Reconoció que la Familia Arípez persiste en las acciones legales en contra de “Puerto Los Cabos”, porque quiere tomar una superficie mayor a la que le corresponde, a pesar de que existe una resolución judicial.
En el caso de la Familia Pedrín (Josefina Torres Villalpando y/o Blanca Pedrín Torres), dijo que el predio fue aportado al fideicomiso 192 por el propio Fonatur, cuya propiedad pasó a manos de “Puerto Los Cabos” después de un litigio en la Agencia del Ministerio Público y en el Juzgado Segundo de Distrito que emitió una sentencia favorable a favor del fideicomiso 192.
No obstante, reconoció que en el 2010 la Familia Pedrín, inició otra acción judicial en la PGR, pero ahora contra Fonatur, cuyo caso está en manos de la justicia federal, quien será la que emita una resolución al respecto.
En el caso de la Familia Rochín (Adela Rochín Pino) dijo que el fideicomiso 192 compró a la legítima propietaria el predio el 24 de enero del 2002, y desde entonces, el terreno ya no les pertenece. Señaló que, según el escrito y a pesar de haber vendido el terreno, Adela Rochín Pino rentó indebidamente el inmueble que ya no es de su propiedad.
En contraparte, el representante de “Puerto Los Cabos” afirmó que el consorcio está trabajando en el mejoramiento de la zona y en la integración de proyectos con la comunidad. Subrayó que, entre otras cosas, aportó una parte importante para la construcción del puente de la zona –la otra porción la puso el gobierno que encabezó Narciso Agúndez Montaño. De hecho donó más de 214 mil metros cuadrados de terrenos y una telesecundaria, asimismo construyó un área especial para pescadores locales en la zona de la marina y edificó instalaciones modernas y amplias en terrenos de su propiedad para fiestas y para que los pescadores pudieran atender a turistas.
Asimismo, construyó una plaza pública, destinó recursos para la edificación de un parque deportivo y un parque de playa, e instaló juegos infantiles en la zona de la playa, todo en beneficio de la comunidad y su población.
Sobre este caso, Fonatur, hasta el cierre de esta edición no había emitido ninguna opinión. ZETA solicitó una entrevista con el delegado en Los Cabos a través de la directora de comunicación social en la Ciudad de México, Sonia Figueroa Rodríguez. No hubo respuesta a la petición.
Hay cuatro posibles sucesores
Sale Lenin Rodríguez Aguilar de Seguridad Pública en Los Cabos.
Luego de reprobar los exámenes de control y confianza el 6 de agosto, el cuestionado funcionario dejará el cargo en una fecha aún no confirmada. El nuevo titular tendrá que dirigir una policía que presuntamente favorece a los narcomenudistas de Javier López Rivera, Javier Acosta López o Javier Munguía (a) “El Javi” o “El Javier”.
Investigaciones ZETA
San José del Cabo, Baja California Sur.- Después de confirmarse la salida de Lenin Giovanni Rodríguez Aguilar como director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, el grupo de candidatos a sucederlo quedó integrado por cuatro aspirantes que habrán de ser evaluados en los próximos días por los regidores del ayuntamiento local. Ellos son:
1.- Gerardo Vázquez Alatriste. Abogado de profesión, desempeñó el cargo de coordinador general de Investigaciones en la Procuraduría General de la República (PGR) y delegado en el estado de Sonora.
2.- Saúl González Núñez. Abogado de profesión, desempeñó el cargo de director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal en La Paz, Baja California Sur.
3.- Carlos de Jesús Jiménez Pérez. Abogado de profesión, desempeñó el cargo de director de la Policía Ministerial del Estado y actualmente es director del Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
4.- Román Martínez Marín. Es militar de profesión y desempeñó el cargo de Mayor de Infantería en el Ejército Mexicano, actualmente es comandante general de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.
De estos cuatro candidatos habrá de salir el próximo director de Seguridad Pública de este destino turístico, después de que el 6 de agosto Lenin Rodríguez reprobara los exámenes de control y confianza en el Centro de Seguridad Nacional (CISEN) en la Ciudad de México.
Aunque oficialmente el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, pretende darle una salida aterciopelada al otrora poderoso ex secretario de Seguridad Pública estatal, bajo el argumento de que presentó su renuncia “por motivos personales”, lo cierto es que extraoficialmente, algunos regidores aseguran que se va por pérdida de confianza y credibilidad social.
Profesionalmente desacreditado y cuestionado, Lenin Rodríguez Aguilar, finalmente dejará el cargo en vísperas de la cumbre del G-20 o del Grupo de los 20 a celebrarse en junio del 2012 en Los Cabos.
La decisión de los regidores –a propuesta del alcalde José Antonio Agúndez Montaño— ya está tomada y únicamente estaría pendiente de resolverse la fecha de salida y el comienzo de la pasarela de los candidatos. No obstante, datos entregados a ZETA expusieron que el todavía director de Seguridad Pública podría dejar el cargo –como condicionante– hasta que “ya no haya ruido en los medios”.
Desde que tomó protesta, Lenin Rodríguez prácticamente fue excluido de los operativos mixtos encabezados por fuerzas militares, de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial, mientras no presentara el examen de control de confianza y reestructurara la institución que se ha convertido en un nido de narcopolicías al servicio del jefe de la plaza de narcomenudistas, Javier López Rivera, Javier Acosta López o Javier Munguía (a) “El Javi” o “El Javier”.
En esta lista y –según revelaciones de Jaime Ariel Meza López (a) “El Jimmy”, detenido en un operativo militar— están los siguientes policías y comandantes: Cirilo Castro Cosío, Martín Burgoing Olachea, Alonso Valencia Cabrales, Felipe Valencia Cabrales, Rolando Dunton Díaz, Francisco Peralta Agúndez, Juan Carlos Cosío, Jesús Leyva Valenzuela, Mario Yuri Batida Sandoval, Celso Filemón Lázaro y Cuauhtémoc Ceseña Amador, todos involucrados en la averiguación previa AFI/BCS/COE-LC/2403/2010 de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR.
Cabe destacar que Cuauhtémoc Ceseña Cosío es investigado por fuerzas federales por haberse apoderado de un sinnúmero de propiedades del narcomenudista Abraham González (a) “El Banny”, ejecutado cuando “El Javier” se hizo cargo de la plaza de San José del Cabo.
Comandante ladrón
Dirigía un grupo de asaltantes en San José del Cabo
La detención de Jesús Francisco Manríquez González, el 17 de septiembre, en flagrancia y en posesión de un rifle R-15 y una pistola 9 mm, además de la denuncia de un taxista que acababa de ser víctima del atraco, dejaron en claro la conducta criminal del Jefe de Homicidios, que, pese a la evidencia, fue liberado por el Ministerio Público del fuero común.
Investigaciones ZETA
Ya no hay duda. En cuanto a la ola de asaltos a mano armada registrados durante las últimas semanas en Baja California Sur, están implicados agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), utilizando armamento oficial para perpetrar atracos.
Lo mismo actúan en contra de particulares que en comercios, y hasta, se sospecha, en bancos.
La captura del Comandante de Homicidios de la Policía Ministerial en San José del Cabo, Jesús Francisco Manríquez González, registrada el 17 de septiembre, lo prueba y más porque sus jefes protegen al presunto culpable.
La última vez que Manríquez presuntamente perpetró un asalto a mano armada fue detenido sobre el corredor turístico entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, y luego liberado por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, como si se tratara de una célula más del crimen organizado.
De hecho, el comandante fue consignado sin armas, cuando al momento de ser detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, portaba un rifle R-15 y una pistola 9 mm.
Datos entregados a ZETA expusieron que el armamento fue devuelto de manera irregular a la Policía Ministerial para que se supiera “cómo estaba siendo utilizado por su gente”.
Para el aparato institucional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con esto se comprueba la corrupción sistemática y la participación criminal de agentes policíacos.
Los policías ministeriales ya no se conformaron con servir de informantes o brindar protección al crimen organizado, porque de la incapacidad y colusión llegaron a la impunidad y al cinismo de participar personalmente en atracos, utilizando armas oficiales bajo su resguardo.
Por su lado, los directivos de la Policía Ministerial guardan silencio absoluto respecto a lo que está sucediendo, y se niegan a exponer y exhibir a sus compañeros coludidos con el crimen por temor a ser delatados o expuestos al escarnio público.
El día en que fue detenido Jesús Francisco Manríquez González acababa de asaltar a un taxista, tenía todavía en su poder el botín en sus manos e iba acompañado de sus cómplices o integrantes de su banda, que resultaron ser un dentista y un chofer, cuyo vehículo fue perseguido desde el lugar del atraco hasta el kilómetro 22 del tramo carretero de Cabo San Lucas a San José del Cabo.
Lo primero que Manríquez hizo cuando fue interceptado fue bajarse e identificarse como Comandante de la Policía Ministerial, sin embargo llegó en ese momento la víctima que había reportado el asalto.
El afectado lo reconoció inmediatamente, junto con sus compinches, por lo que fue detenido e internado en la comandancia de Cabo San Lucas, en espera de resolver su situación jurídica.
El asalto
Eran las 3:15 de la tarde del 17 de septiembre cuando el agente de la Sub-comandancia del Sector Uno de la Policía Municipal Preventiva, Luis Ángel López de León, recibió una llamada de auxilio a través del Centro de Información C-2, y de inmediato, pasó el reporte de un asalto a mano armada a todas las patrullas y preguntó quién estaba más cerca de la Plaza “La Sanluqueña”, localizada en el cruce de la Carretera Transpeninsular y Boulevard Reforma de Cabo San Lucas.
El policía municipal fue enterado de que la patrulla DST-876 ya iba en camino. En el trayecto los oficiales volvieron a recibir una llamada avisándoles que la víctima del asalto iba persiguiendo a los delincuentes que se desplazaban con dirección a San José del Cabo, a bordo de un vehículo de color blanco, cuatro puertas, vidrios polarizados, con luces de color, tipo Tundra y marca Toyota.
La víctima, de nombre Telésforo Rodríguez González, era un taxista de 22 años, originario de Nayarit, quien relató a los agentes de seguridad que cerca de 2:15 de la tarde, al estar lavando su taxi en el comercio “Clean and Go”, había recibido una llamada a su celular, en la cual estaban solicitando sus servicios en el cruce de la plaza “La Sanluqueña”, por lo que fue hasta el lugar después de terminar la limpieza de su automóvil con el número económico 099 del Sitio Suchpaca.
Los supuestos clientes dijeron que traían una camisa roja y una playera tipo Polo color gris, por lo que al llegar al sitio, de inmediato los identificó y paró la unidad automotriz. Las personas se subieron al taxi, a quienes preguntó hacia dónde se dirigían, contestando uno de ellos que a “Grúas La Raza”, por lo que tomó el boulevard Reforma (también conocido como el libramiento), siendo más adelante que los clientes solicitaron que detuviera la unidad, ya que se sentían mal y estaban mareados.
El taxista se salió de la cinta de rodamiento, parándose por completo, tiempo en que uno de ellos se bajó, mientras la otra persona se encontraba dentro de la unidad, la cual de inmediato lo tomó desprevenido por el cuello y el otro comenzó a golpearlo al tiempo que decía que eso era por “haber molestado a una persona de nombre Mario”.
Los asaltantes le dijeron que venían de Sinaloa, que les entregara el dinero que traía y que no dijera nada, porque regresaría a cobrárselas a él y a su familia. El chofer les entregó la cantidad de mil 500 pesos que traía en una de las bolsas de su pantalón; una vez que lo despojaron del dinero, se bajaron del taxi y se fueron caminando sobre el boulevard, hasta que observó que se detuvo una camioneta color blanco, a la que se subieron los asaltantes.
La unidad posteriormente se desplazó hacia la carretera federal con dirección a San José del Cabo, por la que el afectado la siguió a cierta distancia sin perderla de vista e inmediatamente reportó el asalto al Centro de Información C-2. Ya sobre la carretera federal, la unidad imprimió mayor velocidad cuando pasaba sobre el Arroyo “El Tule”.
Para entonces los uniformados iban sobre la carretera federal del corredor turístico, por lo que en una llamada vía radio fueron notificados que sus compañeros tenía un filtro a la altura del Hotel El Dorado; desde ahí avisaron que acababa de pasar la unidad a gran velocidad.
El subcomandante de Tránsito Municipal, José Humberto Valencia Magala, reportó que observó el paso del vehículo y enseguida vio a varios taxis como queriéndole dar alcance, por lo que de inmediato inició la persecución junto con su compañero Pergentino Sánchez González a bordo de la unidad DST-828.
Fue hasta la altura del kilómetro 22, casi frente del “Hotel Marquis”, cuando la unidad de los asaltantes fue interceptada, por lo que los agentes municipales se identificaron y solicitaron al conductor apagar el motor y bajarse del auto.
Lo primero que hizo el conductor fue identificarse como Comandante de la Policía Ministerial y pretendió amedrentar a los agentes policiacos; sin embargo, los oficiales informaron que estaban atendiendo un reporte por radio del Centro de Información C-2, donde se les estaba relacionando con un asalto a mano armada cerca de la Plaza “La Sanluqueña”.
En ésas estaban, cuando llegó Telésforo Rodríguez González, quien, sin dudar, reconoció la unidad y a los asaltantes que le habían robado mil 500 pesos momentos antes.
Hasta ese lugar llegó el subcomandante de la Policía Municipal, Marcelo Cota Cota, acompañado del agente, Paúl Homero Fiol, quienes se llevaron detenidos a todos los implicados en el asalto. Ellos son:
1.- Jesús Francisco Manríquez González, de ocupación comandante de la Policía Ministerial y de 29 años de edad, quien ingresó bajo la boleta número 9633.
2.- Mario Aloy Agúndez Quintana, de ocupación chofer y de 24 años de edad, quien ingresó bajo la boleta número 9634.
3.- Ildefonso Maro Quintero, de ocupación dentista y de 24 años de edad, quien ingresó bajo la boleta número 9635.
Los detenidos fueron certificados por el Médico Legista en turno, Ernesto Alonso Sandoval Bojórquez, quien practicó los exámenes 9833, 9877 y 9878. Ninguno registró golpes o daños físicos.
Las irregularidades
No obstante que los agentes de la Policía Municipal, relacionados en la captura del “Comandante Manríquez”, decomisaron un rifle R-15 y una pistola 9 mm que encontraron dentro del automóvil a la hora de hacer una revisión, las armas no aparecieron en el parte informativo CSL/S1/214/2011.
Datos entregados a ZETA expusieron que los uniformados no consignaron las armas, primero, para no “perjudicar al comandante”, y segundo, para “entregarlas a la Policía Ministerial y que supieran lo que su gente estaba haciendo con el armamento oficial”.
El carro donde los asaltantes emprendieron la huida es propiedad del comandante Jesús Francisco Manríquez González y es un pick up de color blanco, con placas de circulación ZMV69-19 con número de serie 5TBBT441315010386. La unidad fue enviada al corralón bajo el número de inventario 1057.
Hoy se sabe que el agente del Ministerio Público del fuero común dejó en libertad al “Comandante Manríquez”, a pesar de que fue detenido en flagrancia, como lo establece el artículo 107 del Código de Procedimientos Penales de Baja California Sur.
A la letra expone: “Se entiende que existe flagrante delito, cuando la persona es detenida en el momento de estarlo cometiendo, o bien cuando el indiciado es perseguido material e inmediatamente después de ejecutado el delito. Se equipará la existencia de delito flagrante cuando la persona es señalada como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o bien de quien hubiera participado con ella en la comisión del delito; o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito; o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en el delito, siempre y cuando se trate de un delito grave, así calificado por la Ley, no haya transcurrido un plazo de setenta y dos horas desde el momento de la comisión de los hechos delictivos, se hubiera iniciado la averiguación previa respectiva y no se hubiese interrumpido la persecución del delito”.
Independientemente de la flagrancia, el delito de robo con violencia es grave y no alcanza fianza, como lo establece el Código Penal del Estado y el Código de Procedimientos Penales, por lo que debió haber sido consignado inmediatamente bajo los cargos de robo con violencia, portación de arma de fuego y abuso de autoridad, entre otras imputaciones.
El jefe policiaco es también uno de los tres policías que participaron en las detenciones de los tres jóvenes acusados del crimen de Jonathan Hernández Ascencio, y quienes, después, dijeron no saber nada de la captura de Emilio González Rubio Ojeda, Alonso Jaziel Estrada Murillo y Carlos Alejandro Castro Castro (a) “El Bebo”, cuando fueron interrogados por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, bajo la causa 59/2010.
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